Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 38.435-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la nulidad invocada por la recurrente, con costas.
2Confirmar las resoluciones dictadas en los Impuestos al valor Agregado, a las Ganancias y a las Ganancias – Salidas no Documentadas conforme se expone en los Considerandos VI, VII, IX, XI Y XII.
3Revocar la resolución dictada en el Impuesto a las Ganancias en lo que hace al cargo tratado en el Considerando VIII, con más intereses y multas en la proporción correspondiente.
4Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
5Ordenar a la AFIP–DGI que en el plazo de treinta (30) días practique liquidación de las sumas adeudadas por el recurrente de acuerdo con lo decidido en la presente.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe firma conjunta Número: IF-2022-140030197-APN-VOCXII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 29 de Diciembre de 2022 En la fecha se reúnen los miembros de la Sala “D” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith V. Gómez (Vocal Titular de la Vocalía de la 10a. Nominación), Agustina O´Donnell (Vocal Titular de la Vocalía de la 11a. Nominación) y Daniel Alejandro Martín (Vocal Titular de la Vocalía de la 12a. Nominación) para resolver el Expte. N° 38.435-I (acumul. N° 38.436-I, 38.437-I y 46.386-I) caratulado “SCOPPA ENRIQUE ADRIAN s/recurso de apelación - Impuestos al Valor Agregado, a las Ganancias y a las Ganancias – Salidas no Documentadas”.
El Dr. Martín dijo:
I. Que a fs. 96/112, 224/237 y 465/471 Enrique Adrian Scoppa interpone recurso de apelación contra las resoluciones Nros. 317/13 DO (DV RRMP), 318/13 DO (DV RRMP) y 319/13 DO (DV RRMP) de fecha 30 de septiembre de 2012 dictadas por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, por las que se determinaron sus obligaciones impositivas en los Impuestos al Valor Agregado de los períodos fiscales enero a marzo y mayo a diciembre de 2009 y enero a marzo de 2010, a las Ganancias del período fiscal 2009 y a las Ganancias – Salidas no Documentadas por las erogaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2009 con más intereses resarcitorios y se aplicaron multas equivalentes a tres veces el Impuesto al Valor Agregado omitido por los períodos fiscales enero a marzo de 2010 y en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas por las erogaciones correspondientes a los meses de septiembre, octubre y diciembre de 2009 según los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.). Asimismo, se dejo en suspenso la aplicación de sanción por los períodos fiscales enero a diciembre de 2009 del Impuesto al Valor Agregado y en el Impuesto a las Ganancias período fiscal 2009 en los términos del art. 20 de la ley N° 24.769.
A fs. 586/599 apela la Resolución Nº 16/16 SR (DV RRMP) de fecha 23 de febrero de 2016 dictada por el Jefe (int.) de la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Mar del Plata de la A.F.I.P.- Dirección General Impositiva, mediante la cual se aplicó una multa equivalente a tres veces el Impuesto a las Ganancias omitido en el período fiscal 2009 en conformidad con los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.).
Expone que en la inspección se establecieron como apócrifos a los proveedores Llumina Group S.R.L. y NTW Consulting Group S.R.L., por lo que se impugnó el crédito fiscal computado en el Impuesto al Valor Agregado, mientras que en el Impuesto a las Ganancias los bienes facturados fueron considerados a los efectos del costo pero se impugnaron los servicios al no verificarse su efectiva prestación por parte de tales proveedores, a lo que añade que además en este último impuesto se impugnaron los importes declarados por los comprobantes de compra al no cumplir con las pautas de la ley Nº 25.345.
Se queja de que se haya recurrido a la base presunta para determinar los impuestos reclamados al haber desconocido la AFIP la información que surgía de sus libros y registros contables, como de las declaraciones juradas, motivo por el cual pide la nulidad de las resoluciones dictadas. Agrega que éstas también carecen de motivación debido a que el Juez Administrativo no valoró las circunstancias de hecho recolectadas por los inspectores y rechazó sin fundamento alguno las probanzas ofrecidas, lo que afecta su derecho de defensa.
Sobre la Resolución Nº 16/16 invoca su nulidad con fundamento en la notificación incorrecta de la instrucción del sumario al no haberse practicado la notificación en el domicilio especial constituido al efecto.
Alega que el organismo fiscal no realizó un trabajo de investigación en orden a sustentar el carácter apócrifo de los proveedores ya que afirma que solo se limitó a impugnar las prestaciones en base a simples hechos que no estaban relacionados con la existencia de las operaciones, sin que se hayan reunido elementos que permitan cuestionarlas. Menciona la situación que hace a cada proveedor, resalta que no estaban incluidos en la base Apoc al tiempo de la contratación, que poseían la correspondiente inscripción, que las facturas emitidas tenían el CAI vigente y que las operaciones fueron canceladas con cheques propios y de terceros.
Concluye que las anomalías detectadas se relacionan con incumplimientos formales en que incurrieron los proveedores, que no le pueden ser atribuidos, sin que haya obligación de su parte en investigar a los proveedores con lo que contrató, cuando actuó de buena fe.
Respecto del Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas sostiene que no se reúnen los requisitos para su cálculo debido a que las operaciones se encontraban documentadas y además las erogaciones fueron efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas.
Aduce que no corresponde la aplicación de sanciones y detalla la improcedencia al caso de cada uno de los incisos del art. 46 de ley de procedimiento fiscal que fueron aplicados, para razonar que se calificó su conducta en forma automática sin ningún análisis subjetivo que haya demostrado que incurrió en defraudación. En subsidio, pide el reencuadre o en su caso que se aplique el mínimo legal y con la reducción prevista en el art. 49 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.). En el caso particular de la multa del Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas considera que se vulneró la garantía constitucional del “non bis in ídem”.
Por último ofrece prueba documental, informativa y pericial contable y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia citada pide que se revoquen las resoluciones apeladas en todas sus partes, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que a fs. 124/154, 248/256, 505/527 y 608/615 el Fisco Nacional contesta los traslados de los recursos deducidos en autos.
Explica las tareas desarrolladas por la inspección que arrojaron motivos determinantes para establecer la condición de apócrifos de los proveedores Llumina Group S.R.L. y NTW Consulting Group S.R.L.
Rechaza la nulidad pretendida y remarca que no se utilizaron presunciones infundadas para incorporar a los proveedores a la base Apoc sino que se trataron de hechos verificados y probados, por lo que expresa que carece de sustento el planteo del recurrente debido a que no se aplicó la base presunta para determinar los impuestos. Repara en que los actos dictados poseen todos sus elementos esenciales sin que se hayan transgredido las normas aplicables, por lo que no se observa la afectación del derecho de defensa alegada.
Menciona las constataciones realizadas con relación a los proveedores que permitieron arribar a la conclusión de su falta de capacidad económica y financiera para realizar las operaciones cuestionadas. Insiste en que se recabó prueba que demostró que se trataba de comprobantes falsos, sin que el actor haya logrado probar durante el procedimiento la realidad económica de las transacciones.
Sobre los pagos hace saber que los que se hicieron en efectivo no pudieron ser constatados, mientras que respecto de los cancelados con cheques de terceros no se pudo seguir la cadena de endosos, lo que hace que se desconozca quien los cobró finalmente y por último sobre los cheques propios puntualiza que si bien pudieron haber sido debitados de su cuenta no hay constancias de que el cobrador haya sido alguno de los proveedores.
Señala que el apelante no expresó agravios sobre los intereses resarcitorios, por lo que la haber sido calculados en conformidad con el art. 37 de la ley de procedimiento fiscal pide que sean confirmados.
Niega que no se haya probado el dolo en su accionar para la aplicación de las sanciones ya que el recurrente desplegó un actuar contrario a las normas que regulan la liquidación de los impuestos que generó la alteración de sus bases imponibles con un menor ingreso de impuesto en claro perjuicio fiscal.
Por lo expuesto, se opone a la prueba ofrecida y por los argumentos que desarrolla y la jurisprudencia que cita, peticiona que oportunamente se dicte sentencia confirmando las resoluciones apeladas, con costas. Hace reserva del caso federal.
III. Que a fs. 300 se acumuló el Expte. Nº 38.436-I al Nº 38.435-I, por lo que a fs. 308 se reordenó el trámite de ambas causas debido a que en la causa Nº 38.436-I se había admitido a fs. 275 la prueba informativa y pericial contable, habiéndose dado por decaída esta última a fs. 353 pto. 1). A fs. 389 se dispuso el cierre de instrucción en ambas causas. Luego a fs. 624/624 vta. se acumuló el Expte. Nº 38.437-I (y su acumulado Nº 46.386-I). Que previo a dicha acumulación en la causa Nº 38.437-I se habían dado por decaídas las probanzas informativa y pericial contable (fs. 553 y 559), por lo que al recibir esta Vocalía Instructora el expediente luego de la acumulación a fs. 634 hizo lugar a la oposición del ente fiscal con relación a la prueba pericial contable y tuvo por agregada la prueba informativa oportunamente incorporada en la causa Nº 38.437-I. Finalmente a fs. 637 se dispuso el cierre de instrucción en correspondencia con el dispuesto a fs. 389.
Mediante PV-2022-78641627-APN-VOCXII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala "D" y mediante IF- 2022-87481601-APN-DTD#JGM obran los alegatos producidos por el Fisco Nacional, no habiendo hecho uso la actora del derecho otorgado, y mediante IF-2022-137358578-APN-VOCXII#TFN se ponen los autos para sentencia.
IV. Que en primer lugar cabe hacer mención del pedido de nulidad articulado, el que debe ser desestimado con fundamento en que los actos recurridos fueron dictados en conformidad con las prescripciones de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), estimando el Juez Administrativo las circunstancias de hecho y derecho que los sustentaron, sin que se encuentre afectada la validez del procedimiento ni lesionado el derecho de defensa. Mientras que con relación a la critica sobre la evaluación y rechazo de las probanzas en sede administrativa tampoco puede tener recepción favorable debido a que las mismas fueron debidamente merituadas por la Administración, en orden a denegar su producción.
Por otra parte, a diferencia de lo alegado por el recurrente el ente fiscal no determinó los impuestos sobre base presunta, sin que además se advierta un actuar arbitrario en la estimación de la materia imponible, dado que la misma se basó en las circunstancias y elementos conocidos, consistentes en la documentación proporcionada por el propio recurrente, por las entidades bancarias cursadas y en la obtenida de las circularizaciones efectuadas.
Por último, la otra causal nulificante pretendida se refiere a la Resolución Nº 16/16 al sostener el Sr. Scoppa que la instrucción del sumario no se practicó en el domicilio especial constituido al efecto. Sin embargo, de las actuaciones administrativas se desprende que la resolución que resolvió instruir sumario fue debidamente notificada en su domicilio fiscal y recibida por el mismo recurrente, por lo que no se advierte de que manera se pudo haber lesionado su derecho de defensa cuando tenía pleno conocimiento del procedimiento sumarial (fs. 38, act. adm. por cuerda).
Que lo expuesto, permite concluir que los argumentos esgrimidos constituyen una discrepancia con el criterio fiscal aplicado en autos, y en consecuencia relacionados con la cuestión de fondo en debate, por lo que al no resultar procedente la nulidad invocada, corresponde su rechazo, con costas atento que a fs. 258 pto. 2) se dispuso su tratamiento junto con el fondo.
V. Que en las presentes actuaciones el Sr. Scoppa se encuentra inscripto en la actividad de “mantenimiento y reparación de maquinaria de oficina, contabilidad e informática” y “servicios empresariales N.C.P.”
Que a los efectos de constatar el correcto cumplimiento de sus obligaciones tributarias se solicitaron los Subdiarios de IVA Compras y Ventas, facturas, notas de débito y crédito, informe sobre los medios de pago de los comprobantes mayores a $ 1.000, comprobantes respaldatorios de gastos y compras imputables al costo y comprobantes por las operaciones con los proveedores Llumina Group S.R.L. y NTW Consulting Group S.R.L.
Que también se curso circularización a las entidades bancarias para requerir copia del anverso y reverso de los cheques propios y copia de los extractos de las cuentas de su titularidad, por lo que luego se procedió a circularizar a los endosantes de los cheques que fueron identificados.
Que las tareas desarrolladas permitieron reunir elementos para establecer la condición de apócrifos de los proveedores Llumina Group S.R.L. y NTW Consulting Group S.R.L., por lo que el primero de ellos fue cargado en la Base Apoc al ser considerado una mera intermediaria sin capacidad económica ni financiera, mientras que el otro ya se encontraba cargado en dicha base como “desconocido por sus titulares o responsables”.
Que en el Impuesto al Valor Agregado se impugnó el crédito fiscal computado en los comprobantes de compras en los que constan como emisores los proveedores mencionados, entre las inconsistencias que llevaron a dicho ajuste cabe mencionar: se encontraban inscriptos en múltiples actividades y disimiles entre sí, no pudieron ser ubicados, fueron desconocidos por sus integrantes o éstos poseían insuficiente capacidad económico financiera, los depósitos bancarios no tenían correlación con las ventas declaradas, presentaban declaraciones juradas sin saldos a ingresar o con saldos mínimos, entre otras que permitieron sostener que las sociedades fueron interpuestas a los efectos de cómputo de crédito fiscal improcedente.
Que a los efectos de la determinación del Impuesto a las Ganancias se tuvieron en cuenta las impugnaciones efectuadas en el Impuesto al Valor Agregado para concluir que los bienes facturados por los proveedores Llumina Group S.R.L. y NTW Consulting Group S.R.L fueron necesarios para la operatoria comercial del recurrente. Sin embargo, para los servicios facturados no se verificó su efectiva prestación al revestir la calidad de apócrifos los emisores de las facturas, razón por la cual se impugnó el costo representado por los mismos.
Se agrega que, por otro lado, se objetó una factura de compra registrada en el libro IVA Compras a nombre de Llumina Group S.R.L. debido a la falta de exhibición del comprobante.
Que no obstante la necesariedad de los bienes adquiridos se analizaron los pagos con cheques ya que algunos de ellos no cumplían con los preceptos de la ley Nº 25.345, lo que generó la impugnación de los importes netos declarados correspondientes a los comprobantes de compra pagados con los cheques cuestionados.
Con relación a la cadena de pagos respecto del proveedor NTW Consulting Group S.R.L. se constató que las operaciones se informaron como canceladas con cheques propios y de terceros, pero se corroboró que ningún cheque fue emitido a su nombre, ya que la mayoría figuraban expedidos a nombre de Acegame S.A. y en menor cantidad a la firma Royal Game S.A., por lo que no se pudo cerrar el circuito financiero al no lograrse reconstruir la cadena de endosos debido a que los intervinientes no respondieron las circularizaciones cursadas. Por lo cual, se concluyó que el recurrente interpuso a NTW Consulting Group S.R.L. para disimular importantes compras “en negro” a empresas existentes y operativas en el mercado.
Con relación al proveedor Llumina Group S.R.L. se informó que las transacciones fueron canceladas mediante la entrega de cheques de terceros entregados por sus clientes y con cheques propios. En el caso de estos últimos se verificó que no fueron cobrados por el proveedor ya que directamente fueron emitidos a nombre de terceros (Acegame S.A. y Royal Game S.A.) y descontados en financieras.
Por lo expuesto precedentemente, las erogaciones realizadas para cancelar las facturas emitidas por los proveedores NTW Consulting Group S.R.L. y Llumina Group S.R.L. recibieron el tratamiento de salidas no documentadas para efectuar el cálculo del impuesto dispuesto por el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias -texto vigente-.
VI. Que cabe referirse a la impugnación de los comprobantes emitidos por los proveedores que tuvieron incidencia en los ajustes efectuados en los Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias, para lo cual se deben considerar los agravios planteados con relación a las determinaciones de oficio practicadas, junto con las distintas constancias documentales incorporadas a la causa y la prueba informativa producida ante este Tribunal.
Que el actor aduce en su defensa que los proveedores poseían autorización del organismo fiscal para operar, razón por la cual sus facturas eran validas al poseer el CAI vigente, a lo que agrega que no estaban incluidos en la base Apoc al tiempo de la contratación, y que no le pueden ser atribuidos incumplimientos formales de terceros.
Que durante la etapa de fiscalización aportó documentación referida a las operaciones concertadas, la que fue agregada en los antecedentes administrativos, entre la que se advierten facturas de compra de bienes y servicios, copias de los cheques y resúmenes y extractos bancarios.
Que sin embargo, no sólo es necesario el cumplimiento de los recaudos formales sino que además es necesaria la consumación del aspecto material de la operación, debido a que el mero cumplimiento de los requisitos formales de facturación resultan inhábiles por sí solos ante la gravedad de los indicios expuestos para tener por acreditada la existencia de las operaciones en cuestión (de conformidad con lo resuelto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Stop Car SA c/ DGI”, del 21 de agosto de 2013).
Que con relación al agravio referido a la falta de inclusión de los proveedores en la Base Apoc, cabe remarcar que dicha circunstancia no implica que posean capacidad operativa para contratar debido a que su sola inclusión no constituye por sí misma el motivo del cuestionamiento de la validez de su facturación, sino que a ello se agregan las restantes constataciones efectuadas, las que deben ser rebatidas por el aquí recurrente.
Que si bien el Sr. Scoppa critica la labor del personal actuante, se advierte que se realizó una ardua tarea investigativa en orden a la situación particular de cada uno de los proveedores, conforme el detalle que surge de las resoluciones apeladas, en especial con la finalidad de su localización, y si bien en el caso de la firma NTW Consulting Group S.R.L. se logró ubicar a una de sus integrantes, la socia gerente desconoció a la firma, sin que el recurrente haya brindado datos que cooperen a su ubicación u otros elementos que acrediten que se trataba de proveedores operativos con capacidad para operar válidamente.
Que en autos, el recurrente únicamente introdujo contestaciones de oficio, las que no aportaron datos diferentes a los ya obrantes en las actuaciones administrativas, y si bien ofreció prueba pericial contable, que fue admitida, no procuró obtener su producción, lo que generó el decaimiento de la misma.
VII. Que las tareas realizadas por la inspección y el análisis de las constancias documentales permiten inferir que los supuestos proveedores no fueron los prestadores y/o vendedores de los conceptos expuestos en las facturas computadas en virtud de las irregularidades que los descalifican como tal, lo que descarta toda capacidad operativa para ello. Que los argumentos del apelante se refieren a aspectos formales, al hacer referencia a la documentación de respaldo de las operaciones y a sus libros y registros, extremos que por sí solos no logran demostrar la realidad de las operaciones negociables contenidas en la facturación, al no acreditar que las adquisiciones de bienes y prestaciones de servicios hayan sido efectuadas con los proveedores cuestionados en autos, sin que ante este Tribunal se hayan incorporado elementos que rebatan la postura fiscal, en razón de que la prueba informativa no resultó útil al efecto y la prueba pericial contable fue dada por decaída por negligencia de la parte actora, es decir que no obran en autos señales sobre la efectiva intervención de NTW Consulting Group S.R.L. y Llumina Group S.R.L. como prestadores y/o vendedores de los conceptos facturados al versar solo sobre aspectos documentales.
Que ello así, resultan insuficientes o ausentes los elementos probatorios reunidos en la instancia administrativa y ante este Tribunal para demostrar la existencia de las operaciones.
Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha reconocido que las exigencias derivadas del art. 377 del C.P.C.C.N. deben ser interpretadas en armonía con la presunción de legitimidad del acto administrativo de determinación de oficio, a fin de que el Estado no termine obligado a demostrar, en cada caso, la veracidad de los hechos en los que se asienta, cuando, por el contrario, es el interesado el que debe alegar y probar su nulidad en juicio (Fallos 218:312, 294:69 y 328:53).
Que en ese sentido deviene aplicable el criterio según el cual, cuando las manifestaciones de los contribuyentes o responsables no se hallan respaldadas por pruebas categóricas, las estimaciones de oficio gozan en principio de legitimidad e incumbe a quienes las impugnan la demostración intergiversable de los hechos.
Que por lo tanto, al no demostrarse la materialidad de las operaciones debido a que la facturación no refleja la realidad económica de las operaciones, no se puede tener por acreditado la veracidad del vínculo comercial con los proveedores, por lo que se deben confirmar los ajustes practicados en el Impuesto a las Ganancias y al Valor Agregado objeto de tratamiento en el presente Considerando y el anterior.
VIII. Que el otro de los ajustes formulado consiste en la impugnación efectuada por la deducción de gastos en el Impuesto a las Ganancias correspondientes a operaciones que no observaron lo establecido en el art. 1° de la Ley N° 25.345, aplicando en consecuencia el artículo 2° de la citada ley. Que al detectarse pagos que no cumplían con las exigencias de la norma mencionada, la inspección actuante consideró improcedente el cómputo del costo en el Impuesto a las Ganancias.
Que ello así, resulta de aplicación lo decidido por el Máximo Tribunal con fecha 19 de marzo de 2014 en la causa “Mera, Miguel Ángel”, donde al examinar las disposiciones de la ley N° 25.345 y el art. 34 de la ley de rito fiscal expresó en su parte pertinente: “...ese mismo orden de consideraciones lleva a coincidir con él a quo en cuanto a la inconstitucionalidad del art. 2° de la ley 25.345, máxime cuando en el caso en examen la norma impugnada prohíbe lisa y llanamente el cómputo de las operaciones cuyos pagos hayan sido efectuados por medios distintos de los mencionados en ese ordenamiento, lo que equivale a establecer una ficción legal que pretende desconocer o privar de efectos a operaciones relevantes para la correcta determinación de la base imponible y cuya existencia y veracidad ha sido fehacientemente comprobada. 16) Que, por otra parte, es indudable que prohibir el cómputo de determinadas erogaciones efectivamente realizadas -y que constituyen gastos deducibles en el impuesto a las ganancias y créditos fiscales en el IVA- por motivos estrictamente formales importa prescindir de la real existencia de capacidad contributiva, la que tiene que verificarse en todo gravamen como requisito indispensable de su validez (confr. Fallos: 312:2467; 314:1293, considerando 4°, y sus citas); de manera que también, desde esta perspectiva, se concluye en la falta de razonabilidad de la norma impugnada.” Que si bien mediante Resolución Nº 4/15 (SDG TLI) de fecha 4 de marzo de 2015 dictada por el Subdirector General de la Subdirección General de Técnico Legal Impositiva de AFIP-DGI el organismo fiscal se allanó parcialmente con relación a los montos relativos a la Ley Antievasión, atento que a fs. 386 el Vocal Subrogante, teniendo en cuenta que el recurrente no contestó el traslado conferido al respecto y dado que no se reunían los requisitos exigidos por el art. 164 de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.), dispuso que sigan los autos según su estado, corresponde expedirse en esta oportunidad al respecto.
Que ello así en el caso bajo análisis, el organismo fiscal no controvirtió la existencia de las operaciones de compra de bienes realizadas con los proveedores a los efectos del Impuesto a las Ganancias -si lo hizo en el caso del IVA- ya que entendió que tales bienes eran necesarios para la actividad comercial del Sr. Scoppa, sino que únicamente el presente cargo se formuló con sustento en la impugnación de los medios de pago empleados para cancelar esas adquisiciones, sin que tampoco se cuestione, en este caso, la validez de los comprobantes que las respaldaban.
Por lo que siendo veraces las relaciones comerciales del recurrente que permitieron adquirir los bienes facturados, en conformidad con el art. 34 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) resulta procedente que el apelante compute a su favor las deducciones objetadas en el Impuesto a las Ganancias, por lo cual corresponde dejar sin efecto el ajuste objeto del presente Considerando.
IX. Que al no haber elementos que justifiquen apartarse del criterio fiscal, corresponde confirmar en el cálculo del Impuesto a las Ganancias la impugnación de la factura de compra registrada en el libro IVA Compras a nombre de Llumina Group S.R.L. debido a la falta de exhibición del comprobante.
X. Que cabe analizar la procedencia de las sanciones aplicadas en el Impuesto al Valor Agregado por los períodos fiscales enero a marzo de 2010 -Resolución Nº 317/13- y en el Impuesto a las Ganancias del período fiscal 2009 - Resolución Nº 16/16- según los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley Nº 11.683 (t.o. 1998 y mod.) por la impugnación de las compras realizadas con los proveedores apócrifos y por el ajuste mencionado en el Considerando IX, dado que de la misma Resolución Nº 16/16 surge que en su base de cálculo no se tuvo en cuenta el ajuste vinculado con la ley Nº 25.345 debido al allanamiento parcial formulado por el ente fiscal, lo que guarda consonancia con lo resuelto en el Considerando VIII.
Que al analizar la figura del art. 46 y las presunciones enumeradas en el art. 47 de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.), la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal sostuvo que del juego armónico de tales preceptos surge que se debe acreditar en forma clara y suficiente la intención de omitir el impuesto, es decir, la existencia de ardid, maniobra o engaño, y no solamente el resultado defraudatorio. Corresponde, pues, al juez administrativo probar fehacientemente los hechos que determinan la aplicación de las presunciones, los que deberán ser ciertos y no meramente conjeturales (Sala I, “Pereda, Francisco (TF 34.603-I) c/DGI” del 12/12/2013 y “Mora y Araujo Manuel c/EN-AFIP- DGI-R. 812/2004 (RNOR) s/DGI” del 08/04/2014).
Que las presunciones previstas en el art. 47 de la norma fiscal admiten prueba en contrario, correspondiendo al recurrente probar la falta del elemento subjetivo doloso en orden a desvirtuar el criterio aplicado por el organismo fiscal. Que el análisis de las circunstancias de hecho y prueba efectuado en los Considerandos VI a IX ponen de resalto que se encuentran configurados los elementos que permiten encuadrar la conducta del aquí recurrente en dicha figura infraccional, consistentes en la presentación de declaraciones juradas engañosas en ambos tributos.
Que por lo tanto, al no haberse aportado elementos que justifiquen apartarse del encuadre jurídico dado por el Juez Administrativo a la conducta del apelante, corresponde disponer la confirmación de las multas aplicadas.
XI. Que resta referirse al ajuste practicado en el Impuesto a las Ganancias - Salidas no Documentada. Que el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias establece que “cuando una erogación carezca de documentación y no se pruebe por otros medios que por su naturaleza ha debido ser efectuada para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas, no se admitirá su deducción en el balance impositivo y además estará sujeta al pago de la tasa del treinta y cinco por ciento (35%) que se considerará definitivo”; mientras que el art. 38 de dicha ley dispone que "no se exigirá el ingreso indicado en el artículo anterior, en los siguientes casos: a) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos han sido efectuados para adquirir bienes, b) Cuando la Dirección General Impositiva presuma que los pagos -por su monto, etc,- no llegan a ser ganancias gravables en manos del beneficiario”.
Que cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación al resolver la causa “Red Hotelera Iberoamericana” del 26/8/2003 señaló: “18) Que en tales circunstancias resulta aplicable lo dispuesto por el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias (t.o. en 1986 y sus modif.), ya que debe interpretarse que una salida de dinero carece de documentación -a los fines de esa norma- tanto cuando no hay documento alguno referente a ella, como en el supuesto en que si bien lo hay, el instrumento carece de aptitud para demostrar la causa de la erogación e individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
21. Que, sobre la base de tales principios, no puede sino entenderse que tanto en uno como en el otro supuesto mencionado en el considerando 18, la erogación carece de respaldo documental, máxime si se tiene en cuenta -en lo relativo al propósito de la ley- que, como lo ha señalado la Corte en el precedente de Fallos: 323:3376, el instituto de las “salidas no documentadas” ha sido adoptado por el legislador para asegurar la íntegra percepción de la renta fiscal en una particular situación en la cual, ante la falta de individualización de los beneficiarios, a cuyo cargo debiera estar el pago del impuesto al rédito percibido, quien hace la erogación queda obligado a abonar sobre ella el tributo y debe hacerlo a título propio (conf., en el mismo sentido, Fallos: 275:83, citado en el mencionado precedente).
23. Que, por lo demás, la doctrina del precedente de Fallos: 323:3376 lleva a descartar que el artículo 37 de la ley de impuesto a las ganancias revista el carácter de una norma sancionatoria…”
Que en igual sentido se pronunció dicho Tribunal con fecha 27 de septiembre de 2011 in re “Interbaires S.A. (TF 15.828-
I. c/ DGI” donde al remitirse al dictamen de la Señora Procuradora Fiscal, sostuvo en su parte pertinente que “....ante la impugnación sustantiva del Fisco Nacional -quien imputa que las operaciones económicas y la documentación recibida por Interbaires S.A. carecen de sinceridad- el contribuyente debía probar por otros medios que tales erogaciones fueron realmente efectuadas para obtener, mantener y conservar ganancias gravadas (arg. art. 37, ya citado)....”, reiterando dicho criterio en la causa “Antu Aplicaciones Industriales Integradas S.A. - TF 20958-I c/ DGI” de fecha 31 de julio de 2012.
XII. Que ello así, a tenor de lo apuntado corresponde valorar los elementos reunidos durante la fiscalización y ante esta instancia, debiendo evaluarse si se ha logrado la efectiva individualización de los beneficiarios.
Que de la labor llevada a cabo por la inspección resultó que las facturas con relación a los proveedores NTW Consulting Group S.R.L. y Llumina Group S.R.L. fueron canceladas con cheques propios y de terceros en mayor parte, y algunas otras, según el recurrente, en efectivo que no pudieron ser constatados. Que en el caso de los pagos con cheques de terceros no se pudo seguir la cadena de endosos, lo que impidió conocer quien finalmente los cobró y en el caso de los cheques propios si bien pudieron ser debitados de la cuenta del Sr. Scoppa no hay ningún indicio que acredite que fueron cobrados por los proveedores, sin que en autos haya otros elementos que brinden precisión sobre la intervención de los proveedores en la cadena de pagos.
Que ello así el Fisco Nacional cuestiona que las sumas no fueron realmente percibidas por los proveedores, ya que no fueron éstos quienes suministraron los bienes vendidos o prestaron los servicios facturados, y si bien el actor afirma que los pagos se hicieron con cheques, al ser desacreditado como tales al no haber sido los proveedores los verdaderos prestadores, no se encuentra individualizada la causa que generó dicha prestación ni el verdadero beneficiario de la operación. Por lo que, de esta manera el beneficiario del pago de la transacción reflejada en ese comprobante permanece oculto, generando una salida de fondos no documentada al carecer dicho instrumento de aptitud para individualizar -al tratarse de actos carentes de sinceridad- a su verdadero beneficiario.
Que a ello cabe agregar, que de admitirse que el beneficiario se encuentra identificado por el hecho de que una persona física o jurídica -distinta a la que emitió la factura- haya sido el perceptor del cheque, llevaría a neutralizar la aplicación de la figura de la salida no documentada.
Que por lo tanto, al verificarse el presupuesto que hace a la aplicación del impuesto previsto en el art. 37 de la ley del Impuesto a las Ganancias -t.o en 1997 y sus modificaciones-, es decir un beneficiario oculto, procede la confirmación de este ajuste.
XIII. Que resta referirse a la multa aplicada en el Impuesto a las Ganancias – Salidas no Documentadas en los términos de los arts. 46 y 47 incs. a), b) y c) de la ley N° 11.683 (t.o. 1998 y mod.) -Resolución Nº 319/13-.
Que ha quedado demostrado que la recurrente incorporó en la contabilidad fiscal comprobantes con dos tipos de vicios; recaen sobre operaciones de compras-gastos inexistentes y además no se ha podido establecer, quiénes han sido los verdaderos destinatarios de las erogaciones que se cancelan.
Ese único accionar, calificado como maniobra en contra del Fisco Nacional, generó dos impactos perfectamente diferenciados pero con idéntico resultado -menor impuesto a favor del Fisco-, por lo que se procedió a impugnar el crédito fiscal en el Impuesto al Valor Agregado y el costo por las prestaciones de servicios en el Impuesto a las Ganancias, y en forma simultánea se dispuso la aplicación del Impuesto que prevé el artículo 37 de la LIG.
Si bien pueden existir supuestos en que se consagre el uno sin el otro lo real es que la erogación se realizó en favor de quien emitió el comprobante. Entonces la erogación es la consecuencia de un comprobante sin motivación, tanto desde el punto de vista de la naturaleza del gasto como del perceptor del pago. No hay un segundo comportamiento independiente que haga nacer el gravamen del artículo 37, es un desprendimiento de la única operación plasmada en el comprobante viciado, que se concreta en un momento posterior -con el pago- pero el origen es uno solo. El comprobante que pretende sustentar una operación inexistente y mediante el cual se reconozca un beneficiario también inexistente es el que resulta motivo de impugnación.
Por ello entiendo que cuando se intenta relacionar este hecho con el encuadre realizado por el juez administrativo a los efectos de aplicar la multa sobre salidas no documentadas, no cabe ninguna duda que las declaraciones juradas inexactas y engañosas u ocultaciones maliciosas, necesarias para tipificar la conducta están concretadas con la incorporación de comprobantes en la determinación del gravamen ajenos a la realidad, en cuanto a su motivación y a su beneficiario. En base a lo expuesto considero que las declaraciones juradas para el pago del impuesto especial del artículo 37, son sólo un requisito formal ajeno a la conducta que se está evaluando a los efectos de la aplicación de sanciones. Según lo expresado y atento que concurren los elementos objetivo y subjetivo necesarios para que se configure el aspecto subjetivo requerido por la figura aplicada, voto por confirmar la multa sobre la determinación de salidas no documentadas.
XIV. Respecto de los intereses resarcitorios pretendidos, cabe señalar que han sido liquidados conforme las prescripciones del art. 37 de la ley de procedimiento fiscal, por lo que corresponde disponer su confirmación en proporción a los ajustes que son confirmados.
XV. Por lo expuesto, voto por confirmar las resoluciones dictadas en los Impuestos al valor Agregado, a las Ganancias y a las Ganancias – Salidas no Documentadas conforme se expone en los Considerandos VI, VII, IX, XI Y XII y revocar la resolución dictada en el Impuesto a las Ganancias en lo que hace al cargo tratado en el Considerando VIII, con más intereses y multas en la proporción correspondiente.
XVI. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
XVII. Ordenar a la AFIP–DGI que en el plazo de treinta (30) días practique liquidación de las sumas adeudadas por el recurrente de acuerdo con lo decidido en la presente.
La Dra. Gómez dijo:
Que adhiere al voto del Vocal Instructor.
La Dra. O’Donnell dijo:
Adhiero en lo sustancial a la decisión propuesta por el Vocal Instructor, excepto en la imposición de las costas por el planteo de nulidad tratado en el Considerando IV de su voto que no corresponden en virtud de la doctrina de la CSJN en Fallos: 36:770 “Bolland”.
Respecto a la multa aplicada en la Res. N° 319/2013, tratada en el considerando XIII, también debe ser confirmada, por cuanto se encuentran configurados tanto el elemento objetivo como el subjetivo previstos en el art. 46 de la ley 11.683, sin que se hayan esgrimido agravios con entidad suficiente para dejarla sin efecto; con costas.
Que en virtud del acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Rechazar la nulidad invocada por la recurrente, con costas.
2. Confirmar las resoluciones dictadas en los Impuestos al valor Agregado, a las Ganancias y a las Ganancias – Salidas no Documentadas conforme se expone en los Considerandos VI, VII, IX, XI Y XII.
3. Revocar la resolución dictada en el Impuesto a las Ganancias en lo que hace al cargo tratado en el Considerando VIII, con más intereses y multas en la proporción correspondiente.
4. Las costas se imponen según los respectivos vencimientos.
5. Ordenar a la AFIP–DGI que en el plazo de treinta (30) días practique liquidación de las sumas adeudadas por el recurrente de acuerdo con lo decidido en la presente.
Regístrese, notifíquese y oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese.-
Date: 2022.12.28 13:33:17 -03:00 Date: 2022.12.28 14:38:50 -03:00 Edith Viviana Gomez Agustina O'Donnell Vocal Vocal Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.12.29 09:38:31 -03:00 Daniel Alejandro Martín Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.12.29 09:38:32 -03:00
Fin de la sentencia