Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2.011/15-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 533/542, por la parte actora, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fs. 521/528, reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presentes las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2Hacer saber que por la anterior instancia deberá darse cum-plimiento a lo dispuesto en el considerando IV.-
3Hacer saber a los magistrados y funcionarios lo dispuesto en el considerando IV in fine.-
4Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2.011/15-TSJ Interlocutorio N°: 606.-
Actor: SCHNIEPP JULIO RICARDO Demandado: PROSEPET S.A.
Objeto: S/ DEMANDA LABORAL Fecha: 14-03-2017 Texto: TOMO XVIII -SENTENCIA- T.S.J..-
REGISTRO Nº 606 FOLIO Nº 3475/3480 PROT. ELECT. TSS1 002 S.171
Río Gallegos, 14 de marzo de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “SCHNIEPP JULIO RICARDO C/ PROSEPET S.A. S/ DEMANDA LABORAL”, Expte. Nº S-11.352/09, (S-2011/15-TSJ), venidos al Acuerdo para dictar sentencia; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 533/542, por los Dres. Sergio Edgardo Acevedo y Víctor Vicente Mártensen en su carácter de letrados apoderados de la parte actora, contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, obrante a fs. 521/528, por cuanto confirma la sentencia de Primera Instancia. Esta última desestimó la demanda, con costas a la actora (conf. foja 490).- El caso se presenta en los siguientes términos: el Sr. Julio Ricardo Schniepp acciona contra la empresa Prosepet S.A. y en el objeto de su demanda solicita que se la condene a la entrega del certificado de trabajo estipulado en el artículo 80 LCT, con más la indemnización establecida en dicha norma, con más intereses y costas (conf. foja 11). Luego amplía su demanda contra YPF S.A. peticionando que sea condenada al pago de la sanción prevista en el artículo 80, último párrafo LCT, con costas (conf. foja 32). A su tiempo, tanto Prosepet S.A. como YPF S.A. solicitan el rechazo de la demanda, con costas conforme fs. 66/74 y fs.75/80, respectivamente.-
II. Que, al recurso de casación lo fundan en errónea aplicación de la ley, violación de la doctrina legal y arbitrariedad. En dicho recurso, plantean que en la sentencia se efectúa una ilegal y equivocada interpretación de normas constitucionales, de las leyes, y de la jurisprudencia, porque afecta la dignidad del actor al imputarle abuso de derecho por ejercer su derecho de peticionar, desconociendo -a su entender- su calidad de sujeto de preferente tutela (conf. foja 533 vta.).-
Agregan que la sentencia de Cámara desconoció el orden público laboral negando la aplicación del ‘in dubio pro operario’; y se apartó del principio de primacía de la realidad, con lo que se habría afectado el derecho de propiedad del actor, amparado por el artículo 17 de la Constitución Nacional, al privárselo de la documentación e indemnización que solicita (conf. foja cit.).-
Sostienen que se violó la garantía del debido proceso y el derecho a la defensa en juicio consagrados en el artículo 18 de la Constitución Nacional al apartarse absurdamente del alcance y contenido de la ley aplicable a los hechos que trabaron la litis, con parcialidad en favor del empleador (conf. foja cit.).-
Añaden que la sentencia le imputa a su parte abuso de derecho y un mero afán patrimonialista en franca contradicción con los términos en que quedó trabada la litis, fundadas en que se afectaba el principio de congruencia, por cuanto -según expresa la sentencia atacada- en el objeto de la demanda se reclamó el certificado del artículo 80 de la Ley Nº 20.744 y que ello no implicaba demandar el certificado de aportes y contribuciones (conf. fs 533 vta./534).-
Agregan que la Cámara ha incurrido en un “exceso ritual impropio” pues debió entender que la cosa demandada se completa en toda su extensión también con los hechos; y la prueba arrimada y producida en autos (conf. foja 534).-
Entienden que la Cámara ignora el incumplimiento y mala fe de la empleadora; y que desconoce que la autonomía de la voluntad tiene plena vigencia como creadora de derechos y obligaciones en el derecho laboral (conf. foja 534 vta.).-
Añaden que la no aplicación del artículo 1° de la Ley Nº 23.449 invalida el fallo de la Cámara por negarle al actor causas razonables para solicitar de su empleador la documentación que venía exigiendo desde antes de la demanda (conf. foja 535). En el mismo sentido, también cita para abonar esta postura lo dispuesto en el artículo 12 inciso G de la Ley Nº 24.241 (conf. foja cit.).-
Califican a la sentencia atacada como irrazonable, arbitraria y absurda por considerar que desconoce el derecho del trabajador a exigirle a su empleador el “certificado de aportes y contribuciones” y la indemnización para el caso de que eso no suceda (conf. foja cit.).-
Peticionan que se anule la sentencia ya que considera que la misma es incongruente por desconocer y apartarse de los actos constitutivos de la litis (conf. foja 537).-
Argumentan que la sentencia desconoce la finalidad tuitiva de las normas en juego que tienen como vértice a la Constitución Nacional, expresadas en el preámbulo; y en los artículos 14 bis, 75 incisos 22 y 23 de la Constitución Nacional, en cuanto a la jerarquía y progresividad de los derechos humanos (conf. foja cit.).-
Afirman que ha existido un palmario desconocimiento de las obligaciones contractuales patronales, definidas en los artículos 12, 21 y 80 de la Ley Nº 20.744 (conf. foja 537 vta.).-
Expresan que la sentencia de Cámara reemplaza la voluntad de las partes, el contenido de la pretensión del actor y los argumentos de la demandada. Por lo tanto, entienden que su decisión es incongruente, irrazonable, arbitraria, absurda e injusta (conf. foja 538). Que dicho fallo “…insiste que ‘no existieron causas razonables’ de las que autoriza el citado artículo 80 ley 20744 para acoger la solicitud del actor Schniepp para pedir el certificado de aportes a su empleadora…” (cfr. foja 539 vta.). Continúa diciendo que: “…es violatoria de la doctrina legal desde que la interpretación del fallo no es sistémica y universalista, desde que para interpretar las normas laborales en su carácter tuitivo, hay que tomar en cuenta el muy comprensivo ‘corpus iuris’ en el que están insertas y la finalidad protectorias de las mismas…” (cfr. foja 540).- Hacen reserva del caso federal (conf. foja 541).-
Declarado formalmente admisible el recurso de casación por la Alzada a fs. 544/545, este Tribunal lo declara bien concedido a foja 558 y vta.; y se ponen los autos a disposición de las partes, conforme lo dispuesto en el artículo 8 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. Únicamente YPF S.A., hace uso de las facultades que le otorga dicha norma, y expone los argumentos por los cuales entiende que no corresponde hacer lugar al recurso de casación (conf. fs. 563/567 vta.).- A fs. 569/571 vta., dictamina el Sr. Agente Fiscal Subrogante ante este Tribunal, quien luego de efectuar un estudio de las constancias de la presente causa y la jurisprudencia aplicable al caso, concluye que “…la Sentencia de Cámara, se encuentra ajustada a derecho, no surgiendo de la misma ni violación de la ley ni de la doctrina legal conforme lo alegara el recurrente, siendo opinión de esta Fiscalía que el recurso de casación interpuesto por el actor no debe prosperar.” (cfr. foja 571 vta.).-
A foja 572 se llaman autos para dictar sentencia y a foja 573 pasan los presentes a estudio.-
III. Que realizada la descripción de los agravios expuestos por la parte actora, resulta menester precisar que si bien se hace mención al carril impugnativo establecido en el artículo 3 inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- (conf. foja 533), a los efectos de encausar su pretensión recursiva en rigor y conforme a la naturaleza de los agravios invocados, corresponde que el tratamiento de este recurso casatorio se adscriba también en el marco previsto en el artículo 2° de la citada ley. Por lo expuesto y conforme se ha planteado la cuestión extraordinaria articulada por el actor, ésta se desarrolla en el ámbito del carril impugnativo previsto en los artículos 2° y 3° de la ley citada, recurso de casación por quebrantamiento de formas, errónea aplicación de la ley, violación de la doctrina legal y arbitrariedad.
Vinculado con lo antedicho, este Alto Tribunal ha sostenido: “…Cuadra recalcar que en principio este Excmo. Tribunal no puede subsanar con inferencias o interpretaciones los errores u omisiones en que incurre el quejoso al indicar las normas que estime infringidas…Es decir, que no puede suplir oficiosamente las citas y encuadres legales que debió efectuar el recurrente (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. II, pág. 390 y 502; entre otros). Ello es así, por ser extraño a la casación el principio iura novit curia, cuya admisión la Suprema Corte sólo declara procedente, en forma muy restringidísima, en cuestiones penales (confr. SCBA, Ac. y Sent. 1974, v. III, pág. 993). No obstante lo precedentemente considerado, este Tribunal Superior entiende que aquella potestad jurisdiccional aludida, en materia de casación, puede tener adecuaciones que resultan de la naturaleza del recurso.
En efecto, aunque el enfoque que vehiculiza la recurrente sea diferente al encuadre que propugna este Cuerpo, ello no invalida el remedio excepcional intentado -en el particular caso sub discussio- toda vez que lo necesario para la apertura y procedencia del recurso por violación de la ley, es la invocación del motivo de la casación (la pretensa aplicación errónea de los artículos 164°; 264° y 265° del C. P. C. y C.), pero no necesariamente las normas legales invocadas como violadas o aplicadas erróneamente deben ser las aplicables al caso, pues en este aspecto el principio iura novit curia -no obstante ser casi inexistente su aplicación operativa en esta instancia extraordinaria- mantiene algo de vigencia, por lo que se impone el encuadre legal correcto dentro del andarivel trazado por el artículo 2° de la Ley 1687 -Recurso de Casación-…” (cfr.
Sentencia, Tomo XIII, Reg. 443, Folio 2417/2420).- Vale recordar también que reiteradamente este Tribunal ha tratado la violación del principio de congruencia procesal (lo que constituye uno de los agravios del casacionista) en el andarivel de artículo 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-: “…en materia de incongruencia, el remedio se opera a través de la vía del quebrantamiento de formas…, precisamente por tratarse de un vicio estructural que necesariamente invalida al pronunciamiento así dictado…” (cfr. Sentencia, Tomo IX, Reg. 313, Folio 1685/1694).- Así las cosas, por una cuestión de método se tratará en primer término el recurso desde el prisma del artículo 2° del Libro I, Título IV, Cap.
IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, ya que de existir quebrantamiento de las formas, resultaría innecesario analizar el resto de los agravios planteados.-
Antes de ingresar al análisis puntual de las impugnaciones de los recurrentes es conveniente efectuar algunas reflexiones.-
El derecho laboral tiene un carácter tuitivo para el trabajador, a fin de contrarrestar la desigualdad entre los contratantes (conf. Mario Ackerman, Diego Tosca y Miguel Maza, “Los principios del derecho del trabajo”, en la obra colectiva: “Tratado del derecho del trabajo”, Director: Mario Ackerman, Coordinador: Diego Tosca, Rubinzal-Culzoni Editores, Santa Fe, 2014, Tomo I, págs. 473/478). Se intenta asegurar una igualdad real entre las partes -dentro de las limitaciones de la realidad económica-. En atención a lo expuesto, al momento de resolver el presente, como tiene dicho este Alto Tribunal, debe considerarse que: “…por imperio del artículo 14 bis de la Constitución Nacional, las normas del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social revisten carácter de Orden Público y, por tanto, de aplicación obligatoria, conformando un mínimo protectorio que jamás debe ser avasallado por los contratantes (recordando el fundamento de desigualdad entre las partes que da origen al orden tuitivo del Derecho Laboral) y cuya observancia debe ser garantizada por los magistrados.” (cfr. Sentencia, Tomo XIII, Reg. 472, Folio 2565/2572). El principio protectorio -como se adelantó- tiene raigambre constitucional, ya que el artículo 14 bis de la Constitución Nacional reza: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador…”. Sobre el particular Vázquez Vialard afirma: “…de acuerdo con la directiva que el constituyente ha establecido, el Congreso de la Nación tiene que adaptar las técnicas y procedimientos adecuados para mantener un cierto nivel de equilibrio entre dos partes que, comúnmente, tienen distinta capacidad de diálogo.” (cfr. autor cit. “Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social”, Astrea, Buenos Aires, 2008, Tomo I, pág. 111).- Con estas premisas se resolverá el sub lite.-
La Cámara resolvió rechazar la demanda porque consideró que la pretensión del actor no consistió en pedir la entrega de la constancia de aportes y contribuciones (en adelante también la constancia) establecida en el artículo 80 LCT, sino que habría demandado la entrega del certificado de trabajo (en adelante también el certificado) -también previsto en el artículo 80 LCT- (conf. fs. 526 y 527 vta.). Estimamos que tal decisión es desacertada.-
Concretamente, la Cámara sostuvo que “…Está claro que no ha sido objeto de juicio la entrega de constancias de aportes y contribuciones como se pretende tergiversar en agravios, ni sería un caso de sentencia que falla ‘ultra petita’ que autoriza el art. 40 de la ley 1444 texto conforme ley 2435. Acceder a la condena a entregar constancias documentadas del depósito de aportes y contribuciones implicaría un fallo ‘extra petita’ toda vez que no fue parte del objeto de la demanda y ese vicio de la sentencia violaría el derecho de defensa en juicio de rango constitucional, por afectación de la garantía de defensa en juicio.” (cfr. foja 526).- Ahora bien, no es lo mismo la constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social y sindicales; que el certificado de trabajo (art. 80 LCT). Para que se pueda condenar a la entrega del certificado de trabajo debe haberse extinguido la relación laboral, lo que aquí no sucedió (conf. art. 80 LCT).-
De la lectura de la demanda, se advierte que efectivamente no se peticionó con toda la claridad deseable la constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social y sindicales. Empero, queda claro que, el Sr. Schniepp requiere tal documentación. En este sentido, se pueden transcribir partes de la demanda que nos permiten arribar a la conclusión antedicha, a saber: “...anoticiados que estaban incumpliendo sus obligaciones para con la seguridad social, el actor, en su rol de delegado junto a la asociación gremial a la cual pertenece, iniciaron el Expediente 13.946-S-08, cuyo (sic) Acta del 4 de diciembre se agrega a los presentes, con el fin de reclamar que Prosepet S.A. acreditara el cumplimiento de los pagos de aportes jubilatorios, obra social, aporte sindical, prepagas, pagos a la ART y todo otro concepto que por carga social correspondía. Pese a dicha actuación administrativa, es imposible que la empresa, a la fecha, se digne informar a su personal y en especial a sus delegados, cómo está cumplimiendo (sic) con dichas obligaciones contractuales y legales. No escapa al alto criterio del Tribunal, lo difícil que resulta para el trabajador cuando cesa la relación laboral, y mucho más en la industria petrolera, obtener la constancia del artículo 80 de la ley 20744...” (cfr. foja 11 vta.). “Resulta entonces que el actor como delegado y a título personal reclamó innumerables veces informes sobre el cumplimiento de las cargas sociales sin que, insistimos, la demandada diera respuesta alguna.” (cfr. foja 12).- Otro dato significativo para estimar que el actor solicitó la entrega de la constancia de aporte laboral es que el Sr. Julio Schniepp, al momento de interponer la demanda, aún se encontraba trabajando (conf. foja 11 vta.). Sostiene que se puede solicitar el “certificado del trabajo” (vuelve a referenciarlo incorrentamente, según se puede inferir del contexto del relato del actor) antes de finalizar la relación laboral de acuerdo al artículo 80 LCT (conf. foja 12). Cuando la única documentación -a que hace referencia el artículo 80 LCT- que se puede peticionar antes de finalizada la relación laboral es la constancia.- Además, antes de iniciada la acción el actor había intimado extrajudicialmente a la empresa Prosepet S.A. para que le entregara la constancia (conf. foja 5).-
Por otro lado, la demandada Prosepet S.A. concretamente se defendió respecto del pedido de la constancia documentada del ingreso de los fondos sindicales. Argumentó acerca de la ausencia de causas razonables para emitir este documento, y sobre su rechazo a la imposición de la multa prevista en el artículo 80, in fine LCT. Puntualmente dijo: “El actor de autos, que sigue siendo empleado pleno de Prosepet SA y que no necesita de ningún certificado de trabajo o constancia de aportes para trámite alguno...La empleadora como lo demuestra el actor con la docu-mentación que acompaña en la demanda, le entregó al demandante la constancia o certificación de servicios y remuneraciones Formulario PS.6.2....” (cfr. foja 69 vta.).
Además cita doctrina vinculada con la entrega de la constancia, sobre el particular señaló que: “El autor Carlos Alberto Etala en la obra ‘Contrato de Trabajo’ Ed. Astrea, pág. 222, parágrafo 2.- nos dice '...Obligación de extender constancia documentada.- El artículo impone además al empleador la obligación de extender constancia documentada del cumplimiento de su obligación de ingresar los fondos sindicales y de seguridad social.- Ello es de rigor en el momento de extinción de la relación, pero también podrá ser exigido durante el curso de la relación laboral …cuando medien causas razonables...’” (cfr. fs. 70 vta. y 71).- También la codemandada YPF S.A. se defendió -en su contestación de demanda- en lo vinculado a la entrega de la constancia.
Al respecto se pueden transcribir los siguientes párrafos: “La empleadora como lo demuestra el actor con la documentación que acompaña en la demanda, le entregó al demandante la constancia o certificación de servicios y remuneraciones -Formulario PS.6.2.- en donde mes a mes, desde el ingreso del actor hasta la actualidad, se detallan las remuneraciones del dependiente, el carácter de sus servicios, todo ello correspon-dientes al CUIL del demandante.” (cfr. foja 76). “El actor no ha explicado ni indicado a V.S., cuales son las supuestas causas razonables que fundamentarían su pretensión y que el art. 80 de la L.C.T. impone como requisito de admisibilidad del pedido de la constancia de aportes y contribuciones indicada por la norma.” (cfr. foja 76 vta.).
“Durante la relación laboral, el empleado solo puede exigir una constancia de los aportes y no el certificado de trabajo al cual se refiere el art. 45 de la Ley 25.345 reglamentado por el Dto. 146/01. Este certificado, solo es exigible por el operario al cese o extinción de su relación laboral. Igualmente, las constancias o certificación del estado de aportes y contribuciones, solo será posible de exigir argumentándose una causa razonable, la cual debe ser comunicada al (sic) empleadora y obviamente deberá ser acreditada por quien la alega. Entiende mi parte que Schniepp carece de acción para reclamar durante su relación laboral, la cual permanece intangible a la fecha de este responde las multas del art. 80 de la L.C.T. por lo siguiente: a) Por que no existieron ni existen causas razonables que justifiquen su requerimiento de las constancias o certificación de aportes en el sistema previsional y social.” (cfr. foja 77).- En este contexto, se debe señalar que el principio de congruencia tiene como fundamento preservar la garantía de defensa en juicio (art. 18 CN).
De las transcripciones de las contestaciones de demanda, se advierte que los demandados esgrimieron defensas vinculadas también con la pretensión de entrega de la constancia, con lo que no se puede considerar que se haya afectado la garantía de defensa en juicio de los mismos.-
Estimar que el actor no ha demandado por la constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social y sindicales, implicaría incurrir en una desacertada y excesivamente formalista exégesis de las posturas de las partes, totalmente desentendida de la búsqueda de la verdad jurídica objetiva. Sobre esta cuestión es aplicable al sub lite, mutatis mutandis, lo afirmado por la Suprema Corte Bonaerense, a saber: “...considero que el tribunal de grado ha efectuado una incorrecta y en extremo formalista defensa de la congruencia de la decisión, y en su nombre ha resignado las facultades de investigación y de la búsqueda de la verdad objetiva que le incumben en la prestación de un adecuado servicio de justicia.
Ha interpretado estricta y literalmente el escrito de demanda considerando no incluida la lesión cervical padecida por Meneses, olvidando que el actor reclamó por las secuelas del accidente de trabajo del que resultó víctima, las que relató de acuerdo a sus posibilidades. [...] Entiendo, por lo tanto, que corresponde tener por cumplidos, en la especie, los recaudos procesales contenidos en los arts. 26 de la ley 11.653 y 330 del Código Procesal Civil y Comercial y por comprobado el absurdo atribuible a los jueces de mérito en la interpretación del escrito constitutivo de la acción con infracción del art. 44 inc. “d” de la ley 11.653.” (cfr. SCBA, “Meneses, Máximo J. contra Telefónica de Argentina S.A.
Incapacidad”, causa L. 78.064, del 22 de diciem-bre de 2004).- Nuestro Código de forma establece como principio en el artículo 164, inciso 6º, que las sentencias definitivas de primera instancia deberán contener: “La decisión expresa, positiva y precisa, de conformidad con las pretensiones deducidas en el juicio, calificadas según correspondiere por ley, declarando el derecho de los litigantes y condenando o absolviendo de la demanda y reconvención, en su caso, en todo o en parte”. De su lado el artículo 165 hace extensivos dichos requisitos a la sentencia de Cámara. Ambos artículos aplicables al proceso laboral de conformidad con el artículo 121 Ley de Procedimiento Laboral. Estas normas no se han cumplido, pues se ha omitido expedirse respecto de la constancia documentada del ingreso de los fondos de la seguridad social y sindicales.
Circunstancia que implica una incongruencia por omisión (citra petita) que conlleva la nulidad de la resolución atacada.- Sobre la cuestión que nos ocupa, la incongruencia por omisión en que ha incurrido la Cámara, son extrapolables al caso sub examine las afirmaciones formuladas por este Cimero Tribunal, a saber: “La rigurosa adecuación de la sentencia a los sujetos, el objeto y la causa que individualizan la pretensión y la oposición está íntimamente relacionada con la garantía constitucional de defensa en juicio (conf. Highton, Elena y Areán, Beatriz, Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Tomo 3, Buenos Aires, Hammurabi, 2005, págs. 471/472)...En consecuencia, al omitirse cuestiones esenciales que integraban la litis, se afecta el principio de congruencia, imponiéndose la declaración de nulidad tanto de la sentencia de primera instancia como la de la Excma.
Cámara de Apelaciones. La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires ha expresado: ‘…Esta Corte tiene dicho que son cuestiones esenciales aquellas que hacen a la estructura de la traba de la litis y que conforman el esquema jurídico que la sentencia debe atender para la solución (conf. C. 93.740, sent. del 27-II-2008). Es cuestión esencial toda materia que integra la pretensión liminar y sobre la cual debió expedirse el a quo. La ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes, oportunamente planteados, constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita), que conlleva a la nulidad del fallo…’ (cfr. SCBA, LP C 103206, S, 14/09/2011, ‘Carrara, Orlando A. y otros c. Stuart, Norma Luis s.
Daños y perjuicios’). Respecto al principio de congruencia, lo podemos definir como ‘…la conformidad de la sentencia con la demanda ha de ser refiriéndose exactamente á (sic) las personas que litigaron, al objeto sobre el que se litigó, al motivo que se expuso y á (sic) la razón que se dedujo…’ (cfr. Enderle, Guillermo J., La Congruencia Procesal, Santa Fe, Rubinzal-Culzoni, 2007, pag. 57). Por su parte el artículo 34 inciso 4° del CPC y C dispone que es deber del juez ‘Fundar toda sentencia definitiva o interlocutoria, bajo pena de nulidad, respetando la jerarquía de las normas vigentes y el principio de congruencia’. Los pronunciamientos deben corresponderse con lo pedido en la demanda, ajustándose de modo estricto a las personas, a la calidad en que intervienen, al objeto del litigio y a la causa en discusión.” (cfr.
Sentencia, Tomo XVII, Reg. 591, Folio 3394/3398).- También se debe traer a colación lo ya afirmado por este Alto Tribunal: “...la violación del principio de congruencia puede presentarse de diversas formas. Así, el Juez Hitters en un fallo de la Suprema Corte de Buenos Aires, ha sostenido que ‘…El postulado en cuestión asume -como bien señala Guasp- tres caras distintas, a saber: por omisión, esto es cuando el fallo contenga menos de lo pedido por las partes (ne eat iudex citra petita partium); por extralimitación, cuando otorga más de lo impetrado por los litigantes (ne eat iudex ultra petita); o por ambas razones, es decir mixto, cuando padezca de los dos defectos a la vez. (Derecho Procesal Civil, Instituto de Estudios Políticos, Madrid, 1961, pág. 533)…’ (cfr.
SCBA, Ac. 83818, S, 7-6-2006, ‘Ferreyra, Graciela Elvira c/ Suma S.A. s/ Pronto Pago de Crédito Laboral’).” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 593, Folio 3407/3411).- En concordancia con lo ya dicho, la Suprema Corte Bonaerense ha afirmado: “...tiene reiteradamente dicho esta Corte que la ausencia de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteados constituye una incongruencia por omisión (decisión citra petita) que conlleva a la nulidad del fallo (conf. causas L. 107.839, ‘B., G. R.’, sent. del 3-X-2012; L. 99.171, ‘Torres’, sent. del 16-II-2011; L. 90.689, ‘Martínez Gómez’, sent. del 15-IV-2009; L. 84.928, ‘Formigo’, sent. del 19-IX-2007; entre muchas otras).” (cfr. SCBA, ‘Rayson, Graciela contra Fisco de la Provincia de Buenos Aires y otro/a.
Daños y perjuicios’, causa L. 118.329, del 14 octubre de 2015).- Por su lado, Hitters ha afirmado que “La falta de tratamiento de asuntos trascendentes oportunamente planteadas por las partes constituye una incongruencia por omisión (decisión cifra petita) [...] El pronunciamiento que incurre en omisión afecta sin duda las garantías de defensa y de la propiedad...” (cfr. autor cit., “Técnica de los recursos extraordinarios y de la casación”, 2º Ed., La Plata, 1998, págs. 640/641).-
En síntesis, la irregularidad apuntada, esto es la omisión de resolución de manera expresa, positiva y precisa respecto de parte de la pretensión postulada en la demanda (relacionado con la entrega de la constancia a que hace referencia el artículo 80 LCT), es de una gravedad tal que lleva a la anulación de la sentencia de Cámara por violación de principios esenciales del procedimiento (conf. arts. 164 y 165 del CPC y C y 121 LPL, ccte. art. 2 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-).-
IV. Por otro lado, advirtiéndose que la demanda laboral fue promovida contra Prosepet S.A. e YPF S.A., y que la carta poder conferida a foja 1 a favor de los Dres. Víctor Vicente Mártensen, Norberto Miguel Castelo y/o Sergio Edgardo Acevedo, faculta a los nombrados para iniciar, tramitar y proseguir la demanda laboral sólo contra la firma Prosepet S.A., corresponde que previo a todo trámite por la anterior instancia se ordene adecuar el instrumento mencionado y ratificar todo lo actuado en el proceso con relación al codemandado YPF S.A.. Asimismo, hágase saber a los magistrados y funcionarios intervinientes que corresponde observar la debida atención en el control y cumplimiento de las formalidades exigidas en el proceso, las que tienen por finalidad un adecuado desarrollo y ordenamiento del trámite del expediente.-
V. Que, sin perjuicio de lo precedentemente expuesto y a modo de conclusión, procede la declaración de nulidad por quebrantamiento de las formas sustanciales (conf. art. 2º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 22 28/15-) de la sentencia obrante a fs. 521/528 emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, por los fundamentos desarrollados en la presente y, por ende, dejarla sin efecto, debiendo reenviarse las presentes actuaciones a los respectivos subrogantes legales para que dicten sentencia conforme a derecho y según corresponda (conf. art. 14 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-). Y que previo a todo trámite se deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en el considerando IV. Atento el modo en que se resuelve la cuestión, las costas deberán imponerse por su orden (art. 68 y cctes. del CPC y C) (conf. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos XV, Reg. 527, Folio 2957/2961 y XVI, Reg. 556, Folio 3148/3150).- Asimismo, y como consecuencia de lo aquí resuelto, es necesa-rio advertir que la exposición desarrollada en el presente tratamiento no implica pronunciamiento alguno sobre la solución de fondo que, en definitiva, merezca el litigio.-
Por todo ello, y oído que fue el Sr. Agente Fiscal Subrogante, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto a fs. 533/542, por la parte actora, por quebrantamiento de formas sustanciales, y en consecuencia, declarar la nulidad de la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial, a fs. 521/528, reenviando las presentes actuaciones a la misma para que, con nuevos jueces hábiles, dicte nuevo pronunciamiento debiendo tener presentes las consideraciones desarrolladas ut supra por este Alto Cuerpo.-
2. Hacer saber que por la anterior instancia deberá darse cum-plimiento a lo dispuesto en el considerando IV.-
3. Hacer saber a los magistrados y funcionarios lo dispuesto en el considerando IV in fine.-
4. Imponer las costas por su orden atento a la forma en que se resuelve.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Presidente, Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal, Dra. Alicia de los Angeles Mercau –Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1002S.171 Tomo: XVIII Interlocutorio: 606.-
Folio N°: 3475/3480.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia