Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa EX-2019-72410244-APN-SGASAD#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 99 001 IT14 005902 Z, por la firma SECIN S.A., en la Actuación SIGEA N° 12197-15199-2005, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 9661/10 dictada, en la Actuación Nº 12197-15199- 2005, en cuanto condena a la importadora SECIN S.A., al pago de una multa, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.886,57) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la actora.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2023-124956820-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 20 de Octubre de 2023 En Buenos Aires, reunidos los Vocales miembros de la Sala “G”, Dres. Miguel Nathan Licht, Claudia Beatriz Sarquis y Horacio Joaquín Segura, a fin de resolver en los autos caratulados: “SECIN S.A. c/ D.G.A. s/ Recurso de Apelación”, expediente N° 29.901-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. A fs. 37/40 se presenta, por apoderado, la firma SECIN S.A. e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nº 9661/2010, dictada por el Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el trámite de la actuación administrativa SIGEA Nº 12197-15199-2005, en tanto le intima el pago de $ 2.886,57 en concepto de multa y $ 7.179,93 en concepto de tributos con más el CER e intereses del art. 794 del CA, por encontrarse incursa en la infracción prevista y penada en el art. 970 del CA en relación a la DIT N° 99 001 IT14 005902 Z. En primer lugar, señala que los productos importados temporalmente han sido utilizados conforme lo tipificado y que la producción resultante ha sido totalmente exportada a través del permiso de embarque N° 99 001 EC03 026586 E. Luego, destaca que la utilización del insumo en el producto exportado detallada en el mencionado permiso de embarque surge del Certificado de Tipificación N° 061-010147/99 (Definitivo 1565/00) que acompaña, cumpliendo con su obligación de reexportar los insumos en cuestión, dentro del plazo legal conferido al efecto. Sostiene que no corresponde la aplicación del CER por entender que la obligación de pago de los tributos pretendida por la DGA se encontraba fijada en pesos desde la supuesta comisión de la infracción aduanera. Finalmente, ofrece prueba, formula reserva del Caso Federal y solicita que se revoque la resolución administrativa apelada, con costas.
II. A fs. 50/53vta. la representación fiscal contesta el traslado oportunamente conferido en la causa. Refiere a los hechos que originaron la cuestión, niega todos y cada uno de los hechos y el derecho invocados por la contraria que no sean objeto de un expreso reconocimiento. Destaca que la actora no pudo desvirtuar la configuración de la infracción en trato, teniendo en cuenta el informe emitido por la Sección Procedimientos Técnicos del cual surge que de las 7 unidades importadas temporalmente, sólo fueron reexportadas 4, quedando en infracción 3 unidades de la mercadería perteneciente a la DIT involucrada. Resalta que una de las características de la figura infraccional implicada, es que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora. Considera que es ella quien debe demostrar, en forma fehaciente y con la documentación pertinente, que ha cumplido con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado. Con respecto al CER, aclara que la liquidación efectuada fue hecha en aplicación de lo establecido por el art. 20 de la Ley 23.905. Cita jurisprudencia, ofrece prueba y solicita se dicte sentencia confirmando el fallo aduanero apelado.
III. A fs. 67 se elevan los autos a la Sala G y a 71 se pasan a sentencia.
IV. De la compulsa de la actuación administrativa SIGEA Nº 12197-15199-2005 surge que a fs. 1 obra Acta de Denuncia N° 1815/05 del 14/09/2005. A fs. 6 se informan las alícuotas que gravan la mercadería en infracción y a fs. 7 obra liquidación de tributos adeudados. A fs. 9, con fecha 29/12/2005, se dispone la instrucción del sumario. A fs. 10, mediante Nota DV SAPLA N° 14/06, la Secretaría de Actuación N° 4 solicita a la Sección Procedimientos Técnicos que acompañe la carpeta original o copia certificada del DIT N° 99 001 IT14 005902 Z. A fs. 18/19 obra Nota N° 7641/09 (SE PRTE) emitida por la Sec. Procedimientos Técnicos. A fs. 21/22 obra print de pantalla de la destinación aquí involucrada. A fs. 20 obra liquidación de tributos y multa. A fs. 26/vta. se dispone correr vista de todo lo actuado a la firma Secin S.A. (auto de fecha 29/06/2010, notificado a dicha firma importadora el 05/08/2010, conforme cédula de notificación obrante a fs. 38/40). A fs. 71/72vta. contesta la vista la firma, acompañando prueba documental. A fs. 74, mediante Nota N° 8174/10 (SE PRTE), la Sección Procedimientos Técnicos – Div. Registro de Importación, analizando la documentación obrante en autos, informa la mercadería en infracción. A fs. 75 obra nueva liquidación de tributos y multa. A fs. 76 se ponen los autos para alegar. A fs. 78/79vta. alega la firma Secin S.A. A fs. 83/86 obra la Resolución DE PRLA N° 9661/2010 apelada en autos, notificada el 11/08/2011, conforme cédula de notificación obrante a fs. 92.
V. Sentado lo que antecede, corresponde examinar si las acciones del fisco para el cobro de tributos e imposición de penas se encontraban prescriptas al tiempo de dictarse la resolución aduanera apelada. Con relación a estas cuestiones, corresponde aplicar el criterio que he expuesto al sentenciar en las causas EX-2019-97789030- APN-SGASAD#TFN “AIT S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación” y EX-2019-
72410244-APN-SGASAD#TFN “ALBA COMPAÑÍA ARGENTINA DE SEGUROS S.A. c/ DGA s/ Recurso de Apelación”, a cuyos fundamentos me remito brevitatis causae.
Allí sostuve, esencialmente, que, con arreglo a lo normado en el artículo 1012 inciso b) del CA, la DGA tiene el deber de notificar el auto de apertura del sumario y que, la interrupción y la suspensión de la prescripción de las acciones penal y tributaria del fisco previstas en los art. 937 inc. a) y 805 inc. a) del C.A., no se producen sino a partir de dicha notificación. Ello, en tanto no puede hablarse de acto administrativo en la plenitud de su esencia, en la medida que no produzca sus efectos jurídicos propios a través de la forma previamente encauzada por el ordenamiento jurídico y, cuando esta forma (como es el caso de la notificación), aparece como un procedimiento insoslayable para la administración, no cabe duda, a mi entender, que allí estamos hablando de algo más que de la mera "eficacia", sino de la entidad jurídica, es decir, su “validez”.
Asimismo, señalé que, dada la naturaleza administrativa del auto de que se trata, el mismo, debe observar rigurosamente los requisitos de los artículos 7 y 11 de la Ley 19.549 ya que, cuando se trata de actos de significativa trascendencia jurídica, debe admitirse el control por parte del administrado pues, de lo contrario, se consagraría la posibilidad de subvertir el plazo de prescripción establecido por el legislador y dejarlo a merced de los funcionarios administrativos.
En el mismo sentido se ha expedido la Corte Constitucional de Colombia: “… Si el desempeño del poder, en los distintos ámbitos del Estado, fuera clandestino y secreto, no sería posible que el ciudadano pudiera “participar en la conformación, ejercicio y control del poder político” (C.P. art. 40). La publicidad de las funciones públicas (C.P. art. 209), es la condición esencial del funcionamiento adecuado de la democracia y del Estado de derecho…” (Corte Constitucional Sentencia C-038 de 1996, M.P. Dr. Eduardo Cifuentes Muñoz). Explica a su vez, que el principio de publicidad respecto de la ley, cuando se trata de actos administrativos de carácter particular y concreto, se desarrolla con la notificación y posee dos objetivos: determinar la fecha de entrada en vigencia de las disposiciones que contiene el respectivo acto y garantizar la oponibilidad al contenido de los mismos por parte de los ciudadanos legitimados, es decir, el acto administrativo es válido desde que se expide, pero su contenido únicamente vincula y se impone desde el momento en que se cumplen los requisitos de publicación o notificación según el acto de que se trate (de alcance general y particular).
VI. Así las cosas, haciendo aplicación al caso sub examine de los lineamientos expuestos en los precedentes referidos, cabe señalar que el auto de apertura de sumario fue dictado con fecha 29/12/2005 (ver fs. 9 del expediente administrativo) no advirtiéndose, en las actuaciones administrativas correspondientes a la causa, constancia alguna de su notificación al interesado.
Asimismo, con arreglo a lo expuesto en los considerandos anteriores y en virtud del incumplimiento de esta exigencia impuesta por la ley, el acto examinado carece de la entidad suficiente para interrumpir la prescripción de la acción del fisco para imponer penas (art. 937 inc. a) del CA) y suspender la prescripción de la acción para perseguir el cobro de tributos (art. 805 inc. a) del CA).
En efecto, habiéndose iniciado el cómputo de dicha prescripción el 01/01/2001 (en tanto se trata de una importación temporaria cuyo vencimiento se produjo el 03/11/2000) la misma operó, no habiendo mediado causales interruptivas y/o suspensivas, el 31/12/2005 (todo ello conf. arts. 934 a 937 y 803 a 806 del CA), es decir, con anterioridad al dictado de la resolución apelada (dictada el 10/12/2010 y notificada el 11/08/2011, conf. constancias de fs. 83/86 y 92 del expediente administrativo).
VII. A mayor abundamiento, corresponde considerar la siguiente información que resulta de las constancias obrantes en el expte. adm. correspondiente a la causa:
ACTO FECHA REGISTRO DIT 04/11/1999 VENCIMIENTO DIT 03/11/2000 INICIO PRESCRIPCIÓN 01/01/2001
ACTA DENUNCIA fs. 1 14/09/2005 INSTRUCCIÓN DE SUMARIO fs. 9 29/12/2005 CORRIDA DE VISTA fs. 26/27 29/06/2010 NOTIFICACIÓN CORRIDA DE VISTA fs. 05/08/2010 38/40 CONTESTACION VISTA fs. 71/72 18/08/2010 RESOLUCIÓN APELADA fs. 84/86 10/12/10 NOTIFICACIÓN RESOLUCIÓN fs. 92 11/08/2011 Conforme queda evidenciado en el detalle realizado, transcurrieron casi 10 años entre el inicio del cómputo del plazo prescriptivo y el dictado de la resolución apelada, sin que se advierta de las actuaciones administrativas, la existencia de algún acto previo al dictado de dicha resolución que, conforme la normativa aplicable, tenga efecto interruptivo ni suspensivo de la prescripción en los términos de los arts. 936, 937, 805 y 806 del CA, ni razones que justifiquen la demora del servicio aduanero en el dictado de un pronunciamiento oportuno.
En adición a lo expuesto, cabe subrayar que no escapa a la vista del suscripto que el auto de apertura de sumario fue dictado 2 días antes del vencimiento del plazo de prescripción e, incluso, que la resolución aquí apelada fue notificada a la firma importadora 8 meses después de su dictado, lo cual resulta claramente inadmisible.
Por todo ello, VOTO POR:
Declarar prescriptas las acciones del fisco para imponer sanciones y perseguir el cobro de tributos relativos a la DIT N° 99 001 IT14 005902 Z. Con costas.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
I. Los antecedentes de la causa, se encuentran adecuadamente reseñados en los considerandos I a V del voto del Dr. Licht, a cuyos términos me remito por motivos de brevedad.
II. Que, previo a determinar si se ha dado cumplimiento o no a las obligaciones asumidas al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, corresponde analizar la procedencia de la acción del fisco para imponer penas y para percibir el cobro de tributos, y en consecuencia, expedirse sobre la prescripción o no de tales acciones. Si bien la cuestión no fue planteada ni introducida por las partes, por el principio “Iura novit curia” se consagra no sólo la facultad sino el deber del juzgador de resolver las sentencias con prescindencia del planteo de las partes principio que se encuentra plasmado en el art. 1143 del C.A., y asimismo, atento a la naturaleza material de las infracciones, no le resulta vedado al juzgador apreciarse de oficio en cuanto a la prescripción de la misma.
III. Que en relación a la prescripción de la acción de fisco para imponer penas, el art. 934 del C.A expresa “La acción del fisco para imponer penas por las infracciones aduaneras prescribe por el transcurso de 5 años”, comenzando a correr dicho plazo el primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiera cometido la infracción.
Que el art. 937 del C.A. establece las causales de interrupción del plazo de prescripción del aludido art. 934 y, específicamente, determina que “La prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por: a) el dictado del auto por el cual se ordenare la apertura del sumario; b) la comisión de otra infracción aduanera; c) la comisión de un delito aduanero; d) el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera” y el art. 938 del mencionado plexo normativo establece que para que la comisión de otra infracción o de un delito aduanero tengan efecto interruptivo debe mediar, a su respecto, resolución o sentencia condenatoria firme o bien cuando surgiere la existencia de una infracción o de un delito aduanero, que se hubiere cometido con posterioridad a la infracción investigada y no mediare a su respecto resolución o sentencia firme, la prescripción no podrá resolverse y su término se suspenderá hasta tanto no se dictare aquella.
Que, de este modo, el plazo del curso de la prescripción para imponer penas, comenzó a correr el 01/01/2001 (teniendo en cuenta que el vencimiento de la importación temporaria se produjo, como se vio en el apartado anterior, el 03/11/2000) y vencía el 31/12/2005. No obstante, el dictado del auto de apertura de sumario en fecha 29/12/2005 interrumpió el plazo de la prescripción (de conformidad a lo dispuesto por el antes referido art. 934 inc. a) del C.A.) y, por ende, el nuevo plazo comenzó a correr el 30/12/2005 y el nuevo vencimiento ocurría el 29/12/2010.
Que en relación con la posible comisión de otra infracción aduanera o delito aduanero, cabe reseñar que en las act. adm obra impresión de pantalla de la consulta efectuada al registro de infractores que da cuenta de que la aquí actora no registraba antecedentes infraccionales (fs. 82 act. adm.).
Que por último, se analizará lo dispuesto por el art. 937 inc. d) del C.A. en cuanto a que la prescripción de la acción para imponer penas por las infracciones aduaneras se interrumpe por el dictado de la resolución condenatoria en sede aduanera.
Que teniendo en cuenta que la resolución aduanera DE PRLA Nº 9661/10 apelada en autos fue dictada con fecha 10/12/2010 y su aprobatoria N° 1353/2010 (SDG TLA) el 21/12/2010, el plazo de prescripción se interrumpió con el dictado de dicha resolución. El nuevo plazo prescriptivo comenzó a correr al día siguiente de su dictado, es decir, el 22/12/2010, el que vencía el 21/12/2015, y en ese sentido, la resolución aduanera fue notificada el 11/08/2011 con anterioridad al vencimiento de tal plazo, encontrándose actualmente suspendido en virtud de la interposición del presente recurso de apelación (art. 936 del C.A.). Que, como consecuencia de todo lo expresado, la acción del fisco para imponer penas no se encuentra prescripta.
IV. Que respecto de la acción del fisco para percibir el cobro de los tributos, el Código Aduanero regula el instituto de la prescripción en los arts. 803 y concordantes.
Que el art 803 del C.A. dispone que el plazo de prescripción de la acción del fisco para percibir los tributos regidos por la legislación aduanera es de cinco años. El art. 804 del C.A. establece que el plazo de la prescripción comienza a correr a partir del primero de enero del año siguiente al de la fecha en que se hubiere producido el hecho gravado.
Que no existe controversia en el caso respecto a que la infracción (hecho generador de la obligación tributaria) se habría cometido el 03/11/2000 (fecha de vencimiento de la destinación suspensiva), y que, por ende, el comienzo del plazo quinquenal de la prescripción comenzó a correr el 01/01/2001 y vencía el 31/12/2005.
Que dicho plazo, se suspende -en virtud de lo dispuesto por el art. 805 inc. a) desde la apertura del sumario. Por ende, teniendo en cuenta que, en el caso de autos, la instrucción del sumario se dictó con fecha 29/12/2005, hasta ese momento habían transcurrido 4 años, 11 meses y 28 días del plazo de prescripción quinquenal, es decir que -de dicho plazo- restaban cumplirse 3 días, los que debían computarse una vez que cesara la aludida suspensión.
Que, atento lo establecido en el art. 805 inc. a) del C.A., la suspensión se daba desde el dictado del auto de apertura de sumario (en el caso, 29/12/2005) “… hasta que recayere decisión que habilitare el ejercicio de la acción para percibir el tributo cuando dicho ejercicio estuviere subordinado a aquella decisión; ...”. Que, no cabe duda de que la decisión a la que la norma hace referencia no puede ser otra que la resolución definitiva que se dicte en el sumario (art. 1112 del C.A.) cuando en esa resolución, además de la condena por el hecho infraccional, se determine la correlativa exigencia tributaria (y/o por la cual, asimismo y por el mismo hecho se condene al pago de los pertinentes tributos).
Que, en el caso de autos, esa “decisión” -la prevista en el referido art. 805 inc. a) del C.A.- ha sido, pues, la resolución definitiva recaída en el sumario del que aquí se trata, esto es, la Resolución DE PRLA N° 9661/10 dictada el 10/12/2010 y su aprobatoria N° 1353/2010 (SDG TLA) de fecha 21/12/2010. Que, en ese orden de ideas, la suspensión del plazo de prescripción de la acción tributaria, se ha dado entre el 29/12/2005 (fecha del dictado del auto de apertura del sumario) y el 21/12/2010 (fecha del dictado de la resolución aprobatoria).
Siendo esta última fecha el límite de la suspensión de la que se trata, correspondiendo tomar la misma en el sentido dispuesto por la última parte del inciso a) del art. 805, que refiere textualmente al momento en que “recayere” la “decisión”, sin que el texto aluda a su notificación.
Que entonces, el curso de la prescripción de la acción tributaria “continuó” desde el 22/12/2010. Es decir, que desde allí comenzó a correr los 3 días que restaban para completar el plazo prescriptivo. Que, dicho plazo (3 días) se cumplió el 25/12/2010, sin que se hubiera producido en el transcurso del mismo, algún otro acto suspensivo o interruptivo (siempre con relación a la prescripción de la acción tributaria).
Que, en ese sentido, cabe destacar que el único acto que hubiera tenido tal virtualidad (en el caso “interruptiva”) habría podido ser el de la notificación (a la aquí actora) de la resolución apelada en autos, pues esa notificación habría sido la de “... la liquidación tributaria aduanera”, conforme lo prevé el art. 806 inc. a) del C.A.
Que, por lo demás, la aludida notificación se efectuó en fecha 11/08/2011, es decir cuando ya había vencido ampliamente el plazo prescriptivo.
Que, en este punto resulta oportuno señalar que “la notificación de la liquidación tributaria aduanera”, a la que se refiere el art. 806 inc. a) como causal de interrupción en materia tributaria, comprende tanto la notificación de un cargo suplementario (es decir, sin denuncia infraccional que motivara la apertura de sumario en la que estuvieran en juego ambas acciones fiscales) como la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva de un sumario aduanero (tal como la resolución apelada en el caso de autos) pero no así la notificación que se realiza con la notificación de la vista del art. 1101 del C.A. y/o con la citación -al mismo efecto sólo en orden de la acción tributaria- al garante de los tributos; en armonía, a su vez, con lo dispuesto en el art. 1103 del C.A.). Esto último porque la suspensión de la prescripción de la acción tributaria -prevista en el inc. a) del art. 805 del C.A.- forzosamente le quita virtualidad interruptiva a la notificación de la liquidación tributaria que se produce al notificarse la corrida de vista en los términos del art. 1101 del C.A., que se produce inevitablemente con anterioridad al dictado de la resolución definitiva.
Que, por lo expuesto, corresponde declarar prescripta la acción del fisco para perseguir el cobro de los tributos. Con costas.
V. Que abordando ahora el tema de fondo, la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 99 001 IT14 005902 Z, de la firma SECIN S.A., oficializada el 04/11/1999 al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 03/11/2000.
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
VI. Que el artículo 250 del C.A. establece quo: "La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo". Es decir, que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado.
Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que "no cumpliere con las obligaciones asumidas coma consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria". Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Que, cabe señalar que, tratándose en el caso de una importación temporaria, la carga de la prueba de haber cumplido con la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados a demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrara en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto N° 1439/96 (Res. 72/92) —a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos—, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación pan consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar "...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registrodígito), clase y "cantidad" de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria".
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo ("descarga" del D.I.T. —eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida— en el o los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VII. Que, previo a determinar si la actora dio cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria. Que tanto el referido Decreto N° 1439/96 como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaria de Industria.
Que, al respecto, establecen: "El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)". (Art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. N° 1439/96). Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracci6n bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del N° de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. SIC. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que existiendo, un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos. Mermas. Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. "al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero"(conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, párrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. N° 1439/96) establece que: "La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de tipificación y Clasificación (CTC) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen".
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art. 18 de la Res. 18/92 establece: "A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9° de la Resolución ME y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaria cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9°, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaria de Industria y Comercio."
VIII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del D.I.T. bajo análisis.
En ese entendimiento del asunto, observo que en la descarga del PE N° 99 001 EC03 026586 E, se declaró la cancelación de 7 unidades de la mercadería importada mediante el DIT N° 99 001 IT14 005902 Z, siendo que a fs. 1 del mismo PE -en el campo “valor mercadería”- se declaró la exportación de 4 unidades de la mercadería de la PA 8419.89.99.900 J, en 434 bultos con un peso de 24.574 kg. (declaración que coincide con el cumplido de embarque).
En dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Que así las cosas, en este caso se produce una inversión de la carga de la prueba, y es el importador quien debe probar que la mercadería introducida temporariamente fue reexportada, aportando la documentación pertinente. Analizada la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa, se advierte que no resulta ser suficiente para cumplir con la totalidad de la documentación exigida por el servicio aduanero. Por lo tanto, corresponde considerar configurada la infracción endilgada respecto de 3 unidades de la mercadería importada temporalmente mediante el DIT involucrado en autos.
Que, en virtud de lo expuesto, corresponde confirmar el art. 1° de la resolución apelada en cuanto condena a la recurrente por la comisión de la infracción prevista en el art. 970 del C.A. al pago de una multa de pesos dos mil ochocientos ochenta y seis con cincuenta y siete centavos ($ 2.886,57). Con costas a la actora.
Por ello, VOTO POR:
1. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 99 001 IT14 005902 Z, por la firma SECIN S.A., en la Actuación SIGEA N° 12197-15199-2005, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 9661/10 dictada, en la Actuación Nº 12197-15199- 2005, en cuanto condena a la importadora SECIN S.A., al pago de una multa, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.886,57) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la actora. El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto de la Dra. Sarquis.
De conformidad al acuerdo que antecede, por mayoría, SE RESUELVE:
1. Declarar prescripta la acción del fisco parar perseguir el cobro de tributos, en relación con la mercadería ingresada temporariamente mediante el DIT N° 99 001 IT14 005902 Z, por la firma SECIN S.A., en la Actuación SIGEA N° 12197-15199-2005, en los términos de los arts. 803 y concordantes del C.A. Costas a la DGA.
2. Confirmar el art. 1° de la Resolución DE PRLA N° 9661/10 dictada, en la Actuación Nº 12197-15199- 2005, en cuanto condena a la importadora SECIN S.A., al pago de una multa, por la suma de PESOS DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 2.886,57) por la comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A. Costas a la actora. Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos y archívese. Date: 2023.10.19 14:55:25 ART Date: 2023.10.19 15:14:48 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2023.10.20 20:51:28 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2023.10.20 20:51:40 -03:00
Fin de la sentencia