Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo de Mar del Plata · Causa A-16490-BB0E
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación estatal el 5-2-2026 y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución apelada en cuanto liquida astreintes transcurridas con anterioridad al dictado de la sentencia de mérito. Las costas de alzada se imponen a la actora, en su condición de vencida (conf. arts. 19, ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-; 68, CPCC).
2Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31, ley 14.967).
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, de conformidad con lo establecido en el art. 8 del Anexo Único del Acuerdo S.C.B.A. N° 3975/2020, en Acuerdo, pronuncia sentencia en la causa A-16490-BB0E "SCHMITZ ELIANA GISEL c. IOMA s. AMPARO" , con arreglo al siguiente orden de votación según sorteo de ley: doctores Riccitelli, Mora y Ucín.
I.1. El magistrado titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N°8 del Departamento Judicial Bahía Blanca, por resolución del 20-9-2025 resolvió, en cuanto aquí interesa -tomando como fecha de inicio del cómputo de las astreintes el 21-8-2025 y como fecha límite el 8-9-2025 (esto es, un total de diecinueve -19- días)-, aprobar la liquidación de astreintes por el plazo indicado en la suma de pesos un millón novecientos mil ($ 1.900.000).
Para así decidir, consideró que IOMA mantenía su actitud reticente en relación al cumplimiento de lo ordenado (por mandato cautelar) y que la sentencia dictada en autos no se encontraba firme por haber sido apelada por la parte demandada. Siendo así, observando una desobediencia injustificada a la orden jurisdiccional, efectivizó las sanciones conminatorias y, teniendo en cuenta la liquidación presentada por la actora el 9-9-2025, tras modificar la fecha de inicio del cómputo (fijándolo en el día en que las sanciones adquirieron firmeza, el 21-8-2025), determinó su cuantía tal como se indica más arriba.
2. Previo al dictado de la providencia precedente, se produjeron las siguientes actuaciones, cuyo relevamiento resultará de utilidad para brindar solución a la controversia suscitada:
(i) con fecha 18-7-2025, atendiendo al incumplimiento denunciado y lo solicitado por la parte actora, se intimó a la demandada IOMA a que diera cumplimiento con la medida cautelar ordenada con fecha 13-4-2023, brindando a Eliana Gisel Schmitz cobertura al 100% del tratamiento de crio preservación de embriones y mantenimiento mensual de los mismos, la aplicación de asissted hatching, a realizarse en el Centro Especializado HALITUS, dentro del plazo de 24 horas de notificada, bajo apercibimiento, en caso de incumplimiento, de aplicarle una multa que fijó en la suma de pesos cien mil ($ 100.000) por cada día de retraso (art. 666 bis del C. Civil y 37 del CPCC);
(ii) posteriormente, el 21-8-2025 el juzgador dictó sentencia, por la que hizo lugar a la acción de amparo promovida condenando al IOMA a proveer a la nombrada la cobertura del 100 % del tratamiento de fertilización asistida, con ovodonación con semen propio, incluyendo consulta médica, medicación y estudios; estableció, asimismo, que la crio preservación de embriones y mantenimiento mensual de los mismos, asissted hatching y diagnóstico genético preimplantación a realizarse en el Centro Especializado HALITUS, hasta la consecución del embarazo. Por el mismo acto se impuso las costas a la demandada (art. 19 Ley de amparo) y reguló honorarios del Dra. Ana Inés Barrón (CUIT 27-34005733-9) en veinte (20) Jus arancelarios (arts. 20 bis ley 13.928 y modificatorias; 14, 15, 16, de la ley 14.967 y 9 ley 14.442), con más adicional legal;
(iii) con fecha 9-9-2025, atento la persistencia del incumplimiento por parte de la demandada y la sanción conminatoria dispuesta por V.S., la actora practicó liquidación en los términos dispuestos en la resolución del 18-7-2025 por un total de pesos dos millones seiscientos mil ($ 2.600.000), a razón de $100.000 por cada día de demora en el cumplimiento de la medida cautelar, contados desde el día 13-8-2025 hasta el día 8-9-2025 (un total de veintiséis -26- días);
(iv) el 10-9-2025 se corrió traslado de la liquidación a la demandada, quien lo contestó el 18-9-2025, impugnando el cálculo realizado; argumentó, en favor de su postura, que el 21-8-2025 se había dictado sentencia definitiva, momento a partir del cual el amparista tiene expedita la vía de la ejecución de la misma, mas no una ejecución de sanciones conminatorias que se habían previsto para el caso de incumplimiento de la medida cautelar, las que nunca se llegaron a efectivizar; y que, asimismo, la liquidación resultaba improcedente porque las multas perseguían lograr el cumplimiento de una medida cautelar, que había quedado sin efecto con el dictado de la sentencia demérito, careciendo, por ello mismo, de causa, proponiendo el rechazo de la liquidación practicada;
(v) el 19-9-2025 se confirió traslado a la parte actora de las impugnaciones formuladas, quien lo contestó el 26-9-2025 requiriendo, en lo sustancial, la aprobación del cálculo confeccionado; y
(vi) finalmente, el juzgador resolvió tal como se indica más arriba (v. punto "I.1.").
II. Disconforme, la demandada interpuso recurso de apelación fundado el 9-10-2025 reiterando parte de los conceptos vertidos en oportunidad de impugnar la liquidación a la postre aprobada.
Sostuvo allí que la liquidación le generaba un detrimento económico injustificado, atendiendo a que las sanciones fueron efectivizadas en relación a una medida cautelar (dispuesta el 1-7-2025), que había perdido virtualidad con el dictado de la sentencia definitiva el 21-8-2025, como consecuencia del carácter instrumental de las medidas cautelares cuyos efectos se extinguen de pleno derecho en el momento en que se dicta la sentencia definitiva.
Tras cita de un precedente de este Tribunal, afirmó que emitido el fallo final de la causa nace una nueva etapa procesal concerniente, básicamente, a la ejecución de la sentencia, desde donde concluyó que las sanciones conminatorias impuestas con la finalidad de vencer la reticencia del accionado al cumplimiento de la medida cautelar perdieron toda virtualidad ante el dictado de la sentencia, y su mantenimiento, en esta etapa y en las circunstancias de la causa, resultaría improcedente, promocionando el acogimiento del recurso y la consecuente revocación de la decisión apelada.
Corrido traslado a la parte actora por providencia del 13-10-2025, ésta lo contestó el 17-10-2025, requiriendo la confirmación del pronunciamiento.
III. Ingresada la causa en este Tribunal, y puesta para examen de admisibilidad del recurso deducido y, en su caso, para dictar sentencia -v. providencia de fecha 28-10-2025, firme y consentida-, asumiendo el señor Juez doctor Mora el primer lugar en el orden de votación por licencia del señor Juez doctor Riccitelli (arts. 47 y 48 de la ley 5.827 y modif.), corresponde plantear y votar la siguiente
¿Es fundado el recurso?
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Mora dijo:
I. El recurso prospera.
1. Me permito aclarar, ante todo, que, a fin de dar respuesta al cuestionamiento vertido por la demandada respecto de la posibilidad de efectivizar y liquidar astreintes devengadas durante la etapa cautelar una vez dictada la sentencia definitiva, habré de seguir el criterio mayoritario de esta Cámara sobre el tópico -sin perjuicio de la opinión por mí sostenida -inicialmente- en el marco de la causa A-10682-MP0E "Rodríguez", sent. del 15-7-2021 y luego replicada en muchas otras, la que dejo a salvo en este acto- en atención a la situación de transitoria y prolongada desintegración del Cuerpo que integro -con la dificultad que ello conlleva para concitar mayorías decisorias- y la necesidad garantizar la seguridad jurídica y coherencia del Tribunal en aquellas cuestiones en disputa, la cual podría mellarse si, ante la integración aleatoria del órgano, de modo eventual se adoptaran sentencias contrapuestas en casos medularmente similares- (conf. arg. voto Dr. Genoud causa B. 75.663, "Morera", res. del 23-11-2020) [v. causa A-16856-NEOE "Trento", sent. de fecha 12-3-2026, entre otras].
2.1. Dicho lo anterior, resulta necesario puntualizar que el instituto delineado por el art. 37 del CPCC constituye un medio de compulsión administrado por los jueces que tiende a obtener el efectivo cumplimiento de un mandato judicial cuando es resistido por el obligado, mediante la aplicación de una condena pecuniaria que lo afecta mientras no haga lo debido (cfr. doct. SCBA causa Ac. 90.491 "Sociedad de Fomento Cariló", sent. del 8-3-2006; esta Cámara causas A-8662-AZ0 "Ullua", sent. del 7-2-2019; A-8862-MP0 "Hernández", sent. del 16-5-2019; A-9531-MP0 "Colaneri", sent. del 28-2-2020, entre otras), y únicamente deben efectivizarse o mantenerse en tanto se verifique la desobediencia a la orden jurisdiccional (cfr. doct. SCBA causa Ac. 90.941 "Sociedad de Fomento Cariló", citada; esta Cámara causas A-7881-BB0 "Silva", sent. del 10-4-2018; A-8949-AZ0 "Eckart", sent. del 2-7-2019, entre otras), y la condenada no hubiera cuestionado la penalidad, justificando total o parcialmente su proceder (cfr. esta Cámara causa A-7492-AZ0 "Villalba", sent. del 24-8-2017; A-10087-BB0E "Russo", sent. del 17-9-2020, entre otras).
La naturaleza provisional y mutable que ostentan las conminaciones pecuniarias reguladas por nuestro sistema legal, no conllevan otro efecto que coaccionar al deudor reticente a cumplir con la manda judicial impuesta, pues su finalidad es obtener el cumplimiento de la resolución dictada por quien se encuentra dotado de imperium (cfr. esta Cámara causa A-7492-AZ0 "Villalba", cit.). Por ello, no causan estado ni pasan en autoridad de cosa juzgada (cfr. esta Cámara causa A-9858-BBOE "Germani", sent. de 2-7-2020), razón por la cual pueden ser revisadas y dejadas sin efecto si se verifican motivos fundados y atendibles, sin violentar derecho alguno (cfr. doct. SCBA causa Ac. 90.491 "Sociedad de Fomento Cariló", cit.; esta Cámara causas C-3078-BB1 "Arequipa", sent. de 31-5-2012; A-10513-MP2E "Esperón", sent. del 27-4-2021).
Como ha sostenido la Corte Suprema de Justicia Federal, solo la desatención injustificada de lo ordenado judicialmente configura la conducta procesal que -precisamente- apuntala dar curso a la finalidad propia del instituto de las sanciones conminatorias y a los criterios que gobiernan la materia (cfr. doct. CSJN in re B.1572 XLI "Btesh Nadia c/Jouedja José", sent. de 29-4-2008 -del Dictamen del Procurador General-), por cuanto si las sanciones conminatorias aparecen desvinculadas de la finalidad que les es propia, solo constituirán una fuente indebida de enriquecimiento para aquel en favor de quien se fijan (cfr. CSJN in re F. 143. XLV. RHE "Falcon, Isabel", sent. de 19-4-2011; esta Cámara causa A-10087-BB0E "Russo", sent. del 17-9-2020).
2.2. Sobre la base de las pautas rectoras establecidas en los citados precedentes, y atento la relación de los extremos de la causa reseñados en apartados anteriores, no se vislumbran, en el presente caso, los recaudos necesarios para mantener la resolución objetada en el memorial de agravios.
Repárese que, en el presente proceso, el magistrado de grado dictó sentencia de mérito por cuyo intermedio receptó íntegramente la acción de amparo promovida por Eliana Gisel Schmitz contra el Instituto de Obra Médico Asistencial de la Provincia de Buenos Aires, con el objeto de ordenarle la cobertura del tratamiento de crio preservación de embriones y mantenimiento mensual de los mismos, asissted hatching y diagnóstico genético preimplantación a realizarse en el Centro Especializado HALITUS, hasta la consecución del embarazo (v. pronunciamiento del 21-8-2025).
La decisión fue objeto de un recurso de apelación articulado por la demandada el 27-8-2025, parcialmente acogido por este Tribunal, exclusivamente en cuanto al plazo de subsistencia de la obligación de cobertura de la crio preservación de embriones -y su mantenimiento mensual- que pudieran resultar del tratamiento de FIV requerido, fijándola en el plazo de veinticuatro (24) meses, con costas de Alzada a la accionante vencida (conf. art. 19, ley 13.928 -texto según ley 14.192-) [v. sentencia en la causa A-16273-BB0E "Schmitz" en la fecha indicada al comienzo de este párrafo].
Así, contando entonces estas actuaciones con un pronunciamiento definitivo, todas las cuestiones derivadas de la medida cautelar decretada el día 13-4-2023 dejaron de poseer virtualidad alguna, por mediar una sentencia que dirimió en forma concluyente -no ya provisional- las pretensiones que suscitaron el conflicto.
Y ello, por cuanto las medidas cautelares reflejan una actividad de tipo preventiva dentro del proceso que, enmarcada en una objetiva posibilidad de frustración, riesgo o estado de peligro, según un razonable orden de probabilidades acerca de la existencia del derecho que invoca el peticionante y exigiendo el otorgamiento de garantías suficientes para el caso de que la petición no reciba finalmente auspicio, anticipa los efectos de la sentencia de fondo ordenando la conservación o mantenimiento del estado de cosas existentes o, a veces, su innovación según sea la naturaleza de los hechos sometidos a juzgamiento (cfr. esta Cámara causas A-5538-MP0 "Fagundez", sent. de 12-2-2015; A-7110-BB0 "Manolis", sent. de 4-5-2017; A-9299-MP0 "Pereyra", sent. de 10-10-2019; A-9188-MP0 "Patriarca", sent. de 26-9-2019; A-9640-AZ0 "Montañez", sent. de 16-1-2020; A-10669-MP0 "Amiconi", sent. de 6-7-2021; entre muchas otras).
Al carecer de autonomía, las providencias cautelares no constituyen un fin en sí mismas, dado que son tributarias de un proceso principal con el cual se hallan ligadas por un nexo de instrumentalidad- que condiciona su procedencia, mantenimiento y eventuales variaciones (cfr. doct. CSJN Fallos 306:506). Así, su eminente carácter accesorio se encamina a garantizar preventivamente el objeto debatido en aquel proceso, con la finalidad de evitar la inoficiosidad de la sentencia a dictarse y la producción de daños de difícil o insusceptible reparación ulterior (cfr. esta Cámara causa A-7315-BB0 "Dorado", sent. de 13-7-2017, entre muchas otras). Se trata, en definitiva, de tornar operativa la garantía de la tutela judicial efectiva para que el proceso no se convierta en un instrumento meramente ilusorio (cfr. esta Cámara causa A-6371-AZ0 "Salinas", sent. de 22-4-2016 y sus citas).
De allí que, por regla, tales medidas se encuentran ineludiblemente preordenadas al dictado de una ulterior providencia definitiva cuyo resultado tienden a garantizar (conf. esta Cámara causa A-12924-BB0E "Monjes", sent. del 8-8-2023).
Por lo demás, en nada oscurece la conclusión precedente, la circunstancia de que la sentencia emitida, como se expone en la providencia apelada, hubiera estado recurrida, a partir del efecto con que el mismo fue concedido por el juez de grado -devolutivo- que posibilitaba el ejercicio de los derechos que la actora hubiera considerado pertinentes en procura del cumplimiento de lo decidido.
En síntesis, emitido el fallo final de la causa -consentido en lo sustancial por ambos contendientes- lo que nace es una nueva etapa procesal concerniente, básicamente, a la ejecución de la sentencia definitiva (cfr. argto. esta Cámara -por mayoría- causa A-10682-MP0E "Rodríguez", sent. del 15-7-2021).
De allí que las sanciones conminatorias impuestas con la finalidad de vencer la reticencia del accionado al cumplimiento de la medida cautelar perdieron toda virtualidad ante el dictado de la sentencia, y su mantenimiento, en esta etapa y en las circunstancias de la causa, resultaría improcedente.
Frente a tal contexto, a partir de los extremos verificados en la especie, no es posible efectivizar las sanciones pecuniarias prevenidas para forzar el cumplimiento de una orden judicial que ya quedó superada con la emisión del fallo final de la causa.
III. En razón de lo expuesto, habré de proponer al Acuerdo hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación estatal el 5-2-2026 y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución apelada en cuanto liquida astreintes transcurridas con anterioridad al dictado de la sentencia de mérito. Las costas de alzada se deberían imponer a la actora, en su condición de vencida (conf. arts. 19, ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-; 68, CPCC).
Voto, en suma, por la afirmativa .
A la cuestión planteada el señor Juez doctor Ucín dijo:
Adhiero al voto del señor Juez doctor Mora a excepción de lo allí señalado en el apartado I.1.
Voto, entonces, por la afirmativa .
De conformidad a los votos precedentes, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en Mar del Plata, dicta la siguiente:
1. Hacer lugar al recurso de apelación interpuesto por la representación estatal el 5-2-2026 y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución apelada en cuanto liquida astreintes transcurridas con anterioridad al dictado de la sentencia de mérito. Las costas de alzada se imponen a la actora, en su condición de vencida (conf. arts. 19, ley 13.928 -t.o. según ley 14.192-; 68, CPCC).
2. Diferir la regulación de honorarios por los trabajos de segunda instancia para su oportunidad (conf. art. 31, ley 14.967).
Regístrese, notifíquese por Secretaría electrónicamente (conf. art. 10, Anexo Único del Acuerdo SCBA N° 4013/21 -t.o. Ac. 4039/21-). Hecho, devuélvanse las actuaciones al Juzgado de origen.
Firmas
Funcionario firmante: UCIN Diego Fernando - JUEZ
Funcionario firmante: MORA Roberto Daniel - JUEZ
Funcionario firmante: RUFFA María Gabriela - SECRETARIO DE CÁMARA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 1001-2026
Fin de la sentencia