Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 34.570-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones Nros. 174/10 y 175/10, y las Nros. 120/13 y 121/13, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Schutt, en la siguiente forma:
A) Por el Expediente N°34.570-I:
(i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $13.596 por la representación procesal y $33.990 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en la suma de $57.368 equivalente a 0,76 UMA por la representación procesal y de $143.421, equivalente a 1,89 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
B) Por el Expediente N° 34.571-I (i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $22.385 por la representación procesal y $55.963 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839 …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-139479831-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 17 de Diciembre de 2025 Ricardo Nils.
En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver Expediente N° 34.570-I (y sus acumulados Nros. 34.571-I y 38.160-I) caratulado “Schutt, Ricardo Nils s/ recurso de apelación”.
La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Ricardo Nils Schutt interpone el recurso de apelación que prevé el art. 76, inc. b) de la ley 11.683 contra las siguientes Resoluciones dictadas en la Dirección Regional Palermo de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos:
a. la Resolución N° 174/10, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2006, y se lo intimó a ingresar la suma de $404.490,57, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Asimismo, se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.).
b. la Resolución N° 175/10, en la que se determinó de oficio su obligación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 1/2006 a 12/2006, y se lo intimó a ingresar la suma de $221.331,58, más intereses resarcitorios (art. 37, ley). Allí también se hizo reserva de juzgar su conducta infraccional por aplicación del art. 20 de la ley 24.769 (t.v.). c. la Resolución N° 120/13, en la que se le aplicó una multa por defraudación en el impuesto a las ganancias por el periodo fiscal 2006 por la suma de $1.213.471,71 (art. 46 y 47 inc. c) y d), ley).
d. la Resolución N° 121/13, en la que se le aplicó una multa por defraudación en el impuesto al valor agregado por los periodos fiscales 2/2006, 3/2006, 6/2006, 7/2006 y 9/2006 por la suma de $663.994,74 (art. 46 y 47 inc. c) y d), ley). En sus presentaciones ante este Tribunal, sostiene que los ajustes se originan en una errónea interpretación por parte del organismo y que las Resoluciones Nros. 174/10 y 175/10 son, además, arbitrarias y desproporcionadas.
Agrega que si bien el juez administrativo admitió que se adhirió al régimen de regularización impositiva (ley 26.476), no considera que el acogimiento haya sido suficiente para justificar el incremento patrimonial no justificado que se le imputa en dichos actos. Destaca que dicha norma actuaba como “un muro” contra el reclamo del organismo -conf. arts. 6 y 32 párrafo 5°, acápite a-I, y que el art. 6 determinaba que la infracción debía ser anterior al 31.12.2007 para que operase la condonación. Aclara, por último, que abonó oportunamente el impuesto de la ley 26.476 para que el acogimiento fuera admitido.
Por todo ello, entiende que las Resoluciones Nros. 174/10 y 175/10 son arbitrarias, por desconocer la ley vigente. Sostiene que el art. 35 de la ley 26.476 no exigía los requisitos que el juez administrativo invoca, es decir condicionar los beneficios a la supuesta imputación de lo regularizado a la deuda fiscal. Explica para ello que la R.G. N° 2650/09, solamente reglamentó la ley, pero no pudo modificar su contenido. Afirma que su art. 80 establecía que sin importar la imputación que realice el organismo, la liberación siempre es admisible.
Considera por ello que resulta un exceso de rigorismo desconocer el acogimiento al régimen efectuado por una simple omisión formal, que podía ser subsanada en cualquier momento, es decir que se le podría haber aplicado una multa formal, pero no desconocer el acogimiento formulado con el pago efectuado por un simple error. Destaca así la desproporción entre la omisión y la sanción que se le aplica, más aún cuando el requisito omitido fue impuesto en la reglamentación y no por la ley. Por otro lado, en cuanto a los ajustes notificados en las Resoluciones, alega que se impugnaron las operaciones con la Sra. Cottone, porque no se la pudo ubicar en el domicilio declarado y porque los cheques con los que canceló las mismas no fueron cobrados por ella. Agrega que no se trataba de operaciones inexistentes y no acreditadas, sino que aportó las facturas correspondientes y que probó que las operaciones tenían relación con la actividad en la que estaba inscripta. Afirma que desconocer el cómputo de los créditos fiscales por no haber podido ubicar a la Sra. Cottone, es arbitrario. Además, las operaciones estaban registradas en los libros contables de la empresa y documentadas mediante las correspondientes facturas, sumado a que no se encuentra en tela de juicio que la proveedora estaba inscripta en el organismo.Aclara que el hecho de que le haya vendido glifosato y papel fotográfico que no formaban parte de la actividad de su inscripción, es una cuestión que no se le puede reprochar, ni ocasionarle un perjuicio, sino que el Fisco Nacional debió revisar su accionar.
En cuanto a los pagos, manifiesta que el hecho de que haya utilizado efectivo o que los cheques hayan sido cobrados por terceros y no por la Sra. Cottone, no es un elemento relevante en orden a demostrar la existencia de las operaciones. En cuanto al ajuste de impugnación de los créditos fiscales originados en compras de supermercado invoca art. 88, inc. e) de la ley del impuesto a las ganancias y la insignificancia del monto objetado. Sobre el cómputo del crédito fiscal por la compra de un automóvil, se queja de que no se haya solicitado al Registro a la Propiedad Automotor que informara el precio de la compra del rodado.
En relación al ajuste en el impuesto a las ganancias por ingresos omitidos, por aplicación de la presunción del inc. g) del art. 18 de la ley 11.683, sostiene que el juez administrativo tomó como monto base el importe de $1.207.279,27, sin embargo, explica que dicho monto no es la ganancia que pudo haber obtenido en el periodo fiscal en cuestión sino el total de las acreditaciones bancarias. Agrega a continuación que ninguna actividad puede tener 100% de ganancia, sino que como máximo puede ser el 10% y lo restante corresponde a gastos y/o costos. De esta manera, el Fisco Nacional omitió computar las sumas deducibles para el cálculo del impuesto, es decir, se limitó a sumar los ingresos sin tener en cuenta los egresos registrados por la actividad propia, y también los inherentes a su subsistencia y su grupo familiar. Invoca que, si se hace el cálculo correctamente, el resultado del período arrojó una ganancia de $300.000, que fue el precisamente el monto exteriorizado en el régimen de regularización de la ley 26.476 cuyos efectos el juez administrativo desconoció, ni tampoco se tomó como costo el pago de $18.000 que hizo en el aludido régimen.
Por lo expuesto, solicita que se dejen sin efecto las Resoluciones Nros. 174/10 y 175/10.
Por otro lado, en cuanto a las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 120/13 y 121/13, sostiene que estaban prescriptas, y que dichos actos se emitieron contradiciendo lo dispuesto en el art. 20 de la ley 24.769. Para ello, expone que el plazo de prescripción comenzó a correr el 1.1.2007, según el art. 57 de la ley 11.683, y que el Sr. Schutt tomó conocimiento del sumario instruido el 26.10.2010, momento en el que el plazo se suspendió, es decir, que hasta ese momento habían transcurrido 3 años y 9 meses. Sin embargo, dicho plazo se reanudó desde el 21.5.2011, dado que el 20.5.2011 se dictó sentencia en sede penal, por lo que el plazo permaneció suspendido desde el 1.10.2010 al 20.5.2011, restando 1 año y 3 meses para que operara la prescripción.
Además, sostiene que se omitió considerar que se acogió al régimen de regularización de la ley 26.476, la que en su art. 6 condonaba las sanciones.
Por último, considera erróneo el encuadre de su conducta en el art. 46 de la ley 11.683, dado que no hubo engaño ni ocultación maliciosa, sino que se le reclamó la inexactitud entre sus registraciones bancarias y sus declaraciones juradas, pero no actuó con el dolo requerido en la figura de defraudación.
Aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable y, por todo ello, solicita que se revoquen las Resoluciones en todas sus partes, con costas.
II. Por su parte, a fs. 37/52, 85/96 y 193/202, el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos, solicitando que se confirmen las Resoluciones, también con costas.
En cuanto a los ajustes en el impuesto a las ganancias notificados en la Resolución N° 174/10, explica que de la información obtenida de las cuentas del Sr. Schutt en el Banco Provincia y en el Banco Santander Rio, al depurarse los depósitos bancarios surgió la existencia de importes excedentes a los declarados. Enfatiza que en la instancia previamente sustanciada el recurrente no acompañó ninguna documentación que respaldara tales diferencias.
Sigue diciendo que si bien el Sr. Schutt exteriorizó $300.000 en el régimen de la ley 26.476 y abonó $18.000 como impuesto especial, a través de una nota explicó que correspondía a aportes irrevocables para futuros aumentos de capital en la empresa El Demeter S.R.L., pero no presentó la declaración jurada con la imputación, es decir, no lo vinculó a ningún mes o año en particular, incumpliendo así con el art. 35 de la ley 26.476 y el art. 80 de la R.G. N° 2650/2009. Además, no justificó el origen de los fondos empleados para efectuar los aportes, ni su fecha de realización. Invoca además que el Sr. Schutt no cumplió con los requisitos exigidos en el aludido régimen, por lo que la diferencia entre los montos detectados fue tratada como un incremento patrimonial no justificado en los términos del art. 18 de la ley 11.683.
Aclara que si bien el recurrente regularizó $300.000, las ventas omitidas eran de $1.253.288, sin que haya justificado el origen de la diferencia del monto de los depósitos encontrados en sus cuentas bancarias.
Por todo ello, consideró inaplicables los beneficios de la aludida norma, máxime cuando era obligación del contribuyente imputar la exteriorización en algún periodo fiscal presentando la documentación pertinente, hecho que omitió. A su vez, la fiscalización impugnó la deducción de los gastos en supermercados al no tener relación con la generación, conservación y mantenimiento de la ganancia gravada.
En cuanto a los ajustes en el impuesto al valor agregado notificados en la Resolución N° 175/10 por las operaciones con la Sra. Cottone, destaca que se verificó que los cheques fueron cobrados por el Sr. Schutt o por terceros. Además, al concurrir al domicilio fiscal de la Sra. Cottone, el encargado del edificio desconoció que viviera allí. Respecto a los créditos fiscales computados por compras de supermercados y la compra de un automóvil, no probó la relación que guardaban dichos gastos con la actividad ejercida, razón por la cual también fueron impugnados. Por último, en cuanto a las multas aplicadas en las Resoluciones 120/13 y 121/13, sostuvo que en el cómputo de la prescripción el Sr. Schutt no tuvo en cuenta la suspensión de los plazos dispuesta por leyes especiales. Justifica, además, las sanciones aplicadas, en la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas por el Sr. Schutt.
Agregó, en efecto, que la motivación de las multas fue la inexactitud de las declaraciones juradas presentadas, en las que dejó de ingresar los tributos en su justa medida. Además, tampoco demostró la realidad de los importes cuestionados ni aportó prueba que refutara la pretensión fiscal. Tampoco probó la realidad de las operaciones con la Sra. Cottone ni justificó las acreditaciones bancarias del periodo fiscal 2006 por la suma de $1.253.288.
III. A fs. 101 se decidió por Sala acumular el Expte. N° 34.571-I al N° 34.570-I, y a fs. 204 el Expte. N° 38.160-I al N° 34.570-I.
A fs. 103 y 207 se abre la causa a prueba y se hace lugar, parcialmente, a la prueba informativa y a fs. 119 a la prueba pericial contable; sin embargo, a fs. 223 y 238 se ordena el desglose del informe pericial por haber sido presentado únicamente por el perito designado por el Sr. Schutt, en incumplimiento al art. 47 del Reglamento de Procedimiento ante este Tribunal entonces vigente; además, debido al incumplimiento a las intimaciones que se le cursaran, se da por decaído el derecho a producir la medida.
En cuanto a la informativa, a fs. 227 del Juzgado Penal Tributario adjunta la causa “Ricardo Nils Schutt sobre infracción ley 24769”; a fs. 252 se clausura el período de prueba y a fs. 257, el 7 de agosto de 2025, se elevan las actuaciones a la Sala. A fs. 263 se ponen a disposición de las partes para alegar, ejerciendo su derecho únicamente el Fisco Nacional a fs. 269/273.
A fs. 275 quedan en estado de dictarse la sentencia.
IV. Debe analizarse ahora la legitimidad de la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones Nros. 174/10, 175/10, y las sanciones aplicadas en su consecuencia en las Nros. 120/13 y 121/13. Para ello, es necesario determinar si los agravios y las pruebas aportadas por el Sr. Schutt son suficientes para dejarlas sin efecto en razón de la presunción de legitimidad que gozan, por principio, dichos actos (art. 12, ley 19.549).
Surge de sus Considerandos que en el procedimiento de fiscalización se formularon ajustes en las declaraciones juradas presentadas, tanto en el impuesto a las ganancias como en el impuesto al valor agregado, por los siguientes conceptos:
1. Impugnación de créditos fiscales de los comprobantes extendidos por la Sra. Cottone por irregularidades detectadas por la fiscalización que hicieron dudar sobre la verdad de las operaciones - periodos fiscales 1/2006, 2/2006, 5/2006 y 6/2006 -.
2. Incremento patrimonial no justificado en el periodo fiscal 2006 por los depósitos bancarios encontrados en sus cuentas bancarias (art. 18, inc. g), ley 11.683), con incidencia en ambos gravámenes.
3. Impugnación créditos fiscales y gastos de supermercado Jumbo y por compra de un automóvil por exceso en el tope previsto en el art. 12, inc. a) de la ley del impuesto al valor agregado.
Corresponde expedirse, en primer término, respecto de los efectos de la regularización efectuada por el Sr. Schutt bajo el régimen de la ley 26.476 y sus reglamentaciones.
El Sr. Schutt dice haber regularizado la suma de $300.000 que, también sostiene, para el caso de confirmarse el incremento patrimonial no declarado que se le imputa, es el monto de los ingresos no declarados en el ejercicio 2006; no niega que no presentó la declaración jurada prevista en la reglamentación con la imputación de la exteriorización a las obligaciones determinadas en este Expediente, sino que alega que la declaración era una mera formalidad cuyo incumplimiento no puede obstar a la validez del acogimiento.
Agrega, por otro lado, que el monto de dinero exteriorizado correspondía a aportes irrevocables en una empresa, El Demeter S.A.
En tales condiciones, su planteo para que se le apliquen los beneficios del régimen de la ley 26.476 adolece de deficiencias varias. En primer lugar, el monto regularizado no corresponde a la suma determinada como omitida de declarar según el exceso de acreditaciones bancarias constatada por la fiscalización, sino que corresponde a un importe que no surge de ninguna documentación, es decir, antojadizo, sin sustento en constancias probatorias arrimadas ni producidas ni en las actuaciones administrativas previas ni ante este Tribunal.
Podría, sin embargo, reconocerse que fue una regularización parcial, pero, por otro lado, el Sr. Schutt reconoce que no imputó el monto exteriorizado a la deuda determinada en las Resoluciones recurridas ya que considera se trataba de una mera formalidad que no obstaba a la validez del acogimiento llevado a cabo.
Contrariamente a lo invocado, la imputación prevista en el art. 35 de la ley 24.676 era un requisito del acogimiento del excepcional régimen de beneficios creado en dicha normativa.
En efecto, la ley disponía que “A los fines de lo dispuesto en el inciso c) del artículo 32, en oportunidad de efectuarse la exteriorización a que se refiere el artículo 25, deberá imputarse la misma a cualquiera de los períodos fiscales comprendidos en este régimen. Una vez realizada dicha imputación, ésta tendrá carácter definitivo”.
Por su parte, el art. 80 de la reglamentación –R.G. N° 2650/2009- ordenaba que “A los fines de lo dispuesto en el Artículo 35 de la Ley Nº 26.476, la imputación de la exteriorización a alguno de los períodos fiscales comprendidos en el régimen, deberá efectuarse en la declaración jurada prevista en el inciso b) del Artículo 48 de la presente, indicando la fecha de incorporación al patrimonio de cada uno de los bienes”.
El incumplimiento entonces a tales recaudos, que el Sr. Schutt no desconoce, sino que pretende que se admita igualmente su regularización, impide el reconocimiento de los beneficios del acogimiento –parcial- invocado. Así lo resolvió esta Sala en la causa “Oyarbide, Emiliano”, sentencia del 17.5.2022, entre otros precedentes.
Por último, si bien el recurrente alega que el importe regularizado correspondía a aportes irrevocables en El Demeter S.R.L., ello no explica la existencia del exceso de depósitos en sus propias cuentas bancarias y por ende tampoco resulta un fundamento hábil para asignarle efectos a la exteriorización. Es decir, los importes detectados como omitidos fueron en las cuentas bancarias del Sr. Schutt por lo que mal pueden ser tratados los aportados a otras empresas como ingresos sin declarar.
De este modo, no habiéndose formulado otros agravios a tratar, debe confirmarse el ajuste en el impuesto a las ganancias por el período fiscal 2006 por incremento patrimonial no justificado, al igual que las ventas omitidas determinadas en el impuesto al valor agregado del mismo período, en ambos casos por aplicación del art. 18, inc. g) de la ley 11.683. Debe recordarse aquí que el criterio de este Tribunal y de la Cámara que ejerce como alzada es que frente al indicio de un exceso de depósitos con relación a las ventas declaradas, es el contribuyente el que debía demostrar fehacientemente la veracidad de esas operaciones, el origen de las sumas depositadas en sus cuentas bancarias y las razones que motivaron su marginación del gravamen – conf. “Musso Élida Ángela c/ DGI”, sent. del 18.3.14- entre otras, que es la prueba que no se ha rendido en este Expediente.
Ello así, máxime cuando ha sido el propio recurrente el que ha admitido la existencia de tales diferencias, es decir, la existencia de operaciones que no declaró, aunque las estableció en un importe menor al determinado por la fiscalización ($300.000)
Dicho esto, en el análisis de los restantes ajustes debe tenerse presente que el Sr. Schutt no aportó a la fiscalización toda la documentación solicitada, en particular, respecto de las operaciones con la Sra. Cottone que se presumieron simuladas por su falta de capacidad operativa y económica.
Además de las inconsistencias que se le detectaran en ocasión de fiscalizarla, llama la atención que las compras facturadas por esta proveedora correspondan a 8000 litros de glifosato y bobinas de rollos de papel fotográfico, sin que se hayan exhibido remitos de entrega ni documentación que acredite que realmente lo compró y que después lo entregó al Sr. Schutt. Además, las compras se pagaron en dinero efectivo, tarjeta crédito o en cheques emitidos en blanco o a nombre de la proveedora o de terceras empresas que en algunos casos fueron cobrados por el Sr. Schutt, impidiéndose de ese modo dar certeza a la operación a través del seguimiento de los fondos.
Debe resaltarse que el Sr. Schuttno produjo la prueba pericial contable ofrecida y admitida por la entonces Vocal Instructora en esa instancia, ya que el informe fue presentado únicamente por el perito por él designado y, por ende, fue ordenado su desglose por incumplimiento al art. 47 del Reglamento de Procedimiento ante este Tribunal.
En cuanto a los créditos fiscales y gastos por supermercado que también fueron impugnados, tampoco prueba su relación con su actividad; lo mismo que el crédito fiscal de la compra del automóvil computado en exceso el importe previsto expresamente en la ley: la recurrente no dijo ni probó nada, constituyendo sus agravios meras quejas sin fundamento concreto. En consecuencia, corresponde confirmar los ajustes por este concepto también.
Por todo lo expuesto corresponde confirmar las Resoluciones Nros. 174/10 y 175/10, con costas.
V. Queda referirse a las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 120/13 y 121/13. Las mismas son consecuencia del resultado de las actuaciones tramitadas en sede penal, adjuntadas como prueba al presente Expediente en las que se desestimó la denuncia presentada por la Administración Tributaria contra el recurrente.
En cuanto a la prescripción de las facultades fiscales para aplicar las multas, de dichas actuaciones surge que la denuncia penal fue formulada el 28.3.2011 y que la sentencia fue dictada el 20.5.2011, y comunicada la decisión a la Administración Tributaria por oficio del 27.5.2011, tiempo durante el cual, de acuerdo a lo dispuesto al art. 65, inc. d) de la ley 11.683, estuvo suspendido el plazo de prescripción.
Pero, además, la prescripción fue incidida por las suspensiones de un año dispuestas en las leyes 26.476 (2008) y 26.860 (2013). En efecto, en el caso del impuesto a las ganancias del período fiscal 2006 e impuesto al valor agregado del período fiscal 12/2006, el plazo comenzó a computarse desde el 1.1.2008 y terminó el 31.12.2012; sin embargo, por aplicación de dichas normas, el plazo se amplió dos años más, por lo que las Resoluciones recurridas que impusieron las sanciones el 30.8.2013 fueron dictadas en término. En el caso del impuesto al valor agregado de los períodos fiscales 1 a 11/2006, el plazo comenzó a computarse el 1.1.2007 y venció el 31.11.2011, sin embargo, fue incidido también por la suspensión de un año de la ley 26.476 (2008). Dicho plazo, sumado al producido por la suspensión por la tramitación de las actuaciones penales, según el inc. d) del art. 65, indican que en este caso también las facultades sancionatorias fueron ejercidas a tiempo.
Por este motivo, no corresponde hacer lugar a la defensa de prescripción.
También surge de las actuaciones penales que el Fiscal interviniente solicitó la desestimación de la denuncia en los términos del art. 180, último párrafo, del CPCC, al considerar que el ajuste principal, vinculado al exceso de depósitos bancarios, había sido determinado en forma presuntiva, lo que era insuficiente para fundar la existencia de una maniobra dolosa.
Queda referirse entonces al encuadramiento de la conducta del Sr. Schutt que el juez administrativo hizo en el art. 46 de la ley 11.683.
Las consideraciones del Fiscal interviniente al solicitar la desestimación de la denuncia dan cuenta de la ausencia de dolo dispuesta en dicha instancia, motivo que es el que llevó a que se desestimara la acción penal, no son suficientes para descartar el dolo exigido en dicha figura. En primer lugar, porque no fue ese el único ajuste a las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias y en el impuesto al valor agregado; en segundo lugar, porque fue el propio Sr. Schutt en que reconoció la omisión de ventas, pero por un monto inferior al determinado por la fiscalización ($300.000), admitiendo de ese modo la inexactitud de sus declaraciones juradas.
Queda así configurado el elemento objetivo del tipo y también el subjetivo. Solo puede considerarse dolosa la conducta de quien declara menos ingresos a los debidos, para lo cual simula que son aportes de capital y quien recurre a comprobantes fiscales para simular también operaciones y así tributar sobre una menor base imponible. Es por ello que resulta acertada la elección de las presunciones del juez administrativo en los incs. c) y d) del art. 47 de la ley 11.683 ya que es evidente que las maniobras adoptadas por el Sr. Schutt tuvieron suficiente entidad y, además, sin la labor fiscalizadora no hubieran sido detectadas.
En este sentido, era también de resorte del recurrente proponer y ofrecer pruebas en contrario de su culpabilidad, por lo que al no haberlo hecho los agravios formulados, como ya se dijo, huérfanos de probanza, deben ser desestimados. Para terminar, cabe recordar el criterio en esta materia, tal lo que la Cámara pusiera de manifiesto al fallar en “Desartex S.A.”, del 18.7.2019, es que “… la figura de la defraudación –tipificada en el artículo 46 de la Ley Nº 11.683– requiere, entre otros elementos, no sólo la intención de evadir el impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño ejecutado por el sujeto activo del ilícito destinado a suscitar un error en el perjudicado. Ello, en la medida en que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un caso de defraudación fiscal sino únicamente aquella evasión que va acompañada de un ardid tendiente a inducir a error en la víctima de defraudación (in rebus “Carlos Romero Hijos y Cía.
S.A.”, del 02/05/05; y “Sacks, Santiago (TF 20.669-I) c/ DGI”, del 15/09/10).- Por otro lado, el citado artículo 47 incorpora diferentes presunciones legales “iuris tantum” por las que se invierte la carga de la prueba del elemento subjetivo de la defraudación tributaria. Esto significa que, como consecuencia de estas presunciones, una vez que el Fisco ha probado que en el supuesto bajo examen se configura alguno de los casos previstos en el citado artículo, se presume que el infractor ha tenido dolo de realizar la defraudación, y será éste quien deberá probar la inexistencia de dicha intención dolosa (esta Sala in re: “Beleza SA (TF 21.382-I) c/ DGI”, del 24/06/05; Sala III in re: “Andechaga Jorge Luis (TF 25.401-I) c/ DGI”, del 15/04/09; y Sala IV in re: “Garnero Víctor Hugo (TF 24.331-I9 c/ DGI”, del 30/07/09)”.
Y que, “… ante el hecho de que se consignaron datos en las declaraciones juradas que incidieron sobre la determinación de la materia imponible (inc. b) del art. 47 de la Ley Nº 11.683), es aplicable en el caso la presunción de que existió una conducta dolosa por parte de la contribuyente.- A partir de ello, es posible concluir que las declaraciones juradas inexactas presentadas por el contribuyente tuvo una grave incidencia en la determinación de la materia imponible y, por su parte, la actora no acreditó ninguna circunstancia que la eximiera de responsabilidad por dicha inexactitud (esta Sala, in re “Agro Beef S.R.L” cit.).- En consecuencia, la sanción impuesta posee fundamento fáctico y jurídico suficiente (arts. 46 y 47 inc. b) de la Ley Nº 11.683)”.
Por lo expresado, no existe razón para dejar sin efecto la pena que según la ley es la que corresponde a dicha conducta, que es la prevista en el art. 46 de la ley 11.683.
Por lo expuesto, corresponde confirmar las multas aplicadas en las Resoluciones Nros. 102/2013 y 121/2013, con costas. El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto de la Vocal Instructora.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere a la solución propiciada por la Vocal Instructora.
En atención al resultado de la votación que antecede, SE
1. Confirmar las Resoluciones Nros. 174/10 y 175/10, y las Nros. 120/13 y 121/13, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, los que quedan a cargo del Sr. Schutt, en la siguiente forma:
a) Por el Expediente N°34.570-I:
(i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $13.596 por la representación procesal y $33.990 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en la suma de $57.368 equivalente a 0,76 UMA por la representación procesal y de $143.421, equivalente a 1,89 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
b) Por el Expediente N° 34.571-I (i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $22.385 por la representación procesal y $55.963 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en las sumas de $85.754 equivalente a 1,13 UMA por la representación procesal y de $214.386 equivalente a 2,83 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
c) Por el Expediente N° 38.160-I (i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $55.072 por la representación procesal y $137.680 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en las sumas de $70.428 equivalente a 0,93 UMA por la representación procesal y de $176.069 equivalente a 2,32 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423 3°) Regular los honorarios del CP Guillermo García Fuster en la suma de $75.789 por la aceptación del cargo de perito propuesto por el Fisco Nacional, de acuerdo a las pautas fijadas por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, devuélvanse los antecedentes administrativos y, oportunamente, archívese.
Date: 2025.12.16 16:39:49 -03:00 Date: 2025.12.17 08:25:39 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2025.12.17 10:27:46 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2025.12.17 10:27:47 -03:00
Fin de la sentencia