Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2021-43732059-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar la excepción nulidad planteada por la actora, con costas.
2Confirmar la resolución venida en recurso en todas sus partes, con costas.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-115875771-APN-VOCII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 28 de Octubre de 2022 APN-SGAI#TFN TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN En la Ciudad de Buenos Aires, se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Laura Amalia GUZMÁN (Vocal Titular de la Segunda Nominación), Pablo Alejandro PORPORATTO (Vocal Subrogante de la Tercera Nominación) a fin de resolver el expediente N° EX- 2021-43732059- -APN-SGAI#TFN, caratulado: SEGUEL ZUÑIGA, RODRIGO ALEJANDRO s/ apelación;
La Dra. Guzmán dijo:
I. Que mediante RE-2021-43730687-APN-SGAI#TFN la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución N° 27/2021 (DV RRMR), de fecha 23 de abril de 2021, por la cual se determina de oficio la obligación del recurrente frente al impuesto a las ganancias, por los periodos fiscales 2015, 2016 y 2017, se liquidan los intereses resarcitorios, y se aplica multa en los términos del art. 46 y 47 inc. a) y b) de la ley 11683 (t.o. vigente).
Señala que la resolución en recurso afecta sus derechos constitucionales de igualdad, de trabajar y de legalidad (conf. Art. 2, 14 y 19 de la CN), y conculca el principio de realidad económica y el de “nullum crimen y nulla poena sine lege”.
Bajo esa tesis, hace un breve relato de los hechos y plantea su nulidad.
Considera que el Fisco cercenó su derecho a la igualdad, en cuanto fue colocado en pie de desigualdad respecto de los demás contribuyentes, al no poder hacer uso de los beneficios impositivos establecidos por las leyes 27.541 y 27.562. Explica, que la fiscalización comenzó en el año 2019 y fue notificado de la vista recién el 14 de enero de 2021, circunstancia que le impidió incorporar la deuda generada dentro de la moratoria establecida por aquel plexo normativo.
Asevera que recién tuvo conocimiento de la materia imponible una vez vencido los plazos para hacer uso de los beneficios de la mentada moratoria, no pudiendo así, regularizar su deuda por desconocer el monto adeudado. Frente a ello pide la nulidad de la resolución recurrida, toda vez que – según entiende - se ve afectado su derecho constitucional a la igualdad con respecto a los demás contribuyentes. Cita jurisprudencia que abona sus tesis.
Por otra parte, alega que los Decretos establecidos por el Poder Ejecutivo en los cuales se instauraron el distanciamiento social, preventivo y obligatorio para los ciudadanos argentinos en el marco de la emergencia sanitaria, producto del COVID-19, afectaron su derecho constitucional de trabajar y comerciar. Argumenta que las medidas tomadas por el Estado Nacional, en dicho contexto, afectó el normal desenvolvimiento de su labor gastronómica al trabajar con horarios reducidos y con la mínima capacidad del local. Destaca, que en ese contexto social el organismo recaudador no puede abstraerse de la realidad económica y pretender determinar obligaciones tributarias.
Por otra parte, manifiesta, que las empresas cuestionadas fueron incorporadas a la base APOC con posterioridad a la fecha de emisión de los comprobantes respaldatorios de dichas operaciones. Ello así, remarca que el organismo recaudador no puede poner en cabeza del contribuyente obligaciones de control que le son propias.
Bajo esa tesis, advierte que la resolución recurrida se encuentra infundada, por haber omitido las pruebas aportadas en sede administrativa. Remarca que el Fisco impugnó las facturas basándose solo en que los proveedores se encontraban en la base APOC o en que sus domicilios eran inexistentes. Advierte, que los proveedores no se encontraban en la base APOC en el momento en que realizó sus operaciones, afectando así el principio de legalidad. Ello conlleva, agrega, la nulidad de la determinación de oficio en crisis.
Con respecto a la sanción aplicada, expone argumentos sobre la ausencia de conducta reprochable y subsidiariamente, frente a la inexistencia del elemento subjetivo, solicita que se reencuadre en los términos del art. 45 de la ley 11.683 (t.v). Ofrece prueba documental y hace reserva del caso federal.
II. Que mediante IF-2021-102290360-APN-DTD#JGM, la representación fiscal se presenta y contesta el traslado del recurso que le fuera conferido, y por las razones de hecho y derecho que expone, solicita que se confirme la resolución apelada, con costas. Acompaña como prueba los antecedentes administrativos de la causa y hace reserva del caso federal.
III. Que mediante la PV-2022-105335477-APN-VOCII#TFN se elevan los autos a conocimiento de la Sala “A”.
Finalmente, mediante la IF-2022-113549363-APN-VOCII#TFN pasan a sentencia.
IV. Que por una cuestión lógica de precedencia, corresponde expedirse sobre los planteos de nulidad articulados por la recurrente, los que se sustentan en la imposibilidad de acceder a los beneficios establecidos por la ley 27.541 y su ampliatoria 27.562 y su afectación al derecho a trabajar por las restricciones establecidas por el COVID-19, los que -se adelante- no pueden tener acogida favorable.
En efecto. Con respecto al primer planteo, cabe señalar que si bien el organismo recaudador determinó la obligación tributaria con fecha 23 de abril de 2021, la ley 27.562 amplió hasta el 31 de julio de 2020 la moratoria establecida por la “ley de solidaridad social y reactivación productiva”, lo cierto es que mediante la ley de alivio fiscal 27.653, se amplió nuevamente el plazo, pudiendo incluir en la misma las deudas impositivas vencidas al 31 de agosto 2021 inclusive. En resumidas cuentas, la actora tuvo tiempo para adherirse a los benéficos de la mentada moratoria hasta el 31 de agostos 2021 inclusive Con respecto al planteo sobre su afectación al derecho a trabajar producido por las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo Nacional por la emergencia producida por el COVID-19, cabe señalar que no se advierte vinculación con la determinación que ahora discute, por cuanto los periodos fiscales discutidos corresponden a los años 2015, 2016 y 2017. En rigor, la situación epidemiológica originada en el 2020 por el Coronavirus, y las medidas sanitarias llevadas adelante por el poder ejecutivo, no tienen relación con su conducta tributaria desarrollada en aquellos períodos Finalmente, merece destacarse que su queja sobre las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo Nacional en el marco de la Pandemia originada por el Covid-19 exceden el marco del recurso que intenta e -reitero- no se vinculan con los períodos discutidos en autos.
Por todo lo expuesto, corresponde rechazar la excepción de nulidad introducida por la apelante. Con costas.
V. Que sentado lo que antecede, corresponde analizar los agravios dirigidos a impugnar el ajuste y la sanción aplicada, para lo que resulta imprescindible efectuar una descripción de las tareas llevadas adelante por el ente fiscal y de los elementos probatorios recolectados para proceder a impugnar las operaciones.
Del informe final de inspección acompañado (vid. RE-2021-10552991-APN-DTD#JGM) surge que el recurrente se encuentra inscripto en las siguientes actividades: servicios de expendio de comidas y bebidas en establecimientos con servicio de mesa y/o en mostrador NCP y servicios de preparación de comidas para llevar. En lo que aquí interesa, y que forma parte de los agravios de la recurrente, cabe señalar que analizadas las bases del Organismo Fiscal y de la circularización a proveedores, se observaron operaciones realizadas con determinados proveedores que se encuentran incluidos en las bases e.apoc.
Por ello, resulta imprescindible efectuar una descripción de la actividad llevada adelante por el ente fiscal y de los elementos colectados para proceder a la impugnación de las operaciones.
1. LEIRATAX S.R.L: El contribuyente fue incorporado a la base de contribuyentes apócrifos por la Dirección Regional Centro condición “SIN CAPACIDAD ECONOMICA”.
Informan los actuantes que la empresa se presentó en concurso preventivo con fecha 02/10/2012 (vigente a la fecha según base e-fisco), y posee la Categoría “E” muy alto riesgo (SIPER). Con relación a las actividades declaradas desde la fecha de inscripción original se advierte que se visualizan varias: mantenimiento y reparación de motor, mecánica integral; servicios de transporte automotor de pasajeros; transporte automor de cargas; - venta al por mayor de partes, piezas y accesorios del motor; - reparación de cámaras y cubiertas; - fabricación de productos metálicos, entre otras.
Se constató que los socios de la empresa son la Sra. Fonseca Karen Gisela (socio gerente y representante legal) y el Sr. Noya Gustavo Carlos (D.N.I N° 33.961.794).
Presentó declaraciones juradas del Impuesto a las Ganancias desde el 2011 hasta el 2016, inclusive y del Impuesto al Valor Agregado hasta el periodo 04/2017 inclusive. Declaró personal en relación de dependencia (cuatro trabajadores) hasta el periodo 05/2017, dejándose constancia que el periodo 2016 solo declaró un solo trabajador y en periodo 2015 tres personas.
Adquirió bienes automotores (un total de dieciocho automotores) entre el año 2002 y el año 2008. No posee bienes inmuebles.
Posee cuentas bancarias a nombre de la sociedad, figurando como cotitular a la socia gerente Sra. Fonseca Karen Gisela, en las cuales se informan acreditaciones bancarias hasta el periodo fiscal 2018 inclusive.
Advierte que el domicilio fiscal actual consignado en el padrón de la contribuyente fue modificado, siendo los inmediatos anteriores los ubicados en la Av. Rivadavia N° 6006 4to. “D” (CABA) y Malvinas Argentina N° 358 3ro. “A” (CABA) los cuales a su vez son coincidentes con el domicilio fiscal declarado por la socia gerente y alternativo de la misma respectivamente.
Se verifico que mediante la modalidad de “factura electrónica” desde el periodo 07/2015 a 01/2018 se emitieron varios comprobantes por mes por montos significativos, varios de ellos a clientes distintos y de distintos períodos. Desde el inicio de emisión de facturas electrónicas el domicilio consignado en las mismas corresponde al de la Avenida Rivadavia, y en el periodo 08/2017 (fecha en que se inicia la fiscalización) se consigna en las facturas el domicilio fiscal actual, los cuales junto con el otro domicilio fiscal declarado originalmente (calle Malvinas Argentinas) corresponden a edificios. Por tal motivo, se verificó que la mayoría de los conceptos facturados en los comprobantes analizados corresponden a fletes realizados, transporte de mercadería o de maquinaria, como así también venta de materiales y repuestos, sin poder identificar bienes con los cuales realizar dichas actividades ni domicilios comerciales donde coordinar la logística que describen las facturas. Con el fin de identificar si los servicios prestados han sido tercerizados a contribuyentes que cuenten con la capacidad económica para llevarlos a cabo, se consultó a los proveedores que emitieron dichas facturas electrónicas, destacando que no se pudo identificar gran cantidad de servicios adquiridos (como los que constan en los créditos fiscales exteriorizados) a excepción de los meses de enero y febrero de 2017 donde se visualizan montos significativos.
Seguidamente, se verificó que su principal proveedor, el contribuyente “ARIRRO S.R.L.” (CUIT N° 30-70994701- 6) cuyo domicilio fiscal (Av. José María Moreno N° 659 PB – CABA) coincide con el domicilio fiscal de la firma. Asimismo, informa que se encuentra con la CUIT inactiva e incorporado a la Base EAPOC con fiscalización terminada bajo la condición de “con resistencia a la fiscalización” (29/08/2016). Se pudo identificar a dicho contribuyente como cliente de la fiscalizada en varios de los periodos consultados y por montos significativos.
De la consulta a los socios se observó que el Sr. Noya Gustavo Carlos, se encuentra dentro la Categoría “E” (muy alto riesgo) en el SIPER, con domicilio fiscal en calle Argerich N° 2088 y domicilio real en la Av. Nazca N° 2580 1ro. “A”, ambos en la Ciudad de Buenos Aires - declarados por internet -. Figura a su vez como socio de la firma “SFP SERMAR COMBUSTIBLES S.R.L.” (CUIT N° 3071192198-9), con la CUIT INACTIVA y declara más de una actividad comercial, al mismo tiempo posee la baja provisoria de oficio (de acuerdo con lo establecido por el dto. 1299/98) y se encuentra con el alta desde 03/2017 en el Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). Es propietario de bienes automotores e inmuebles y se le adjudica tener varias relaciones con otros contribuyentes por diferentes motivos como también cuentas bancarias con acreditaciones consignadas.
Los funcionarios fiscales se constituyeron en ambos domicilios a efectos de localizar al socio y se verifico que el domicilio de la calle Argerich corresponde a un edificio, no pudiendo localizarlo, por no haber consignado piso ni número de departamento y en cuanto al domicilio de la Avenida Nazca, fueron atendidos por una persona que declaró desconocerlo y manifestó no corresponder a su domicilio.
Con relación a la socia gerente, se advirtió que se encuentra dentro de la Categoría “E” (muy alto riesgo) en el SIPER, y posee el padrón marcado por estado erróneo del domicilio y por poseer los impuesto con baja de oficio (dto.1299/98), siendo el domicilio fiscal corresponde al sito en la Av. Rivadavia N° 6006 4to. “D” (CABA) cuyo estado es “inexistente/desconocido” tal cual consta en el padrón, siendo a su vez socia (al igual que el otro socio) de la firma “SFP SERMAR COMBUSTIBLES S.R.L.” que se encuentra inactiva. Su actividad declarada es “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial” aparte de la mencionada. Figura como integrante de la sociedad “SILMAR SERVICIOS S.A.” (CUIT N° 30-71131550-7), que también posee la CUIT inactiva e incorporada a la Base EAPOC como usina duplicadora de facturas con fecha 01/08/2016, se constató que no posee bienes registrables a su nombre, pero si cuentas bancarias con acreditaciones significativas. Se encuentra registrada bajo relación de dependencia en varios periodos por montos poco significativos identificando en el periodo fiscal 2017 como empleador a la firma “AMERICA VENTAS S.R.L.” (CUIT N° 30-66182959-8) firma que también se encuentra inactiva e incorporada a Base EAPOC bajo la condición de “usina componente de un grupo económico” con fecha de detección 29/09/2016. Los funcionarios se constituyeron en el domicilio de la Av. Rivadavia N° 6006 4to. “D” (CABA) donde fue atendió una persona que no se identificó y manifestó desconocer a la Sra. Fonseca Karen Gisela. En el domicilio de la Av. José María Moreno N° 659 PB (CABA), el encargado del edificio manifestó que la sociedad no funciona más en ese domicilio desde enero 2018.
Finalmente, se consultó al Sr. Brizi Rodolfo Jorge (CUIT N° 2010539993- 7) quien figura como contador de la empresa, y se encuentra como contador de más de ochocientas (800) sociedades constituidas en el país. Posee declarado domicilio en la Av. Gaona N° 5040 PB “003” - CABA, inmueble con dos timbres identificados como “01” y “02” sin poder identificar un timbre o entrada “003”, por lo que se lo pudo localizar.
Asimismo, de la circularización efectuada a algunos clientes que figuran en un listado, a los que se les habría emitido comprobantes por operaciones comerciales, según surgen del CITI COMPRAS y del sistema de facturación electrónica, con el fin de obtener información respecto de los medios de pago/cancelación de las facturas tipo de bien adquirido o servicios prestados, persona de contacto, modalidad de contratación o compra etc. De las respuestas obtenidas, se obtuvo información de contacto -sería del socio Noya-, por lo que la inspección intentó comunicarse a los teléfonos allí expuestos sin obtener respuesta.
Se analizaron las facturas aportadas por los contribuyentes circularizados, y se observó que la mayoría de ellos se corresponden con servicios, como el traslado de mercadería (flete), y o mantenimiento y reparación de equipos y maquinaria afectados a la construcción (incluyendo repuestos y mano de obra), alquiler de baños químicos, alquiler de conteiner, alquileres de Clark (con mano de obra especializada, chofer y combustibles), y por otro lado la venta de bienes materiales (aclarando que dentro de los servicios prestados se han facturado bienes como filtros de maquinaria, combustible, etc.) como por ejemplo cerramientos y aberturas, repuestos de maquinaria y automotores entre otros.
De dicha información, y en virtud de lo expuesto en párrafos anteriores, estableció que uno de los clientes en cuestión es la sociedad “ARIRRO S.R.L.” (CUIT N° 30-70994701-6), que nunca contesto la requisitoria efectuada.
Con los elementos recabados se concluyó que tanto la sociedad como sus socios poseen indicio de falta de capacidad económica para hacer frente o llevar a cabo todos los servicios prestados y bienes vendidos, pues no poseen automotores, amén de que uno de los principales proveedores posee la cuit inactiva. A su vez, los socios integrantes poseen relaciones con sociedades que se encuentran inactivas e incluidas en la Base e-APOC, como así también su contador relacionado a las mismas. No se pudo localizar en los domicilios de la sociedad o de los socios 2.- SILMAR SERVICIOS S.A: la firma fue incorporada a la base de contribuyentes apócrifos por la Dirección Regional Centro II condición “SIN CAPACIDAD ECONOMICA”.
De los antecedentes, consultas y verificaciones efectuadas, surge que no fue localizada en su domicilio fiscal y alternativos. Por otro lado, no demostraría una capacidad económica suficiente para realizar las prestaciones de servicios que ha facturado ya que no cuenta con bienes que permitan suponer que posee capacidad de producir y/o prestar los servicios en cuestión.
3. ARIRRO S.R.L: del informe se desprende que la empresa se dedica a la explotación de minas y canteras N.C.P. y que fue incorporada a la base de contribuyentes apócrifos por la Dirección Regional Norte condición “CON RESISTENCIA A LA FISCALIZACION”.
La actividad de la empresa es la de explotación de canteras de piedras en la localidad de Sierras Bayas partido de Olavarría, y construcciones civiles y transporte. Sus oficinas comerciales se encuentran en la calle Maipú y Lavalle de la CABA. Se verifica que la firma ha tenido una conducta renuente a la fiscalización, por la cual no se pudo determinar la real capacidad para la realización de las operaciones comerciales que declara ni constatar la veracidad de estas, atento que de la consulta a las bases de datos del Organismo surge que las actividades de los compradores no tendrían una relación directa con lo facturado.
Asimismo, se advierte que tampoco, pudo verificar el circuito de pago de las operaciones mencionadas.
Así pues, no ha podido determinar si la firma si cuenta con la capacidad económica suficiente para realizar la totalidad de las operaciones de ventas declaradas. Su domicilio coincide con el de AMERICA VENTAS SRL.
4. AMERICA VENTAS S.R.L: del informe surge que su actividad declarada es “Servicio de publicidad N.C.P” y que fue incorporada a la base de contribuyentes apócrifos por la Dirección Regional Norte condición “USINA COMPONENTE DE UN GRUPO ECONOMICO”.
Registra una relación DF/CF constante de 1,01. De las últimas presentaciones de Ganancias, observo que en 2014 determina resultado negativo, mientras que en 2015 y 2016 no determina resultado.
Con relación a los empleados, la última DDJJs corresponde a 08/2016 con dos empleados en nómina, situación que no se condice con el significativo volumen de ventas. No posee información en CITI Compras y CITI Ventas. Informó Retenciones/Percepciones sufridas por el período fiscal 2015 y 2016 (IVA y Ganancias).
Posee automotores y que no cuenta con retenciones practicadas. Por otro lado, destaca significativos montos de ventas facturados. Los cheques emitidos a nombre de la firma no eran depositados en su cuenta, sino que fueron descontados en mutuales y/o cobrados por empleados de empresas pertenecientes al grupo económico del firmante.
Se constató que el apoderado de la empresa - Porcellini Sergio - se encuentra vinculado a sociedades de carácter apócrifo entre ellas: ARIRRO S.R.L. CUIT 30-70994701-6, DELTA CONSULTORA SRL CUIT 30-70937459-8, NEOGAME S.A.CUIT 30- 70992417-2 y DEL.CO.-DELTA CONSULING SRL CUIT 33-71205751-9. Y que lo propio ocurre con el contador Brizi Rodolfo. Finalmente, los titulares Porcellini Silvia y Porcellini Andrea, no pudieron ser localizadas en el domicilio fiscal ni en domicilios alternativos de la sociedad. Y dejó constancia que el domicilio de las firmas AMERICA VENTAS SRL y ARIRRO SRL son coincidentes.
En conclusión, por las irregularidades detectadas, los inspectores consideraron que, al no poder constatarse la efectiva prestación del servicio facturado, los comprobantes respaldatorios de las compras realizadas por la firma recurrente fiscalizada a sus proveedores tienen el carácter de facturación apócrifa.
Con sustento en esos elementos se inició el procedimiento determinativo que culminó con el acto en crisis.
VI. Que, de acuerdo con el relato efectuado supra, como consecuencia de las tareas que le son propias, el organismo fiscal pudo comprobar serias y concretas anomalías de algunos proveedores de la recurrente que lo llevaron a la conclusión fundada de que se estaba frente a operaciones inexistentes e impugnables. En atención a lo expuesto, el tema en debate queda delimitado a una cuestión de hecho y prueba a fin de establecer con un grado de certeza la realidad de los hechos tenidos en cuenta por la administración y negados por la recurrente, lo que nos lleva a analizar las probanzas arrimadas por ésta.
Resulta oportuno recordar que la carga de la prueba constituye tanto una regla de juicio para el juez, pues le indica cómo debe fallar en atención a los hechos probados y una regla de conducta para las partes, toda vez que advierte y delimita los hechos que serán objeto de prueba a fin de que el juez los considere como ciertos.
En esa dirección, la Alzada ha tenido oportunidad de expresar reiteradamente que “... ante las fundadas observaciones efectuadas por el Fisco, pesaba sobre la parte actora, la demostración de la existencia y veracidad de las operaciones cuestionadas, refutando adecuadamente el contenido de la impugnación fiscal, a lo que debe añadirse que, los documentos ofrecidos en sustento de la veracidad de las operaciones carecen de virtualidad para demostrarla y exigen de la utilización de otros medios probatorios para comprobar la existencia de las negociaciones (conf. esta Sala, Causa Nº43037/2011, in re “Lim Sur SA (TF 24762-I) C/DGI”, del 20/11/2012; Causa Nº 7795/08, in re “Molinos Rio de la Plata S.A. c/ E.N.- AFIP DGI- Resol 370/08 s/ DGI”, del 03/04/12; y Sala II, Causa Nº32.350/2012, in re “Toledo Pedro Roque (TF 29.171-I) c/ DGI”, del 29/11/2012).
Y, agregó, que “....no basta para contradecir las conclusiones del acto determinativo la mera demostración del cumplimiento de recaudos formales de orden documental o contable, sino que es menester que el contribuyente aporte elementos concretos y contundentes que acrediten la veracidad de tales operaciones (conf. esta Sala, in re “Molinos Río de la Plata S.A. c/ AFIP DGI (Resol 247/06) s/ proceso de conocimiento”, del 3-7-12; y “Cereales Acebal S.A. c/ AFIP (TF 30769-I) c/ DGI”, del 11-9- 12; en el mismo sentido, CNACAF, Sala I, causa “Nidera SA”, expte. nro. 41858/2005, del 20/03/2012 y Sala IV, causa “Agrocomercial Ramallo SA”, expte. nro. 5341/2015, sentencia del 11/08/2015, entre muchos otros)”.
Por último, no puede dejar de mencionarse un reciente pronunciamiento de la Sala V del mencionado Tribunal el cual resulta sumamente esclarecedor sobre el tema en cuestión, donde se puntualizó que “...para negar completamente la veracidad de las operaciones impugnadas, no resulta suficiente que el Fisco se remita a las conclusiones de los inspectores que fiscalizaron las actividades de los proveedores objetados sin valerse de mayores argumentos ni de otros medios de prueba; ni el resultado de esta fiscalización lo autorizaba a trasladar de modo mecánico, y enteramente, la carga de la prueba sobre la parte actora. Ello es así porque la actividad de la administración fiscal y, en particular, la del juez administrativo, debe estar guiada por el principio de la verdad material, ya que el procedimiento en materia impositiva tiende a concretar la voluntad de la ley que crea el impuesto y hacer efectiva la obligación tributaria, o la exención del impuesto, nacida a partir de la realización de los hechos previstos en las normas materiales aplicables...” (conf. CNACAF Sala V “Noble Argentina S.A. c. EN-AFIP-DGI s/ Dirección General Impositiva” de fecha 23/05/18).
VII. Que, en esta inteligencia resulta pertinente destacar que la defensa de la actora en su escrito recursivo consiste fundamentalmente en sostener que las operaciones impugnadas cumplen con los requisitos formales exigidos por la normativa vigente, que sus proveedores fueron incluidos en la base E.APOC con posterioridad a la realización de sus operaciones comerciales, por lo que la administración no puede trasladar a los contribuyentes obligaciones de control que le son propias. Sobre el particular, y como he señalado en numerosos casos, si bien de manera alguna puede aceptarse que el organismo fiscal pretenda colocar en cabeza del contribuyente una obligación fiscal de control a título de obligación delegada o sustitutiva de sus propias obligaciones referidas a este aspecto (en particular aquellas que se vinculan con el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la firma emisora de las facturas y su inclusión en la base de datos del organismo de proveedores apócrifos), lo cierto es que la impugnación de las operaciones con ciertos proveedores de la recurrente se realizó sobre la base de una serie de indicios graves y concurrentes, tales como su no localización o no localización de sus integrantes, falta de capacidad operativa, vinculación con otros proveedores apócrifos, etc, elementos que en su conjunto llevaron al organismo fiscal a concluir sobre la inexistencia de las mismas.
En esa dirección, cabe traer a colación lo sostenido por la Sala B de este Tribunal, en su anterior conformación, in re “Vialbo Construcciones S.A.”, 12/2/2002, donde señaló que en la medida que el Fisco había formulado concretas y graves impugnaciones a los proveedores, el actor no podía limitarse a afirmar que no se encontraba obligado a conocer o verificar la situación fiscal de aquellos con quienes contrata. Allí, advirtió que “…no pueden considerarse las impugnaciones del Fisco Nacional en forma aislada y someterlas a un análisis singular, como pretende equivocadamente la apelante, para concluir si tenía obligación de conocerla o no, cuando la realidad indica que se trata de situaciones reiteradas, irrazonables desde el punto de vista del supuesto trato comercial (que habría abarcado más de cuatro años), que se conjugan con un racimo de otras anomalías propias de operaciones falsas...claramente, una cosa es reputar de apócrifa una factura por el mero hecho de que el proveedor no haya presentado las Declaraciones Juradas del Impuesto al Valor Agregado y/o al Impuesto a las Ganancias, o que las haya presentado en forma constante con saldo a su favor, circunstancias éstas que resultan completamente ajenas al adquirente de tales bienes o servicios y que no bastan, por sí solas, para calificar de falso instrumento alguno (cfr. Doctrina Jurisprudencial emergente de la causa “Molla, Pedro José”, TFN, Sala A, 17/3/02)...otra muy distinta es la situación que se presenta cuando se dan, concomitantemente, una serie de indicios comprobados, graves y precisos, que llevan a presentar un cuadro de serios reparos respecto de la validez de las facturas...y como corolario una actitud de la apelante que se limita a aseverar dogmáticamente que no le compete el control de la situación fiscal de aquellos con quienes contrata, sin aportar dato adicional alguno...tendiente a profundizar la investigación en terrenos que resulten de su exclusivo interés"…” Asimismo, no puede dejar de señalarse que dado el grado de sofisticación cada vez mayor de las maniobras utilizadas por algunas contribuyentes destinadas a evadir el impuesto debido a través del cómputo improcedente de gastos, no puede convalidarse la existencia de las operaciones discutidas únicamente porque las mismas se encuentran registradas en la contabilidad de la firma y las facturas que las respaldan cumplen con los recaudos exigidos por la normativa fiscal.
En consecuencia, y en virtud de lo expuesto y ante la orfandad probatoria de la recurrente, corresponde confirmar el ajuste efectuado por el Fisco Nacional en la resolución determinativa en cuanto impugna el gasto computado en las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, períodos fiscales 2015, 2016 y 2017. Con costas.
VIII. Que en atención a que la recurrente no formuló agravios sobre los intereses resarcitorios liquidados, corresponde su confirmación. Con costas.
IX. Que resta entonces considerar la procedencia de la sanción aplicada, que el ente fiscal subsume en el artículo 46 y 47, inc. a) y b), de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modificaciones). Cabe precisar que para considerar configurado el ilícito material por defraudación contemplado en el artículo 46 citado debe verificarse la existencia de sus elementos tipificantes.
En primer término, el aspecto objetivo, que consiste en analizar la presencia de la conducta antijurídica y si en su caso, no existió causal que enervara su antijuridicidad.
Comprobada la presencia del elemento objetivo corresponde analizar la imputabilidad del autor. La norma exige la acreditación no sólo de la conducta descripta sino la presencia de un accionar engañoso o malicioso mediante hechos concretos. Ello por cuanto en materia sancionatoria es aplicable el principio fundamental de que sólo puede ser reprimido quien sea culpable, es decir, aquel a quien la acción punible pueda serle atribuida tanto objetiva como subjetivamente.
Al respecto, no resulta ocioso destacar que la defraudación fiscal se configura con la comisión de un artificio o engaño; con la realización de una conducta dirigida a evadir el tributo. Como señala la doctrina, “el engaño es, ante todo, expresión objetiva de una falsedad subjetivamente pensada”. Debe existir la conducta falsa, pero esa falsedad debe ser conocida por el sujeto activo de la defraudación. Y ello es así toda vez que “El elemento tipificante del art. 46 de la ley 11.683 está constituido por la intención defraudatoria cuya descripción genérica puede esbozarse como representación de aquellas circunstancias de hecho que correspondan a los elementos constitutivos esenciales de un delito. No obstante, no basta para constituirlo la presencia de elementos genéricos configurantes, es decir, la conciencia de la criminalidad del acto y la dirección de la acción, pues el aspecto subjetivo del tipo establecido está definido de manera especial y requiere instrumentación expresa a través de “declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas.” (conf. Damarco, Jorge H. (Director) “Tratado Jurisprudencial y Doctrinario”, Derecho Tributario. Régimen Penal Tributario e Infracciones”, Cap. XXI, “Multa por defraudación”, Ed. La Ley, Bs. As, 2010, p. 304).
Será entonces el ente fiscal el encargado de probar la existencia de ambos elementos, habiendo recurrido en el caso sub examine al artículo 47 de la ley 11.683 (t.o. en 1998) que presume, salvo prueba en contrario, que existe voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, cuando se verifiquen algunas de las situaciones que se describen en sus cinco incisos.
Sobre la cuestión, cabe recordar que dos características son comunes a todo tipo de presunciones, cualquiera sea su clase: por un lado, la estructura lógica del juicio en que se basan; por otro, y como consecuencia, el hecho de que no son juicios orientados a la certeza, sino razonamientos simplemente probabilísticos. La doctrina las ha definido como aquella operación lógica tendiente a fijar la existencia o dimensión de un hecho desconocido a partir de uno conocido, que según la experiencia le sigue o precede.
En el caso de las presunciones contenidas en el artículo citado, el legislador, a partir de un hecho cierto (hecho inferente, comprobado o fundante, que son los descriptos en sus incisos) y que debe ser probado por el ente fiscal, elabora a partir de él una regla de experiencia que nos indica cómo es - generalmente- el orden natural de las cosas y a partir del cual deriva una afirmación sobre la probabilidad de la existencia de otro hecho (inferido, presumido, fundado). En la especie, deriva la afirmación de que existió la voluntad de producir declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, que posibilita tener por cierto que existió un obrar en fraude al Fisco.
Según Bielsa, la presunción jurídica no es una fórmula legal puramente artificial o imaginaria, sino una disposición legislativa que tiene fundamento en la realidad, pues la ley funda la presunción en el hecho de que en general eso casi siempre ocurre (“presumtio sumitir ex so quo prelumque fit”), aunque en algunos casos no suceda así (Bielsa, Rafael, “Metodología Jurídica”, Librería y Editorial Castellvi, Santa Fe, 1961, pag. 580).
X. Que así ello y teniendo en consideración lo resuelto supra, se desprende que el accionar del Fisco Nacional resultó ajustado a derecho al encuadrar correctamente la conducta de la apelante a tenor de lo dispuesto en el art. 47, incisos a) y b) de la 11683 (t.o. vigente), pues ha quedado claramente comprobada la voluntad de incurrir en declaraciones engañosas u ocultaciones maliciosas, habiendo presentado declaraciones juradas inexactas con el objeto de ocultar el impuesto que correspondía como consecuencia de las operaciones realizadas con los proveedores impugnados, por lo cual omitió el pago del impuesto debido. De allí, se extrajo la conclusión que se cometió el ilícito en cuestión.
Bajo esas premisas, a juicio de quien suscribe y en atención a los elementos de juicio tenidos en cuenta en los Considerandos precedentes, cabe concluir que se encuentra acreditado en la litis tanto el elemento material como el elemento subjetivo que requiere la figura en cuestión, los que surgen palmario de las circunstancias concretas de la causa, sin que haya intentado producir prueba alguna que demuestre lo contrario.
En consecuencia, habiendo quedado evidenciado que concurren los presupuestos fácticos para que quede configurada la conducta reprimida que se le enrostra, corresponde confirmar la sanción aplicada en el impuesto al valor agregado, la que –por otra parte- se advierte ha sido correctamente cuantificada.
En mérito a lo expuesto, voto por confirmar la resolución venida en recurso en todas sus partes, con costas.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al voto que antecede.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar la excepción nulidad planteada por la actora, con costas.
2. Confirmar la resolución venida en recurso en todas sus partes, con costas.
Se deja constancia que la presente resolución se dicta de conformidad con el art. 59, 3er párrafo del RPTFN por encontrarse vacante la vocalía de la 3era Nominación.
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese. -
Date: 2022.10.28 17:19:54 -03:00 Date: 2022.10.28 18:36:09 -03:00 Pablo Alejandro Porporatto Laura Amalia Guzman Vocal Subrogante Vocal Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.10.28 18:36:10 -03:00
Fin de la sentencia