Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala F · Causa 35.375-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Revocar el art. 1º de la Resolución (DE PRLA) Nº 8320/14, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12041-751-2004. Costas por su orden.
2Confirmar, parcialmente, el art. 3 de la referida Resolución (DE PRLA) N° 8320/14, en tanto exige el pago de tributos, con excepción de las percepciones de IVA y Ganancias, y con más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 21/12/11 y hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2023-38725104-APN-VOCXVI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 10 de Abril de 2023 Reunidos los Señores Vocales de la Sala “F”, Dres. Pablo A. Garbarino y Christian M. González Palazzo, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados: “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A. c/Dirección General de Aduanas, s/recurso de apelación”, Expte. N° 35.375-A;
El Dr. Pablo Garbarino dijo:
I. Que a fs. 11/20, se presenta, por apoderado, la firma del epígrafe e interpone recurso de apelación contra la Resolución (DE PRLA) N° 8320, recaída en la actuación SIGEA N° 12041-751-2004, que la condena al pago de multa y tributos, por la presunta comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. Manifiesta que en el presente caso no concurren los elementos objetivos de la infracción prevista en el art. 970 del Código Aduanero, puesto que no ha existido por parte de “Schlumberger Argentina S.A.” un incumplimiento de las obligaciones asumidas como condición del otorgamiento del régimen de importación temporaria. Señala que el plazo de permanencia originario fenecía el 10/01/01 y que, con una antelación mayor a un mes, solicitó la prórroga de la importación temporaria mediante expediente 431.510/00 la cual fue luego concedida por otro lapso de 1080 días, con vencimiento el 04/01/04.
Agrega que, con mucha antelación al fenecimiento del referido plazo, el 20/08/02, mediante el expediente ADGA 416.630/02 solicitó la importación a consumo de la mercadería ingresada temporariamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 271 y 272 del C.A. Sostiene que la falta de tramitación del expediente de importación a consumo se debió a causas ajenas a su mandante. Destaca que aún cuando la nacionalización de la mercadería se hizo con la necesaria antelación, la destinación de importación temporaria, su documentación complementaria y la propia mercadería se encontraban afectadas a la causa penal y a disposición del juez interviniente. Señala que su representada solo podía actuar de la manera que lo hizo y para lo cual se encontraba habilitado legalmente; pedir la nacionalización de la mercadería en tiempo y forma.
Añade que fue el servicio aduanero quien debió arbitrar los medios para dar trámite al pedido pues su parte se encontraba imposibilitada frente a las medidas judiciales dispuestas por el juez de la causa de actuar de otra manera en la que actuó. Afirma que el vencimiento de la importación temporaria sin que se hubiera regularizado la situación de la mercadería fue consecuencia de la irregularidad en la tramitación de la solicitud de importación a consumo de la mercadería, de la cual su representada sería totalmente ajena. Entiende que si bien, en el caso de autos, no se ha producido una denegatoria a la importación para consumo es evidente a la luz de lo analizado que la infracción atribuida no se ha configurado, pues aún en caso de denegatoria se debe otorgar al importador temporario un plazo de veinte días para reexportar la mercadería.
Expresa que ha sido la propia conducta del servicio aduanero la que ha desembocado en el incumplimiento de las obligaciones asumidas. Estima que siendo la falta de regularización del DIT que nos ocupa consecuencia de un hecho ajeno a su representada, no concurre el mínimo de voluntad exigible a los efectos de configurar la acción punible. Plantea, subsidiariamente, que la multa es excesiva. Ofrece prueba, hace reserva de caso federal y solicita se revoque la sentencia apelada, con costas.
II. Que a fs. 31/33 la representación fiscal contesta el traslado, oportunamente, conferido en autos. Realiza una negativa de todos y cada uno de los asertos esgrimidos por la actora que no fueren objeto de un especial reconocimiento. En primer lugar, hace un breve análisis del tipo infraccional previsto en el art. 970 del Código Aduanero. Dice que surge claramente que tanto la norma que tipifica la infracción como la que reglamenta el régimen le dan especial trascendencia al aspecto temporal y a la reimportación en tiempo y forma. Considera que se encuentra acabadamente comprobado en autos que la actora no regularizó en término la situación de la mercadería en trato. Añade que, con el debido análisis de la documentación probatoria se concluyó que había quedado un remanente de mercadería en infracción y es precisamente sobre ese saldo que se aplica la condena. Menciona que cuando se corre la vista de rigor y el interesado comparece a estar a derecho aportando las pruebas que hacen a su defensa recién se está en condiciones de determinar a ciencia cierta si corresponde o no condenar o absolver por la infracción imputada. Destaca que es el interesado quien debe demostrar que ha cumplido con las obligaciones inherentes al régimen. Entiende que corresponde rechazar el recurso interpuesto por la actora toda vez que se ha producido el hecho generador de la responsabilidad, es decir, la no reimportación de la mercadería previamente exportada en forma temporaria. Señala que los argumentos expuestos por la actora no conmueven los fundamentos de la Resolución puesta por ella en crisis, siendo que la misma es ajustada a derecho. Añade que en el sumario contencioso se han cumplimentado todas las etapas procesales posibilitando a la aquí actora el ejercicio de su derecho de defensa. Ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita que se confirme el fallo aduanero, con expresa imposición de costas.
III. Que las actuaciones administrativas SIGEA N° 12041-751-2004 se inician a fs. 1 con el Acta denuncia Nro. 1093/04 de fecha 03/11/2004, en la que se deja constancia que la firma “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.” se encontraría incursa en la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del Código Aduanero, toda vez que no habría reexportado o importado a consumo la mercadería importada temporariamente al amparo de la destinación Nº 98 001 IT04 000080 G cuyo vencimiento habría operado el 04/01/2004. A fs. 3 obra sobre contenedor de la copia certificada del DIT. A fs. 11Vta luce la clasificación y valoración de la mercadería. A fs. 12 obra la liquidación de la mercadería en presunta infracción y se informa que la misma no es de importación prohibida. A fs. 13, con fecha 18/11/09, se dispone la instrucción de sumario en los términos del art. 1090 inc. c), del C.A. A fs. 14 luce la liquidación de tributos y multa. A fs. 17 se corre vista de todo lo actuado a la firma “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.” (notificada el 02/12/11, fs. 28). A fs. 31/35 la firma recurrente contesta la vista conferida y acompaña documentación complementaria (v. fs. 36/37). A fs. 59/61 y vta., se dicta la Resolución (DE PRLA) N° 8320, apelada en la especie.
IV. Que, en la especie, se le imputa a la recurrente la presunta comisión de la infracción al régimen de importación temporaria, tipificada en el art. 970 del C.A., en tanto no habría cumplido, en tiempo y forma, con la reexportación de la totalidad de la mercadería amparada por la D.I.T. N° 98 001 IT04 000080 G.
Que el art. 970 del Código Aduanero sanciona con multa al importador/exportador que no cumpliere con las obligaciones asumidas al régimen de destinación suspensiva. Además de la multa, a dicho incumplidor, se le exigen tributos de conformidad con el art. 274 del CA que establece que habiéndose vencido el plazo acordado para la permanencia de la mercadería sin haberse cumplido con la obligación de reexportar, debe considerársela importada para consumo, y el que la hubiere importado temporariamente es responsable de las correspondientes obligaciones tributarias.
Que la firma recurrente importó temporariamente en los términos del artículo 31 apartado 1º inciso a) del Decreto 1001/82 (por el expediente nro. 444127/97) mediante la D.I.T. N° 98 001 IT04 000080 G, oficializada en fecha 29/01/98, por un plazo originario de permanencia de 1080 (días), un equipo de bombeo para la extracción de hidrocarburos clasificable en la posición arancelaria 9024.80.90.000V (ver copia de la destinación de la DIT a fs. 3 de las act. adm.).
Que el plazo de permanencia originario de la DIT 98 001 IT04 000080 G fenecía el 10/01/01, no obstante dicho plazo fue extendido por otro lapso de 1080 días, con vencimiento el 4/01/04 (ver expediente Nº 431.540/00 que corre por cuerda a las actuaciones administrativas).
Que la firma recurrente con fecha 20/08/02 mediante el expediente ADGA 416.630/02 solicitó la importación a consumo de la mercadería ingresada temporariamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 271 y 272 del C.A. (ver fs. 36 de las act. Adm.).
Que el artículo 271 del Código Aduanero dispone que “Cuando el interesado lo hubiere solicitado con una anterioridad mínima de UN (1) mes al vencimiento del plazo de permanencia acordado o dentro del plazo de DIEZ (10) días a contar de la notificación de la denegatoria de prórroga, la Administración Nacional de Aduanas podrá autorizar que la mercadería importada temporariamente sea sometida a la destinación de importación para consumo, siempre que no fuere aplicable una prohibición y no se desvirtuare la finalidad tenida en cuenta al concederse la importación temporaria.”.
Que no se encuentra controvertido en autos que el servicio aduanero no autorizó – o denegó – la solicitud de importación a consumo de la mercadería ingresada temporariamente mediante la DIT N° 98 001 IT04 000080 G que tramitó por el expediente ADGA 416.630/02.
Que la recurrente afirma que la falta de tramitación del expediente de importación a consumo se debió a causas ajenas a su mandante, pues la destinación de importación temporaria, su documentación complementaria y la propia mercadería fueron remitidas, en fecha 29/12/03, al Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Penal Económico Nº 7 para ser agregado a la causa nro. 5663 que tramitaba por la Secretaría Nº 13. En dicha causa penal, se investigó la presunta comisión del delito de contrabando respecto de dos exportaciones documentadas por la firma “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.” a la República del Uruguay de mercaderías comprendidas en dos permisos de embarque. El Juzgado interviniente requirió de la Dirección General de Aduanas todas las operaciones de importación temporaria registradas por “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.” en el período comprendido entre los años 1998-2002, entre ellas la DIT de marras Nº 98 001 IT04 000080 G.
Que el servicio aduanero, por su parte, en la Resolución (DE PRLA) Nº 8320 reconoce que el expediente ADGA. Nº 416.630/2002 se halla radicado en la Sección Procedimientos Técnicos, y tras sendos pedidos tendientes a procurar su agregación, el mismo no ha sido localizado hasta la fecha.
Que ha quedado demostrado en autos que la recurrente solicitó en fecha 20/08/02, es decir, en tiempo y forma, mediante el expediente ADGA 416.630/02, la importación a consumo de la mercadería ingresada temporariamente, de conformidad con lo establecido en los artículos 271 y 272 del C.A. (ver fs. 36 de las act. Adm.). No obstante, el servicio aduanero nunca se expidió expresamente autorizando o denegando dicha solicitud.
Que el servicio aduanero tuvo el tiempo suficiente desde la presentación de la solicitud de importación a consumo incoada por la firma “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.”, en fecha 20/08/02, hasta el vencimiento de la destinación de importación temporaria en fecha 04/01/04 para expedirse respecto de dicha solicitud.
V. Que, en tales condiciones, corresponde recordar que la existencia del procedimiento administrativo tiene por finalidad constituir el marco en el cual el recurrente va a poder discutir la legalidad y procedencia de los cargos que pretende realizar la Administración, y es en el marco del mismo en donde se pretende garantizar al contribuyente el ejercicio de su derecho de defensa, consagrado tanto en el artículo 18 de la Constitución Nacional , como en el artículo 1, inciso f), de la ley 19.549 y normas concordantes.
Es esta última norma la que consagra un principio central de todo procedimiento administrativo, en cuanto establece, en su apartado 1º, que dentro del derecho de los administrados a gozar del debido proceso adjetivo está el derecho a ser oído, el cual implica tener la posibilidad de “exponer las razones de sus pretensiones y defensas antes de la emisión de actos que se refieran a sus derechos subjetivos o intereses legítimos”.
Por su parte, no debe perderse de vista que las formas a las que deben ajustarse los procesos han de ser sopesadas en relación con el fin último a que éstos se enderezan, o sea, contribuir a la más efectiva realización del derecho (Fallos 308:552, consid. 2°; entre otros), siendo que la misión judicial y jurisdiccional no se agota con la remisión a la letra de la ley, toda vez que los magistrados, en cuanto servidores del derecho y para la realización de la justicia, no pueden prescindir de la significación jurídica de las normas aplicables al caso que consagra su versión técnicamente elaborada y adecuada a su espíritu.
En consecuencia, las normas específicas que rigen la cuestión deben ser interpretadas considerando armónicamente la totalidad del ordenamiento jurídico y los principios y garantías de raigambre constitucional, para obtener un resultado adecuado, pues la admisión de soluciones notoriamente injustas –habida cuenta la conducta inveteradamente observada por la demandada- no resulta compatible con el fin común tanto de la tarea legislativa como de la judicial (Fallos: 255:360; 258:75; 281:16; causa “Mary Quant Cosmetics Limited c/ Roberto L. Salvarezza”, del 31 de julio de 1980).
Ello así, pues si bien es cierto que la primera exigencia de cualquier método hermenéutico en la interpretación de las leyes es dar pleno efecto a la intención del legislador, también lo es, y desde el plano normativo, la de estimar que uno de los índices más segu ros para verificar la razonabilidad de la inteligencia de una norma y su congruencia con el resto del sistema a que está en garzada, es la considera ción de sus consecuencias" (Fallos: 234:482; 295:1001).
VI. Que, bajo tales premisas, el derecho de defensa, consagrado constitucionalmente, en el art. 18 de la C.N., el cual tiene un criterio amplio de aplicación tanto en el marco jurisprudencial como en doctrina, se traduce en dos facetas: la faceta adjetiva, cuyas expresiones son, el derecho a ser oído, el derecho a ofrecer y producir pruebas, y el derecho a obtener una resolución legítima y fundada. En prieta síntesis, se afirma que el imputado tiene facultades para que sean tenidas en cuenta sus pretensiones y cuestionamientos, los cuales se pueden demostrar vía los instrumentos e institutos de los que dispone, por medio de los mecanismos procesales atinentes, y que todo ello se plasme posteriormente en una decisión fundada por el juzgador.
En este sentido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el informe 105/99 (caso “Palacios, Narciso c/ República Argentina”) sostuvo que el derecho a la tutela judicial efectiva y al debido proceso, garantizado por los artículos 8° y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, imponen una interpretación más justa y beneficiosa de los requisitos de admisión –en este caso en sede administrativa- y, por el principio pro actione, deben interpretarse en el sentido más favorable a la jurisdicción.
Tales cláusulas son complementadas por los Pactos Internacionales en materia de Derechos Humanos (con alcance a las personas colectivas), en cuanto consagran el principio de tutela judicial efectiva (art. 8, inciso 1°, del Pacto de San José de Costa Rica): “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole”.
Dicha norma, que reconoce expresamente el llamado “debido proceso legal”, ostenta indudable rango constitucional en nuestro ordenamiento, y contiene el conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales según la Convención Americana sobre Derechos Humanos (vide, Opinión Consultiva N° 9, CADH, párrafo 28, del 6 de octubre de 1987), por lo que su estricta observancia deviene inexcusable.
El artículo 18 de la Constitución Nacional establece, como principio fundamental, la inviolabilidad de la defensa en juicio de la persona y de sus derechos, debiendo procurarse, en lo esencial, que la libertad de defensa no sea coartada por las leyes hasta impedirle (al justiciable) producir la prueba de su derecho, o ponerlo en condición desigual con los demás, ya que las directivas del artículo 18 de la Constitución Nacional suelen servir de guía para la interpretación de la voluntad legislativa, asegurando la búsqueda de la verdad material sobre la verdad formal y el ritualismo infecundo que suele ser fuente de injusticias, máxime cuando la aspiración de toda comunidad es la implantación de un orden social justo.
Es decir que, como pauta interpretativa, debe prevalecer la que tienda a la adecuada protección del derecho de defensa, de allí que cuando alguna duda pudiera subsistir sobre la irregularidad atribuida al acto de presentación formal en sede administrativa, debe estarse a la solución que evite conculcar garantías de neto corte constitucional (art. 18 CN).
Por ende, la garantía de defensa en juicio debe ser expresamente reconocida y debidamente velada en el procedimiento administrativo. Cuando no se han respetado sus principios fundamentales y especialmente el derecho de ser oído y producir la prueba de descargo de la que el interesado quiera valerse “no se ha “preparado” la voluntad en la forma prevista por el orden jurídico” (Agustín A. Gordillo, Tratado de Derecho Administrativo, Tomo III, cap. IX, pág. 7).
VII. Que, por los fundamentos expuestos, cabe colegir que no asiste razón al servicio aduanero, en este supuesto, cuando invoca la aplicación del artículo 10 de la Ley de Procedimientos Administrativos, en el sentido de que el silencio de la administración debe interpretarse como negativa y que correspondía a la firma “SCHLUMBERGER ARGENTINA S.A.” instar y urgir el trámite incoado y, en todo caso, presentar un pronto despacho contra el acto individual no dictado (ver fs. 59vta., de la Resolución (DE PRLA) Nº 8320), pues correspondía que el servicio aduanero se exprese explícitamente autorizando o denegando la solicitud sin más trámite, toda vez que, en el caso, el propio artículo 271 del Código Aduanero -que no impone carga alguna a los administrados- desplaza a la normativa supletoria a la que se refiere el art. 1017 ap. 1 del Código Aduanero.
Que, en apoyo a dicha tesitura, han sido los mismos redactores del Código Aduanero quienes se han manifestado en el mismo sentido, al señalar que “para el caso en que se deniegue la solicitud de importación a consumo de la mercadería importada temporariamente en los términos del art. 271 del C.A., el servicio aduanero debe contemplar un plazo adicional como el previsto en el art. 266 pues la solución no debería ser distinta” (confr. Código Aduanero Comentado, de Mario A. Alsina, Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Juan P. Cotter Moine, Héctor G. Vidal Albarracín, completado y actualizado por Enrique C. Barreira, Ricardo Xavier Basaldúa, Héctor G. Vidal Albarracín, Juan P. Cotter (h), Ana L. Sumcheski y Guillermo Vidal Albarracín (h), (Ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires, 2011, tomo 1, art. 271, págs. 569/570). Por ello, los autores del Código Aduanero no creen en el libre albedrío de la administración para expedirse respecto de la solicitud de importación a consumo.
Que, asimismo, en un caso similar al presente –aunque en relación a una solicitud de prórroga de una importación temporal- este Tribunal advirtió que el Estado debe pronunciarse expresamente y que aun cuando se aplicara en la especie lo normado en el art. 10 de la LPA –silencio de la administración activa-, no es ésta la que se encuentra autorizada a considerar que el silencio implica denegatoria, pues este instituto fue consagrado a favor del administrado y no, del Estado en tanto, el silencio implica siempre negligencia (u ocultamiento) no pudiendo ese hecho devenir en ficción legal, si no es a favor del administrado, y no en su contra, como sería el caso (vide “COOPERATIVA VITIVINÍCOLA MENDOZA LTDA. c/ la Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación”, Sala de Feria, expte. TFN N° 19061-A, voto de la Dra. Paula Winkler).
Por lo demás, corresponde precisar que en la misma causa, la Dra. Catalina García Vizcaíno señaló que “...la incertidumbre provocada por la falta de concesión o denegatoria de la prórroga solicitada no puede tornar en ilícita la conducta de la apelante”.
VIII. Que, por último, no debe perderse de vista que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido pacíficamente, en sucesivos pronunciamientos, que el juzgamiento de las infracciones debe seguir los lineamientos que corresponde dar al juzgamiento de los delitos, lo que implica la plena aplicación de los principios del Derecho Penal en el ámbito infraccional aduanero (entre otros, Fallos: 311:2779; 303:1548; 297:215). En tal orden de ideas, cabe concluir que los principios de la ley penal operan, como regla, sobre las disposiciones represivas aduaneras (Fallos: 293:670), pues admitir lo contrario significaría vulnerar los principios generales del derecho penal que resultan aplicables en virtud de la naturaleza de la sanción apelada (Fallos 310:1822).
Que, por ende, la falta de concesión o denegatoria de la solicitud de importación a consumo no puede tornar en ilícita la conducta de la apelante, por lo que tratándose de materia penal, corresponde revocar la sanción impuesta por la Administración.
IX. Que, en consecuencia, resulta ajustado a derecho revocar la sanción de multa endilgada por la Aduana, dejando a salvo el criterio asumido por el Dr. Pablo Garbarino – por razones de celeridad y economía procesal, y en atención a la inveterada posición adoptada por la mayoría de esta Sala – en relación a la potestad sancionatoria de la Administración, esbozado ya en numerosos precedentes (“Aluar Aluminio Argentino SACI y Otro c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.840, del 02/12/13; “Blanco, Eduardo Jorge c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 24.553- A, del 03/12/13 y “Nutribras SA c/ DGA s/ Apelación”, expte. Nº 36.507-A, del 06/03/12, entre otros). Que en relación a las costas irrogadas por la imposición de la multa objeto de autos, estimo adecuado imponerlas por su orden, en atención a las particularidades circunstancias de la causa, como así también teniendo en expresa consideración las dificultades interpretativas y la complejidad de la cuestión sometida a examen de este Tribunal.
X. Que, por último, en cuanto a los tributos, cabe destacar que habiendo transcurrido el plazo de más veinticinco años desde la oficialización de la destinación de importación temporaria en fecha 29/01/98 hasta el presente, sin que la mercadería haya sido reexportada o importada a consumo o, en su defecto, sin que se hayan abonado la totalidad de los tributos correspondientes, debe considerársela importada para consumo, y quien la hubiere importado temporariamente es responsable de las correspondientes obligaciones tributarias (art. 274 del C.A.) Que cabe aclarar que si la recurrente consideró que se hallaba impedida de importar a consumo porque no tenía una autorización expresa del servicio aduanero bien podía, de todos modos, haber abonado los tributos correspondientes a los efectos de desligarse de las obligaciones tributarias que se derivarían de una importación a consumo – irregular – de la mercadería importada temporariamente.
XI. Que, asimismo, corresponde referirse a las percepciones del IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias que fuere exigida por el servicio aduanero, en la liquidación tributaria formulada.
En tal sentido, resulta de aplicación la doctrina sustentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en los autos caratulados “CLADD ITA S.A. (TF 22.343-A) c/ D.G.A., de fecha 26/11/2019, donde se expidió, en relación a las percepciones de IVA Adicional e Impuesto a las Ganancias, que “cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (arg. Fallos: 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir la obligación resultante del período fiscal.”; ello con fundamento en que en el caso "Volkswagen Argentina SA (TF 22.179-A) c/ DGA", fallado el 23 de agosto de 2011, la Corte consideró -tal como adecuadamente lo resumió la señora Procuradora Fiscal en su dictamen- que las percepciones establecidas en los citados reglamentos no constituyen pagos a cuenta de tributos cuyos hechos imponibles recaigan sobre las operaciones de importación.”
Conforme lo expuesto, VOTO por:
1. Revocar el art. 1º de la Resolución (DE PRLA) Nº 8320/14, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12041-751-2004. Costas por su orden.
2. Confirmar, parcialmente, el art. 3 de la referida Resolución (DE PRLA) N° 8320/14, en tanto exige el pago de tributos, con excepción de las percepciones de IVA y Ganancias, y con más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 21/12/11 y hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos. El Dr. Christian M. González Palazzo dijo:
Que adhiero al voto del Dr. Pablo Garbarino Que, en virtud del acuerdo que antecede, SE
1. Revocar el art. 1º de la Resolución (DE PRLA) Nº 8320/14, recaída en el expediente administrativo SIGEA Nº 12041-751-2004. Costas por su orden.
2. Confirmar, parcialmente, el art. 3 de la referida Resolución (DE PRLA) N° 8320/14, en tanto exige el pago de tributos, con excepción de las percepciones de IVA y Ganancias, y con más los intereses del art. 794 los que deben calcularse desde el 21/12/11 y hasta la fecha de efectivo pago. Costas por sus respectivos vencimientos. Regístrese. Notifíquese a la DGA (33-69345023-9) y al Dr. Jorge Enrique Rodríguez Larreta (20-04529633-5). Oportunamente, devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.
Suscriben la presente los Dres. Garbarino y González Palazzo por encontrarse vacante la Vocalía de la 18° Nominación (art. 1162 del C.A.).
Date: 2023.04.10 16:24:51 -03:00 Date: 2023.04.10 17:16:51 -03:00 Christian Marcelo Gonzalez Palazzo Pablo Adrian Garbarino Vocal Vocal Vocalía XVII Sala F Competencia Aduanera Vocalía XVI Sala F Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.10 17:16:52 -03:00
Fin de la sentencia