Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2090/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Seave S.A. a fs. 93/100 y, en consecuencia, revocar la sentencia interlocutoria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Uno de Pico Truncado, que obra a foja 102 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2090/16-TSJ Interlocutorio N°: 3293.-
Actor: SEAVE S.A.
Demandada: SECRETARIA DE ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL Objeto S/ RECURSO DE QUEJA Fecha: 07-07-2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3293 FOLIO Nº 5485/5488 PROT. ELECT. TSS1 031 I.171
Río Gallegos, 07 de julio de 2017.-
Los presentes autos caratulados: “SEAVE S.A. C/ SECRETARÍA DE ESTADO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL S/ RECURSO DE QUEJA”, Expte. Nº S-17.249/15 (S-2.090/16-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto por el apoderado de Seave S.A., Dr. Alberto A. Manzanares a fs. 93/100, contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Uno de Pico Truncado en su carácter de Alzada obrante a fs. 89/91 vta., por cuanto rechaza el recurso de queja y declara bien denegado el recurso de apelación, interpuesto a fs. 56/59. Mediante la apelación pretendía la revisión de la resolución dictada por la Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social a fs. 49/50 que impuso una multa de $132.000.- En Segunda Instancia se consideró que no se había cumplido el requisito de admisibilidad previsto en el artículo 66 de la Ley Nº 2450, -previo pago de multa-, dando en pago un seguro de caución cuando se encontraba vencido el plazo para ello (conf. fs. 90 vta./91).-
Contra dicha decisión la parte actora interpuso recurso de casación alegando quebrantamiento de forma y violación de la ley (conf. foja 94).-
La recurrente afirma que “En concreto estamos frente a un actuar arbitrario de los fiscalizadores y funcionarios de la Secretaría de Trabajo que llevaron un expediente adelante basado sólo en la voluntad del titular de la administración. Desde el momento en que el accionar de los funcionarios públicos se funda en conceptos voluntaristas, subjetivos y no en normas jurídicas que sustenten la decisión resulta arbitrario.” (cfr. foja 95 vta.). Seguidamente expresa que “El proceder de la administración atenta contra preceptos Constitucionales como lo son trabajar, ejercer toda industria lícita, igualdad, razonabilidad, propiedad, debido proceso y el derecho de defensa en juicio, entre otros arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 19, 75, inc. 22 CN.” (cfr. foja cit.).- Por otro lado se agravia de que “Se lleva adelante la inspección sin que concurra un responsable de la empresa, con facultades para obligarla, hecho que impide a Seave SA defenderse en debida forma, en éste caso debemos dejar sentado que hubo de inspeccionarse un galpón en desmantelamiento.” (cfr. foja 96).-
Señala que “…el seguro de caución es una herramienta válida para garantizar la obligación al fisco, por lo que su falta de reconocimiento por parte de la Administración y el A-quo no es más que un capricho fundado en su sola voluntad (arbitrariedad), ello impone que VE deba avocarse al conocimiento de la causa y la revise, otorgando el recurso de apelación denegado en atención a la evidente violación del derecho de defensa, debido proceso, igualdad, seguridad, etc.” (cfr. foja 99).- Por otro lado manifiesta que “…desde el momento en que la Secretaría de Trabajo no cumplió a lo largo de (sic) proceso con el debido respeto de los principios procesales de contradicción y bilateralidad, impidiendo a mi poderdante ejercer un adecuado contralor de la acusación y sus fundamentos para arribar a la multa que aquí se impugna, hubo de parte de (sic) estado una violación evidente del derecho de defensa de Seave S.A.” (cfr. foja cit.).-
A foja 102 y vta., el Juzgado de Pico Truncado en su carácter de Alzada, declaró formalmente admisible el recurso de casación.-
II. Se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
Se advierte, que las conclusiones de la sentencia en crisis no son refutadas mediante argumentos conducentes que evidencien un decisivo error en el pronunciamiento recurrido.-
En su planteo, la recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada pretendiendo una interpretación y una aplicación distinta de la normativa vigente, invocación que por sí sola no basta en el ámbito casatorio dada la limitación extraordinaria de la instancia, y en especial por la exclusión del análisis de los hechos, que es materia exclusiva de los jueces de grado con las salvedades propias de la materia en orden al absurdo o a la arbitrariedad.-
No se observa que el recurso intentado logre demostrar los vicios alegados, referidos al erróneo análisis e interpretación del artículo 66 de la Ley Nº 2450. De modo que, no puede prosperar la vía intentada cuando los fundamentos dados en la instancia de grado son coherentes, lógicos y han dado una equilibrada interpretación legal con una subsunción correcta de los hechos y el derecho aplicable (conf. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).- En efecto, nótese que en su decisorio el Juez de Primera Instancia expresa: “A los fines de determinar si la apelación deducida por la empresa recurrente contra la Disposición Nº 160/2013 mediante la cual le impusiere sanción ha sido rechazada conforme a derecho, encontrándose acreditado que SEAVE S.A. no ha dado cumplimiento al requisito de admisibilidad previsto en el art. 66 de la Ley 2450, es decir, el previo pago de la multa, ofreciendo un seguro de caución en su reemplazo, toda vez que conforme surge de fs. 56/59 si bien se ha plantado (sic) en tiempo y forma la apelación, no se ha hecho efectivo el pago previo, recién en fecha 27 de septiembre de 2013… el representante de la firma SEAVE S.A. procede a dar en pago mediante un seguro de caución de Sancor Seguros (v. fs. 65/67) que se adjunta al expediente, que si bien el mismo constituye forma de pago conforme fallos dados por este Tribunal, el mismo debe ser en tiempo y forma, es decir al momento de interponer la apelación, y no así de manera posterior y vencido el plazo para realizar el mismo…” (cfr. fs. 90 vta./91).- Aunque, lo decidido por el ad quem sobre la materia, pueda resultar opinable, lo cierto es que no se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación -que le permita arribar a esta instancia excepcional- por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales.-
Así es que el Juez de Primera Instancia funda su decisión en que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha considerado que la exigencia de depósitos dinerarios previstos como requisitos de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria, como principio, a los derechos de igualdad y de defensa en juicio (conf. foja 91). Agregando que, si bien tal criterio ha sido atemperado por el Máximo Tribunal ante supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que ese pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías constitucionales, “…o cuando el monto a depositar tenía desproporcionada magnitud con relación a la capacidad económica del apelante ante una falta comprobada e inculpable de medios, o cuando el cumplimiento estricto del depósito previo era desproporcionado y existía imposibilidad financiera comprobada de poder afrontarlo.
Situaciones estas, que deberán acreditarse en el caso concreto; criterio éste compartido por la suscripta.” (cfr. foja cit.).- Frente a ello, una atenta lectura del recurso de casación esgrimido, permite advertir que la impugnante se desentiende del argumento central dado por el a quo, limitándose a exteriorizar su propio razonamiento sobre la forma en que el tribunal tendría que haber decidido sobre el concepto del previo pago de la multa exigido por la normativa aplicable y la apreciación de circunstancias atenuantes del principio general, denotando con tal postulación una evidente insuficiencia del intento impugnativo deducido.- Al respecto este Tribunal ha expresado, citando a la Corte Suprema de Justicia de la Nación: “En cuanto a la interpretación del principio ‘solve et repete’ y la eventual procedencia de la excepción al mismo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado: ‘…Que si bien se ha admitido reiteradamente que la exigencia de depósitos previstos como requisito de viabilidad de los recursos de apelación no es contraria a los derechos de igualdad y defensa en juicio…también lo es que -con no menor reiteración- esta Corte ha aceptado la posibilidad de atenuar el rigorismo del principio solve et repete en eventuales supuestos de excepción que involucren situaciones patrimoniales concretas de los obligados, a fin de evitar que el pago previo se traduzca en un real menoscabo de garantías que cuentan con la protección constitucional (Fallos: 285:302)…’ (cfr.
Fallos 322:337); ‘…en razón de que el monto del depósito…resulta exorbitante con relación al capital social de la empresa…, surge prima facie acreditada la imposibilidad de hacer frente a dicha suma, por lo que no cabe condicionar la procedencia del estudio de la apelación al aludido requisito, pues ello importaría afectar el derecho de defensa en juicio con vulneración de lo dispuesto por el art. 18 de la Constitución Nacional…’ (cfr. Fallos: 328:2938).” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3104, Folio 5066/5069).- Más allá de la discrepancia con la postura asumida por el Juez de Primera Instancia que la recurrente pudiera tener, lo cierto es que el decisorio se encuentra debidamente fundado y ha dado una solución razonable y equilibrada a la contienda.
Motivo por el cual el recurso de casación no puede prosperar.-
En tal sentido, este Tribunal tiene dicho que no promueve una cuestión para ser tratada en casación el recurso que solo trasunta una opinión diversa a la sostenida en las instancias de grado, insuficiente por ende, para demostrar que ésta conduzca a un apartamiento palmario de la solución jurídica prevista para el caso o adolezca de una decisiva carencia de fundamentación (conf. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2952, Folio 4739/4742, entre otros). Y que “…incurre en un notorio error el recurrente, al considerar que el ad-quem realizó una interpretación equivalente a la ‘prescindencia del texto legal’... pues la adhesión a una teoría no implica -en principio- el haber incurrido en arbitrariedad; máxime cuando numerosa doctrina y jurisprudencia son contestes con la misma.” (cfr.
Sentencia, Tomo XII, Reg. 418, Folio 2282/2288).- Cuando existen distintas visiones sobre el “thema deciden-dum”, como sucede en el caso de autos, la inclinación hacia una postura -por parte del Juzgador- no constituye materia que deba tratarse en casación, pues ello no implica -en principio- el haber incurrido en violación de la ley o arbitrariedad, cuando ella se apoya en criterios razonables. Este Tribunal ha dicho, ante circunstancias análogas que “…no se encuentra en la adscripción por parte del juzgador de grado a una u otra teoría -en principio- fundamento bastante para agraviarse de arbitrariedad y por lo tanto, si el fallo tiene un fundamento serio basado en una postura jurídica -sea o no mayoritaria-, la circunstancia que el recurrente considere aplicable a su favor una de tales tendencias no habilita ‘per se’, la admisión de su queja.” (cfr.
Sentencia, Tomo XI, Reg. 398, Folio 2154/2157 y fallo cit.).- La decisión adoptada por la resolución en crisis resulta concordante con antecedentes jurisprudenciales de otras jurisdicciones: “…el infractor no ha acreditado los mínimos requisitos que se exige para apartarse del principio mencionado; se limita a citar jurisprudencia y doctrina… El sólo hecho de invocar que su pago impide el acceso a la Justicia no es suficiente… En definitiva lo que se debe acreditar ‘en concreto’ es que la suma resulta excesiva y compromete patrimonialmente a la empresa de forma tal que cumplir con este recaudo implica la vulneración del derecho de defensa. (ver en ‘Centro Diagnóstico de Virus S.R.L. c. Administración Fed. de Ingresos Públicos’ - 2005/08/02, La Ley 12/01/2006)… el interesado debe demostrar que la suma para él es exorbitante, desmedida, que compromete su giro comercial o la actividad económica que desarrolla, y por ello verse afectado su derecho de defensa ante la imposibilidad de cumplir con la misma sin que comprometa su situación patrimonial.” (cfr.
SCJ Mendoza, sala II, “Products Service S.A. c/ Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de la Provincia”, 30/09/2010, www.informaciónlegal.com.ar. Cita online: AR/JUR/67195/2010); “…la carga en examen no resultaba una restricción irracional al derecho de defensa ni una violación al mentado Pacto que resulta innegable que en el caso de autos no existe elemento de juicio alguno que sugiera, prima facie, la imposibilidad de pago, o la falta inculpable de las medidas pertinentes para enfrentarlos, ni la desproporción entre el importe de la multa y las posibilidades económicas de la recurrente…” (cfr. CSJ Santa Fe, “Teledifusora S.A. c/ Secretaría de Trabajo –Recurso deQueja- s/ Recurso de Inconstitucionalidad”, 01/09/2004, cita 16829/12).- Por lo que, considerando la decisión que adoptó el juzgador, la misma no resulta, en principio, revisable ante esta instancia, al haber fundado debidamente su posición, citando jurisprudencia que avala su conclusión, sin encontrarse ésta desprovista de fundamentos, más allá, como se dijo, de la discrepancia que pudiera tener Seave S.A. con la postura asumida por la resolución en crisis.-
En este marco conceptual, se encuentra el recurso fuera del ámbito extraordinario de la casación, toda vez que el proceso ha tenido adecuado y debido tratamiento en la Alzada cuya valoración enmarcada en las reglas de la sana crítica, no permite que se advierta violación de la ley, apartamiento de las leyes de la lógica, habiéndose observado los principios constitucionales del debido proceso y defensa en juicio, por lo que el recurso deviene improcedente, confirmándose la sentencia emanada del Juzgado de Primera Instancia, en su carácter de Alzada.- En igual sentido el Máximo Tribunal de la Nación ha expresado: “‘…si el fallo apelado, dictado por los jueces de la causa, es fundado y serio, aún cuando pueda discutirse con base legal la doctrina que consagra o sus consecuencias prácticas, no resulta aplicable la jurisprudencia excepcional establecida en materia de arbitrariedad’ (Fallos 237:69)…toda vez que ‘…la impugnación por arbitrariedad no consiste exclusivamente en la mera disconformidad con la interpretación que hacen los tribunales de justicia de las leyes que aplican, en tanto no exceden las facultades que son propias de su función… y cuyo acierto o error no incumbe al Tribunal revisar…’ (Fallos 237:142) (cfr.
Genaro R. Carrió, Alejandro D. Carrió, “El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria”, Ed. Abeledo Perrot, 3º Ed., págs. 29/30).- Tampoco, se reitera, puede ser tachado de arbitrario el pronunciamiento. Es tesis de este Alto Cuerpo que: “…la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituida para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación…” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros). En estos casos la cuestión no puede sino fenecer en los Tribunales ordinarios, no siendo este Tribunal Superior de Justicia una nueva y tercera instancia para revalorizar y juzgar respecto de dichas cuestiones, salvo el caso de absurdo, o que se alegue y demuestre que se han violado las normas legales o las reglas de derecho que gobiernan esa interpretación.
Circunstancias que no acontecen en el fallo cuestionado.- En el sub lite, la postura asumida por el Juzgado sentenciante, si bien puede doctrinariamente ser opinable, no es merecedora de censura en esta instancia, en la medida que se encuentra debidamente sustentada, no es arbitraria y ha dado una solución razonable y equilibrada a la contienda. La sentencia efectúa una interpretación razonada del derecho que juzgó aplicable, en su relación a las peculiares características del caso concreto ante ella planteado.-
IV. Que, en virtud de todo lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por Seave S.A. a fs. 93/100, no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la resolución emanada del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Uno de Pico Truncado obrante a foja 102 y vta. de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia,
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por Seave S.A. a fs. 93/100 y, en consecuencia, revocar la sentencia interlocutoria del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería Nº Uno de Pico Truncado, que obra a foja 102 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de tres miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso en virtud de encontrarse en uso de licencia el Sr. Vocal Dr. Enrique Osvaldo Peretti y vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1031I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.293.-
Folio N°:5485/5488.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia