Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 24.047-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución DEPLA N° 4900, dictada el 3 de noviembre de 2006 por el Sr. Jefe del Departamento “Procedimientos Legales Aduaneros” en la Actuación Nº 12034-436-2006, en cuanto exige a la firma SCHLUMBERGER el pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 34.161,26, de conformidad con los arts. 970 y 1112 del C.A.
2Con costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-150622422-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 19 de Diciembre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados:
“SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. c/DG.A. s/recurso de apelación”, expediente N° 24.047-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 170/174 la Sala II de la Excma. Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el Fisco Nacional, con costas a la actora, en consecuencia, revoca la sentencia apelada en cuanto declaró prescripta la acción del Fisco para imponer penas y reenvía los autos a este Tribunal a efectos de que se pronuncie respecto al fondo de la cuestión discutida en autos.
II. En atención al estado de los presentes actuados y, particularmente, a lo resuelto por la Alzada, corresponde a esta instancia pronunciarse respecto al recurso de apelación interpuesto por la firma “Schlumbeger Argentina S.A.” contra la Resolución N° 4900/06 (DE PLA) dictada en el expediente SIGEA 12034-436-2006 (ex ADGA N° 601.114/01), mediante la cual se la condena al pago de una multa por la suma de $34.161,26.- y comiso de la mercadería por la infracción al art. 970 del C.A. atento a considerarse 5000 Kgs. de mercadería nacionalizada por el despacho de importación a consumo N° 00 001 IC83 000115 B de importación prohibida y que fuera introducida temporalmente mediante el despacho DIT N° 97 001 IT14 000197 Y.
III. La recurrente manifiesta que la mercadería importada temporalmente, respecto de los cuales posteriormente solicitó su importación definitiva, no es de importación prohibida y explica que el servicio aduanero consideró la mercadería como “bienes usados” clasificados en una posición incluida en el Anexo III de la Resolución ME y O y SP N° 748/95 y sus modificaciones. Afirma que al momento de la introducción de la mercadería al país eran de estado “nuevo sin uso”, nunca tuvieron la calidad de “usados” (característica comprendida en la prohibición que establece la Resolución ME y O y SP N° 909/94, que ingresen bienes realmente desgastados). Solicita se ordene al servicio aduanero autorizar la importación definitiva, cancelando de esa forma las obligaciones asumidas, atento a haberse abonado los tributos por dicha importación. En ese sentido, entiende que no hubo violación al régimen de importación temporal, ya que solicitó se autorizara la importación definitiva de la mercadería antes del vencimiento del plazo de permanencia. En subsidio, se agravia de la graduación de multa en tres veces y media.
IV. La representación fiscal contesta el traslado a fs. 33/39 vta. Explica que la Aduana podrá autorizar que la mercadería introducida temporalmente sea sometida a la destinación de importación para consumo, siempre y cuando no fuera aplicable una prohibición. Al momento imponible de la destinación DI N° 00 001 IC83 000115 B el estado de la mercadería era usado por lo cual quedaría prohibida su importación definitiva. Aduce que la quejosa no puede desconocer la normativa aplicable y que no debía dejar vencer la temporal para luego importar a consumo mercadería que ya se había usado. Cita jurisprudencia. Respecto a la graduación de la multa explica que por el art. 915 del C.A. da libre arbitrio al Juez Administrativo la fijación en el supuesto de penas divisibles de una condena según circunstancias atenuantes o agravantes según el caso, conforme las pautas objetivas y subjetivas.
V. En virtud de lo mencionado con anterioridad, en el presente caso corresponde determinar si la Resolución DEPLA N° 4900, dictada el 3 de noviembre de 2006 por el Sr. Jefe del Departamento “Procedimientos Legales Aduaneros”, se ajusta a derecho. Para ello, luego de realizar una descripción sucinta de los hechos involucrados en el sub lite, se examinará si la firma apelante incurrió finalmente en la infracción estipulada por el art. 970 del C.A. como resultado de la falta de reexportación de la mercadería previamente sometida al régimen de importación temporaria.
VI. Las presentes actuaciones encuentran su origen en el Acta de Denuncia llevada a cabo el 21 de febrero de 2001 por la Dirección Registros de Importación; instrumento mediante el cual se llegó a constatar que, sobre la base del control documental efectuado oportunamente, SCHLUMBERGER había incurrido en la infracción del art. 970 del CA por haber importado una mercadería considerada como “prohibida”, según lo expresamente determinado por la Resolución 748/95, Anexo III, y modificatorias (fs. 1 de la actuaciones administrativas 12034-436-2006). En efecto, mediante la destinación de importación temporaria 97 001 IT04 000197 Y del 10 de noviembre de 1997, la actora oficializó ante el servicio aduanero el ingreso al territorio argentino de dos collares magnéticos, habitualmente empleados en los aparatos de perforación de pozos petrolíferos. Dicha operación de importación fue finalmente autorizada por un plazo de 1080 días y, por consiguiente, la actora se veía frente a la obligación de reexportar la mercadería con anterioridad al 10 de noviembre de 2000.
El 12 de junio de 2000, SCHLUMBERGER solicitaría, mediante la destinación n° 00 001 IC083 000115 B, la autorización correspondiente al servicio aduanero a los fines de importar la mercadería involucrada de manera definitiva. Si bien, al momento de requerir la autorización mencionada, la firma llegaría a pagar los tributos vinculados con la importación para consumo, no habría manifestación alguna por parte del servicio aduanero previo al vencimiento del plazo oportunamente otorgado (10 de noviembre de 2000). Ante dicha situación, y frente a la necesidad de continuar con los trabajos de perforación ya iniciados, la firma importadora requeriría el 1° de octubre de 2000 una prórroga del aludido plazo por un número de días igual al previamente otorgado. No obstante, la respuesta a esta última solicitud recién sería notificada a la actora el 23 de marzo de 2002, un año y casi seis meses a posteriori del vencimiento del plazo concedido en un primer momento. En esta oportunidad el servicio aduanero informaría el otorgamiento de la prórroga reclamada, pero en esta ocasión solo por un período igual a 180 días.
Frente a dichas circunstancias, incumbe dilucidar las siguientes tres cuestiones: a) en primer lugar, atañe determinar cuál sería la situación jurídica del importador que, a pesar de no haber recibido respuesta alguna a su solicitud de prórroga, no reexportó la mercadería bajo examen con posteridad al 10 de noviembre de 2000 (fecha en que vencía el plazo otorgado para la destinación de importación temporaria bajo examen); b) en segundo lugar, incumbe examinar el ejercicio hermenéutico oportunamente presentado por el importador sobre el término “usado”, a los fines de eliminar todo resabio infraccional sobre el comportamiento bajo análisis; c) finalmente, cabe presentar ciertas observaciones sobre las implicancias de la Nota n° 1626/01 (SE PRTE) del 23 de marzo de 2002, mediante la cual el servicio aduanero le otorga al importador una prórroga de 180 días.
VII. En lo que respecta al primer punto, el Código Aduanero no establece disposición alguna donde se regulen los efectos jurídicos del silencio del servicio aduanero frente a una solicitud, presentada oportunamente por el importador interesado, mediante la cual se demande una prórroga del plazo debidamente acordado para una importación sujeta al régimen temporario. El art. 266 del citado plexo normativo, solo contempla aquellos casos donde, frente a la mencionada petición, la administración se manifieste de manera expresa, tanto por la negativa como por la afirmativa. En efecto, si mediante su segundo párrafo, la disposición citada estipula que “[l]a Administración Nacional de Aduanas […] concederá por una sola vez una prórroga por un período que no podrá exceder del plazo originario”, a través de su tercer párrafo, determina que, “[e]n el supuesto de que denegare la prórroga solicitada, la Administración Nacional de Aduanas otorgará un plazo perentorio de veinte (20) días, a contar desde la fecha de la notificación de la denegatoria, para cumplir con la obligación de reexportar para consumo”. De esta manera, ante una situación que implique la inacción de la administración, el Código Aduanero se mantiene en silencio.
Frente a dicha laguna normativa, resulta pertinente tener en cuenta lo manifestado por el art. 1017, primer párrafo, del C.A., donde se determina que la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos (ley 19.549) (en adelante “LNPA”) será aplicable de manera supletoria en aquellos procedimientos que se cumplieren ante el servicio aduanero. Y según lo manifestado por el art. 10 de este último plexo normativo, “El silencio o la ambigüedad de la Administración frente a pretensiones que requieran de ella un pronunciamiento concreto, se interpretarán como negativa. Sólo mediando disposición expresa podrá acordarse al silencio sentido positivo” ” (nuestra cursiva). A su vez, la disposición citada agregaría que “[s]i las normas especiales no previeren un plazo determinado para el pronunciamiento, éste no podrá exceder de sesenta días. Vencido el plazo que corresponda, el interesado requerirá pronto despacho y si transcurrieren otros treinta días sin producirse dicha resolución, se considerará que hay silencio de la Administración.
La interpretación conjunta de las disposiciones mencionadas con anterioridad (art. 266 del C.A. y art. 10 de la LNPA) nos lleva necesariamente a resaltar las siguientes observaciones generales: frente a la solicitud de prórroga del plazo otorgado para la importación temporaria, presentada oportunamente por el importador interesado, el servicio aduanero cuenta con la facultad de manifestarse de manera expresa, en cuyo caso, la firma debería actuar en consecuencia (reexportar la mercadería dentro de los plazos mencionados por el art. 266, tercer párrafo, del C.A., en caso de rechazo o; mantener la mercadería en el territorio aduanero argentino bajo las condiciones estipuladas por el servicio aduanero, en el supuesto de haberse concedido la prórroga). No obstante, frente al silencio del servicio aduanero, una vez vencido el plazo oportunamente otorgado, el importador contará con un plazo perentorio de 20 días para cumplir con su obligación de reexportar. De esta manera, la aplicación de las mencionadas observaciones generales al sub lite implica, indefectiblemente, que SCHLUMBERGER haya incurrido en la infracción tipificada a través del art. 970 del C.A., a partir del momento en que aquella, frente a la negativa tácita del servicio aduanero, no cumplió con su obligación de reexportar en tiempo y forma la mercadería bajo examen (que, con posterioridad a su uso, pasó a ser considerada como “prohibida” a los fines de su importación para consumo). A mayor abundamiento, cabe subrayar que el apelante en ningún momento requirió un pronto despacho al servicio aduanero previo al vencimiento del plazo correspondiente.
VIII. En cuanto a la segunda cuestión vinculada con la interpretación del término “usado”, empleado, por parte del legislador, en el art. 4° de la Resolución 909/94 con el objetivo de identificar determinadas prohibiciones, el apelante afirmaría que la mercadería importada en forma temporaria habría sido utilizada en territorio aduanero argentina sin que, por ello, deba considerársela como tal (es decir, como “usada”). En efecto, según lo recordado por la actora, de conformidad con el Diccionario de la lengua española, puesto a disposición por la Real Academia Española, el adjetivo “usado/da” implicaría que la cosa en cuestión se encuentre “gastad[a] y deslucid[a] por el uso”. De esta manera “[n]o [encuadrarían] en este concepto aquellos bienes que, si bien han sido objeto del algún uso, se encuentran en perfectas condiciones – sin necesidad de ser objeto de trabajos de reacondicionamiento – para cumplir sus funciones propias. Se trata de bienes ni desgastados ni dilucidados por su uso, sino en estado tal que son utilizables en la misma forma al momento en que eran nuevos, sin previo uso alguno”. Consecuentemente, SCHLUMBERGER terminaría por concluir que “[n]o puede darse a la prohibición establecida por la Resolución […] N° 909/94 una extensión tal que impida la importación de bienes en el estado antes mencionado. La finalidad del régimen de dicha resolución es evitar la introducción de bienes realmente desgastados y no de aquellos en condiciones de uso normal”.
Frente a dichos argumentos, cabe recordar la inveterada jurisprudencia de la nuestro más Alto Tribunal vinculada con la cuestión que nos aqueja. En efecto, en varias oportunidades, la CSJN ha llegado a señalar que “[e]l primer método de interpretación al que debe acudir el juez es el literal, conforme al cual debe atenerse a las palabras de la ley (Fallos: 326:4909, entre otros), pues la claridad de las normas […] impone apegarse, para la resolución del tema debatido, al principio sostenido reiteradamente por esta Corte conforme al cual la primera fuente de interpretación de la ley es su letra, sin que sea admisible una inteligencia que equivalga a prescindir del texto pues la exégesis de la norma, aun con el fin de adecuación a garantías y principios constitucionales, debe practicarse sin violación de su letra o de su espíritu (Fallos: 300:687; 301:958 y 307:928)”.
En este contexto, corresponde evocar lo estipulado por el art. 4° de la Resolución 909/94. Según dicha disposición: “[se prohíbe] en forma transitoria la importación para consumo de los bienes usados comprendidos en las posiciones arancelarias de la Nomenclatura Común del MERCOSUR (N.C.M.) que se detallan en el Anexo II de la presente resolución. Exceptúese de esta prohibición a las partes y/o piezas de bienes comprendidas en los Capítulos 84 al 90 cuando se acredite su adecuada aptitud de uso, en los términos y condiciones que al efecto establezca la Autoridad de Aplicación. Las mercaderías a las que se refiere el párrafo precedente, deberán tramitar el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU) previsto en el artículo 1°”. En ninguna parte de la norma transcripta, ni de la totalidad del texto de la Resolución 909/94, si detalla una definición del término “usados”, ni se presenta una diferencia a tener en cuenta entre bienes “usados y gastados” y aquellos que, si bien empleados en alguna actividad, se encuentran en perfecto estado. Nuevamente resulta importante recordar lo oportunamente afirmado por nuestra Corte Suprema en cuanto a que “no puede entenderse que exista una redacción descuidada o desafortunada del legislador [quien podría haber incluido alguna diferenciación a los fines de poder determinar el alcance exacto de la expresión “bienes usados”] y, sin embargo, no lo hizo” (arg. de Fallos: 328:456), toda vez que “[l]a inconsecuencia del legislador no se presume” (Fallos: 319:2249). De esta manera, se manifiesta como incorrecto pretender incluir una distinción de significados cuando, sobre la base de una interpretación conjunta del texto de la norma, se infiere que aquella no formó parte de la intención del legislador.
IX. Finalmente, con relación a la demora en que incurriría el servicio aduanero al acceder a la solicitud de prórroga presentada por la apelante un año y casi seis meses a posteriori del vencimiento del plazo concedido en un primer momento, se trata de una cuestión ajena al ámbito de nuestro conocimiento, habida cuenta de que sus efectos deberían eventualmente dirimirse en una futura acción de responsabilidad estatal. Por todo lo expuesto, VOTO POR:
1. Confirmar la Resolución DEPLA N° 4900, dictada el 3 de noviembre de 2006 por el Sr. Jefe del Departamento “Procedimientos Legales Aduaneros” en la Actuación Nº 12034-436-2006, en cuanto exige a la firma SCHLUMBERGER el pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 34.161,26, de conformidad con los arts. 970 y 1112 del C.A.
2. Con costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto precedente.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar la Resolución DEPLA N° 4900, dictada el 3 de noviembre de 2006 por el Sr. Jefe del Departamento “Procedimientos Legales Aduaneros” en la Actuación Nº 12034-436-2006, en cuanto exige a la firma SCHLUMBERGER el pago de una multa cuyo monto asciende a la suma de $ 34.161,26, de conformidad con los arts. 970 y 1112 del C.A.
2. Con costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.12.18 15:36:33 ART Date: 2023.12.18 21:50:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.12.19 15:04:42 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.12.19 15:05:02 -03:00
Fin de la sentencia