Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-647/08-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la acción contencioso administrativa interpuesta a fs. 20/22 vta. por la Sra. Olga del Cármen Scida en contra de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y el Estado Provincial; declarando la nulidad parcial del Acuerdo Nº 268/06 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto, en su artículo 2°, reconoció el beneficio de pensión a la actora a partir del 12 de octubre del 2004 y no desde el fallecimiento de su esposo. Asimismo, declarar la nulidad del Acuerdo N° 1150/06 del Ente Previsional y del Decreto Nº 11/07 del Poder Ejecutivo Provincial, en cuanto no hicieron lugar a los Recursos de Reconsideración y de Alzada interpuestos contra el primero.-
2Disponer que la Caja de Previsión Social demandada, dicte un nuevo acto administrativo en el término de sesenta (60) días, conforme lo dispuesto en el considerando V.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Única Expte. N°: S-647/08-TSJ Sentencia N°: 1015 Actor: SCIDA OLGA DEL CARMEN Demandado: CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL Objeto: DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Fecha: 11/05/16 Texto:
TOMO XVI -CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 1015 FOLIO Nº 3139/3146 PROT. ELECT. TSS1 015 C.161
En la ciudad de Río Gallegos, capital de la Provincia de Santa Cruz, a los 11 días del mes de mayo de dos mil dieciséis, se reúne el Excmo. Tribunal Superior de Justicia, integrado con los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y el Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández, bajo la presidencia a cargo del Dr. Daniel Mauricio Mariani para dictar sentencia en los autos: “SCIDA OLGA DEL CARMEN C/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ Y ESTADO PROVINCIAL S/ DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA”, Expte. Nº S-647/08-TSJ. Se fija el siguiente orden de consideración: 1º) Dr. Enrique Osvaldo Peretti , 2º) Dr. Daniel Mauricio Mariani, 3º) Alicia de los Ángeles Mercau, 4º) Paula Ernestina Ludueña Campos y 5º) Dr. Domingo Norberto Fernández; y las siguientes cuestiones a tratar: PRIMERA CUESTIÓN: ¿Es procedente la demanda contencioso administrativa?; SEGUNDA CUESTIÓN: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?.- A la primera cuestión el Dr. Peretti dijo:
I. Que, a fs. 20/22 vta., se presenta la Sra. Olga del Carmen Scida, por intermedio de su letrado apoderado, interponiendo demanda contencioso administrativa contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y el Estado Provincial, a efectos que “…se deje sin efecto lo resuelto en el acto administrativo que se ataca, en cuanto a la fecha a partir de la cual se concede el beneficio de pensión a la accionante…” (cfr. fs. 20).-
Explica, que mediante el Acuerdo Nº 268 del 8 de marzo del 2006, se le otorgó el beneficio de pensión por el fallecimiento del Sr. Guillermo Peña a partir del 12 de octubre de 2004. Disconforme con esta decisión, interpuso Recurso de Reconsideración por entender, que el pago de la prestación debía retrotraerse a la fecha de su primera presentación en sede administrativa. El recurso fue rechazado por la demandada, mediante el Acuerdo Nº 1150, quien argumentó que al momento de la solicitud de la pensión, la actora no acreditaba su inocencia en la separación de hecho con el causante. Este hecho, recién se acreditó, según la Caja Previsional, con la sentencia dictada en el Juzgado de Familia el 12 de octubre de 2005, en la cual se declaró la inocencia de la accionante en la separación de hecho con el causante. Afirma, que la accionada considera que mediante dicha sentencia se acreditaron los extremos legales que habilitaban el otorgamiento de la pensión, razón por la cual toma esta fecha y aplica la prescripción anual establecida en el artículo 130 de la ley vigente.- Dice, que continuó con la vía recursiva hasta que el Poder Ejecutivo Provincial, mediante el Decreto Nº 11/07, confirmó lo resuelto por la Caja de Previsión Social.-
Para clarificar su pretensión, relata como se llegó al estado de cosas que motivó esta demanda. Dice que contrajo matrimonio con el Sr. Peña el 10/9/75, habiendo nacido como frutos de dicha unión sus cuatro hijos. En el año 1991 y durante un breve lapso estuvieron separados, lo que originó que la actora iniciara contra el nombrado una demanda por alimentos para solventar las necesidades de sus hijos. Ello generó una retención judicial en los haberes del Sr. Peña, la que subsistió pasados los años y pese a que la pareja posteriormente se reconcilió y retomó la convivencia.- Expone, que producido el fallecimiento de su esposo, quien era beneficiario de un haber previsional ante la Caja de Previsión Provincial, ella se presentó ante dicho ente a fin de gestionar la pensión que en su condición de viuda le correspondía.
En esa oportunidad el organismo previsional le requirió que acredite su condición de cónyuge inocente en la separación, para poder obtener la prestación. Aclara, que la Caja Previsional presumía la subsistencia de la separación, debido a que perduraba, al momento del deceso del Sr. Peña, la retención de la cuota alimentaria respectiva de sus haberes previsionales que fuera fijada en la demanda supra indicada.- Aclara, que al momento del fallecimiento de su esposo, el vínculo matrimonial subsistía, ya que nunca hubo divorcio y se había restablecido la convivencia, lo cual, dice, es evidente debido a los distintos actos jurídicos realizados con posterioridad a dicha demanda, los cuales no hubieran sido posibles si hubiera existido una ruptura matrimonial.
Señala, que ambos cónyuges efectuaron compras de inmuebles, hipotecas, vendieron vehículos, etc.; por lo cual consideró que no existía razón alguna para la exigencia efectuada por la Caja Previsional de acreditar su inocencia en la separación de hecho.- Sin embargo, inició acción judicial con el objeto de obtener la declaración de certeza de que en la momentánea separación personal que dio origen a la demanda de alimentos, la Sra. Scida era inocente. Cuenta, que en dicha causa recayó sentencia con fecha 12 de octubre de 2005, “…estableciendo que los cónyuges Guillermo Peña y Olga del Carmen Scida se encontraban separados de hecho al momento del fallecimiento del primero, sin perjuicio de lo cual se tuvo por acreditado que la Sra.
Scida conservaba su carácter de cónyuge inocente a los fines previsionales, lo que dio motivo a que se dictara el Decreto 223/2006 que hizo lugar al recurso de alzada contra el Acuerdo N° 1367/03 de la Caja de Previsión, haciendo lugar a la solicitud de pensión solicitada…” (cfr. fs. 21 vta.).- Señala, que “La cuestión se plantea respecto de la fecha tenida en cuenta para conceder el beneficio, la que se establece por parte de la entidad provisional (sic), a partir de un año antes de la sentencia judicial, esto es el 12 de Octubre de 2004, haciendo aplicación de la prescripción anual prevista por el artículo 130 de la Ley 1782. Tal interpretación resulta caprichosa y contraria a derecho, toda vez que la sentencia que se toma como punto de partida, no es constitutiva de derechos, sino meramente declarativa, por lo que el derecho reclamado era previo a su dictado” (cfr. fs. cit.).- Insiste, en que “La sola presentación de la solicitud del beneficio, interrumpe todo plazo de prescripción, siempre que al momento de formularse el pedido el peticionante fuera acreedor del beneficio solicitado.
De tal manera, si se toma como punto de cómputo esa fecha, y se retrotrae un año, veremos que el beneficio de pensión corresponde a mi representada desde la fecha misma del fallecimiento de su cónyuge…” (cfr. fs.21 vta./22).-
Ofrece prueba.-
II. Que, corrido traslado de la demanda, es contestada a fs. 52/54 por la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, representada por el Dr. Fernando Guillermo Agüero, solicitando su rechazo con expresa imposición de costas. Asimismo niega todos y cada uno de los hechos expuestos en el libelo inicial que no fueran expresamente reconocidos en el responde.-
Seguidamente, brinda su propia interpretación sobre la materia en litigio. Así, dice que el artículo 76 de la Ley Nº 1782 edicta que el cónyuge culpable de la separación o divorcio no tendrá derecho a pensión. Afirma, que en el caso la actora tuvo que iniciar una acción para probar que la misma no había sido culpable en la separación de hecho con el Sr. Peña. Por ello, es que la Caja de Previsión “…entiende que al momento de la solicitud de la prestación, la interesada no acreditaba su presunta inocencia en la separación de hecho con el causante. Mediante la sentencia emitida por el Juzgado de Primera Instancia de Familia, la cual hizo lugar parcialmente a la acción declarativa interpuesta por la Sra. Scida, se resolvió que los cónyuges se encontraban separados de hecho al momento del fallecimiento del Sr. Peña, pero no habiéndose acreditado que la recurrente fuera culpable de la interrupción de la convivencia, conservaba por ello su carácter a los fines previsionales... Por ello esta Caja de Previsión Social considera que es mediante la sentencia referenciada anteriormente que la Sra. Scida acreditó los extremos legales que permitieron el otorgamiento de la prestación pensionaria, razón por la cual se aplicó la prescripción anual del art. 130 de la normativa legal vigente a partir de la fecha de dicha sentencia...” (cfr. fs. 53 vta./54).- Funda su derecho y ofrece prueba.-
A fs. 58/62, contesta demanda el Estado Provincial, representado por las Dras. Romina de los Angeles Mercado y María Verónica Zuvic. En su defensa, alegan, en primer lugar, que el acto administrativo objeto de esta demanda se encontraba consentido cuando se la promovió. Dicen al respecto que los plazos para interponer la demanda Contencioso Adminitrativa ya se habían vencido cuando se la promovió.-
Aducen, que el decreto por el cual se le denegó el recurso fue publicado en el Boletín oficial el 27 de febrero de 2007, “…por lo cual entendemos también está cumplido más que en demasía el plazo de caducidad dispuesto por la ley para los actos administrativos, ya que conforme lo expuesto la presente demanda fue interpuesta con fecha 8 de octubre de 2008” (cfr. fs. 59 vta.).-
En segundo lugar, afirman que el beneficio de pensión sólo puede ser usufructuado a partir del dictado de la sentencia en la que se declara que la Sra. Scida no ha sido culpable de la separación de hecho con el Sr. Peña, momento a partir del cual quedó habilitada para reclamar el beneficio de pensión; y no antes, ya que dicha sentencia no tiene efecto retroactivo sino que los efectos de la misma son desde la fecha de su dictado, de haber entendido el juzgador que los efectos eran distintos lo habría mencionado en la misma o le hubiera dado carácter retroactivo (conf. fs. 61 vta.).- Ofrecen prueba y hacen reserva del caso federal.-
A fs. 81 y vta. se corre vista al Sr. Agente Fiscal ante este Tribunal, quien dictamina que es formalmente admisible la demanda, pudiendo avocarse este Alto Cuerpo al conocimiento de las actuaciones (conf. fs. 82 vta.).-
A fs. 85 se ordenó la apertura a prueba de la causa, posteriormente se certificó sobre la producción de la misma a fs. 90, oportunidad en la que fueron puestos los autos a disposición de las partes para alegar. La parte actora y la demandada, Caja de Previsión Social, formularon alegatos a fs. 101/102 y a fs. 103 y vta., respectivamente, en tanto, la codemandada, Estado Provincial, no hizo uso de ese derecho. Finalmente, a fs. 105, se llamó autos para sentencia.-
III. Que, conforme ha quedado trabada la litis, previo al análisis de la controversia que debemos dilucidar, apuntaré algunos datos que surgen del Expediente Administrativo N° 251104/02 a efectos de clarificar la pretensión de la actora y que serán útiles a la hora de decidir.-
El titular del beneficio ante la Caja de Previsión Provincial, Sr. Guillermo Peña, fallece el 20 de octubre de 2002 (conf. Acta de defunción de fs. 5). El 28 de noviembre de 2002, la aquí actora inicia la solicitud de pensión en su condición de viuda del nombrado (conf. fs. 1/2), la cual fue rechazada por el Ente Previsional mediante el Acuerdo N° 1367 del 13 de agosto de 2003; donde se esgrime, para así decidir, que la peticionaria no cumplía con los recaudos exigidos por el artículo 76, inc. a) de la Ley Nº 1782 (conf. fs. 52), el que exige para otorgar el beneficio -cuando hubo separación de hecho- que el cónyuge que lo reclama no haya sido culpable de dicha separación. Asimismo, a través del Acuerdo Nº 1102 del 7 de julio del 2004 (conf. fs. 73), el Ente Previsional no hace lugar el Recurso de Reconsideración que la Sra. Scida había interpuesto contra el primero y ordena elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo Provincial para el tratamiento del recurso de Alzada que se había subsidiariamente planteado.- Es importante destacar el informe de la Secretaría Legal y Técnica de la Gobernación, obrante a fs. 78/79, en el que se expresa que en el caso de probarse que la peticionaria no fue culpable de la separación y teniendo en cuenta el carácter alimentario del beneficio, se podría rever la medida adoptada.-
Así, la actora adjuntó a fs. 93/98 vta. del Expediente Administrativo, copia de la sentencia dictada en autos: “SCIDA OLGA c/ CAJA DE PREVISIÓN SOCIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ S/ ACCIÓN DECLARATORIA (SUMARISIMO)”, Expte. N° 4616/03, que tramitó por ante el Juzgado de Familia N° 1 de esta ciudad, donde se resolvió “Hacer lugar parcialmente a la pretensión de fs. 45/46, estableciendo que los Sres. Olga Scida y Guillermo Peña, estaban separados de hecho al momento del fallecimiento de éste último, no habiéndose acreditado que la sra. (sic) Olga Scida fuera culpable de la interrupción de la convivencia de los esposos, conservando su carácter de cónyuge inocente a los fines previsionales que se pretende hacer valer” (cfr. fs. 98 y vta.). A raíz de ello, la Fiscalía de Estado emitió a fs. 99/101 el Dictamen Nº 113 del 30 de noviembre de 2005 donde expresa que “En virtud de las razones expuestas esta Fiscalía de Estado considera que -en razón de haberse acreditado en sede judicial la inocencia de la Sra. Olga del Carmen Scida en la separación de hecho de su cónyuge Guillermo Peña- corresponde hacer lugar a la solicitud del beneficio de pensión presentada” (cfr. fs.101).- En base a dicho análisis, se dictó el Decreto Nº 223/2006 (conf. fs. 105/106), el cual, en lo que interesa, dispuso “Hacer lugar al Recurso de Alzada interpuesto por la Sra. Olga del Carmen Scida… contra el Acuerdo N° 1367/03 de la Caja de Previsión Social, por los motivos expuestos en los considerandos del presente” (cfr. fs. 106).-
En su consecuencia, el Ente Previsional dictó el Acuerdo N° 268 del 8 de marzo de 2006 (conf. fs. 115/116) en el cual dispuso conceder el beneficio de pensión a favor de la Sra. Olga del Cármen Scida, a partir del 12 de octubre de 2004. En los considerandos de dicho instrumento se hizo constar que el beneficio se haría efectivo a partir de dicha fecha por aplicación de la prescripción anual, considerándose la fecha de la sentencia del Juzgado de Familia, mediante la cual se acreditan los extremos legales exigidos como la originante del derecho a recibir la pensión y, por lo tanto, desde allí se calculó el plazo de prescripción.- Contra dicha medida la actora interpuso Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio (conf. fs. 128/129 vta.), donde sintéticamente postula que le corresponde el beneficio de pensión desde el fallecimiento de su cónyuge, esto es, desde el 20 de octubre de 2002 y no desde el momento pretendido por la Caja de Previsión Social.-
El Recurso de Reconsideración fue rechazado a través del Acuerdo Nº 1150 del 16 de agosto de 2006 (conf. fs. 134/135). En el mismo se dispuso elevar las actuaciones al Poder Ejecutivo Provincial para el tratamiento del Recurso de Alzada.-
Este último fue rechazado por medio del Decreto Nº 11/07 del Poder Ejecutivo Provincial (conf. fs. 146/147). Es importante destacar, que éste dispone en su artículo 2° “Notifíquese a la interesada”. Posteriormente, el 16 de febrero de 2007, la Caja de Previsión Social ordenó el archivo de las mismas (conf. fs. 147 vta.).-
A fs. 159 obra constancia del Boletín Oficial del 27 de febrero de 2007 en el que se encuentra publicado el decreto citado en el párrafo que antecede.-
Del Expediente Administrativo no surge que se hubiera cumplido la notificación personal a la Sra. Scida, ordenada en el Decreto Nº 11/07. Ello, además, fue manifestado por la apoderada de la nombrada a fs. 160, presentación que no recibió respuesta de parte del órgano previsional.-
IV. Al ingresar al análisis de la controversia, en primer lugar cuadra avocarse al estudio del planteo efectuado por la codemandada Estado Provincial, puesto que de prosperar el mismo no corresponderá el tratamiento de la cuestión sustancial.-
El argumento defensivo referido, postula que el acto administrativo atacado se encontraba consentido cuando se promovió esta demanda. La cual, por ende, fue iniciada cuando ya habían vencido los plazos procesales para interponerla.-
La citada codemandada, considera que el consentimiento se produjo por una u otra de las siguientes circunstancias: 1) que en la especie se hubiera configurado el supuesto de denegación tácita del recurso interpuesto ante el Ejecutivo, caso en el cual, por aplicación del artículo 23 de la Ley Nº 2600, dice que se venció el plazo de 90 días para iniciar la demanda contencioso administrativa; y 2) que el decreto por el cual se rechazó el recurso interpuesto por la actora fue publicado en el Boletín Oficial del 27 de febrero de 2007, considerando que esta publicación cumple con el requisito de la notificación, aduce que ya había vencido el plazo para presentar la demanda, que fue iniciada el 8 de octubre de 2008.- Ahora bien, el planteo del Estado Provincial, encuentra respuesta en la propia normativa que rige la materia y lleva, en ambas hipótesis al rechazo de la defensa esgrimida.-
Es importante destacar, que es la propia accionada quien reconoce que no se ha cumplido con la notificación personal a la actora del decreto en cuestión e intenta hacer valer, en su defecto, el supuesto de denegación tácita, o que se tome como notificación la publicación en el Boletín Oficial de la norma impugnada en autos.-
En el primer caso, el artículo 47, primer párrafo de la Ley Nº 2600, prevé el plazo de noventa días para promover la demanda contencioso administrativa, a contar desde el día siguiente al de la notificación o desde que se tuvo conocimiento del acto; en su segundo párrafo, establece como excepción que “La demanda podrá iniciarse en cualquier momento cuando se configure el agotamiento de la vía administrativa a través de la denegatoria tácita…”.-
Constituye obligación de la Administración resolver expresamente las peticiones y/o recursos que se le formulen, y, ante la posibilidad de que la administración incumpla este mandato, uno de los instrumentos posibles con que cuenta el administrado es el de la “denegación tácita” que sólo puede ser invocada por este último.-
Al respecto se ha señalado reiteradamente que “El instituto de la denegación tácita de las peticiones o remedios administrativos es un derecho u opción que juega a favor del administrado y no a favor de la Administración morosa, toda vez que existe de parte de la accionante un derecho constitucional en juego que le permite exigir una respuesta expresa a su pretensión administrativa, que puede ser favorable o desfavorable... La Administración no puede usar el silencio en su favor e imponerlo a la administrada, en todo caso es una opción que se consagró a favor de ésta, quien puede optar por la denegación presunta o por el contrario tener interés que medie un pronunciamiento expreso de la Administración por el amparo por mora…” (cfr. CCiv. y Com. de Rosario, Sala 1, in re “Mónica Amalia vs. Provincia de Santa Fe s. Amparo”, Sentencia del 21/05/12. Cita online: RC J 8419/12).- Se ha sostenido que “La ‘denegación presunta’ fue concebida como un beneficio u opción para el administrado, entre insistir y aguardar una decisión en sede administrativa, sin obligación de recurrir hasta tanto la Administración se pronuncie, o expeditar la vía judicial, garantizando de esa manera que el silencio de la Administración no se convierta en un valla infranqueable para acceder a la jurisdicción. Una vez configurada la denegación tácita (llamada ‘presunta’ en la Ley 11330 de Santa Fe) el interesado no está obligado a concurrir por vía contencioso administrativa dentro de los plazos fijados para la denegación expresa” (cfr. Cámara de lo Contencioso Administrativo Nº 1 de Santa Fe, in re “Pacheco, Magdalena Beatriz vs. Municipalidad de San Justo s. Recurso contencioso administrativo”, Sentencia del 16/03/2004. Cita online: RC J 2368/05).- La figura de la denegación tácita, es un derecho y una facultad que puede utilizar el particular ante el silencio de la administración. No es un derecho de la administración, la cual nunca puede invocarla a su favor, como se pretende en autos.-
A mayor abundamiento, rige en la materia el principio de “in dubio pro actione” (Fallos: 315:656), que lleva a decidir en favor de mantener la acción cuando lo contrario no aparece de manera indubitable. Nótese que, en la especie, la codemandada no ha precisado norma alguna que impusiera de modo expreso la solución que pretende, tampoco ha demostrado que la actora tuvo conocimiento del acto impugnado y el momento en que ello ocurrió, y menos aun ha ofrecido argumentos que justifiquen apartarse del principio citado.-
En el segundo caso, la Ley de Procedimiento Administrativo Nº 1260, brinda la respuesta. Así el artículo 11 edicta: “Eficacia del acto: Notificación y publicación... Para que el acto administrativo de alcance particular adquiriera eficacia debe ser objeto de notificación al interesado y el de alcance general, de publicación. Los administrados podrán antes, no obstante, pedir el cumplimiento de esos actos si no resultaren perjuicios para el derecho de terceros”.-
Asimismo el Decreto Reglamentario Nº 181 de la citada ley, prevé, en lo que a notificaciones respecta: “TITULO V De las notificaciones: Actos que deben ser notificados Art. 39.- Deberán ser notificados a la parte interesada: a) Los actos administrativos de alcance individual que tengan carácter definitivo y los que, sin serlo, obsten a la prosecución de los trámites; b) Los que resuelvan un incidente planteado o en alguna medida afecten derechos subjetivos o intereses legítimos...”.-
Todo lo cual se complementa con las previsiones contenidas en los artículos. 40 y 41 del decreto citado: “Diligenciamiento Art. 40.- Sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 47, in fine, las notificaciones se diligenciarán dentro de los 10 días computados a partir del día siguiente al del acto objeto de notificación e indicarán los recursos de que puede ser objeto dicho acto y el plazo dentro del cual los mismos deben articularse. La omisión o el error en que se pudiere incurrir al efectuar tal indicación no perjudicará al interesado ni permitirá darle por decaído su derecho. Forma de las notificaciones Art. 41.- Las notificaciones sólo serán válidas si se efectúan por alguno de los siguientes medios: a) Por acceso directo de la parte interesada, su apoderado o representante legal al expediente, dejándose constancia expresa y previa justificación de identidad del notificado; se certificará copia íntegra del acto, si fuere reclamada; b) Por presentación espontánea de la parte interesada, su apoderado o representante legal, de la que resulten estar en conocimiento fehaciente del acto respectivo; c) Por cédula, que se diligenciará en forma similar a la dispuesta por el Cód.
Procesal Civil y Comercial de la provincia de Santa Cruz; d) Por telegrama colacionado, copiado o certificado, con aviso de entrega; e) Por oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción. En este caso el oficio y los documentos anexos deberán exhibirse en sobre abierto al agente postal habilitado, antes del despacho, quien los señalará juntamente con las copias que se agregarán al expediente”.- Sobre la controversia bajo estudio, se ha expresado que el acto administrativo general, (el típico reglamento), se refiere a todas las personas indeterminadamente. El acto administrativo individual, se refiere a una, varias o muchas personas determinadas o determinables. Estos últimos, al igual que en el caso de marras, tienen alcance individual y, por lo tanto, conforme la normativa precedentemente transcripta, deben ser notificados a los interesados; la publicación en el Boletín Oficial no suple la falta de notificación, salvo el caso de comunicaciones, citaciones o emplazamientos por edictos en el Boletín Oficial de personas inciertas o cuando se ignore su domicilio (conf.
STJ Formosa in re “Zárate, Irina y otros vs. Municipalidad de la Ciudad de Formosa s. Sumario”, Sentencia del 20/04/2007. Cita online: RC J 6782/10).- Asimismo, el Superior Tribunal precedentemente mencionado afirma que “Los cuestionados decretos, como acto administrativo en cuanto a su alcance en relación a las personas, son de carácter individual; siendo ello así, para que tal acto sea perfecto requiere validez y eficacia. Es válido el acto que ha nacido conforme al ordenamiento positivo vigente, en cambio su eficacia está vinculada a su fuerza ejecutoria, a la posibilidad de ponerlo inmediatamente en práctica y ello se adquiere mediante su publicidad o comunicación a los interesados. Dice Marienhoff que, la publicidad o comunicación del acto administrativo de alcance particular o individual -caso de los decretos citados- se logra mediante su notificación por un medio idóneo, e insiste que si bien dicho acto puede ser objeto de publicación, su eficacia (ejecutoriedad) del mismo solo se logra mediante su ‘notificación’ idónea, pues no es lícito que la Administración supla la notificación con la publicación, pues mediante la notificación es razonable admitir que el acto ha llegado efectivamente a conocimiento del directa (sic) y concretamente interesado (autor citado, Tratado de Derecho Administrativo, T.
II ed. Abeledo Perrot, pág. 339 y sgtes.)…)” (cfr. STJ Formosa, cita online precedentemente mencionada).- Conforme lo señalado, los actos administrativos, objeto de autos, tenían alcance particular, consecuentemente debían ser notificados personalmente a la interesada. Sin que pueda cumplirse tal recaudo con la publicación en el Boletín Oficial; máxime cuando la accionante se había presentado y constituido domicilio al efecto en el expediente administrativo.-
El cumplimiento de los recaudos previstos para proceder a la notificación de la resolución administrativa constituye un presupuesto indispensable para la existencia del consentimiento del acto (conf. SCBA, in re “Mendoza, Raúl Edmundo vs. Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s. Demanda contencioso administrativa”, Sentencia del 15/03/06. Cita online: RC J 1397/06). En esta línea, cabe agregar que “La notificación de la resolución administrativa final constituye un presupuesto indispensable para la existencia del consentimiento, debe surgir de forma categórica de forma tal que en caso de duda acerca del conocimiento por el interesado de la resolución administrativa -por mediar una notificación que no satisface los recaudos exigidos por la legislación procedimental aplicable-, debe estarse por la inexistencia de la notificación…” (conf. SCBA, in re “Contreras, Oscar David vs. Municipalidad de Moreno s. Demanda contencioso administrativa”, Sentencia del 20/06/06. Cita online: RC J 2615/06).- Así pues, el acto que no ha sido notificado en debida forma no puede producir efecto y ello trae aparejado el rechazo del planteo bajo estudio que fuera realizado por la codemandada Estado Provincial.-
V. Despejado el obstáculo formal opuesto contra la demanda, debemos ahora ingresar al análisis del tema de fondo traído a decisión de este Tribunal.-
La cuestión a dilucidar se circunscribe a determinar el momento a partir del cual la accionante tiene derecho a percibir la pensión por el fallecimiento de quien fuera su marido, el Sr. Guillermo Peña.-
En efecto, ambas codemandadas toman como punto de partida para el cálculo de la liquidación del beneficio pensionario, la fecha de la sentencia en la que el Juez de Familia declaró que la actora no había sido culpable en la separación de hecho que tuvo con su marido, aplicando el plazo anual de prescripción previsto en el artículo 130 de la Ley Nº 1782, lo que implicó que se le reconozca el derecho desde un año antes de la fecha de la sentencia (el 12 de octubre de 2004 ). La accionante, por el contrario, sostiene que el aludido beneficio previsional debe ser liquidado desde el fallecimiento de su cónyuge.- Para mayor claridad conviene transcribir los artículos en base a los cuales el organismo previsional fundó la limitación temporal de la pensión a favor de la actora como ut supra se indica.
La Ley Nº 1782 en su artículo 130 establecía que “Es imprescriptible el derecho a los beneficios acordados por las leyes de jubilaciones y pensiones, cualquiera fueren su naturaleza y titular. Prescribe al año la obligación de pagar los haberes jubilatorios y de pensión, inclusive los provenientes de transformación o reajuste, devengados antes de la presentación de la solicitud en demanda del beneficio. Prescribe a los dos años la obligación de pagar los haberes devengados con posterioridad a la solicitud del beneficio. La presentación de la solicitud ante la Caja de Previsión Social, interrumpe el plazo de prescripción, siempre que al momento de formularse, el peticionante fuere acreedor al beneficio solicitado. Asimismo, el artículo 132° dice: “Se considera solicitud del beneficio la manifestación documentada que implique el ejercicio del derecho que se intenta hacer valer, una vez cumplidos los requisitos para el logro del beneficio”.- Es principio general en la materia que el nacimiento de los derechos conferidos por las leyes previsionales se produce el día en que ocurre el hecho que los genera, a saber: cese en los servicios para el caso de jubilación y fallecimiento del causante en el caso de la pensión. Por lo tanto, la resolución que concede un beneficio previsional sólo tiene efecto declarativo y no constitutivo del derecho (conf. SCBA, in re “Ledo, Patricia Alejandra y otros vs. Instituto de Previsión Social (IPS - Provincia de Buenos Aires) s. Demanda contencioso administrativa”, Sentencia del 05/10/11. Cita online: RC J 3876/12).- En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sostenido, reiteradamente, que “…el acto administrativo que verifica el cumplimiento de los requisitos sustanciales establecidos por la ley para obtener las prestaciones de la pasividad sólo tiene efecto declarativo de un derecho que se ha consolidado con anterioridad, del cual deriva que sus efectos operen retroactivamente…” (cfr. Fallos: 318:273 y 331:373; del dictamen de la Procuradora Fiscal Subrogante que la Corte por mayoría hace suyo).-
El principio rector en la materia es que todo acto administrativo que verifica el cumplimiento de los requisitos sustanciales establecidos por ley para obtener las prestaciones de pasividad sólo tienen efecto declarativo de un derecho que se ha consolidado con anterioridad, del cual se deriva que sus efectos operen retroactivamente; “…en nuestro sistema positivo, el beneficio de pensión se adquiere con la muerte del titular y toda decisión administrativa o judicial que se adopte con referencia al tema, es sólo declarativa de derechos y no tiene el carácter constitutivo que, en ocasiones, se ha invocado confundiendo las declaraciones de naturaleza previsional, con las declaraciones emergentes de los estados de familia (separación personal, divorcio, reconocimiento de paternidad, etcétera)” (cfr. Pawlowski de Pose, Amanda Lucía, “El carácter declarativo de las decisiones judiciales en materia de derechos pensionarios”. Cita online: AR/DOC/453/2003).- Dado, entonces, que la resolución que concede un beneficio previsional sólo tiene efecto declarativo y no constitutivo del derecho, resulta descalificable el pronunciamiento en sede administrativa que limitó los derechos pensionarios de la accionante, por entender que el fallo que reconoció que no había sido culpable de la separación de hecho con el Sr. Guillermo Peña tenía carácter constitutivo de sus derechos pensionarios.-
Por otro lado, y a mayor abundamiento, interesa recordar que la interrupción del curso de la prescripción liberatoria de haberes previsionales consiste, en lineamientos generales, en una manifestación de voluntad del titular del derecho. Al respecto, se ha dicho que “Cualquier acto que demuestre en forma auténtica que no hay abandono y sí intención y propósito de no perder el derecho a ejercitar resulta idóneo para la interrupción de la prescripción, sin importar que al momento de producirse tal acto el organismo previsional se encuentre, o no, en condiciones de resolver favorablemente el reclamo del interesado” (cfr. SCBA, in re “Vázquez Machado, Sabina y otro vs. Provincia de Buenos Aires (IPS) s. Demanda contencioso administrativa”, Sentencia del 22/10/08. Cita online: RC J 2707/09).- Las leyes previsionales han acordado, generalmente, efecto interruptivo a la presentación de la solicitud del beneficio, en coincidencia con la doctrina judicial y de los autores que, en general han asimilado el reclamo por un derecho formulado en sede administrativa a la demanda judicial prevista en el art. 3986 del Código Civil, considerando a ese efecto que cualquier acto que demuestre en forma auténtica que no hay abandono y sí intención y propósito de no perder el derecho a ejercitar resulta idóneo para la interrupción de la prescripción (conf. SCBA, in re “González, Lady Elba vs. Provincia de Buenos Aires (Instituto de Previsión Social) s. Demanda contencioso administrativa”, Sentencia del 03/09/2008. Cita online: RC J 1696/09).- Sobre la base de los lineamientos precedentes y teniendo en cuenta la reseña de los antecedentes jurisprudenciales citados, cabe concluir que la presentación de la actora de fecha 28 de noviembre de 2002 ante la Caja de Previsión Social de la Provincia estuvo, sin dudas, enderezada a obtener el beneficio previsional, con independencia que la efectivización de ese trámite requiriera previamente la acreditación de la ausencia de culpa en la separación de hecho que le exigió el ente previsional.-
Las constancias administrativas ponen en evidencia una actuación diligente de doña Olga Scida en el trámite de su pensión. Ello se comprueba a poco que se advierta que su esposo falleció el 20 de octubre de 2002 y solicitó el 28 de noviembre de ese año el beneficio. Ésta presentación, formalizada por la accionante ante la Caja de Previsión Social tuvo virtualidad suficiente para interrumpir el plazo de prescripción previsto en las normas precedentemente transcriptas.-
Basta recordar que en esa primera oportunidad se le exigió como recaudo previo, acreditar que no fue culpable en la separación de hecho con el Sr. Peña, mediante resolución del 13 de agosto del 2003 y, por eso inició, el mismo año, un juicio ante el Juzgado de Familia, ante lo cual, la propia administración decidió la reserva de las actuaciones hasta tanto recayera sentencia en dicho expediente (conf. fs. 84 del Expediente Administrativo). Finalmente, la actora obtuvo sentencia favorable el 12 de octubre del 2005, la que se agregó a las Actuaciones Administrativas el 2/11/05 (conf. fs. 92/98) y tras ello, obtuvo el reconocimiento de su derecho pensionario a través del Decreto del Poder Ejecutivo N° 223/06, al cual la Caja de Previsión en el Acuerdo Nº 268/06 acotó mediante la aplicación del plazo prescriptivo que ahora se encuentra bajo análisis (conf. fs. 115/116 del Expediente Administrativo).- Los antecedentes reseñados demuestran que la actora efectuó a lo largo de todo el trámite administrativo una actividad diligente para hacer avanzar el proceso, donde queda claro que hasta tanto no obtuvo la sentencia favorable en el Juzgado de Familia estuvo imposibilitada de formular petición alguna, circunstancia aceptada por la propia administración, cuando decide la reserva de las actuaciones hasta tanto se resuelvan aquellas.-
Cabe, concluir que la actora con su presentación que dio inicio al Expediente Administrativo citado, interrumpió el curso de la prescripción, correspondiéndole, por ende, el beneficio desde el fallecimiento de su esposo.-
En consecuencia, dado el carácter declarativo de los actos administrativos en la materia y que, por lo tanto, la interrupción de la prescripción se produjo, en el caso de marras, con la presentación ut supra referida, las decisiones administrativas que, por considerar operada la prescripción, otorgaron el beneficio previsional a la actora a partir del 12 de octubre del 2004, deben ser anuladas sólo en el punto citado y reconocérselo desde el fallecimiento de su cónyuge, esto es, el 20 de octubre del 2002.-
VI. En atención a lo reseñado en los considerandos que anteceden, corresponde hacer lugar a la acción contencioso administrativa promovida por la Sra. Olga del Cármen Scida contra la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y el Estado Provincial; consecuentemente, declarar la nulidad parcial del Acuerdo Nº 268/06 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto, en su artículo 2°, reconoció el beneficio de pensión a la actora a partir del 12 de octubre del 2004 y no desde el fallecimiento de su esposo. Tal decisión conlleva la nulidad del Acuerdo N° 1150/06 del Ente Previsional y del Decreto del Poder Ejecutivo Provincial N° 11/07, en cuanto no hicieron lugar a los Recursos de Reconsideración y de Alzada interpuestos contra el primero; correspondiendo, en consecuencia, que la Caja de Previsión Social demandada dicte un nuevo acto administrativo en el término de sesenta (60) días, conforme se decide en el considerando V.- En razón de todo lo expuesto, a la primera cuestión voto en forma afirmativa.-
Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández, por compartir sus fundamentos, adhieren al voto del Dr. Peretti.-
A la segunda cuestión el Dr. Peretti dijo:
Atento a la forma en que me he pronunciado respecto de la Pri- mera Cuestión, propongo se dicte sentencia haciendo lugar a la acción contencioso administrativa interpuesta a fs. 20/22 vta. por la Sra. Olga del Cármen Scida en contra de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y el Estado Provincial; declarando la nulidad parcial del Acuerdo Nº 268/06 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto, en su artículo 2°, reconoció el beneficio de pensión a la actora a partir del 12 de octubre del 2004 y no desde el fallecimiento de su esposo. Asimismo, declarar la nulidad del Acuerdo N° 1150/06 del Ente Previsional y del Decreto Nº 11/07 del Poder Ejecutivo Provincial, en cuanto no hicieron lugar a los Recursos de Reconsideración y de Alzada interpuestos contra el primero; disponiendo que la Caja de Previsión Social demandada dicte un nuevo acto administrativo en el término de sesenta (60) días, conforme lo dispuesto en el considerando V; imponiendo las costas en el orden causado de conformidad a lo establecido en el artículo 90 del CPCA -Ley Nº 2600-; teniendo presente la reserva del caso federal manifestada por el Estado Provincial a fs. 61 vta.; y difiriendo la regulación de honorarios de los letrados intervinientes -por la actora-, hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes (conf. Resolución General AFIP Nº 689/1999).- Los Dres. Daniel Mauricio Mariani, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos y Domingo Norberto Fernández, adhieren al pronunciamiento propuesto por el Dr. Peretti.-
En virtud de todo lo expuesto, se dicta la siguiente sentencia:
Río Gallegos, 11 de mayo de 2016.-
VISTO Y
Por los fundamentos del Acuerdo que antecede y el voto unánime de los Sres. Vocales, Dres. Enrique Osvaldo Peretti, Alicia de los Ángeles Mercau, Paula Ernestina Ludueña Campos, del Sr. Vocal Subrogante, Dr. Domingo Norberto Fernández y del Sr. Vocal a cargo de la Presidencia, Dr. Daniel Mauricio Mariani; y oído que fue el Sr. Agente Fiscal, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Haciendo lugar a la acción contencioso administrativa interpuesta a fs. 20/22 vta. por la Sra. Olga del Cármen Scida en contra de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz y el Estado Provincial; declarando la nulidad parcial del Acuerdo Nº 268/06 de la Caja de Previsión Social de la Provincia de Santa Cruz, en cuanto, en su artículo 2°, reconoció el beneficio de pensión a la actora a partir del 12 de octubre del 2004 y no desde el fallecimiento de su esposo. Asimismo, declarar la nulidad del Acuerdo N° 1150/06 del Ente Previsional y del Decreto Nº 11/07 del Poder Ejecutivo Provincial, en cuanto no hicieron lugar a los Recursos de Reconsideración y de Alzada interpuestos contra el primero.-
2. Disponer que la Caja de Previsión Social demandada, dicte un nuevo acto administrativo en el término de sesenta (60) días, conforme lo dispuesto en el considerando V.-
4. Difiriendo la regulación de honorarios de los letrados interviniente -por la actora- hasta tanto den cumplimiento con lo dispuesto por las leyes previsionales y tributarias vigentes.-
5. Regístrese. Notifíquese. Oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas mediante oficio y archívese la presente causa.-
Fdo: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Vocal A/C Presidencia-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti -Vocal-, Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal-, Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos -Vocal-, Dr. Domingo Norberto Fernández -Vocal Subrogante-.
Secretario: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1015C.161 Tomo: XVI Sentencia: 1015 Folio N°: 3139/3146 Secretaría: 1
Fin de la sentencia