Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2021-28179832-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar la Resolución 33/2020 (AD MARD), dictada por el Administrador de la Aduana de Mar del Plata en la Actuación Nº 18090-53-2018 (SA37 Nº 64/18).
2Costas a la vencida.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-46517421-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Martes 25 de Abril de 2023 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura,, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SCORZIELLO GALELLA S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente Electrónico N°EX-2021-28179832-APN-SGASAD#TFN, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. En el caso que se presenta a consideración se impuso una multa a una empresa bajo la tesis de que no habría exportado el volumen mínimo (por lo menos el 90%) que la ley prevé para tener por cumplimentada una DJVE. El recurrente se agravia por considerar que la conducta incriminada no se encuentra prevista en un encuadramiento jurídico. Menciona que la sola configuración objetiva de la infracción es insuficiente para hacer responsable penalmente al documentante de las consecuencias de las diferencias observadas, siendo preciso para hacer recaer las sanciones previstas por esa conducta la verificación de la consecuencia prevista por la ley por el acaecimiento de aquella inexactitud. Explica que la norma que regula el régimen de exportación de productos agrícolas, esto es, la ley 21.453, es un régimen especial y único, por lo que su incumplimiento debe ser interpretado bajo la órbita de dilucidar si el accionar del declarante tuvo en miras un fin especulativo y tendiente a burlar la renta fiscal en la fijación del hecho imponible. Se excusa del cumplimiento de dicho régimen especial por considerar que el hecho acaecido configura una clara causal de fuerza mayor, teniendo en cuenta que el comprador de la mercadería no obló los pagos de embarques anteriores, como así también se puede demostrar de forma objetiva su entrada en proceso de quiebra. Entiende que, en un contrato de compraventa, ante el incumplimiento del comprador, el vendedor no está obligado a enviar las mercaderías hasta que se paguen las anteriores. Solicita en forma subsidiaria la atenuación de la pena, el reencuadre legal al art. 995 en virtud de la falta de tipificación aludida e impugna la liquidación por considerar que se produjo un error en el cálculo de la multa. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se orden el sobreseimiento de la firma, con costas.
II. De su lado, en su responde, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Luego de efectuar una negativa genérica, menciona que la figura legal en la que se encuadra el incumplimiento endilgado a la apelante es el art. 9 de la ley 21.453, mediante la cual se establece una tolerancia mínima para dar cumplimiento a una DJVE. Explica que no puede considerarse como eximente de responsabilidad por incumplimiento el hecho de la conducta del comprador/importador. Ello, teniendo en cuenta que los riesgos de la actividad empresaria no pueden ser oponibles a la DGA. Cuestiona la inacción de la apelante al no requerir al servicio aduanero la acreditación de la aludida fuerza mayor en su defensa, cuando dicho acto hubiese obtenido el cumplimiento de la DJVE sin sanción de naturaleza alguna. Indica que la recurrente reconoció la vigencia del régimen en virtud del cual se establece el plazo, la forma y los efectos a los fines de no cometer la infracción y evitar la sanción. Con relación a la atenuación de la pena solicitada por la apelante, considera que la multa impuesta por la DGA resulta ajustada a derecho y conforme los lineamientos determinados en el art. 9 de la ley 21.453. En cuanto al supuesto error en el cálculo de la multa, cita jurisprudencia que desestima los argumentos de la actora. Finalmente ofrece prueba, hace reserva del caso federal y solicita se confirme la resolución aduanera, con costas.
III. Sentado lo anterior, corresponde resolver en autos si resulta ajustada a derecho la Resolución 33/2020 (AD MARD), por cuanto condena a la firma apelante, en los términos del art. 969, al pago de una multa de $108.876,05.
Para ello, es dable remitirse a la norma que origina la infracción atribuida a la actora. En este sentido, el art. 969 del Código Aduanero (CA) dispone: “Cuando el exportador que hubiere optado por el régimen previsto en el artículo 729 no cumpliere con la exportación en los plazos, forma y condiciones contempladas en el artículo 730 sin mediar las causales previstas en el artículo 731 será sancionado con una multa del DIEZ (10%) al VEINTE (20%) por ciento del valor en aduana de la cantidad, peso o volumen de la mercadería no exportada”. En tal entendimiento del asunto, no resulta controvertido que el registro de la DJVE efectuado por la actora implica que se acogió a los beneficios establecidos por la ley 21.453. A través de dicha norma se implementa un régimen de fomento a las exportaciones de productos agrícolas, donde se establece un sistema que permite a los exportadores determinar sus costos con la debida antelación de modo de propender a un más fluido ingreso de divisas. Como la propia norma lo indica, este régimen especial otorga un beneficio tributario, por lo que se debe ser cuidadoso en la interpretación de modo tal de que, por vía interpretativa, no se consagren las excepciones como regla general y, por lo demás, debe tenerse en cuenta el contexto general de las leyes y de los fines que las informan (“Fallos” 264:152; 265:256, entre otros).
Continuando con el análisis normativo, en su art. 6 se dispone que, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros y demás tributos que gravaren o beneficiaren la exportación de las mercaderías, serán de aplicación los regímenes tributarios, alícuotas, arancelario y de base imponible -valor FOB- vigentes a la fecha de cierre de cada venta.
Por su parte, el art. 9 establece: “Las ventas declaradas se darán por cumplidas cuando, dentro del plazo estipulado para la declaración jurada, el exportador hubiese registrado la declaración aduanera de exportación para consumo de por lo menos el noventa por ciento (90%) de la cantidad (peso o volumen) declarada. La Autoridad de Aplicación podrá dar por cumplidas las operaciones o extender los plazos de cumplimiento de las mismas cuando existan causas de incumplimiento no imputables al exportador (…) El incumplimiento o la anulación de operaciones correspondientes a las declaraciones de ventas registradas, será sancionado con una multa equivalente al quince por ciento (15%) del valor FOB de venta de la parte incumplida de la declaración, como máximo hasta el noventa por ciento (90%) de la cantidad declarada” (el subrayado me pertenece).
En este punto cabe aclarar que, conforme surge de la Exposición de Motivos del CA, lo establecido en los arts. 726, 727 y 728 no implica la derogación de la ley 21.453, en atención a que se trata de un “régimen especial”.
IV. De lo expuesto precedentemente, queda claro que el registro de la DJVE efectuado por la actora implicó que se acogiera a los beneficios establecidos por el art. 6 de la ley 21.453, en cuanto a la aplicación del régimen tributario, alícuotas, base imponible - valor FOB- vigente a la fecha de cierre de cada venta. Ahora bien, no se encuentra controvertido en el caso de marras que la apelante haya incumplido con el régimen hasta aquí desarrollado, sino que el thema decidendum recae sobre las causas invocadas por la autora para justificar dicho incumplimiento.
V. En tal entendimiento del asunto, los argumentos de la apelante se cimentan sobre la tesitura de que el comprador de la mercadería no obló los pagos de embarques anteriores, por lo que la firma tendría una justificación razonable para detener el envío de mercadería al exterior si su contraparte no se encontraba al día con los pagos, configurando así la causal de fuerza mayor.
Al respecto, debemos recordar que la causal de fuerza mayor requiere, para excluir la imputación objetiva de incumplimiento de las obligaciones asumidas, que se acredite la imposibilidad absoluta de cumplir. Lo dicho no puede entenderse como tal si solamente se torna dificultosa la acción para el cumplimiento, por lo que el hecho no solo debe ser imprevisible, sino que también debe ser insuperable e irresistible. En igual sentido se ha expedido la Sala F de este Tribunal en autos “Iveco Argentina S.A. c/ Dirección General de Aduanas s/ recurso de apelación", al mencionar que: “[e]n efecto, un hecho se considera imprevisible cuando no se lo puede prever, a pesar de haber actuado el deudor o responsable con la prudencia, diligencia y capacidad de previsión que son exigibles a un hombre medio, excediendo lo que normalmente ocurre y que supera cualquier previsión posible. Por el contrario, si el evento ocurrido sólo torna dificultosa la liberación o cumplimiento del deudor u obligado, no se lo puede invocar como causal exonerativa de responsabilidad”.
VI. Ahora bien, el caso que nos ocupa posee particularidades especiales por tratarse de normas que regulan, como ya se desarrolló anteriormente, un régimen especial. Tal es así, que la Resolución 51/18 establece el procedimiento para el registro de las DJVE referidas en la ley 21.453, regulando en su art. 10 las cuestiones relativas a la prórroga.
Específicamente, el inc. a) otorga una prórroga automática para los casos en los cuales se presente la imposibilidad de cumplir en término. Por su parte, el inc. b) permite solicitar una prórroga extraordinaria cuando medie caso fortuito o fuerza mayor, donde se deberán exponer los argumentos que motivan dicha solicitud. Finalmente, y en lo que aquí interesa, el inc. c) establece: “Cuando por la gravedad de las causas que configuren caso fortuito o fuerza mayor, debidamente acreditadas, la situación del exportador no se solucione con la prórroga extraordinaria de hasta TREINTA (30) días corridos, la citada Subsecretaría, por acto expreso y a pedido del exportador, podrá dar por cumplida la Declaración Jurada de Venta al Exterior “DJVE” sin sanción de naturaleza alguna para la razón social de que se trate. A los efectos de dar por cumplida la Declaración Jurada de Venta al Exterior “DJVE”, conforme a los lineamientos del párrafo precedente, no se considerará como eximente de responsabilidad por el incumplimiento, la conducta del comprador y/o importador, toda vez que ello no es un riesgo ajeno a la actividad exportadora” (El subrayado me pertenece).
En virtud de lo expuesto ut supra, queda de manifiesto que la actora debió haber solicitado prórroga de la DJVE ante el órgano de aplicación, siendo necesario para ello demostrar ante ese organismo “fehacientemente” las razones de caso fortuito o fuerza mayor y/ o razones atribuibles a un tercero, lo que no ocurrió en el presente caso. Cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
En resumidas cuentas, los riesgos de la actividad empresarial no son oponibles a la aduana, por lo que, a los fines de evitar el incumplimiento de la norma, la actora debió solicitar prórroga extraordinaria del plazo ante la autoridad de aplicación con anterioridad al vencimiento de las DJVE. Más aún, la recurrente admite que no comunicó en ningún momento la imposibilidad de cumplir en tiempo y forma con el régimen, lo que fue advertido posteriormente por el servicio aduanero al momento de verificar el vencimiento del plazo de cumplimiento de la DJVE sin haber exportado las cantidades mínimas requeridas por la norma en trato.
Por lo expuesto, considero que el planteo de fuerza mayor incoado por la apelante debe ser rechazado y, por ende, cabe afirmar que la firma Scorziello Galella S.A. es responsable de la comisión de la infracción prevista en el art 969 del CA., como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones asumidas al acoger al régimen excepcional de exportación de productos agrícolas.
VII. Para concluir, me expediré brevemente acerca del reencuadre legal y la impugnación de la liquidación impulsadas por la actora. Con relación a la primera cuestión, considero que el régimen al que se acogió la actora y por el cual se corrió vista es el régimen especial de la ley 21.453, que en el art. 9 establece la sanción de la que será pasible el exportador en caso de incumplimiento de las operaciones registradas (DJVE). Por ello, la conducta que se imputa se encuentra debidamente tipificada en el citado art. 9 de la ley 21.453. A la luz de lo expuesto, el reencuadre legal solicitado no puede prosperar. Avanzando sobre la segunda cuestión, surge de los actuados que la apelante entiende que la sanción que le correspondía seria la multa mínima que establece el art. 969 del C.A.
(10% del valor de la mercadería no exportada) y no la que impusiera el servicio aduanero, esto es, la del 15% prevista por el art. 9 de la ley 21.543, atento al principio de la ley penal más benigna. En primer lugar, cabe señalar que ambos tipos infraccionales (art. 969 del CA y art. 9 de la Ley 21453) reprimen la misma conducta: el incumplimiento del compromiso de exportación en los términos y cantidades asumidos. Sin embargo, efectuando un análisis de las normas en cuestión, el CA, posterior a la Ley 21.453, formula en su exposición de motivos una expresa referencia a ésta, en la Sección IX, Título I, Capítulo Sexto, punto 4, diciendo textualmente: “El art. 728 extiende la aplicación de los principios de los arts. 726 y 727 a todos los elementos utilizables para la liquidación de los derechos de exportación y para los demás tributos que gravan la exportación para consumo.
Tal norma establece el régimen general en la materia para toda la mercadería de exportación. Ello no implica la derogación de la Ley 21.453, en atención a que se trata de un régimen especial.” Así las cosas, la ley 21.453 contiene varios institutos específicos y propios que rigen las ventas al exterior de productos de origen agrícola, debiendo entenderse que, para todas aquellas cuestiones no previstas, deberá ser aplicado el CA, que es la legislación general de la materia, y subsidiaria del régimen de la ley 21.453. La especificidad del régimen al que se acogió la actora deviene en inaplicable la multa mínima prevista en el art. 969 del CA, no pudiéndose entender a esta última norma como más benigna en virtud de referirse al régimen general, por cuanto esa infracción se refiere específicamente al régimen previsto en el art. 729 del CA, y, por ende, al incumplimiento de la exportación en los plazos, forma y condiciones contemplados en el art. 730 del CA.
En cambio, en el caso de autos, el incumplimiento imputado se refiere, no a un (eventual) régimen de dicho art. 729 (que hubiera podido establecer el Poder Ejecutivo), sino concreta y específicamente al régimen legal de la ley 21.453. Por lo tanto la condena con fundamento en el referido art. 969 constituiría en el caso una (indebida y prohibida) incriminación, atento a que se trata de regímenes diferentes, siendo que la ley 21.453 se aplica a mercaderías y obligaciones inherentemente específicas -como lo son el tipo de mercaderías y el tonelaje mínimo de exportación-, habiéndose mantenido dicho régimen, siendo que el CA fue una norma posterior a ésta última y en el entendimiento de que el legislador tuvo presente su vigencia.
Amén de ello, debe destacarse que el art. 969 del CA a pesar de no ser aplicable al régimen de autos, prevé una graduación de 10% al 20%, la que no puede ser aplicada antojadizamente y mucho menos bajo la premisa de que ello pudiere constituir “norma penal más benigna”.
Por lo tanto, los argumentos de la actora no pueden ser receptados, toda vez que la sanción incurrida encuadra en el art. 9 de la mentada ley, que regula una sanción específica para los casos que ella tutela (sin perjuicio de que, en todo lo demás que no se encontrare legislado, rigen subsidiariamente las prescripciones del CA) desplazando como norma especial a la norma general.
Por todo lo expuesto, voto por:
1. Confirmar la Resolución 33/2020 (AD MARD) dictada por el Administrador de la Aduana de Mar del Plata en la Actuación Nº 18090-53-2018 (SA37 Nº 64/18).
2. Costas a la vencida.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Sr. Vocal Instructor.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE
1. Confirmar la Resolución 33/2020 (AD MARD), dictada por el Administrador de la Aduana de Mar del Plata en la Actuación Nº 18090-53-2018 (SA37 Nº 64/18).
2. Costas a la vencida.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, archívese.
Date: 2023.04.25 13:23:55 ART Date: 2023.04.25 13:55:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.04.25 17:20:22 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2023.04.25 17:21:01 -03:00
Fin de la sentencia