Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala I · Causa 170.980
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo:
I.) Revocar el decisorio de fecha 2 de septiembre de 2020, disponiendo la continuación de la causa a los efectos de posibilitar el dictado de la sentencia de mérito;
II.) No imponer las costas habida cuenta de que no ha existido contradicción alguna (argto. art. 68, 2da parte del CPC);
III.)
Sala Primera de la Excma. Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial Mar del Plata Expte. Nº 170980.-
Autos: "SEAGAL S.A. C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)".-
Habiéndose practicado oportunamente en esta Sala Primera de la Cámara de Apelación Civil y Comercial el sorteo prescripto por el artículo 263 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia, del cual resultó el siguiente orden de votación: 1º) Dr. Rodrigo Hernán Cataldo y 2º) Dr. Roberto José Loustaunau, se reúnen los Señores Magistrados en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos "SEAGAL S.A. C/ BANCO PATAGONIA S.A. S/ DAÑOS Y PERJ. INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL (SIN RESP. ESTADO)".- Acéptase la excusación formulada por el Señor Juez de Cámara, Dr. Eduardo A. Méndez, a mérito de la causal invocada (arts. 17 inc. 9, 30 y 32 del CPCC).-
Instruidos los miembros del Tribunal, surgen de autos los siguientes A N T E C E D E N T E S :
La Sra. Jueza de Primera Instancia dictó sentencia con fecha 3 de agosto de 2020 decretando la caducidad de instancia en la presente causa por entender que la parte actora no impulso el procedimiento durante el lapso legal previsto en los arts. 315 y sigtes. del CPC, con costas.- Contra ese pronunciamiento, interpuso y fundó recurso de apelación la parte actora con fecha de 10 de septiembre de 2020, en el que se agravia en primer término por entender que los plazos se encontraban suspendidos desde el día 22 de agosto de 2019, circunstancia que a su entender se encuentra vigente y de la cual hizo caso omiso el decisorio de fecha 2 de septiembre de 2020.
Aduce que su parte nunca abandonó la tramitación de la causa y que hubo actitudes dilatorias de la parte demandada, como la generada en torno a la pericial contable en la que nunca puso a disposición del perito la documentación que se le requería.
Sostiene que debió plantearse una negligencia probatoria en vez de decretar directamente la caducidad de instancia que fulmina el proceso, circunstancia que entiende es una medida injusta y un actitud de mala fe de la parte demandada.
En segundo término, considera que resulta de aplicación lo dispuesto por el artículo 311 del CPC al establecer que para el cómputo del plazo de caducidad no se tendrá en cuenta el tiempo en que el proceso hubiese estado paralizado por acuerdo de partes o por disposición del juez. Ello no solo porque así lo había dispuesto la Magistrada en la resolución de fecha 22 de agosto de 2019, sino también por la suspensión de términos disputa durante la pandemia, sin olvidar que existía un obstáculo legal constituido por la falta de entrega de la demandada del material necesario para la confección de la pericia.
Concluye su memorial de agravios solicitando que se haga lugar al recurso de apelación interpuesto, dejando sin efecto la caducidad de instancia decretada, se continúe con el proceso hasta el dictado de la sentencia de mérito.
En base a ello, los Señores Jueces resolvieron plantear y votar las siguientes C U E S T I O N E S :
1ª) ¿Es justa la sentencia de fecha 2 de septiembre de 2020?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A LA PRIMERA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Luego de un exhaustivo análisis de las constancias documentales de la causa a mi entender el recurso de la actora exhibe procedencia. En efecto, a medida que uno avanza en la lectura de las piezas presentadas y actos desarrollados durante el iter procedimental puede advertir su desprolijidad.
Así, más allá del tiempo transcurrido desde el inicio de la pretensión, lo cierto es que el presente proceso se encuadró bajo las reglas del proceso de conocimiento ordinario (ver fs. 145) y, contestada la demanda (ver fs. 157/161) se dictó la apertura a prueba bajo las reglas del proceso sumario por el plazo de 30 días (ver fs. 168 y art. 487 del CPC), lo que evidentemente motivó que no se procediera a la formación de los cuadernos de prueba pertinentes, proveyéndose a fs. 171/vta. las pruebas ofrecidas por las partes.
Desde esa perspectiva, puede advertirse que existe una errónea aplicación del derecho en el decisorio atacado en cuanto al cómputo de la caducidad en el decisorio de la instancia originaria, puesto que considera aplicable el plazo de 3 meses, cuando en realidad correspondía utilizar el de 6 meses como claramente dispone el art. 310 inc. 1 del CPC.
Se suma a ello la circunstancia de que se toma en consideración como válido un primer acuse de caducidad (el de fs. 282), dando por válida la notificación por cédula de fs. 284, cuando en realidad estaba mal dirigida, toda vez que fue diligenciada en un domicilio procesal constituido por el anterior letrado patrocinante y no en el nuevo que constituyera la Dra. Russo a fs. 280, escrito del cual la parte demandada había tomado conocimiento en el propio acuse de caducidad.
Más allá de ello, tampoco es acertado considerar que la última presentación útil de la parte actora haya sido la del escrito del 5 de diciembre de 2018 -en la que solicitó expresamente la intimación al perito Contador para que confeccionara la ampliación de la pericia puesto que la demandada no había acompañado documentación de las tasas de interés [ver fs. 285, 287]-, puesto que con fecha15 de julio de 2019 confeccionó y remitió al juzgado la cédula de intimación al experto para que ampliara su dictamen (ver constancia electrónica y cargo de fs. 394), lo que verdaderamente fue un acto impulsorio toda vez que a raíz de ello se dispuso la suspensión de los términos para la presentación de la pericia. Finalmente, arribamos al auto del 22 de agosto de 2019 en el que claramente puede leerse que la Magistrada a cargo del proceso concedió el préstamo de los actuados al Cdor. Público Pablo López y suspendió los términos que pudieran encontrarse corriendo respecto a la presentación de la pericia, disponiendo que los plazos comenzaban a correr desde el retiro del préstamo del expediente, circunstancia que nunca aconteció o por lo menos no obran asientos electrónicos o físicos de que se haya efectivizado el mentado préstamo.
Dicha circunstancia nos hace poner el foco en que hasta ese momento no pesaba sobre la accionante reproche alguno respecto a su actividad impulsoria en el proceso, mucho menos cuando el trámite estaba pendiente respecto de un auxiliar de la justicia.
Sin perjuicio de ello, debo rescatar también que a partir del 16 de marzo de 2020 y -como mínimo- hasta el 29 de abril, pero con mayor precisión hasta el 6 de mayo de 2020, los efectos de la pandemia se propagaron sobre la tramitación de los expedientes en sede judicial, ya que la SCBA dispuso la suspensión de términos procesales, pudiendo recién los letrados que ejercen libremente la profesión efectuar presentaciones electrónicas a partir del último día aludido (ver Ac. 386 art. 1y resolución 480/20, arts. 3 y 4).
Además de ello, como se sabe, es restablecimiento pleno de la actividad jurisdiccional en el Departamento judicial de mar del Plata tuvo dos momentos, el primero a partir del 24 de agosto de 2020 -que solamente se prolongó por una semana (Res. 819/20 de la SCBA)- y a partir del 25 de noviembre de 2020, siendo limitada la presencialidad para los profesionales en los organismos jurisdiccionales por medio del sistema de turnos. Con este panorama considero que lo resuelto en la instancia de origen no se encuentra ajustado a los parámetros que establece la ley local para la conclusión anormal del proceso por vía de caducidad de instancia. A todo evento, existen otras razones de peso para revocar el pronunciamiento en crisis, puesto que en el estadio probatorio en el que nos encontramos, ya no restan más pruebas por producir -a excepción de la que se encuentra suspendida-, quedando pendientes trámites que dependen pura y exclusivamente de la actividad oficiosa de la Magistrada y de la secretaría del órgano jurisdiccional.
En efecto, apenas uno comienza a recorrer el período de producción probatoria -más allá de las deficiencias procesales apuntadas al inicio- advierte que la parte actora produjo totalmente su prueba, toda vez que la confesional fue desistida (ver fs. 208) y las que se encontraban pendientes de producción caducaron automáticamente por imperio de lo normado en los arts. 400, 430 y 432 (v. gr. informativa punto XIV-e.2, de fs. 142 y 171 y testimoniales de fs. 140 vta. y fs. 214).
Asimismo, respecto de la parte demandada tampoco queda prueba pendiente de producción, puesto que desistió a fs. 177 y 208 de la informativa y confesional respectivamente.
Con esta lógica, pues, no caben dudas de que la Magistrada de la instancia de origen pudo haber tomado otro cauce procesal antes de haber decretado la perención de la instancia ( argto. art. 480 del CPC u otros que analógicamente conducen al mismo destino, v. gr. 365, 370, 378, 480, 481 y 493 del CPC), circunstancia que a mi entender también motiva la revocación del decisorio (argto. art. 313 inc. 3 del CPC).
VOTO POR LA NEGATIVA.
EL SEÑOR JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN PLANTEADA EL SEÑOR JUEZ DR. RODRIGO HERNÁN CATALDO DIJO:
Si mi criterio es compartido por el distinguido colega que me acompaña en este voto, considero que corresponde:
I. Revocar el decisorio de fecha 2 de septiembre de 2020, disponiendo la continuación de la causa a los efectos de posibilitar el dictado de la sentencia de mérito;
II. No imponer las costas habida cuenta de que no ha existido contradicción alguna (argto. art. 68 2da parte del CPC);
III. Notificar a las partes la presente por el sistema automatizado devolver la presente causa al juzgado de origen.
ASÍ LO VOTO EL SEÑOR JUEZ DR. ROBERTO JOSÉ LOUSTAUNAU VOTÓ EN IGUAL SENTIDO Y POR LOS MISMOS FUNDAMENTOS.
Con lo que terminó el acuerdo dictándose la siguiente:
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -S E N T E N C I A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Por los fundamentos consignados en el precedente acuerdo:
I.) Revocar el decisorio de fecha 2 de septiembre de 2020, disponiendo la continuación de la causa a los efectos de posibilitar el dictado de la sentencia de mérito;
II.) No imponer las costas habida cuenta de que no ha existido contradicción alguna (argto. art. 68, 2da parte del CPC);
III.) Notifíquese la presente por el sistema automatizado a los En la ciudad de Mar del Plata, se procede a continuación a la firma digital de la presente, conforme Ac. 3975 de la SCBA.
Fin de la sentencia