Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Junín · Causa 4289
Lo que resolvió el tribunal
I. Desestimar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, y RECEPTAR PARCIALMENTE el recurso actoral, declarando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, ordenando actualizar el capital de condena conforme a los parámetros establecidos en el apartado VII, con costas de Alzada a cargo de la citada en garantía vencida, con excepción de las correspondientes al rechazo del rubro pérdida de valor venal, la que deberá ser soportada en ambas instancias por la accionante vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.).-
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conf. art. 31 de la L.H.).-
Expte. n°: JU-4289-2024 SCHMIDT HIPOLITO OMAR C/ MALLA DANIEL ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC.
ESTADO)
En la ciudad de Junín, a la fecha que resulta de la suscripción de la presente (ac. 3975 S.C.B.A.), se reúnen en Acuerdo Ordinario los Señores Jueces de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Junín, Doctores RICARDO MANUEL CASTRO DURAN y GASTON MARIO VOLTA, en causa nº JU-4289-2024 caratulada: "SCHMIDT HIPOLITO OMAR C/ MALLA DANIEL ALBERTO Y OTRO/A S/ DAÑOS Y PERJ. AUTOM. S/LESIONES (EXC. ESTADO)", a fin de dictar sentencia, en el siguiente orden de votación, Doctores: Volta y Castro Durán.
La Cámara planteó las siguientes cuestiones:
1a.- ¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?
2a.- ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTION, el Señor Juez Dr. Volta, dijo:
I. Que en la sentencia dictada en fecha 30/09/2025 la Sra. Jueza de grado hizo lugar a la demanda que por daños y perjuicios instaura Hipólito Omar Schmidt contra Daniel Alberto Malla y la citada en garantía Antártida Seguros, condenado a éstos últimos a abonar las siguientes reparaciones: por gastos por reparación del automotor la suma de $29.652.230,71; por gastos de privación de uso la suma de $2.254.774,50; y por gastos de traslado la suma de $ 76.472; con más sus intereses y costas del proceso.-
Dicha resolución motivó los recursos de apelación interpuestos por la citada en garantía en fecha 30/09/2025, por el demandado en fecha 9/10/2025 - declarado desierto por falta de fundamentación en fecha 11/11/2025- y por el accionante en fecha 12/10/2025.-
En fecha 30/10/2025 funda su recurso la citada en garantía quien focaliza su crítica en los montos resarcitorios fijados en concepto de gastos de reparación y de privación de uso, a los que estima injustificados por las razones que expondré oportunamente.-
El recurso actoral es fundado mediante la presentación realizada en fecha 31/10/2025, en donde focaliza su crítica en los siguientes puntos: -Injustificado apartamiento de la doctrina legal sentada por el superior provincial en el precedente Barrios, por el que se ordenara actualizar los importes de condena.-
-Inobservancia de la normativa consumeril que condiciona la concesión del recurso interpuesto por un proveedor al previo pago del importe de condena.-
-Injustificado rechazo del perjuicio acreditado a través de la factura adjuntada cuyo código QR permite su verificación por ante la AFIP.- -Rechazo de la pérdida de valor venal del vehículo, y en subsidio su imposición de costas a su cargo.-
Que habiéndose corrido traslado de las expresiones de agravios sólo la accionante replica el recurso de la contraria mediante la presentación realizada en fecha 26/11/2025, con lo que una vez firme el llamado de autos y sorteado el orden de votación, la cuestión ha quedado en estado de ser resuelta (conf. art. 263 del C.P.C.C).-
II. En tal labor, y atento al planteo actoral tendiente a que se condicione el recurso de la aseguradora al previo pago del capital de condena conforme a lo normado por el art. 29 de la Ley 13.133, adelanto que dicho planteo no habrá de ser receptado, al no haberse fundado la sentencia en revisión en el derecho del consumidor, en cuyo marco debe ser aplicada la normativa peticionada por el accionante recurrente.-
En efecto, el decisorio en revisión fundó la condena en el C.C.C., no siendo la normativa consumeril una cuestión sobre la cual girara la controversia.-
En relación a este punto se ha sostenido que: "...Conforme expresan los antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la provincia y de este Tribunal, para que se haga efectiva la franquicia establecida en el art. 25 de la ley 13.133, a efectos de excluir al quejoso de la carga de pago de tasas, contribuciones u otra imposición económica, es necesario que la normativa de defensa de usuarios y consumidores sea dirimente para dar sustento a la pretensión, es decir, que tenga relación directa e inmediata con el pleito. Entendemos que igual criterio cabe seguir en el caso de autos para determinar la inaplicabilidad de la modalidad recursiva prevista por el artículo 29 del mismo cuerpo legal, según el cual, cuando la sentencia acogiere la pretensión, la apelación será concedida previo depósito del capital, intereses y costas, con la sola excepción de los honorarios de los profesionales que representan o patrocinan a la parte recurrente, al solo efecto devolutivo..." (JUBA, Sumario:
B861734; CC0100 SN 13491 I 13/12/2018).-
Que dicha solución coincide en lo sustancial con la posición mayoritaria adoptada por la Cámara Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar Del Plata, en el plenario "Molina, Rubén José c. Centro Oftalmológico Mar del Plata S.A. y otros s/ Daños y perjuicios" (pub en: LA LEY 07/02/2023), en donde se resolviera que: "...La norma no se presenta de modo aislado sino que está inserta en un Código de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios que versa sobre procesos judiciales en los que se dirime la suerte de “pretensiones judiciales en defensa de los derechos de los consumidores y usuarios derivadas de las relaciones de consumo” (art. 23 de la Ley 13.133). De ello se sigue que el artículo 29 de esa ley no puede ni debe interpretarse como que refiere a cualquier sentencia dictada en un proceso civil o mercantil, sino que aprehende únicamente a aquellas decisiones en las que la jueza o el juez de primera instancia concluye que la admisibilidad y procedencia de la pretensión del actor debe juzgarse a la luz de las normas tuitivas de los derechos del consumidor.
Tales son las resoluciones que quedan comprendidas en el marco de aplicación del art. 29 del “Código Provincial de Implementación...” —Ley 13.133— incluso si al inicio del proceso, por el motivo que sea, el juzgador no consideró aplicables las reglas procesales que esa misma ley contempla en materia de trámite, beneficio de gratuidad, etcétera.
A la inversa, si se trata de un supuesto en el que el magistrado o la magistrada consideró expresa o implícitamente que el caso no queda comprendido en el marco de aplicación de ese microsistema normativo, el depósito previo no es exigible y la concesión del recurso no puede estar condicionada a ninguna carga económica para los accionados, con total independencia de lo que luego la Alzada diga al resolver los recursos.... ...no es posible exigir el cumplimiento del depósito previsto en el art. 29 de la Ley 13.133 en Cámara —al controlar los recaudos de admisibilidad de la vía recursiva, antes de dictar la sentencia definitiva e incluso antes de conocer el contenido de los agravios de los apelantes— sin incurrir en alguna forma de prejuzgamiento que afecta gravemente el derecho de defensa de los litigantes recurrentes (Art. 18, CN).
Si el fallo de primera instancia no aplicó el derecho de los consumidores y usuarios para decidir el éxito total o parcial de la pretensión del actor, no hay modo en que el Tribunal pueda requerir el depósito previo de la condena y sus accesorios con fundamento en el art. 29 de la Ley 13.133 sin anticiparle indebidamente al litigante que su caso merecerá en la futura sentencia definitiva un encuadre normativo completamente distinto al que subyace a la decisión que intenta apelar...." (sic. el resaltado en negrita me pertenece).-
Conforme a lo hasta aquí expuesto es que no corresponde condicionar la admisibilidad del recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía al previo depósito del importe de condena en los términos peticionados por el recurrente (conf. art. 29 de la ley 13.133).-
III. Sentado ello, paso a ocuparme de revisar los distintos rubros indemnizatorios receptados que fueran materia de recurso comenzando por el daño emergente correspondiente al valor de las reparaciones requerida por el vehículo del accionante, que fuera estimado por la sentenciante de grado siguiendo las conclusiones del perito ingeniero Lisei, en la suma de $29.652.230,71 actualizada a la fecha de presentación del informe pericial de fecha 28/08/2025.-
Dicho importe es atacado por la citada en garantía quien postula su modificación en virtud de la falta de rigor científico de la estimación pericial la que se realizara sin inspeccionar el vehículo, con la consiguiente imposibilidad de verificar los daños, como así también la ausencia de debido contralor de los valores de repuestos y mano de obra presupuestados.-
Por su parte se agravia del mecanismo de actualización de los costos de reparación adoptados sin la debida sustanciación a las partes intervinientes, y en base a mecanismos de actualización que estima desajustados.-
En miras de resolver la cuestión resulta preciso iniciar por señalar que en el punto j y L del informe pericial presentado en fecha 2/02/2025 el perito informante dictaminó: "...Los daños en el camión Scania se produjeron en su frente y laterales derecho e izquierdo afectando guardabarros, paragolpes, faros, esquineros, bocina neumática, serpentines para monitoreo de la presión de neumáticos, más caños y mangueras que cumplen funciones de monitoreo y protección. Se agregan fotografías copiadas de la causa penal en el archivo adjunto “Schmidt c Malla Imágenes Pericia Mecánica”..."...y que: "...Los repuestos y trabajos de reparación descriptos en las facturas de venta emitidas por la firma CVC S.A., N° 0022-00008558 en fecha 31/10/2022, y 0022- 00008605 en fecha 10/11/2022, son concordantes con los daños causados sobre el camión Scania AA 684 JD....".-
Tales afirmaciones fueron impugnadas por la citada en garantía en fecha 14/02/2025, con argumentos análogos a los deducidos al fundar el recurso, los que estimo han sido correctamente evacuados por el perito informante en su conteste del 24/02/2025, en donde explicara que: "...No fue posible inspeccionar los vehículos involucrados y verificar los daños, aunque las imágenes agregadas a la causa son los suficientemente claras a los efectos de evaluarlos... tratándose de un vehículo para transporte de carga de animales en pie con solo dos años de antigüedad a la fecha de siniestro, es recomendable que la provisión de repuestos y la reparación se realicen en un concesionario oficial acorde a su marca...." (sic.).-
Asimismo es dable destacar que con las constancias fotográficas e informe de visu obrante en la causa penal, son más que suficientes para la estimación de los daños sufridos en el vehículo, resultando a todas luces excesivo pretender que el titular del mismo se abstenga de reparar el vehículo hasta tanto el mismo pueda ser peritado en sede judicial en miras de determinar su resarcimiento, comportamiento que por el contrario, conllevaría una injustificada prolongación de la privación de uso contraria a la carga de minimizar los perjuicios, que la buena fe impone.-
Asimismo es dable destacar que con posterioridad al llamado de autos para sentencia la Sra. Jueza de grado ordenó como medida para mejor proveer que el perito interviniente actualizara los costos de reparación, solución que es atacada por el demandado, señalando la improcedencia de dicho mecanismo.- En relación a este punto, no debe perderse de vista que la reparación de los perjuicios constatados en el vehículo del accionante configura una obligación de valor la que debe ser estimada en el momento más cercano a la sentencia posible, por lo que ninguna duda cabe respecto al acierto de la sentenciante de grado en cuanto requirió al perito informante la estimación del costo de reparación a valores actuales (doctr. art. 772 del C.C.C. ,y arts. 165, 375, 384, 474 y ccdtes. del C.P.C.C.).-
Y es que conforme al criterio predominante en doctrina y jurisprudencia "...el valor del perjuicio se determina al momento del fallo, no sólo para los derechos patrimoniales sino también para los extrapatrimoniales..." justificándose en que: "....la indemnización conducente a la reparación de daños y perjuicios tiene el carácter de deuda de valor y su cuantía ha de determinarse con referencia, no a la fecha en que se produzca la causa determinante del perjuicio, sino a aquella en que se liquidó su importe..."; "...debe evaluarse lo más tarde posible, siendo lo ideal determinar el monto del daño a ser pagado el mismo día del pago. Pero como ello es imposible en la práctica, la jurisprudencia ha admitido la cuantificación del daño en la sentencia de fondo, lo que permite a los jueces tener en cuenta todas las variaciones del daño anteriores a la sentencia..." (López Mesa, "Responsabilidad por Accidentes de tránsito", T II, págs. 499/500, y en sentido concordante Zavala de Gonzalez, "Resarcimiento de daños", T 1 págs 24, 217/8, 224).-
IV. Pasando a la reparación de la privación de uso, es dable recordar que la sentenciante de grado luego de señalar que el perito ingeniero informante no se expidió acerca del tiempo de reparación, tuvo por acreditada la imposibilidad de utilizar el vehículo estimando su reparación en la suma de $2.254.774,50.- correspondiente a las facturas N°: 00004589, 00004640 y 00004641 emitidas por TRANSPORTE "DIETRICH" que fueran reconocidas en fecha 03/02/2025 y 25/03/2025.-
Dicha solución es atacada por la citada en garantía insistiendo en que no habiéndose determinado pericialmente el término de reparación no corresponde receptar el rubro reclamado.-
Llegado a este punto, no debe perderse de vista que en el ámbito patrimonial, la indisponibilidad de un vehículo tiene la potencialidad de ocasionar un daño emergente, cuando el damnificado sufre un empobrecimiento patrimonial generado por la necesidad de recurrir a medios de transporte alternativos para reemplazar al uso del que se ve imposibilitado. Y también puede dar lugar a un lucro cesante, lo que acontece cuando el automotor no disponible se utilizaba para el despliegue de una actividad productiva, la que queda interrumpida, con la consiguiente pérdida de ganancias.-
El damnificado puede reclamar conjuntamente la reparación de ambos menoscabos, si el rodado destinado a un fin productivo también satisfacía necesidades no lucrativas (conf. Matilde Zavala de González, "Resarcimiento de daños", T. 1 "Daños a los automotores", págs. 96 y ss.).-
Sentado ello es dable señalar que el accionante en autos reclamó bajo este rubro tanto la reparación del daño emergente generado en la privación de uso del camión afectado en la colisión.-
Precisado ello, no debe perderse de vista que: "...debe computarse la duración de las reparaciones, la demora en la búsqueda y elección del taller a encomendar el trabajo, confección de presupuestos, espera de turnos, y obtención de repuesto... Siendo además esencial para determinar el monto de la indemnización por este rubro tomar como base los valores de medios de transporte públicos sustitutivos del automotor, es decir los gastos extras que el damnificado se vio obligado a realizar en el empleo de otros medios de transporte...
...Con respecto al quantum indemnizatorio, éste debe guardar proporción al tiempo en que verosímilmente debió insumir la reparación del rodado y no exceder del mismo, por lo que las dilaciones en que incurra el damnificado ne hace arreglar su vehículo no pueden en principio agravar la reparación a cargo del responsable, incumbiendo la prueba de esta circunstancia a quien la invoque..." (Trigo Represas-Compagnucci de Caso, "Responsabilidad civil por accidentes de automotores", pág. 351 y sgtes.).-
Sentado ello es dable recordar que al incoar el reclamo el accionante no estimó el tiempo de reparación, adjuntando a la demanda tres facturas emitidas por la firma "Dietrich" emitidas entre el 29/09/2022y el 27/10/2022, las que fueran reconocidas por el emisor en el conteste electrónicamente agregado en fecha 25/03/2025, en donde explicara que las mismas fueron emitidas por los 9 viajes para el traslado de ascienda por la accionante. Que sobre los importes consignados en dichas facturas la sentenciante de grado recepto el reclamo incoado en concepto de privación de uso.-
Llegado a este punto, es dable señalar que si bien el perito ingeniero informante no se expidió acerca del tiempo de reparación, necesario para el vehículo, habré de coincidir con la setenciante de grado en cuanto a que los viajes facturados dentro de los 40 días posteriores al accidente que motivara el reclamo de autos acaecido el 18/09/2022, deben considerarse comprendidos dentro del término en que es lógico suponer -tomando en consideración la magnitud de los daños constatados- que el accionante se vió privado de utilizar su vehículo, por lo que habré de propiciar su confirmación (conf. art. 165 del C.P.C.C.).-
V. Pasando al tratamiento del recurso actoral habré de iniciar por desestimar el agravio relativo al rechazo de la pérdida de valor venal reclamada, ante los claros términos de informe pericial mecánico en que se basara el decisorio en revisión, del que no encuentro mérito para apartarme (conf. arts. 375, 384, 474 y ccdtes. del C.P.C.C.), en el que en forma categórica se dictaminara en la respuesta del punto de pericia "m" que: "...Si las reparaciones se llevan cabo con repuestos originales y mano de obra calificada, no es de esperarse una desvalorización del vehículo a causa del accidente..." (sic).- En cuanto a la imposición de las costas correspondientes a los rubros íntegramente rechazados a cargo del actor resulta oportuno recordar que es doctrina legal de nuestro Superior Tribunal que quedó fijada a partir de la causa "Carquen S.A." (Ac. 78451, 29/10/2003, confirmada en la causa 93.236, "Cáceres, Juan Adolfo contra Ferraro, Miguel Angel. Daños y perjuicios" del 26/9/2007) que "...hay resultado parcialmente favorable cuando la demanda es admitida en una parte y desestimada en otra", debiendo distinguirse el caso en el que se rechaza un rubro íntegro de la demanda de aquellos otros en los que, progresando un reclamo, el Tribunal lo fija en una suma menor a la pretendida.-
VI. Misma suerte habrá de correr, el rechazo dentro de los gastos de transportes receptados, de la factura n° 790 emitida por Villanueva, la que fuera desconocida por los demandados sin que el accionante instara el diligenciamiento de la prueba informativa oportunamente ofrecida (ver certificación de prueba del 3/06/2025).-
A mayor abundamiento es dable destacar que al momento de ofrecer dicha documental el accionante en ningún momento hizo alusión alguna a la posibilidad de acreditar su autenticidad mediante el código qr, limitándose a ofrecer la prueba informativa no diligenciada, circunstancia que a mi entender sella kla suerte adversa del recurso en este punto (conf. art. 375 del C.P.C.C.).-
VII. Que el sentenciante de grado desestimó el planteo de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 considerando que habiéndose estimado las reparaciones a valores vigentes a la fecha del dictado de la sentencia, no correspondía aplicar la doctrina legal sentada por el Superior Provincial en el precedente "Barrios", ordenando aplicar la tas pura del 6% anual desde la fecha del hecho 18/09/2022 hasta el dictado de la sentencia, momento a partir del cual ordenó aplicar la tasa pasiva más alta que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.-
Dicha solución es atacada por el accionante, quien postula la insuficiencia de la tasa de interés fijada, máxime tomando en consideración la existencia de daños que fuera estimados a valores históricos los cuales se encuentra notoriamente depreciados con la consiguiente afectación de la integridad de la reparación correspondiente.-
Llegado a este punto, resulta ineludible analizar el cambio de doctrina legal recientemente sentado por el Superior Provincial en la causa causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", en fecha 17/04/2024, pronunciamiento cuyo seguimiento no solo resulta obligatorio para éste Tribunal, sino que también encuentro ajustado a la situación económica existente en nuestro país, la que impone la adopción de sistemas de actualización de las obligaciones dinerarias a fin de evitar que el proceso inflacionario, afecte irremediablemente la equidad y equilibrio que todo pronunciamiento judicial debe procurar restablecer.- Paso a reseñar sucintamente los apartados que estimo más relevantes del voto del Dr. Soria en el precedente en cuestión:
"...El núcleo del problema está centrado en la interdicción legal de la actualización, reajuste o indexación de las obligaciones dinerarias expresadas en moneda de curso legal (arts. 7 y 10, ley 23.928, texto según ley 25.561). La interpretación judicial vigente preconiza agregar al capital histórico un interés moratorio a la tasa pasiva digital más alta del Banco Provincia. Este mecanismo se completa con la inadmisión de toda alternativa de repotenciación, incluyendo el tramo dinerario de las deudas de valor.
En tales condiciones, el ceñido esquema que impone la ley antes citada, en más de un supuesto facilita la licuación del capital adeudado y provee soluciones alejadas de los intereses económicos en presencia. Ello explica que haya proliferado un conjunto de regulaciones de distinta índole y jerarquía que, eludiendo o exceptuada la prohibición legal, han consagrado mecanismos de ajuste o indexación, de modo puntual o sectorial....
... La Corte federal ha resuelto que "[l]as leyes no pueden ser interpretadas sin consideración a las nuevas condiciones y necesidades de la comunidad, porque toda ley, por naturaleza, tiene una visión de futuro, y está destinada a recoger y regir hechos posteriores a su sanción (Fallos: 241:291 y 328:566)" (Fallos: 337:530, "Pedraza", sent. de 6-V-2014, considerando 6). En esa ocasión puso de resalto que "ciertas normas susceptibles de ser consideradas legítimas en su origen pudieron haberse tornado indefendibles desde el punto de vista constitucional con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas relacionadas con ellas".
De allí que se comprenda que, en estos casos, el alto tribunal se haya planteado si una determinada norma legal "pudo haber devenido -con el transcurso del tiempo y el cambio de las circunstancias objetivas contraria a la función que la Constitución le encomienda..." (Fallos 338:721, "Anadon", sent. de 20-VIII2015)...
...El corolario de todo lo expuesto es inequívoco: el art. 7 de la ley 23.928, texto según ley 25.561, en su aplicación al caso, debe ser descalificado porque desconoce el principio de razonabilidad, el derecho de propiedad del reclamante y no permite proveer una tutela judicial eficaz (arts. 1, 17, 18, 28 y concs., Const. nac.)..." (sic.).-
Conforme a lo hasta aquí y siguiendo la doctrina legal del Superior Provincial es que habré de propiciar declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 (T.O ley 25.561), que prohíbe la actualización o indexación de obligaciones dinerarias (arts. 1, 17, 18, 28 y concs., Const. nac.), ello así ante la evidente insuficiencia de la tasas bancarias (pasivas y activas) frente al proceso inflacionario, de la que da cuenta el Dr. Soria al fundar su voto en el precedente "Barrios", en donde se evidencia que las tasas pasivas y activas del Banco de la Provincia de Buenos Aires del año 2.023 oscilaron entre el 100,06% y el 101,86%; frente al 211,52% del Indice de Precios al Consumidor elaborado por el INDEC para el mismo período (conf. art. 1.740 del C.C.C. y arts. arts. 17, 28 y ccdtes. de la C.N.).-
En relación a este punto es dable señalar siguiendo al Superior Provincial que: "...En este estado de cosas, la doctrina legal del Tribunal ha devenido inadecuada en cuanto mantiene como única respuesta el reconocimiento de los intereses calculados a la tasa pasiva sobre el capital de origen. Debe ser revisada, juntamente con la revisión de la aplicabilidad a ultranza de la regla del nominalismo. El bloqueo que surge del art. 7 de la ley 23.928, reformado por la ley 25.561, hace mella en el equilibrio de las prestaciones y conduce a la merma de su virtualidad regulatoria, así como a su ineficacia para orientar las expectativas de los agentes económicos. En tales circunstancias, el criterio vigente entra en crisis....
...Por cuanto se refiere a las obligaciones de valor, cabe precisar que, al margen de lo que pudiere surgir de algún régimen especial, para aquel tipo de deudas es aplicable la doctrina legal establecida en los precedentes "Vera" y "Nidera" (C. 120.536 y C. 121.134), ya mencionados. A los fines de hacer viable la conservación del valor del capital, corresponde en principio mantener el criterio o parámetro de referencia para la determinación del valor actual de lo debido, establecido o adoptado por el órgano jurisdiccional de la instancia pertinente. La suma resultante podrá, a partir de allí, ajustarse por índices conforme a los términos de la presente sentencia en función de las circunstancias del caso...
...Una vez determinado de la manera antes señalada el justiprecio actual del daño o de la prestación, al expresarlos en la condena dineraria podrá, a partir de allí, ser de aplicación el mecanismo de actualización que surge de la presente sentencia, cuidando de evitar que el reconocimiento patrimonial final del capital exceda el valor real de la prestación debida....." (S.C.B.A. causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", del 17/04/2024).-
A lo antes expuesto estimo oportuno agregar que lamentablemente la disociación entre las tasas de interés analizadas en el precedente Barrios, con el proceso inflacionario existente en el país y la consecuente imposibilidad de compensar el capital de condena con más el interés moratorio correspondientes de modo razonable, se ha visto prolongada hasta la actualidad.-
En efecto, mientras que la inflación acumulada en el año 2.024, alcanzó una variación interanual del 117,8% (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_2517A7124C09.pdf ), la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires fue de 105,42% anual , mientras que la tasa pasiva digital a 30 días del mismo Banco sólo fue del 52,49 % anual (conforme surge del sistema de cálculo de intereses disponible en la página WEB de la S.C.B.A. ), con lo que queda en evidencia su insuficiencia para siquiera mantener el valor del capital de condena.-
Por su parte, la inflación acumulada en el año 2.025 alcanzó el 31,5% (https://www.indec.gob.ar/uploads/informesdeprensa/ipc_01_266741F036E8.pdf ), mientras que las tasas en el mismo período fueron de: 67,68 % la tasa activa para restantes operaciones en pesos del Banco de la Provincia de Buenos Aires; y la tasa pasiva digital del mismo banco fue de 31,96%.-
De lo antes expuesto se desprende que de aplicarse la tasa activa la misma superaría en un 36,18% la inflación devengada en el mismo período, porcentaje que considero no puede justificarse como un interés moratorio razonable, sino más bien todo lo contrario (conf. art. 768, 771, 1.740 y ccdtes. del C.C.C.).-
Misma conclusión merece, en sentido contrario la tasa pasiva, la que para el mismo período reconocería una retribución en concepto de intereses moratorios del 0,46%, la que resulta a todas luces insuficiente frente a la tasa de interés moratorio puro del 6% que el Superior Provincial estableciera en los precedentes "Vera" (C 120.536 del 18/04/18), y "Nidera" (C. 121.134, del 3/05/18) desde el momento en que se estimara/actualizara los importes reclamados; sin poder perderse de vista que la misma tasa pasiva en los períodos anteriores resultó sustancialmente inferior al proceso inflacionario.- Asimismo es dable destacar que si bien es cierto que el daño emergente ha sido estimado a valores cercanos a la fecha del dictado de la sentencia de primer instancia, también lo es que las reparaciones fijadas en concepto de gastos de traslado y privación de uso fueron estimadas en base a las facturas emitidas a finales del año 2.022 lo que deja en evidencia que la reparación fijada en tales concepto se ha visto notoriamente afectada por le proceso inflacionario desarrollado desde dicha época, conforme fuera explicado precedentemente.-
Llegado a este punto es dable señalar que si bien abstracto resulta imposible conocer si la mentada disociación entre las tasas de interés y el proceso inflacionario existente en el país habrá de continuar en el futuro, lo cierto es que a lo largo de los últimos años la realidad ha demostrado que tales tasas resultan desajustadas a la realidad económica imperante, por lo que imponer cualquiera de las mismas se presenta como una solución francamente aleatoria, que se desentiende de la realidad económica existente en el país, con el consiguiente perjuicio al menos para alguna de las partes (conf. arts. 1.740, 1.794 y ccdtes. del C.C.C.).-
Que la prolongación en el tiempo de la ya explicada disociación entre las tasas de interés y el proceso inflacionario, me llevan al convencimiento de que la declaración de inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, sigue siendo acertada en la actualidad.-
Por las razones hasta aquí expuestas y conforme al criterio sentado por éste Tribunal en el precedente "Potes" (Expte. n°: JU-4800-2018 Registrado en R.S. el 09/05/2024 bajo el número RS-66-2024) habré de proponer a este Tribunal actualizar a los importes resarcitorios receptados de la siguiente forma:
1. aplicarles la tasa de interés moratorio del 6% anual desde la fecha en que se originaran los perjuicios receptados (18/09/2022), hasta el momento en que cada rubro fuera estimado (conf. arts. 772,1.748 y ccdtes. del C.C.C.).-
2. Que a partir de tales momentos y conforme a la doctrina legal sentada en el caso "Barrios", corresponde aplicar un sistema de actualización del capital -sin capitalizar los intereses devengados- hasta el efectivo pago, que preserve el valor real de la prestación debida.-
A tal fin habré de propiciar la aplicación del Indice de Precios al Consumidor (I.P.C.) "Nivel General" (Indices IPC Cobertura Nacional) publicado por el INDEC en su página web (https://www.indec.gob.ar/indec/web/Nivel4- Tema-3-5-31), el que estimo como el mecanismo más acorde en miras de resguardar el valor real de la prestación debida.-
Sin perjuicio de ello, y tal como lo informa el propio organismo "Los índices de precios se elaboran con frecuencia mensual" (sic https://www.indec.gob.ar/ftp/cuadros/economia/como_usar_indice_precios_2022 .pdf), a lo que es dable agregar que su publicación no se realiza en forma inmediata una vez culminado cada mes.-
Por tal razón, y a fin de evitar los problemas que dicha metodología necesariamente habrá de producir a la hora de su aplicación por días, y en miras de facilitar tanto su liquidación, imputación de pagos parciales, como el cumplimiento de la sentencia al condenado, es que considero preciso efectuar la siguiente salvedad: al importe de capital receptado en la sentencia deberá aplicársele el coeficiente de estabilización de referencia (CER) publicado por el B.C.R.A., desde el día en que fuera estimado el perjuicio hasta el fin de dicho mes.-
Entre dicho mes y hasta el último I.P.C. publicado deberá aplicarse dicho índice (I.P.C.), y desde allí hasta el efectivo pago o fecha en que se practique liquidación, nuevamente el C.E.R..-
3. Al capital actualizado por dicho mecanismo se le deberá aplicar nuevamente la tasa de interés pura del 6% anual desde la fecha de estimación del perjuicio y hasta su efectivo pago (conf. S.C.B.A. causa C. 124.096, "Barrios, Héctor Francisco y otra contra Lascano, Sandra Beatriz y otra. Daños y perjuicios", del 17/04/2024 apartado VI. 2).-
VIII. Por las razones expuestas es que habré de proponer a éste Tribual, desestimar el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, y receptar parcialmente el recurso actoral, declarando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, ordenando actualizar el capital de condena conforme a los parámetros establecidos en el apartado VII, con costas de Alzada a cargo de la citada en garantía vencida, con excepción de las correspondientes al rechazo del rubro pérdida de valor venal, la que deberá ser soportada en ambas instancias por la accionante vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.).-
TAL ES MI VOTO.-
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
A LA SEGUNDA CUESTION, el Señor Juez Dr. Volta, dijo:
Atento el resultado arribado al tratar la cuestión anterior, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso: -artículo 168 de la Constitución Provincial-, estimo que CORRESPONDE:
I. DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, y RECEPTAR PARCIALMENTE el recurso actoral, declarando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, ordenando actualizar el capital de condena conforme a los parámetros establecidos en el apartado VII, con costas de Alzada a cargo de la citada en garantía vencida, con excepción de las correspondientes al rechazo del rubro pérdida de valor venal, la que deberá ser soportada en ambas instancias por la accionante vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.).-
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conf. art. 31 de la L.H.).-
ASI LO VOTO.-
El Señor Juez Dr. Castro Durán, aduciendo análogas razones dio su voto en igual sentido.-
Con lo que se dio por finalizado el presente acuerdo, dictándose la siguiente SENTENCIA:
Por los fundamentos consignados en el acuerdo que antecede, preceptos legales citados y en cuanto ha sido materia de recurso -artículos 168 de la Constitución Provincial y arts. 266, 267 del CPCC, se resuelve:
I. DESESTIMAR el recurso de apelación interpuesto por la citada en garantía, y RECEPTAR PARCIALMENTE el recurso actoral, declarando la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928, ordenando actualizar el capital de condena conforme a los parámetros establecidos en el apartado VII, con costas de Alzada a cargo de la citada en garantía vencida, con excepción de las correspondientes al rechazo del rubro pérdida de valor venal, la que deberá ser soportada en ambas instancias por la accionante vencida (conf. art. 68 del C.P.C.C.).-
II. Diferir la regulación de honorarios para su oportunidad (conf. art. 31 de la L.H.).-
Regístrese, notifíquese automáticamente, conforme lo dispuesto por el art. 10 del Ac. 4013 SCBA. y oportunamente remítanse al juzgado de origen.-
Fin de la sentencia