Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 29.444-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución aduanera DE PRLA Nº 8726/2010 apelada, en cuanto ha sido motivo de agravio. Con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2021-109668237-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 12 de Noviembre de 2021 Tribunal Fiscal de la Nación Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis (Titular de la Vocalía 20° Nominación), Pablo A. Garbarino (Subrogante de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (Titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados: "SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación", expte. Nº 29.444-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 17/24 se presenta la firma “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.”, por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 8726/2010, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación N° 12376-15-2005, mediante la cual se la condena al pago de una multa por la suma de $49.295,05, por la comisión de la infracción prevista en el art. 954 inc. a) y b) del CA en relación con la mercadería documentada en la destinación Nº 00 001 IC83 000117 D, e intima a la reexportación de dicha mercadería. Sostiene que no ha mediado verificación física de la mercadería a través de la cual se haya determinado el estado de usada de la misma, resultando por ello atípica la infracción imputada; y, por ende, mercadería en cuestión ha sido correctamente importada a consumo.
Describe que el 03/10/97 mediante el DIT 9150-8/97 la firma solicitó la destinación suspensiva de importación temporal de diversa mercadería en “estado nueva” a ser utilizada en equipos de perforación de pozos petroleros.
Afirma que durante el plazo de permanencia el servicio aduanero no efectuó control alguno a través del cual pudiera probarse la utilización de dicha mercadería. Agrega que, con fecha 12/06/00, la firma documentó el despacho de importación 00001IC83117D mediante el cual solicitó la nacionalización de dos unidades del ítem 1.1, dos unidades del ítem 1.2, una unidad del ítem 1.3 y una unidad del ítem 1.4 de la P.A. 8431.43.10.000D.
Funda su recurso, en primer término, en la falta de configuración de los elementos que exige el tipo infraccional. Ello por cuanto, en ningún momento, durante la tramitación de las actuaciones administrativas, el servicio aduanero procedió a la verificación de la mercadería documentada mediante el despacho de importación a consumo Nº 00001IC83000117D. En segundo lugar, afirma que la mercadería documentada mediante la destinación a consumo 00001IC83000117D era nueva sin uso conforme su declaración en el campo respectivo, por lo cual no se encuentra alcanzada por el Anexo III de la resolución ME 1472/94 y 748/95.
Aduce que si bien el servicio aduanero sostiene que la mercadería documentada por la destinación Nº 00001IC83000117D es de importación prohibida, la Res. ME 909/94 y sus modificatorias determinaron la prohibición de importación a consumo de bienes usados clasificables en los capítulos 84 al 90 de la N.C.E., creando dos Anexos. Sin embargo, la P.A. 8431.43.10.000D consignada en el despacho se encuentra incluida en el Anexo III de la Resolución ME 1473/94 y 748/95 (a la fecha de interposición del recurso Anexo XIV del Dto. 690/02). Destaca que la normativa citada refiere a prohibiciones de importación de bienes usados y, en el caso de la nacionalización de autos, la mercadería se ha documentado como “nueva sin uso importada” y se encontraba en dicha condición al momento de su nacionalización. En ese sentido, agrega que no existen constancias en las actuaciones de que el equipo hubiera sido utilizado por la firma durante su plazo de permanencia en el país y, habiéndose importado la misma a consumo en estado “nueva”, queda de este modo fuera de la órbita de lo normado por la Res. ME 909/94 y sus modificatorias.
Sostiene que las mercaderías importadas mediante la destinación estaban exentas de verificación física en razón de lo dispuesto por Res. Nº 1142/93. Finalmente, reitera que la única forma de verificar el estado de uso de una mercadería en un despacho de importación a consumo es a través de la verificación física de la mercadería y ese control no se efectuó a lo largo de numerosos años desde la fecha de la oficialización de la destinación en trato. Puntualiza que la Res. ANA Nº 1142/93 (vigente a la fecha de interposición del recurso en autos) eliminó la obligación de verificación física de las mercaderías importadas en forma temporal al momento de su destinación a consumo, cuando éstas hubieran ingresado previamente en forma temporal, en razón de que carece de razonabilidad someter nuevamente a verificación física elementos que ya fueron inspeccionados.
Concluye que el único fundamento para condenar a la firma es que la mercadería nacionalizada fue previamente importada en forma temporaria. Y que (para la DGA) ello debió implicar su utilización en el país, siendo meras conjeturas, sin prueba alguna del real estado de uso. Que aún en caso de duda, debe resolverse a su favor, de conformidad con lo establecido en el art. 898 del C.A. Plantea el caso federal. Solicita que, oportunamente, se revoque el pronunciamiento aduanero en cuanto fue materia de agravio, con costas.
II. Que a fs. 33/41 la representación fiscal contesta el traslado del recurso conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones, hechos, derecho, documentación y/o copias que contengan el escrito en traslado que no sean objeto de su expreso reconocimiento. Explica que el control es la actividad esencial a cargo del servicio aduanero y tiene por finalidad permitir la aplicación de la legislación aduanera. Precisa que numerosas normas en el ámbito aduanero aluden a la obligación que cabe al importador de informar el lugar de ubicación de la mercadería y el cambio del mismo a efectos de permitir el ejercicio de las facultades de control. Invoca lo dispuesto por el art. 252 inc. c) del C.A., Res. Nº 1379/95, y Res. Gral. ANA Nº 1268/86. Transcribe el art. 954 ap. 1 incs. a) y b) del CA.
Esgrime que más allá de la intención de la empresa, lo cierto es que ante el carácter objetivo de la infracción, y dada la declaración inexacta es que corresponde la sanción impuesta ante la típica infracción cometida, máxime teniendo en cuenta que de ninguna manera puede soslayarse que por lo menos la actora ha actuado culposamente, con negligencia, imprudencia, y no observando los extremos legales que gobiernan la operatoria que concretó. Cita jurisprudencia. Ofrece prueba. Plantea el caso federal.
Solicita que, oportunamente, se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta por la actora, con expresa imposición de costas.
III. Que a fs. 46 se declara la causa de puro derecho. A fs. 56 se elevan los autos a la Sala “G”, y a fs. 59 se pasan a sentencia.
IV. Que la Actuación N° 12376-15-2005 se inicia con la Nota Nº 4675/01 mediante la cual la Sección Procedimientos Técnicos remite las destinaciones a efectos de que se indique si la mercadería declarada en el DIT 9150-8/97 es nueva y si al momento de destinarse a consumo fue o no de importación prohibida por estar encuadrada en el Dto. 1001/82 (art. 31.1.A), habiendo sido nacionalizado con la destinación a consumo Nº 00001IC83000117D. A fs. 7 luce citación al despachante de aduanas -notificado el 25/10/02-. A fs. 9 obra copia de la citación a la importadora. A fs. 10/14 la importadora contesta el requerimiento (nota datada el 17/03/03) e informa que la mercadería importada por el DIT 9150-8/97 fue reexportada por el PE Nº 00045EC02000015S y 00001IC83000117D (adjunta copias).
A fs. 19/20 luce el informe del 13/07/05 de cuyas conclusiones resulta que “al analizar la conversión en definitiva, surge que las mercaderías ingresadas temporalmente en el año 97 y convertida a definitiva en el año 2000, se encontraban jurídicamente usadas, por lo que tendría que haberse documentado al amparo de la Resolución 909/94 ME y OSP y modificatorias, por lo que estaríamos en presencia de una falsa manifestación, tipificada por el Art. 954 del Código Aduanero…”. A fs. 22/vta. la actora “Contesta requerimiento”. A fs. 23/24 luce informe del 28/07/05 (ampliatorio del de fs. 19/20) que agrega que toda vez que “las mercaderías en cuestión ingresadas en el año 97 para un fin determinado y se encontraban efectuando trabajos de perforación en pozos petrolíferos…”.
A fs. 25 la Aduana de Neuquén dicta la Disposición Nº 130/05 (AD NEUQ) mediante la cual declara su incompetencia para entender en la actuación y ordena la remisión a la Aduana de Buenos Aires. A fs. 30/31 se glosa consulta al Registro de Juicios Universales. A fs. 32, en fecha 28/11/05, se dispone la apertura del sumario en los términos del art. 1090 inc. c) del C.A. A fs. 45 obra el Acta Denuncia por infracción al art. 954 o 994 de la ley 22.415. A fs. 47 se informan las alícuotas de tributos que corresponden a la mercadería considerada por la Aduana en infracción y que resulta mercadería de importación prohibida por el régimen general. A fs. 48 se liquidan tributos y multa. A fs. 49 la importadora solicita se precise la imputación.
A fs. 50/vta., con fecha 16/09/08, se corre vista de todo lo actuado a la firma importadora y al despachante de aduana “Roberto Carballo”, indicándoles que el importe de la multa mínima y de los tributos, por infracción al art. 954 ap. 1 incs. a) y b) del C.A., ascendían a $49.295,05, y $10.351,95 con más el CER -respectivamente-. A fs. 52/55 contesta vista la importadora. A fs. 58 se declara rebelde al despachante de aduanas (notificado de la corrida de vista el 16/03/09, según constancias de fs. 57). A fs. 61/66 se dicta la Resolución DE PRLA Nº 8726. A fs. 68/69 se acredita la interposición de recurso de apelación ante esta instancia.
V. Que mediante el DIT Nº 9150-8/97, oficializado el 03/10/1997 ante la Aduana de Buenos Aires, al amparo del régimen del Decreto Nº 1001/82 (art. 31 ap. 1. a.), la firma documentó importación temporaria de mercadería, bienes de capital de estado “nuevos”, para ser utilizados en equipos de perforación de pozos petroleros. (Vto. 28/09/2000.)
Que, a través del PE Nº 00045EC02000015S la firma documentó, con fecha 01/03/2000, ante la Aduana de Pocitos, la exportación de dos unidades de la PA Nº 8431.43.10.000D “De máquinas de sondeo rotativas –De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas nº 84.26, 84.29 u 84.30: PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS, EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE, A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS Nº 84.25 A 84.30”.
Que, a su vez, mediante el despacho de importación sin transformación Nº 00001IC83000117D, oficializado el 12/06/00, canal verde, la firma solicitó la nacionalización de dos unidades del ítem 1.1, dos unidades del ítem 1.2, una unidad del ítem 1.3, y una unidad del ítem 1.4 de la PA 8431.43.10.000D “De máquinas de sondeo rotativas –De máquinas de sondeo o perforación de las subpartidas Nº 8430.41 u 8430.49 –De máquinas o aparatos de las partidas Nº 84.26 u 84.30: PARTES IDENTIFICABLES COMO DESTINADAS EXCLUSIVA O PRINCIPALMENTE A LAS MÁQUINAS O APARATOS DE LAS PARTIDAS 84.25 A 84.30”, Estado: “nuevo sin uso importado”, con un valor FOB total de u$s47.918,40. Que ante la referida solicitud de importación a consumo, y atento que el ingreso de la mercadería del DIT en trato había sido autorizado -como se dijo- al amparo del Decreto Nº 1001/82 (art. 31 ap. 1. a.), con fecha 07/06/01 la Sección Procedimientos Técnicos requirió a la División Verificación su conformidad -v. fs. 1 act. adm-. Esa División informó que para prestar su conformidad debía efectuarse el control físico de la mercadería en cuestión, cambiándose en virtud de ello el 20/02/02 el canal de selectividad a rojo, es decir, “verificación obligatoria” -v. fs 4/vta. y destinación-.
Que ello así, atento que la firma importó temporalmente bienes de capital a fin de utilizarlos en un proceso económico y que dicha mercadería -a pesar de reiteradas solicitudes- no fue puesta a disposición del servicio aduanero para su verificación, la Aduana consideró que se habría configurado por la infracción tipificada en el art. 954 ap. 1, incs. a) y b), del C.A., al pago de una multa de $49.295,05.
VI. Que corresponde resolver si la resolución apelada en la causa por la que se condena a la recurrente por la comisión de la infracción tipificada en el art. 954 incs a) y b) del C.A., se ajusta a derecho.
Que el art. 954 del Código Aduanero en su ap. 1 establece que “El que, para cumplir cualquiera de las operaciones o destinaciones de importación o de exportación, efectuare ante el servicio aduanero una declaración que difiera con lo que resultare de la comprobación y que, en caso de pasar inadvertida, produjere o hubiere podido producir: a) un perjuicio fiscal, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el importe de dicho perjuicio; b) una transgresión a una prohibición a la importación o a la exportación, será sancionado con una multa de UNO (1) a CINCO (5) veces el valor en aduana de la mercadería en infracción...”.
Por otra parte, el apartado 1) del art. 970 del Código Aduanero dispone: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo ó la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería…” En el caso de mercadería de importación prohibida, el apartado 2) del mismo artículo agrega que además, se aplicará su comiso.
Corresponde en este punto señalar que el ilícito no es puramente formal, dado que el beneficio de la importación temporaria tiene como condición que la mercadería se reexporte dentro del plazo (art. 250 de la ley 22.415). O, en su defecto, se convierta la importación en definitiva. A tal efecto, la solicitud debe presentarse dentro de los plazos previstos en el art. 271 del Código Aduanero. Y en caso de solicitar prórroga, deben cumplirse los términos del art. 266 de dicha norma.
Se desprende de lo actuado en autos que el servicio aduanero no verificó en ningún momento la mercadería documentada en el despacho de importación a consumo 00 001 IC83000117D. En otras palabras, nunca se constató que la mercadería documentada hubiera concretamente sido “usada”.
La mercadería -que en parte fue reexportada y en otra cantidad importada para consumo-, estaba exenta de verificación física, por lo cual cinco años después dicha pretensión aduanera en mi opinión carece de toda razonabilidad. Por otra parte, el pago de los tributos correspondientes, no resulta una sanción ya que el hecho generador de la obligación se perfeccionó con la transformación de la importación temporal en definitiva. Así sucedió en el caso que nos ocupa. Al respecto, no puede olvidarse que la oficialización de la solicitud de nacionalización se realizó antes del vencimiento de la temporal.
En resumen, las oficinas aduaneras consideraron que el sólo hecho de pasarse a definitiva la importación temporal, modificaba el “status” de la mercadería, de nueva a usada. Y siguiendo esa opinión, infirieron que por ello la importación definitiva resultaría prohibida.
En mi criterio, ello no es así. Al respecto, no puede olvidarse que correspondía a la DGA expedirse oportunamente acerca de la nacionalización solicitada. Cosa que no hizo. O, en su defecto, podría haber ordenado tempestivamente la reexportación de la mercadería que considerara en infracción. Tampoco actuó con la diligencia debida, tal como lo reconoce en sus consideraciones la decisión bajo examen. (Ver al respecto fojas 63 de las Actuaciones Administrativas, inciso b) “in fine”).
Al momento de la importación temporal, se reitera, la mercancía era “nueva sin uso”. Se infiere razonablemente que el mero trámite de nacionalización de la mercadería no podría “per se” y automáticamente convertirla en usada. Corrobora este argumento la circunstancia de que en los antecedentes administrativos tampoco existen constancias que permitan aseverar que la accionante hubiera utilizado el equipo durante su permanencia en el país.
Y aún si ello tornara prohibida la operatoria, correspondía a la DGA pronunciarse en aquél momento, y no con semejante posterioridad en la forma en que lo hizo al instruir el sumario.
Con tales fundamentos, considero que resulta procedente revocar la resolución apelada.
En sentido similar al que se propone, ya ha tenido oportunidad de resolver la Sala E de este Tribunal, en la causa homónima “Schlumberger Argentina S.A. s/Apelación”, causa T.F. 25.700-A.
Asimismo, la determinación tributaria aduanera realizada posteriormente debe ser revocada, dado que a todo evento los tributos ya habían sido abonados, según el arancel vigente en aquél momento.
VII. Como consecuencia de los hechos, la normativa y la jurisprudencia que anteceden, se observa que desplegar el resto de las cuestiones planteadas, resultaría inoficioso; y atentaría contra el principio de economía procesal. Que por último, no se encuentran motivos para apartarse del principio objetivo de la derrota, por lo cual las costas deben imponerse al Fisco.
Por los fundamentos expuestos, voto por:
Revocar la Resolución aduanera DE PRLA Nº 8726/2010 apelada, en cuanto ha sido motivo de agravio. Con costas a la DGA.
El Dr. Pablo A. Garbarino dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Los antecedentes de la causa están correctamente reseñados en el voto preopinante, a los que se remite por razones de brevedad.
II. En lo que refiere al fondo del asunto, acuerdo con el voto preopinante que el acto administrativo recurrido debe ser revocado por cuantos las conclusiones son meramente dogmáticas y no condicen con los antecedentes de la causa. Es que, en efecto, en momento alguno el ente recaudador demostró que la mercadería importada era usada y nunca pudo haberlo hecho porque en momento alguno realizó una verificación material para demostrar la veracidad de esa aserción.
III. En consecuencia, encuentro plausible adherir al voto preopinante y revocar la Resolución aduanera DE PRLA N° 8726 apelada, con costas.
En virtud del acuerdo que antecede, SE
Revocar la Resolución aduanera DE PRLA Nº 8726/2010 apelada, en cuanto ha sido motivo de agravio. Con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la DGA y firme archívese. Suscriben la presente los Dres. Claudia B. Sarquis, Pablo A. Garbarino y Miguel N. Licht, por encontrarse en uso de licencia el Dr. Horacio J. Segura (conf. Art. 1162 del C.A.).
Date: 2021.11.11 17:11:01 -03:00 Date: 2021.11.11 23:22:06 -03:00 Pablo Adrian Garbarino Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Tribunal Fiscal de la Nación Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.11.12 00:14:08 -03:00 Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.11.12 00:14:09 -03:00
Fin de la sentencia