Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala E · Causa 28.267-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRevocar la Resolución aduanera DE PRLA N° 3502/10 apelada, en cuanto ha sido motivo de agravio. Con costas a la DGA.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-104398847-APN-VOCXX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 30 de Septiembre de 2022 Reunidos los Vocales integrantes de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Claudia B. Sarquis (titular de la Vocalía 20° Nominación), Horacio J. Segura (titular de la Vocalía 21° Nominación), y Miguel N. Licht (titular de la Vocalía 19° Nominación), a fin de resolver en los autos caratulados "SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. c/ D.G.A. s/ recurso de apelación", Expediente Nº 28.267-A, La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Que a fs. 11/19 vuelta se presenta la firma mencionada por apoderado, e interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 3502/10 (DE PRLA) del 26/05/2010, dictada por el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros en la Actuación SIGEA Nº 12034-51-2007; en cuanto la condena por la infracción al art. 970 del C.A., al pago de una multa de $23.495,30 (pesos veintitrés mil cuatrocientos noventa y cinco, con treinta centavos) y al comiso de la mercadería documentada en el ítem 2.1. del DIT 98 001 IT04 000983-S, intimándola, al considerar que la nacionalización de la mercadería documentada mediante el despacho 00 001 IC83 55 E era de importación prohibida. La recurrente pide se revoque la resolución custionada, y en subsidio pide se reduzca la multa impuesta al mínimo legal, oponiéndose a la aplicación del CER sobre los tributos reclamados.
Peticiona se declare la inconstitucionalidad de los arts. 4 y 8 del Decreto 214/02. Reseña los antecedentes de la causa y remarca que la admisión temporaria había sido autorizada en el expediente ADGA 429991/98. Que canceló dicha admisión temporal en tiempo y forma. Que con fecha 28/09/2001 se le formuló denuncia en orden a la infracción al art. 970 del C.A., y posteriormente se instruyó sumario. Que en las Actuaciones Administrativas se acreditó que el DIT referido había sido cancelado mediante el despacho 00 001 IC83 55 E. Que toda la documentación de la destinación estuvo en todo momento agregada a la vista del Servicio Aduanero, conforme surge de la propia denuncia e informe de la División Verificación y Sección Procedimientos Técnicos.
Apela la resolución condenatoria, en tanto la discusión en autos se limita a que la destinación para consumo “oficializada” no fue pasada a estado “presentada”. Que pese a haberse declarado “nueva sin uso”, la misma era usada por la sola presunción de haber sido importada temporalmente para someterla a un proceso económico. Y que al ser usada era de importación prohibida. Sostiene al expresar agravios que estas premisas eran equivocadas. Ello, por cuanto: 1. La Aduana debió dar curso al despacho o denegar la solicitud de importación a consumo y ordenar su reexportación. Que no lo hizo, y tal incumplimiento en el proceso operativo imposibilitó que el despacho siguiera su curso. 2. La mercadería no era de importación prohibida, ya que se declaró correctamente nueva y sin uso.
Pero la falta de “presentación” informática impidió la verificación física. Por ello no puede presumirse que por la sola importación temporal no fuera nueva, dado que su parte la “stockea” para un uso eventual. Que en el caso el uso no había tenido lugar hasta el momento en que se decidió nacionalizar. Y que fue tempestiva la solicitud de destinación, por lo cual la DGA debía haber ordenado su reexportación si consideraba que estaba prohibida. 3. Que la pretensión tributaria resulta improcedente ya que los tributos han sido abonados, con arreglo al arancel vigente a la fecha de oficialización del despacho. Por ello, deben tenerse por cancelados. Aduce al respecto que conforme la Res. MEyOSP 32/96, la alícuota vigente para los derechos de importación para la posición arancelaria documentada era del 14% y no del 18 % aforado en la planilla aduanera.
Subsidiariamente, se opone a la graduación de la pena en dos veces y media de la escala penal. Considera a la multa desproporcionada, frente a la falta cometida y la conducta expresa de la parte. Entiende se afecta el principio de razonabilidad. Invoca los arts. 28 y 33 de la Constitución Nacional. Como segundo planteo subsidiario, se opone a la aplicación del CER y plantea la derogación de la ley 23.905 por la ley 23.928. Agrega que el Decreto 214/02 es inaplicable al caso y, además, en cuanto regula temas tributarios o penales resulta inconstitucional. Cita jurisprudencia que considera favorable a su postura, ofrece como prueba los antecedentes administrativos y plantea la Cuestión Federal.
Pide se revoque la sentencia apelada, o subsidiariamente se reduzca la multa al mínimo, sin la aplicación del CER. Con costas a la DGA.
II. Que a fs. 29/32 y vuelta luce el escrito de presentación del representante fiscal. Contesta el traslado del recurso que le fuera oportunamente conferido. Niega todas y cada una de las afirmaciones y hechos, manifestados por su contraria que no sean expresamente reconocidos. Analiza el instituto de la importación suspensiva. Considera probado que la actora no reexportó ni nacionalizó la mercadería temporariamente importada. Cita los informes de las áreas técnicas aduaneras y subraya el carácter objetivo de la infracción endilgada. Menciona jurisprudencia que considera favorable a la decisión aduanera. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se dicte sentencia rechazando la apelación interpuesta, con expresa imposición de costas.
III. Que, en resumen, a fojas 38 se declara la causa de puro derecho. Que a fojas 46 se elevan los autos a la Sala “G”. Que a fojas 55 se ponen los autos a sentencia.
IV. Que las actuaciones administrativas Nº 12034-51-2007 se inician a fs. 1 con el acta de denuncia 083/01 por infracción al régimen de importación temporal penado por el art. 970 del C.A. atento que no se habría regularizado la situación de la mercadería ingresada mediante DIT Nro. 98 001 IT04 000983S cuyo vencimiento operaba el 28/9/2001. A fojas 14 se dispone instruir sumario y a fojas 53 se ordena correr la vista de todo lo actuado a la sumariada. A fojas 22/35 se presenta espontáneamente la aquí actora y manifiesta haber acreditado la total cancelación del DIT, mediante permisos de exportación 00045 ECO2 0000212-P; 00 001 EC02 000001291-S y despacho de importación 00 001 IC83 000055 E. No obstante ello, la Sección Procedimientos Técnicos emitió la nota Nro. 3375/07 (SE PRETE), que luce a fojas 47/48. Si bien consideró algunos ítems como cancelados, adujo que la mercadería consignada en el ítem 2.1., estaría en infracción, por haber sido nacionalizada mediante el despacho de importación 00 001 IC83 000055 E, “cuyo estado es oficializado”. En cuanto aquí interesa, sostuvo que esa mercadería era de importación prohibida, según Res. 748/95, Anexo III y modificatorias. A fojas 61/67 luce la contestación de vista de la importadora, y a fojas 68/71 vuelta, el descargo de la aseguradora. Luego de producidas las pruebas, a fs. 82 el área técnica asesora informó sobre el estado de la mercadería en infracción. Dicho informe se ratificó a fojas 84. Como surge de los mismos, la Aduana ha considerado que la mercadería debe ser considerada como usada, “independientemente de que la misma se haya oficializado antes del vencimiento de la temporal” (SIC). A fojas 110/113 se observa la Resolución aduanera aquí cuestionada.
V. Que el apartado 1) del art. 970 del Código Aduanero dispone: “El que no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria o del de exportación temporaria, según el caso, será sancionado con una multa de uno a cinco veces el importe de los tributos que gravaren la importación para consumo ó la exportación para consumo según el caso, de la mercadería en infracción, multa que no podrá ser inferior al treinta por ciento del valor en aduana de la mercadería…” En el caso de mercadería de importación prohibida, el apartado 2) del mismo artículo agrega que además, se aplicará su comiso.
Corresponde en este punto señalar que el ilícito no es puramente formal, dado que el beneficio de la importación temporaria tiene como condición que la mercadería se reexporte dentro del plazo (art. 250 de la ley 22.415). O, en su defecto, se convierta la importación en definitiva. A tal efecto, la solicitud debe presentarse dentro de los plazos previstos en el art. 271 del Código Aduanero. Y en caso de solicitar prórroga, deben cumplirse los términos del art. 266 de dicha norma.
La reexportación se demuestra con los permisos de embarque, o solicitudes de destinación de exportación oficializadas. El pago de los tributos correspondientes, no resulta una sanción ya que el hecho generador de la obligación se perfecciona con la transformación de la importación temporal en definitiva. Así sucedió en el caso que nos ocupa. Al respecto, no puede olvidarse que la oficialización de la solicitud de nacionalización se realizó antes del vencimiento de la temporal, tal como lo admite el organismo aduanero a fojas 111, penúltimo párrafo de los antecedentes administrativos que tengo a la vista.
En pocas palabras, las oficinas aduaneras consideraron que el sólo hecho de pasarse a definitiva la importación temporal, modificaba el “status” de la mercadería, de nueva a usada. Y siguiendo esa opinión, infirieron que por ello la importación definitiva resultaría prohibida.
En mi criterio, ello no es así. Al respecto, no puede olvidarse que correspondía a la DGA expedirse oportunamente acerca de la nacionalización solicitada. Cosa que no hizo. O, en su defecto, podría haber ordenado tempestivamente la reexportación de la mercadería que considerara en infracción. Tampoco actuó con la diligencia debida en ese punto. Al momento de la importación temporal, se reitera, la mercancía era “nueva sin uso”. Se infiere razonablemente que el mero trámite de nacionalización de la mercadería no podría “per se” y automáticamente convertirla en usada. Corrobora este argumento la circunstancia de que en los antecedentes administrativos no existen constancias que permitan deducir que la accionante haya utilizado el equipo durante su permanencia en el país.
Y aún si ello tornara prohibida la operatoria, correspondía a la DGA pronunciarse en ese momento, y no con posterioridad en la forma que lo hizo al instruir el sumario.
En sentido similar al que propongo, ya ha tenido oportunidad de resolver la Sala E de este Tribunal, en la causa homónima “Schlumberger Argentina S.A. s/Apelación”, causa T.F. 25.700-A. También esta Sala G, entre las mismas partes, en el Expediente TFN Nro. 29.444-A con fecha 12 de noviembre de 2021 decidió en el mismo sentido que “ mutatis mutandis” considero aquí aplicable.
Asimismo, la determinación tributaria aduanera -realizada posteriormente- debe ser revocada, ya que a la fecha de oficialización del despacho de importación 00 001 IC 83 55-E, los tributos que gravaban la importación para consumo de la mercadería habían sido abonados, según el arancel vigente a ese momento.
VI. Como consecuencia de los hechos, la normativa y la jurisprudencia que anteceden, se observa que desplegar el resto de las cuestiones planteadas, resulta inoficioso y atenta contra el principio de economía procesal.
Asimismo, no encuentro motivos para apartarme del principio objetivo de la derrota, por lo cual entiendo que las costas deben imponerse al Fisco.
Por los fundamentos expuestos, VOTO POR:
Revocar la Resolución aduanera DE PRLA N° 3502/10 apelada, en cuanto ha sido motivo de agravio. Con costas a la DGA.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Miguel N. Licht dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
En virtud del acuerdo que antecede, por unanimidad SE
Revocar la Resolución aduanera DE PRLA N° 3502/10 apelada, en cuanto ha sido motivo de agravio. Con costas a la DGA.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas a la Dirección General de Aduanas y archívese.
Date: 2022.09.29 18:40:54 ART Date: 2022.09.29 20:26:54 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Horacio Joaquin Segura Miguel Nathan Licht Vocal Vocal Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.09.30 13:38:37 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.09.30 13:39:39 -03:00
Fin de la sentencia