Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa 39.027-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDeclarar abstracto el tratamiento de la Resolución Nº 16/2013 (DV RRSF) y de los actos administrativos de rechazo de las compensaciones, por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 26.860, disponiéndose el archivo de la causa. Costas por su orden.
I. Que a fs. 43/58 el contribuyente Wilfredo German Scarpello interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 16/2013 (DV RRSF) de fecha 01/03/2013 emitida por la Dirección Regional Santa Fe de la AFIP-DGI mediante la cual se le determina en forma parcial la materia imponible en el Impuesto al Valor Agregado, períodos fiscales octubre/2007 a junio/2008 por la suma de pesos setecientos noventa y ocho mil ochocientos sesenta y dos con noventa centavos ($798.862,90) con más la suma de pesos un millón ciento setenta mil setecientos cuarenta y uno con dieciséis centavos ($1.170.741,16) en concepto de intereses resarcitorios.
Expone los argumentos de hecho y fundamentos de derecho por los que considera corresponde la revocación de las resoluciones que impugna. Cita jurisprudencia. Acompaña prueba documental, ofrece pruebas informativa y periciales técnicas y contables. Formula reserva del caso federal.
II. Que a fs. 86/92 y fs. 170/178 la representación fiscal contesta el traslado de los recursos que le fuera conferido, negando terminantemente todos y cada uno de los hechos y fundamentos de derecho esgrimidos por el contribuyente, que no sean objeto de aceptación o de un expreso reconocimiento del fisco, o que surja de los antecedentes administrativos que acompaña como prueba. Cita jurisprudencia, acompaña los antecedentes administrativos, se opone a la prueba ofrecida por el recurrente y hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 301/304vta., el apelante denuncia hecho nuevo.
Pone en conocimiento de este Tribunal el acogimiento al régimen de exteriorización de tenencia de moneda extranjera, Titulo II de la Ley 26.860 (B.O. 31/05/2013) conforme certificado de depósito para inversión (CEDIN) por la suma de dólares estadounidenses ochenta y cuatro mil cuatrocientos (U$S 84.400), que en copia adjunta. Manifiesta que la exteriorización fue comunicada en los autos “SCARPELLO, WILFREDO s/ Infracción Ley 24.769” (Expte. N° 12063/13) en trámite ante el Juzgado Federal N°4 de Rosario, Secretaria N°1 y a la AFIP mediante multinota, cuya copia arrima a los presentes autos.
Por lo informado, solicita el archivo de las actuaciones en virtud que por imperio de lo previsto en el artículo 9, incisos b) y c) de la ley 26.860 se produce ipso jure la extinción de las obligaciones fiscales determinadas y apeladas en autos, como así también los intereses y las multas.
Que a fs. 315/318 la representación fiscal contesta el traslado del hecho nuevo. Advierte que el presentante no aporta las constancias del expediente en el cual se tramita la causa penal a efectos de corroborar lo que sostiene que allí ha informado, agregando que no obstante haberse emitido el sobreseimiento, el mismo no tiene injerencia sobre el ajuste proyectado en los presentes autos.
Agrega que debe tenerse presente que se trata de un ajuste en el impuesto al valor agregado, en el cual se impugnaron los créditos fiscales emanados de comprobantes que no reflejaban la realidad material de las operaciones que se pretendía instrumentar. Frente a ello, la ley 26.860 estableció un mecanismo de exteriorización voluntaria de tenencia de moneda extranjera en el país y en el extranjero, siendo que por aplicación del artículo 9 los sujetos que efectuaron la exteriorización quedaban eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar. Ello así y teniendo presente la mecánica de la liquidación del IVA, expresa que resulta inviable desde el punto de vista conceptual, considerar que los créditos fiscales impugnados al apelante generen un activo (bien material o derecho) susceptible de ser exteriorizado en el marco del régimen bajo análisis.
A fs. 322 amplía su escrito de contestación, informando que el recurrente no acreditó el cumplimiento del artículo 13 de la ley 26.860, debido a que la suscripción al régimen se habría producido en diciembre de 2015, entre otros requisitos establecidos.
Solicita que se rechacen los argumentos esgrimidos por la actora en su hecho nuevo, desestimando el archivo de los autos que propone.
IV. Que mediante PV-2022-44119897-APN-VOCIV#TFN se declara admisible el hecho nuevo planteado por la actora y se elevan los autos a consideración de la Sala “B”.
V. Que corresponde dar tratamiento al hecho nuevo presentado por la actora, determinando si resulta aplicable la eximición establecida por la ley N° 26.860 como consecuencia de la exteriorización de moneda extranjera informada, lo que –según plantea – pondría fin a la controversia, correspondiendo su archivo.
Que la ley en cuestión regula la exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, a través de la adquisición de los instrumentos financieros creados, a esos fines, por el Título I de la misma, siendo reglamentada por la Resolución General N° 3509 emanada de la Administración Federal de Ingresos Públicos, y sucesivamente prorrogada su vigencia mediante los Decretos N° 1503/2013; N° 2170/2013; N° 440/2014; N° 1025/2014; N° 1705/2014; N° 2529/2014; N° 471/2015; N°1232/2015 y N° 2008/2015. Cabe precisar que el Decreto N° 2008/2015 prorrogó por última vez la vigencia de los plazos establecidos en la ley 26.860 para acogerse a su régimen, por tres meses calendario contados a partir del 01/10/2015.
La referida ley, en su artículo 3°, dispone las condiciones en que será aplicable la exteriorización de moneda extranjera, la cual comprenderá la tenencia de la misma, en el país y en el exterior, al 30 de abril de 2013, inclusive, pudiendo, a su vez, incorporarse la tenencia de moneda extranjera que surja del producido de bienes existentes a dicha fecha. En su artículo 5° establece que el importe exteriorizado no estará sujeto a impuesto especial alguno, quedando el goce de los beneficios, según el artículo 7°, supeditado a que dicho importe se afecte a la adquisición de alguno de los instrumentos financieros a que hace mención el Título I.
El artículo 9°, en la parte que aquí interesa, establece que “… los sujetos que efectúen la exteriorización, conforme a las disposiciones de este título, no estarán obligados a informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, sin perjuicio del cumplimiento de la ley 25.246 y demás obligaciones que correspondan, la fecha de compra de las tenencias ni el origen de los fondos con las que fueran adquiridas, y gozarán de los siguientes beneficios:
c) Quedan eximidos del pago de los impuestos que hubieran omitido declarar, de acuerdo con las siguientes disposiciones:
1. Eximición del pago de los Impuestos a las Ganancias, a la Transferencia de Inmuebles de Personas Físicas y Sucesiones Indivisas y sobre los Créditos y Débitos en Cuentas Bancarias y Otras Operatorias, respecto del monto de la materia neta imponible del impuesto que corresponda, el importe equivalente en pesos de la tenencia de moneda extranjera que se exteriorice.
2. Eximición de los Impuestos Internos y al Valor Agregado. El monto de operaciones liberado se obtendrá multiplicando el valor en pesos de las tenencias exteriorizadas, por el coeficiente resultante de dividir el monto total de operaciones declaradas -o registradas en caso de no haberse presentado declaración jurada- por el monto de la utilidad bruta, correspondientes al período fiscal que se pretende liberar.
3. Eximición de los Impuestos a la Ganancia Mínima Presunta y sobre los Bienes Personales y de la Contribución especial sobre el Capital de las Cooperativas, respecto del impuesto originado por el incremento del activo imponible, de los bines sujetos a impuesto o del capital imponible, según corresponda, por un monto equivalente en pesos a las tenencias exteriorizadas”
El artículo 10°, por su parte, manifiesta que las personas físicas y las sucesiones indivisas podrán, mediante la exteriorización, “liberar con la misma las obligaciones fiscales de las empresas o explotaciones unipersonales, de las que sean o hubieran sido titulares”. Debe entenderse que el término “liberar” empleado por el legislador en referencia a las “obligaciones fiscales” indica que los beneficios de la ley alcanzan incluso a obligaciones que ya hubieren sido determinadas, por cuanto en caso contrario, de ser inexistentes, no podrían ser referidas como pasibles de liberación. Ello así, toda vez que de la misma ley surge que el Organismo Fiscal ha de abstenerse de sustanciar recursos por el valor del monto liberado contra los contribuyentes que se hubieren acogido al régimen mentado. A su vez, en el artículo 11°, explicita: “La liberación establecida en el inciso c) del artículo 9° no podrá aplicarse a las retenciones o percepciones practicadas y no ingresadas”
A su turno, el artículo 13° sostiene: “Será requisito, para el usufructo de los beneficios que otorga la presente que los contribuyentes hayan cumplido con la presentación y pago, al 31 de mayo de 2013, de las obligaciones de los Impuestos a las Ganancias, a la Ganancia Mínima Presunta y al Impuesto sobre los Bienes Personales correspondientes a los ejercicios fiscales finalizados hasta el 31 de diciembre de 2012, inclusive. El incumplimiento a lo dispuesto precedentemente, tendrá el carácter de condición resolutoria.”
En el título III, por su parte, se establecen las disposiciones generales que regulan la presente ley. Siendo que el artículo 18° expresa que “la Administración Federal de Ingresos Públicos reglamentará el título II de la presente ley y dictará las normas complementarias que resulten necesarias para su aplicación.”, corresponde hacer referencia a la Resolución General 3509/2013, dictada por el Fisco Nacional con fecha 06 de junio de 2013, por la cual se regula la ley bajo análisis. Que la misma en su artículo 1° reproduce prácticamente de manera literal lo establecido por la Ley 28.680 en sus artículos 9° y 10°. El artículo 2°, en lo que hace a las presentes actuaciones, dispone: “La exteriorización voluntaria de la tenencia de moneda extranjera en el país y en el exterior, conforme lo establecido por la Ley N° 26.860 (...) se considerará perfeccionada una vez cumplidos los requisitos, plazos y condiciones dispuestos por la citada ley, la presentes resolución general y demás normas que se dicten al efecto.”
En el artículo 5° se aclara en qué situación se considerarán cumplidos los requisitos establecidos por el artículo 13° de la ley para el usufructo de los beneficios por ella dispuestos. Se encontrarán consumados, explicita el articulado, cuando “las declaraciones juradas se hayan presentado, y el saldo resultante de las mismas se haya cancelado o incluido en un plan de facilidades de pago dispuesto por esta Administración Federal.”
VI. Que en virtud de lo establecido anteriormente, procede analizar la efectiva aplicación de la norma descripta en el caso de autos.
Que corresponde, en primer término, poner de resalto que en su contestación del traslado del hecho nuevo, el organismo fiscal se opone a la liberación que solicita el apelante en virtud de la exteriorización efectuada, en razón de que: (i) no acreditó el cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la ley, debido a que la suscripción habría sido llevada a cabo en diciembre de 2015; (ii) que por tratarse del impuesto al valor agregado y por la misma mecánica de su liquidación, resulta inviable desde el punto de vista conceptual, considerar que los créditos fiscales impugnados al contribuyente generen un activo (bien material o derecho) susceptible de ser exteriorizado en el marco del régimen establecido en la ley 26.860.
Que con respecto a la falta de cumplimiento de lo previsto en el artículo 13 de la ley, cabe precisar que a fs. 329/329vta. de autos, obra agregado el escrito mediante el cual la AFIP contestó el requerimiento oportunamente cursado por este tribunal (vide fs. 328) informando:
“…respecto de los periodos fiscales 2007 a 2012, inclusive, se hallan presentadas y pagadas las obligaciones del Impuesto a las Ganancias y al Impuesto sobre los Bienes Personales. En tanto que por el Impuesto a la Ganancia Mínima presunta, el contribuyente no resulto ser sujeto obligado a su presentación, atento a no haber estado inscripto en el gravamen…”.
En virtud de lo informado, no caben dudas de que se encuentra cumplido el requisito del artículo 13 que, equivocadamente, la demandada sostiene que no habría sido acreditado por el presentante. A ello, corresponde agregar que los plazos establecidos en la ley fueron prorrogados sucesivamente, siendo la última prórroga vigente la dispuesta en el decreto N°2008/2015, por tres meses calendario contados a partir del 01/10/2015, habiendo operado la suscripción del CEDIN en diciembre de 2015. Que asimismo, obran agregados a los autos, la multinota mediante la cual se comunicó al organismo fiscal la exteriorización y el certificado de depósito de inversiones CEDIN (vide fs. 298/300). Que por lo ponderado queda desestimada la primera objeción esgrimida por la demandada.
Que seguidamente, corresponde analizar la segunda objeción emitida por la representación fiscal relativa a la inviabilidad de la exteriorización, desde que se admitiría únicamente en los casos en que la operación permitió la obtención de un capital a partir de la verificación del hecho gravado que no se declaró, lo cual dada la mecánica de liquidación del IVA, únicamente puede verificarse en el débito fiscal.
A propósito de ello, corresponde afirmar que la norma bajo análisis exime del pago de impuestos, taxativamente enumerados en su articulado, respecto de los montos exteriorizados. En dicho sentido y considerando que el monto exteriorizado oficia, en vistas del monto impositivo que se libera como efecto del acogimiento, una vez convertido a moneda nacional, como base imponible sobre la cual aplicar la tasa correspondiente a cada impuesto en cuestión - exceptuando al IVA y a los Impuestos Internos, que conllevan la aplicación de un ratio considerando la utilidad bruta del período a liberar-, cabe afirmar que la finalidad de la ley es la de eximir del pago del impuesto, por los períodos previos, al monto que hubiere permanecido oculto y que fuere, conforme a la ley en cuestión, exteriorizado.
Así las cosas, y en tanto la regulación refiere a la exteriorización de moneda extranjera, cabe señalar que las liberaciones ocurren respecto de todas aquellas operaciones capaces de generar, en favor del sujeto que exterioriza, una disponibilidad de dinero en efectivo pasible de ser convertido a moneda extranjera. Por tanto, en nada diferirá, tanto para el Impuesto a las Ganancias como para el Impuesto al Valor Agregado, el hecho de ocultar una venta, por el cual se obtiene un ingreso que permanece oculto hasta el momento de su exteriorización, del hecho de simular una compra, que plantea una erogación cuyos fondos, en realidad, han permanecido en manos del contribuyente.
Que, en función de lo antedicho, corresponde indicar que, en lo que hace a la declaración jurada del IVA, idénticos efectos conlleva en el caso el hecho de reducir el monto declarado de débito fiscal, que el de aumentar los créditos fiscales declarados. En efecto, el “ahorro fiscal” que goza el contribuyente se equipara en tanto la alícuota aplicable sobre unos y otros es idéntica y en cuanto el monto de impuesto a ingresar surge de la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal declarados para cada período.
De hecho, y para reforzar este último argumento, cabe hacer referencia a lo establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el célebre caso “Álcalis de la Patagonia S.A.I.C.” (06/05/1986), en el cual sentenció: “El denominado crédito fiscal por impuesto al valor agregado no reviste el carácter de un verdadero crédito del sujeto pasivo de la obligación tributaria, cuya satisfacción pueda reclamar en todo supuesto al organismo recaudador, sino que constituye tan solo uno de los términos de la sustracción prevista por la ley dentro del sistema de liquidación del gravamen, lo que requiere, para su virtualidad, que deba operar en relación necesaria con el elemento restante constituido por el débito”. Que, consecuentemente, siendo el crédito fiscal un término de sustracción en la liquidación del impuesto, limitar su aplicación al blanqueo en el presente caso adolece de una falta de contemplación del espíritu y objeto de la ley 26.860 por cuanto la misma “exime el pago del tributo que hubiera correspondido”, esto es, permite al contribuyente eludir su obligación de ingresar el correspondiente tributo cuando, de no haber exteriorizado moneda extranjera, debería haberlo hecho (in re “COPPARONI S.A. s/Apelación Impuesto a las Ganancias e I.V.A.”, Expte. N° 39.027-I, sentencia del registro de esta Sala “B”, de fecha 09/04/2016).
En este marco, carece de asidero considerar que en tanto no haya generado el correspondiente débito fiscal no corresponde admitir el acogimiento contra el ajuste contemplado por el Fisco, por cuanto en definitiva es el acogimiento al régimen de exteriorización el que les exime de ingresar el correspondiente tributo y no la ley de cada tributo en particular que, fuera de los casos por la ley 26.860 regulados, continúan generando las mismas obligaciones. Al amparo de lo hasta aquí analizado, las probanzas producidas en el marco de la presente causa, cabe concluir que la postura según la cual el fisco nacional se opone al goce de los beneficios por parte del apelante, no importa necesariamente una correcta interpretación de la norma.
Que en el Dictamen de la Procuración de la Nación, suscripto en fecha 19/09/2018 al que adhiere la Corte Suprema de la Nación en su sentencia de fecha 02/07/2020 en los autos “Copparoni S.A c/ Direccion General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, se ha concluido:
“(…) No tuerce mi razonamiento la interpretación que propone la recurrente, en cuanto busca limitar el beneficio en el IVA únicamente al débito fiscal omitido, pues considera que solo en estos supuestos pudo obtenerse un capital oculto susceptible de posterior exteriorización.
Por el contrario, es claro para mí que tal capital oculto puede originarse tanto en ventas omitidas cuanto en compras ficticias. Es que, por ambas vías –disminución del débito fiscal mediante ventas omitidas o incremento del crédito fiscal por adquisiciones ficticias- el contribuyente declara un IVA menor al realmente adeudado (cfr. Arts. 11,12 y ccdtes., ley 23.349, t.o. 1997) y obtiene así un capital que permanece oculto al fisco y cuya exteriorización el régimen de la ley 26.860 procura.
Desde mi punto de vista, ello adquiere especial relevancia puesto que uno de los índices más seguros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema en que esta engarzada, es la consideración de sus consecuencias (Fallos: 234:482) y la verificación de los resultados a que su exegesis conduce en el caso concreto (Fallos: 303:917; 307: 1018; 310:464; 311:1025; 317:1505; 318:79; entre otros).
Bajo este prisma, nada encuentro en la letra de la ley ni en el espíritu del legislador que permita inferir que se admite la regularización de la deuda nacida como consecuencia del empleo de la primera modalidad (ventas omitidas) mientras se excluye la que tiene su origen en la segunda (compras ficticias o apócrifas) cuando ambas –como se explicó- arrojan un resultado idéntico (disminución del IVA a pagar)”.
Que, por las consideraciones que anteceden, corresponde declarar abstracto el tratamiento de la Resolución Nº 16/2013 y de los cinco actos administrativos que han rechazado las compensaciones de anticipos en el impuesto a las ganancias y el impuesto sobre los bienes personales, por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 26.860, disponiéndose el archivo de la causa.
Por ello, SE RESUELVE:
Declarar abstracto el tratamiento de la Resolución Nº 16/2013 (DV RRSF) y de los actos administrativos de rechazo de las compensaciones, por efecto de la aplicación de los beneficios dispuestos por la Ley N° 26.860, disponiéndose el archivo de la causa. Costas por su orden.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese Date: 2022.05.17 12:57:02 ART Date: 2022.05.17 15:37:16 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.17 16:32:25 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.17 16:33:07 -03:00
Fin de la sentencia