Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 31.901-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución N°132/12 (AD CORI), recaída en las Actuaciones N°12069-171-2006.
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-140052480-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 24 de Noviembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales integrantes de la Sala "G", Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, para resolver en los autos caratulados: "SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/recurso de apelación", expediente N° 31.901-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso concreto, la empresa recurrente ha sido denunciada ante la justicia penal por la sospecha de simular la exportación de mercancía que había sido importada temporalmente. Esta situación ha dado lugar a medidas coercitivas, las cuales han revelado la tenencia injustificada de mercancía de origen extranjero. Ante este escenario, el organismo fiscal ha iniciado procedimientos administrativos con el fin de determinar la presunta responsabilidad por la violación al artículo 987 del Código Aduanero (“CA”). Como consecuencia de ello, la firma “Schlumberger Argentina SA” interpone recurso de apelación contra la Resolución N°132/12 (AD CORI), mediante la cual se la condena al pago de $75.500 en concepto de multa, el comiso de la mercadería y $60.486,07 en concepto de tributos. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, la firma menciona que las mercaderías respecto de las cuales se atribuye la infracción prevista en el art. 987 del CA no fueron interdictadas, teniendo en cuenta que las mismas no figuran en las diligencias de allanamiento de los días 21 y 24 de mayo de 2002. Explica que dichas mercaderías recién aparecen en las actas de los días 3 y 4/12/2002, a través de un relevamiento efectuado por la Comisión Aduanera, sin mandato judicial y llevado a cabo al solo efecto de inspeccionar la totalidad de los enseres interdictados mediante de las diligencias de allanamiento anteriormente mencionadas. Indica que la obligación de acreditar la legal tenencia de las mercaderías es procedente cuando exista en el servicio aduanero alguna presunción con sólidos fundamentos que la misma no haya ingresado en legal forma y ello provoque un requerimiento concreto para demostrar aquello de lo que se duda. Expresa que debe haber una inmediatez entre el hallazgo y el requerimiento para acreditar la legal tenencia, ya que después de 10 años se afecta la seguridad jurídica y el derecho de defensa en juicio, al exigirse probar la correcta importación cuando se encuentra vencido el plazo para la guarda de la documentación respaldatoria. Arguye que no se da en el caso el elemento objetivo del tipo infraccional, debido a la falta de tenencia sobre la mercadería. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se revoque la resolución apelada, con costas.
II. De su lado, en su responde a fs. 37/43, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de efectuar una breve reseña de los hechos, explica que la infracción que aquí se sanciona queda configurada por la sola tenencia de la mercadería con fines de comercio o industrialización, siempre y cuando se trate de mercadería de origen extranjero. Menciona que para este tipo infraccional opera la inversión de la carga probatoria, por lo que la apelante debe poseer y acompañar la documentación que respalde el legal ingreso de la mercadería en trato, lo que no ocurrió en el caso de marras. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia, confirmando el fallo aduanero, con costas.
III. Así las cosas, corresponde analizar en autos si la resolución recurrida se ajusta a derecho. En este sentido, debo insistir respecto de que el agravio esgrimido por la apelante versa sobre la falta de interdicción de las mercaderías objeto de este proceso, siendo que las mismas no figuran en las diligencias de allanamiento de los días 21 y 24 de mayo de 2002. Si bien la firma menciona que dichas mercaderías aparecen recién en las Actas de los días 3 y 4/12/2002, a través de un relevamiento efectuado por la Comisión Aduanera, aclarando que dicha intervención fue realizada sin mandato judicial, afirmación que la misma actora contradice posteriormente en su misma presentación, y aclara que en dicho acto tampoco se nombró depositario a persona alguna, lo cierto es que dicho planteo no posee la suficiente relevancia como para afectar la decisión impugnada. En primer lugar, más allá de la validez o invalidez de la argumentación, el agravio basado en la violación del debido proceso debido a un presunto exceso en la ejecución material de la orden de allanamiento dispuesta por la justicia penal no puede ser dirimido en esta instancia. Esta es una cuestión ajena al ámbito de competencia de este tribunal, que de ninguna manera podría ejercer de juez de la legalidad de los actos de un tribunal judicial.
IV. Dado lo expuesto anteriormente, la cuestión se reduce a una situación muy simple. Cualquier persona que posea mercancía de origen extranjero y que, según las circunstancias de tiempo y lugar, pueda presumirse razonablemente que es utilizada con fines comerciales o industriales, debe demostrar que ha sido legalmente puesta en el mercado.
Ahora bien, respecto del presupuesto establecido por el art. 987 del CA, esto es, la tenencia de la mercadería sin importar el título en que se la posea, queda en evidencia que la firma tenía en su poder dicha mercadería en virtud del Acta labrada por la Comisión Aduanera el 4/12/2002 (fs. 131 de las AA), donde se menciona que: “Con respecto al resto de la mercadería relevada, de la cual no se exhibe documentación, y que incluye 2 transformadores eléctricos para bombas centrífugas sumergibles de origen USA, se adjunta a la presente el detalle respectivo como Anexo I con detalle de N° de series de motores electrosumergibles, bombas centrífugas sumergibles y protectores; tableros de control y mando para bombas centrífugas sumergibles, y carretes de cable trifásico, totalizando 6 fs. debidamente suscriptas por los intervinientes” (el resaltado me pertenece).
V.-Sentado lo anterior, se debe mencionar que, en las infracciones aduaneras, la comprobación del hecho objetivo tipificado en la norma y que configura la infracción genera una presunción de responsabilidad, como resultado de lo cual se produce la inversión de la carga de la prueba, quedando a cargo del imputado la acreditación de los extremos que lo eximan de responsabilidad. Sobre la base de lo expuesto, se desprende que la apelante no pudo acreditar el legal ingreso de la mercadería en trato, ni su adquisición o tenencia legal en el mercado. Efectivamente, la única defensa exculpatoria planteada es que no se conservan los despachos de importación debido al paso del tiempo. Sin embargo, esta defensa no tiene fundamento, considerando que ningún empresario responsable procedería sin más a la destrucción o pérdida de la documentación respaldatoria del ingreso de mercancía observada por el servicio aduanero y que está siendo objeto de una investigación penal.
En este sentido, cabe señalar que la actora tenía pleno conocimiento de las irregularidades detectadas por la aduana respecto de la mercadería imputada, teniendo en cuenta la investigación efectuada por la Comisión Aduanera que dio origen al Acta labrada a fs. 131 de las AA. Más aún, las normas invocadas a los fines de justificar la falta de conservación de los despachos se refieren únicamente a Diario, Inventarios y Balances, por lo que queda fuera de toda duda que los mismos no se encontraban alcanzados por la norma en trato (conf. arts. 44 y 67 del Código de Comercio).
Atento lo analizado, corresponde confirmar la Resolución N°132/12 (AD CORI) apelada en autos, con costas.
Por ello, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución N°132/12 (AD CORI), recaída en las Actuaciones N°12069-171-2006.
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución N°132/12 (AD CORI), recaída en las Actuaciones N°12069-171-2006.
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.11.23 11:21:21 ART Date: 2023.11.23 18:21:52 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.11.24 11:09:09 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.11.24 11:09:29 -03:00
Fin de la sentencia