Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 102360574-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso de apelación interpuesto por la Aduana y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV -
Exp. CAF 1340/2025/CA1: “SEGIBUS S.R.L. (TF 102360574-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, julio de 2025.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, mediante pronunciamiento del 8/7/2024, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación —por mayoría— declaró la nulidad del artículo 2º de la resolución DE PRLA 488/2017, dictada en el marco de las actuaciones SIGEA 13809- 189-2009, en cuanto la Dirección General de Aduanas (“DGA”) había intimado a la empresa actora al pago de tributos.
Para así decidir, sostuvo que la Aduana no sólo había omitido correr vista de lo actuado a los presuntos responsables de la infracción prima facie verificada, sino que tampoco había siquiera instruido el correspondiente sumario, habiéndose limitado a dictar la resolución recurrida y formular los respectivos cargos aduaneros. En tal sentido, consideró que la firma había sido privada de ejercer su derecho a un debido proceso adjetivo, puesto que recién había tomado conocimiento del sumario al momento de la notificación de la resolución impugnada. De tal modo, entendió que el servicio aduanero se había apartado del trámite reglado por el Código Aduanero para los procedimientos infraccionales.
Así, destacó que no se había dado intervención al presunto responsable del incumplimiento imputado ni tampoco se había dictado la resolución en los términos establecidos por el artículo 1112 del Código Aduanero, dado que, si el Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros hubiera seguido el procedimiento en tiempo hábil, habría condenado o absuelto al imputado y no —en cambio— dispuesto el archivo de las actuaciones sin más trámite con arreglo a lo previsto en la instrucción general 11/2016.
Finalmente, impuso las costas a la Aduana.
2. Que, contra esa decisión, la DGA interpuso recurso de apelación el 3/9/2024, el que fue concedido el 10/9/2024 y fundado con fecha 24/9/2024 (v. páginas 276, 278, 286/294, respectivamente). Corrido el pertinente traslado, la empresa importadora contestó los agravios de la recurrente el 23/10/2024 (v. páginas 298/305). La Aduana solicita la revocación del pronunciamiento recurrido sobre la base de los siguientes fundamentos:
1 (i) que es falso que no se ha instruido el sumario, pues, contrariamente a lo afirmado por el Tribunal Fiscal, ello fue ordenado con fecha 14/3/2012, pero, tras consultar los datos de los imputados a los de verificar si registraban antecedentes en los términos de la instrucción general 11/2016, procedió a archivar las actuaciones sin más trámite.
(ii) que el acto por el que se dispuso la apertura del sumario cumplió con todos los requisitos establecidos por el artículo 1094 del Código Aduanero, por lo que “surtió los efectos suspensivos de la prescripción atribuidos por dicha legislación desde su dictado”.
(iii) que, en todo caso, la afectación al derecho de defensa en la instancia administrativa “no causó a la parte ningún gravamen irreparable que no pudiera ser subsanado…”. En tal sentido, señala que la nulidad de la resolución cuestionada “a lo sumo debería haber conllevado por parte del Tribunal a retrotraer el procedimiento al auto de instrucción del sumario plenamente válido… más no tildar de nulo todo el procedimiento y tirar por la borda la Resolución Aduanera”.
(iv) que el Tribunal Fiscal de la Nación “confunde la faz infraccional con la formulación del cargo tributario”. Al respecto, indica que la resolución 488/2017 no importó una condena en un procedimiento para las infracciones, el que —al contrario— fue archivado en los términos de la instrucción general 11/2016. Pone de resalto la “separación e independencia” entre, por un lado, la esfera de responsabilidad infraccional por la que correspondería la aplicación de sanciones y, por el otro, la de la responsabilidad tributaria por la que procede la formulación del cargo. Sobre esa base, considera que, a partir de “[u]na correcta exégesis de lo que implica el archivo dispuesto de la investigación infraccional [se] entendería sin dudas que ella implica, al menos, el desligue absoluto de la cuestión tributaria, la que debe seguir su curso por las vías pertinentes, en forma independiente de la cuestión infraccional”. (v) que “la diferencia de valor identificada [es] la que da origen al cargo tributario, no siendo necesaria la constatación de la infracción —pasible de multa— para el nacimiento de la obligación tributaria”. En este orden de razonamiento, explica que “ha quedado acreditado que los tributos se deben por la diferencia entre el valor declarado y el valor comprobado por el Servicio Aduanero originándose así una diferencia tributaria la cual es exigida en este acto”. Entonces, señala que no es necesaria la comisión de una infracción aduanera para que exista un cargo tributario por diferencias en el valor declarado.
(vi) que, en definitiva, “no estamos en presencia de un procedimiento infraccional, sino de una simple formulación de un cargo, que no necesita… la ‘determinación fehaciente de la configuración de la infracción’”.
3. Que, de acuerdo con las constancias de las actuaciones SIGEA 13809-189-2009, resulta que:
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— el 31/8/2009, se labró el acta de denuncia 263/2009 frente a la presunta infracción tipificada en el artículo 954, incisos a y c, del Código Aduanero con relación al DI 08001IC04169690D (v. fs. 1).
— a través de la nota RAMO 7 906/2009 —sin fecha—, se determinó una diferencia de base imponible y de tributos por la suma total de USD 7.915,79 y, en consecuencia, se indicó que, “en virtud de haberse efectuado una declaración que, en caso de pasar inadvertida, hubiera podido producir un perjuicio fiscal estimado en u$s 3.147,60; y en los términos del art. 954 inc. c) del citado cuerpo legal, toda vez que se habría producido el egreso de un importe distinto del que efectivamente correspondiere, ocasionando una diferencia de base imponible de u$s 4.768,19” (v. fs. 2/3, la negrita corresponde al original).
— el 14/3/2012, el servicio aduanero dispuso la instrucción de un sumario en atención a “que los hechos denunciados en autos configurarían prima facie la infracción prevista y penada en el art. 954 del Código Aduanero” (v. fs. 12). — el 7/7/2016, se ordenó correr vista de todo lo actuado a la firma SEGIBUS S.R.L. y al despachante de aduana, a quienes se les había imputado la presunta comisión de la infracción prevista en el artículo 954, incisos a y c, del Código Aduanero, debiendo hacérseles saber la posibilidad del pago voluntario de la multa mínima y el monto de los derechos de importación pretendidos por la Aduana (v. fs. 16). Sin embargo, como lo advirtió el Tribunal Fiscal, no hay constancias que den cuenta de que ello fue notificado.
— con fecha 23/12/2016, se dejó sentado que, tras consultar los datos de los sumariados, “carecen de antecedentes de casos archivados válidos en los términos de la Instrucción General 11/2016” (v. fs. 17).
— a través de la resolución DE PRLA 485/2017, el servicio aduanero (i) dispuso el archivo de las actuaciones con arreglo a lo establecido en la instrucción general 11/2016; y (ii) formuló cargo en concepto de tributos aduaneros por la suma de USD 3.147,6 e intimó a la actora a su cancelación en los términos de los artículos 794 a 799 del Código Aduanero (conf. artículos 1º y 2º; v. fs. 18).
4. Que, así las cosas, la resolución cuestionada fue dictada en el marco de actuaciones administrativas que tuvieron su causa en la presunta infracción al artículo 954 del Código Aduanero —declaraciones inexactas— y, entonces, el cargo contenido en su artículo 2º no puede sino entenderse formulado en el marco de un 3 procedimiento para las infracciones, que culminó con una condena al pago de tributos, aunque absolutoria —en rigor, con el archivo del trámite— en el aspecto infraccional (conf. esta Sala, in rebus: “Gax S.A. (TF 77575105-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 46.837/2022, sentencia del 13/9/2022; y “Envases del Plata S.A. (TF 84138521-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 46.832/2022, sentencia del 20/9/2022, entre otros).
Así, no se encuentra controvertido que se arribó a esa solución frente a la ausencia de antecedentes de los sumarios, pero que, al resolver de ese modo y al mismo tiempo intimar al pago de tributos presuntamente adeudados, la Aduana lo hizo sin dar previa intervención al incriminado para que acreditase los hechos que servían de base a la imputación y que, asimismo, condicionaban la procedencia del reclamo de los tributos (cfr. esta Sala, in re: “Paramerica S.A. (TF 86342903-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 42.055/2023, sentencia del 22/11/2023). Ello se ve reforzado por los términos del propio recurrente, quien sostiene —tal como se dijo— que la pretensión tributaria articulada por el servicio aduanero tuvo su causa en la “diferencia entre el valor declarado y el valor comprobado por el Servicio Aduanero” (v. considerando 2º, apartado (v) supra). Sin embargo, esa inobservancia —que, valga la insistencia, es invocada por la Aduana como hecho imponible— nunca fue fehacientemente determinada conforme a los procedimientos legalmente establecidos a tal fin, al punto que ni siquiera se le corrió vista al sujeto presuntamente obligado para que pudiese acreditar la exactitud de los valores declarados. Es decir, no se le dio intervención a la firma importadora para que acreditase lo que hubiera estimado pertinente para su defensa respecto de los hechos y antecedentes que servían de base a la imputación, los que —a su vez— supeditaban la viabilidad del reclamo de los tributos.
En este entendimiento, deviene aplicable el criterio adoptado por esta Sala en diversos precedentes en cuanto a que la corrida de vista establecida en el artículo 1101 del Código Aduanero no consagra un inútil formalismo sacramental, sino que con ella se pretende dar plena dimensión al derecho constitucional a ser oído antes de la emisión del acto que pone fin a un sumario infraccional; de manera que su incumplimiento por parte de la Administración no puede ser saneado a posteriori y en otra instancia, quedando el acto fulminado de nulidad al no haberse concretado los procedimientos pertinentes (conf. esta Sala, in re: “Cosena Seguros (TF 24583-A) c/ DGA”, causa 29.957/2011, sentencia del 9/2/2012; “Ramírez, Horacio Omar c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 56.691/2015, sentencia del 5/4/2016; y, más recientemente, “Industrias John Deere Argentina S.A. (TF 124656721-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 3268/2025, sentencia del 3/4/2025; e “Industrias Metalúrgicas Pescarmona S.A. (TF 75497811-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4317/2025, sentencia del 27/5/2025; entre otros. En igual 4 CÁMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL - SALA IV - Exp. CAF 1340/2025/CA1: “SEGIBUS S.R.L. (TF 102360574-A) C/ DGA S/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
sentido, esta Cámara, Sala III, in rebus: “Compañía de Barcos S.A. (TF 15082537-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 1239/2024, sentencia del 20/3/2025).
5. Que, a mayor abundamiento, si se siguiese la línea argumental que propone el Fisco —en cuanto a que se trataría de una resolución que tuvo por único objeto liquidar tributos aduaneros—, se arribaría también a la conclusión de que el acto resulta insalvablemente nulo; en este caso, por falta de causa, toda vez que no se encuentran fehacientemente acreditadas las circunstancias que darían sustento al reclamo de los gravámenes (arg. artículos 7º, inciso b, y 14, inciso b, de la ley 19.549; y doctrina de esta Sala en las causas “Envases del Plata S.A. (TF 84138521-A) c/ DGA” y “Gax S.A.(TF 77575105-A) c/ DGA”, ya citadas; “Miquel y Costas Argentina S.A. (TF 39040- A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, causa 4330/2024, sentencia del 23/4/2024. Asimismo, esta Cámara, Sala III, in re: “Afianzadora Latinoamericana Compañía de Seguros S.A. (TF 120260476-A) c/ DGA”, causa 11.870/2024, sentencia del 13/5/2025).
Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE:
Rechazar el recurso de apelación interpuesto por la Aduana y, en consecuencia, confirmar la sentencia apelada. Con costas (artículo 68, primer párrafo, del CPCCN).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia