Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2358/19-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 381.-
2Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente a fs. 360/366 vta. y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 372/373.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2358/19-TSJ Interlocutorio N°: 3551 Actor: SEGURA NICOLÁS ALEJANDRO Objeto: PLANTEA RECURSO JUDICIAL ART. 50 LEY 500 Fecha: 11-03-2020 Texto: TOMO XXXI -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3551 FOLIO Nº 6126/6130 PROT. ELECT. TSS1 007 I.201
Río Gallegos, 11 de marzo de 2020.-
Los presentes autos caratulados: “SEGURA NICOLÁS ALEJANDRO S/ PLANTEA RECURSO JUDICIAL ART. 50 LEY 500”, Expte. Nº S-16.192/16 (S-2358/19-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, a fin de resolver, en primer término, la excusación for- mulada por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández, que a foja 381 expresa: “Motiva esta decisión el hecho de encontrarme comprendida en la causal prevista en el artículo 17, inciso 7º del Código Procesal Civil y Comercial, por remisión del artí- culo 30, primera parte, del mismo cuerpo legal, toda vez que la suscripta ha integrado el tribunal que dictó la sentencia obrante a fs. 294/311”.- En razón de los motivos que fundan la excusación de la Magis- trada, encuadrándose en la normativa impuesta por el artículo 17, inciso 7º del CPC y C, en virtud de lo normado en el artículo 30 del citado texto legal, corresponde hacer lugar a la excusación deducida.-
II. Asimismo vienen los presentes al Acuerdo, en virtud del recurso de casación articulado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Santa Cruz, por intermedio de su representante, Dr. Carlos Javier Ramos (cfr. fs. 360/366 vta.), contra el interlocutorio dictado por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Ci- vil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial, que regu- ló los honorarios profesionales del Dr. Andrés Gutiérrez por su actuación en la instan- cia administrativa y en la Segunda Instancia judicial (cfr. fs. 341/342).-
III. La parte recurrente afirma que su recurso se sustenta: “...una violación o quebrantamiento de la ley y doctrina legal aplicable al caso, en la violación a los arts. 17º y 18º de la Constitución Nacional, art. 90º de la Ley Provincial Nº 2.600 y Arts. 72º y 74º de la Ley local Nº 3.330. Finalmente, se cuestiona el citado interlocutorio del Tribunal de alzada por ser arbitrario y extralimitarse en sus alcances al no contemplar que el decisorio que impuso las costas del proceso a mi re- presentado no se encuentra firme, en atención al recurso de queja por casación denegada articulado por ante el T.S.J….” (cfr. foja 361).- Agrega que: “...la Excma. Cámara reguló honorarios por la actuación del letrado patrocinante del Sr. Segura ante la instancia administrativa, sin especificar quien sería la parte obligada al pago de los mismos, resultando un absurdo mayúsculo imponer costas a un Organismo de Control con facultades jurisdiccionales administrativas como lo es mi representado.” (cfr. foja cit.).-
Dice que: “...el interlocutorio de fecha 23 de mayo de 2019 de la Excma. Cámara de Apelaciones, ahora recurrido, dispone en su punto primero Re- gular los honorarios profesionales del Dr. Andrés Gutiérrez, por su actuación en la instancia administrativa, en la suma de Pesos Ocho Mil Novecientos Cincuenta ($8.950,00) y por su actuación ante la segunda instancia en la suma de Pesos Tres Mil Ciento Treinta ($3.130). Asimismo, el punto segundo ordena la notificación de la regulación. Concretamente agravia los derechos de mi representado que se haya obviado la notificación de los honorarios regulados a ésta parte, conforme lo normado por los Arts. 72° y 74° de la Ley N° 3.330, así como también que no se haya ponderado a ese efecto la pauta de imposición de costas normada por el Art. 90 de la Ley N° 2.600 y tampoco que la Sentencia de la Excma. Cámara se encuentra recurrida por ante el T.S.J.. Por todo ello, desde ya tachamos de inválido el interlocutorio atacado por haber incurrido en arbitrariedad y en violación y errónea interpretación de distintas normas legales citadas ut supra, así como en la violación de la doctrina legal de V.E..” (cfr. foja 361 y vta.).- Añade que: “El interlocutorio de la Cámara de Apelaciones ha incurrido en arbitrariedad en la aplicación de la Ley, como así también en vicios de procedimiento que acarrean la nulidad, violando la defensa en juicio y el debido pro- ceso legal, derechos de raigambre constitucional…” (cfr. foja 361 vta.).-
Afirma que las causas de arbitrariedad son haber quebrantado las normas de procedimiento establecidas en la Ley Nº 3300 sancionadas con pena de nulidad; haber dado fundamentos aparentes; haber violado lo normado por el artículo 90 de la Ley Nº 2600; haber omitido considerar, al momento de regular los honorarios del Dr. Andrés Gutierrez, que el Tribunal de Cuentas es un Organismo de Control con facultades jurisdiccionales administrativas conferidas por el artículo 123 de la Constitución Provincial; y haber omitido que la Sentencia en cuya virtud de la cual se impu- sieron las costas del proceso se encuentra recurrida por ante este Tribunal Superior de Justicia (cfr. fs. 361 y vta.).- Señala que la Excma. Cámara de Apelaciones prescindió de notificar los honorarios del letrado patrocinante del Sr. Segura, por su actuación en sede administrativa y ante esa misma Cámara, prescindiendo de la notificación en debida forma de dichos emolumentos a su representada. Entiende que dicho procedimiento, transgrede lo normado por el artículo 72 de la Ley Nº 3330 (cfr. foja 362). Al respecto, agrega: “Nótese que mediante providencia glosada a fojas 345 suscripta por la Secretaría de Cámara con fecha 26/06/2019, se dispone la devolución de los autos a mi representado en virtud de lo dispuesto -según se indica- a fojas 341/342. La devolución de los actuados se hizo efectiva con fecha 27/06/2019 (fs. 345/Vta.) ingresando las actuaciones por Mesa General de Entradas y Salidas del Organismo. Que, con dicha notificación ficta se transgredió el citado Art. 72º al prescindirse de la notificación por cédula. Asimismo, téngase presente que el área de mesa de entradas y salidas carece del conocimiento jurídico necesario para interpretar el verdadero efecto de la remisión efectuada, ya que de no urgir el pase del expediente en tiempo oportuno al Servicio Jurídico de mi representado habría importado consentir el interlocutorio que por el presente se ataca.” (cfr. fs. 362 y vta.).- Destaca que atento a la inexistencia de notificación por cédula respecto de los estipendios regulados, va de suyo que se violó lo normado en el último párrafo del artículo 74 de la Ley Nº 3330 (cfr. foja 362 vta.).-
Concluye sobre esta cuestión que: “...la falta de notificación, conforme exige la norma, del interlocutorio recurrido por parte de la Excma. Cámara de Apelaciones, configura un quebrantamiento de formas por error in procedendo que trae aparejada la nulidad de todo lo actuado, por lo que solicito a V.E. se declare la violación de la normativa citada y por ende se haga lugar a la nulidad puesta de manifiesto.” (cfr. fs. 362 vta.).-
Se agravia que le hayan impuesto las costas cuando el artículo 90 de la Ley Nº 2600 determina que las costas serán impuestas por el orden causado. Al respecto agrega que en ningún momento se cuestionó en autos la naturaleza contencioso administrativa de este procedimiento, es más, la Excma. Cámara de Apela- ciones, al regular honorarios del letrado del actor, señala la aplicación al caso del artí- culo 54 de la Ley Nº 3330, norma ésta última que específicamente se refiere a procesos de sustancia administrativa (cfr. foja 363).- Afirma que a tenor del artículo 90 de la Ley Nº 2600 la imposición de costas sólo resulta procedente en caso de mala fe o temeridad procesal de al- guna de las partes, circunstancia que debe ser declarada en el proceso (cfr. foja cit.).-
Asimismo, expresa que: “...el interlocutorio recurrido regula asimismo los honorarios del profesional interviniente por su actuación ante mi representado, es decir en sede administrativa, ello en la suma de pesos ocho mil novecien- tos cincuenta ($8.950,00) sin especificar quien resultaría ser el obligado al pago de di- cho emolumentos profesionales. Que ante el hipotético e improbable caso de entenderse que mi representado resultaría obligado al pago de esos honorarios, entiendo que violaría nuevamente la regla establecida por el Art. 90°, configurándose una nue- va arbitrariedad del interlocutorio en crisis.” (cfr. fs. 363vta./364).- Añade que contra la sentencia dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones, con fecha 10 de noviembre de 2017, su representada interpuso recurso de casación, este último fue declarado formalmente inadmisible por la Alzada. Sigue diciendo, que contra esta resolución interpuso recurso de queja y que: “...al día de la fecha, el Alto Tribunal no se ha expedido respecto al remedio procesal reseñado, por cuanto entiendo que el fallo de la Excma. Cámara no se encuentra firme y por ende mal pueden regularse honorarios a su respecto. Noten V.V. E.E., que ante el hipotético caso de hacerse lugar al recurso de queja incoado y revocarse la Sentencia atacada, va de suyo que la imposición en costas -arbitraria por cierto- seguiría el mismo camino. Por lo expuesto, la regulación de honorarios efectuada -en base a una sentencia que no se encuentra firme- importa a mi representado un gravamen irreparable, ya que habilita al letrado del Sr. Segura a iniciar acciones tendientes al cobro compulsivo de sus emolumentos profesionales.” (cfr. foja 364 y vta.).- Como corolario de lo expuesto, sostiene que encontrándose pendiente de resolución la queja oportunamente interpuesta por ante este Tribunal Su- perior de Justicia, la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones no se encuentra firme, ergo mal podría continuarse con la ejecución de la misma so pena de causar a mi representado un gravamen no susceptible de reparación posterior (cfr. foja 364 vta.).-
Afirma que el Tribunal de Cuentas emite pronunciamientos en pleno ejercicio de facultades jurisdiccionales: “...lo que no implica que revisado un fallo en sede judicial y revocado que fuere el mismo -como en el caso de autos- sea procedente imponer las costas a mi representado. Que un razonamiento contrario al expuesto, importaría -haciendo un paralelismo- aceptar la teoría que al revocar un tribunal de alzada una sentencia de primera instancia, le sean aplicables al Juez a quo las costas del procedimiento.” (cfr. foja 365). Anuda a lo expuesto que: “Consecuentemente la posición de los distinguidos juzgadores, sin perjuicio de alejarse de la realidad jurídica objetiva o verdad real, como hemos dicho, provoca también un quebrantamiento de formas y solemnidades esenciales. En ese sentido el quebrantamiento de las formas y solemnidades esenciales emergentes del art. 2º de la Ley 1687, emerge claramente al no haber ponderado la Excma. Cámara, la real justeza en las normas aplicables y con ello el derecho constitucional vulnerado con su decisión.” (cfr. foja 365 vta.).- Hace reserva del caso federal por alegada violación de los ar- tículos 17 y 18 de la Constitución Nacional (cfr. foja 366).-
A fs. 372/373 la Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por el actor.-
A foja 379 pasan los presentes al Acuerdo.-
IV. Que se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C., conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inadmisibilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIX, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- La lectura del escrito casatorio desnuda que la recurrente meramente brinda su propia interpretación del caso y como considera que debió fallarse, sin embargo omite un desarrollo argumental que ponga en evidencia errores en los fundamentos del Tribunal de grado; no bastando, al efecto, las citas de normas y prin- cipios supuestamente violados, si no se demuestra como es que, en el caso concreto, se ha producido esa violación.-
Si bien la carencia expuesta conlleva, por sí sola, la inadmisibilidad de la casación; la suerte del recurso queda negativamente sellada porque la revi- sión que se pretende en esta instancia extraordinaria se sustenta en cuestiones de he- cho y prueba, como -sin lugar a dudas- constituyen las vinculadas a la regulación de honorarios (que es lo que decide la resolución de fs. 341/342 que se ataca mediante casación) las que son ajenas a la vía intentada, salvo arbitrariedad o absurdo. Así, este Tribunal Superior de Justicia ha dicho al respecto que: “...en oportunidad de efectuar este Excmo. Tribunal Superior de Justicia el examen preliminar del recurso articulado en orden a la materia que lo sustenta, corresponde advertir preliminarmente que al tratarse la cuestión planteada de un tema sobre regulación de honorarios, la misma es extraña en principio, a la vía extraordinaria intentada, tal como reiterada doctrina de este Alto Cuerpo y de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires lo han señalado al considerar que: ‘La regulación de los honorarios judiciales de los profesionales es irrevisable en casación, ya sea en su monto como en las bases adoptadas para fijarlos pudiendo excepcionalmente ser considerados cuando no se trata del cuestionamiento de las bases tomadas para ese fin sino de la ausencia de las mismas, lo que torna arbitrario el pronunciamiento desde que no resulta de elementos objetivos obrantes en la causa’ (SCBA, abril 22-1980, ‘Carle Juan C. c.
Madoni y Moretti Soc. en Com. por Acc.’, Rep., L.L. T. XL, JZ, 2131, sum. 178, T.S.J., Santa Cruz, -Interlocutorio-, Tomo II, Reg. 193, Folio 323/325, ídem, Reg. 214, Folio 358/359, ídem, Tomo III -Interlocutorio-, Reg. 289, Folio 466/468). En el sentido expuesto, la Corte Suprema de Justicia, ha sentado que: ‘...Lo atinente a los honorarios regulados en las instancias ordinarias constituye, como regla, materia ajena al recurso del art. 14 de la Ley 48, pues la determinación del monto del juicio, la apreciación de los trabajos profesionales cumplidos y la aplicación de las normas arancelarias no son, a raíz de su carácter fáctico y procesal, cuestiones susceptibles de tratamiento por la vía extraordinaria’ (S-559 XXII, marzo 13-1990, ‘Sili, Luis H. y otros c.
Gas del Estado’; ídem., C.S.N. Fallos 278:124, 300:386 y 439, T.S.J. Santa Cruz, Tomo III, -Interlo- cutorio-, Reg. 289, Folio 466/468)…” (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VIII, Reg. 264, Folio 1442/1445. Ver también, Interlocutorio Tomo XIV, Reg. 1862, Folio 2731/2733).- En función de lo antedicho, es oportuno señalar que la revocación de una sentencia por arbitrariedad o absurdo es un remedio excepcional (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomos VIII, Reg. 282, Folio 1531/1533 y XV, Reg. 513, Folio 2877/2883) para neutralizar los efectos dañosos del desvío de las reglas de la sana crítica.-
En tal inteligencia este Alto Cuerpo ha entendido que: “‘…para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…’” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomos IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788 y XX, Reg. 2648, Folio 3999/4003). Extremo, este último que no se vislumbra en el sub lite.- Tampoco puede acogerse la parcela del recurso que denuncia el quebrantamiento de forma, en tanto la casacionista no logra evidenciar la configuración de vicio alguno en torno a las formas y solemnidades prescriptas para el procedi- miento y el acto procesal que se impugna.
Más aún, la simple lectura de la pieza re- cursiva denota de forma prístina la ausencia total de toda crítica tendiente a abonar la causal invocada en atención a lo resuelto en la decisión que se ataca (regulación de honorarios).- Asimismo, corresponde recordar que la teoría de las nulidades está regida por una serie de principios, y que: “‘…Si alguno de ellos no se da en un caso particular, la declaración invalidante no tiene andamiento’...Uno de esos prin-cipios...es el de trascendencia, según el cual ‘…no es posible decretar nulidad alguna sin que exista desviación trascendente e interés jurídico en la declaración derivada del perjuicio ocasionado por el acto presuntamente irregular -no hay nulidad por la nulidad misma o para satisfacer un mero interés teórico-; razón por la cual debe existir y demostrarse el agravio concreto, mencionándose además las defensas, tam- bién concretas que no han podido oponerse’ (cfr.
Jorge Kielmanovich: ‘Código Proce- sal Civil y Comercial de la Nación. Comentado y Anotado, Tomo I, pág. 434).” (cfr. TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3280, Folio 5445/5452).- En el caso, no se expresa en la casación razonamiento plausible alguno que permita vislumbrar el perjuicio concreto que la no notificación por cédula de la regulación de honorarios le irrogaría, cuando la misma recurrente reconoce que tomó conocimiento de la regulación por la remisión del expediente al Tribunal de Cuentas Provincial, ni tampoco brinda argumentos que permitan avizorar que tal si- tuación le haya causado un concreto estado de indefensión, vulnerándose la garantía constitucional de defensa en juicio.
Recordemos, en punto a esto último, que: “‘El ob- jeto y fin de las nulidades del procedimiento conforme lo señala Podetti, ‘es el res- guardo de una garantía constitucional’, y de ahí que, como lo advierte Alsina, ‘donde hay indefensión hay nulidad; si no hay indefensión no hay nulidad’ (cfr. Víctor De Santo: ‘Nulidades Procesales’ Segunda Edición Actualizada. Ed. Universidad. pág. 43; en igual sentido: Alberto Luis Maurino: ‘Nulidades Procesales’. Ed. Astrea. pág. 33).’” (TSJ Santa Cruz, Interlocutorio, Tomo XXX, Reg. 3473, Folio 5922/5924).- En definitiva, al no existir perjuicio en el reclamante, la nulidad pretendida no puede prosperar.-
En cuanto a la alegada violación de la doctrina legal que invoca la recurrente, se debe destacar que la única doctrina legal obligatoria para los Tribunales de la Provincia es la que emana de este Alto Cuerpo (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XV, Reg. 511, Folio 2860/2871, Ídem, Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594). Así hemos sostenido que: “...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const.
Prov.)...” (cfr. Interlocutorios, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVIII, Reg. 3349, Folio 5590/5594). Entonces al no haberse alegado la vulneración de ninguna sentencia con las características indicadas de una antigüedad no mayor de cinco años, corresponde declarar la inadmisibilidad de este pretenso agravio (cfr. art. 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C).- Así las cosas, se advierte que la recurrente pretende recrear una meritación y valoración jurisdiccional sin producir una crítica razonada, profunda, visceral, concreta y eficaz de la estructura sentencial atacada (cfr. TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo XII, Reg. 415, Folio 2261/2269) sobre cuestiones, como se adelantó, de carácter fáctico procesales, por lo que deben ser rechazadas (cfr.
TSJ Santa Cruz, Sentencia, Tomo VI, Reg. 189, Folio 1024/1025). Tan es así que las argumentaciones de la casación giran en torno a sobre si corresponde o no que sea condenada en costas el Tribunal de Cuentas Provincial y no específicamente a lo que decide el resolutorio impugnado.- Debemos recordar que la resolución que se ataca mediante la casación es la que obra a fs. 341/342 de los autos principales. Ésta regula los honorarios profesionales del Dr. Andrés Gutierrez (letrado del Sr. Nicolás Segura), pero de ninguna manera resuelve sobre la imposición de costas. En cuanto a la regulación de honorarios la recurrente ni siquiera argumenta, ni tampoco se vislumbra, porqué la misma debería calificarse de arbitraria; o que se haya incurrido en violación de la ley, doctrina legal o quebrantamiento de formas.- Respecto a la denuncia de violación de la Constitución Nacional, en sus artículos 17, 18 y concordantes de la Constitución Provincial deviene aplicable, dado la manera en que ha sido expuesto el agravio, la doctrina de este Tribunal Superior de Justicia que dice: “…la sola mención de normas y principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las garantías que ellas tutelan no es base idónea de agravio…”.
(cfr. Interlocutorio, Tomos XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156 y XXVII, Reg. 3200, Folio 5271/5274).- En síntesis, al examinar los términos del recurso interpuesto, se advierte que las conclusiones de la Excma. Cámara de Apelaciones no son refutadas mediante argumentos conducentes para poner en evidencia un decisivo error en la sentencia en crisis. Así, la recurrente tan sólo indica su discrepancia con la sentencia atacada propiciando una interpretación distinta de los hechos y de la normativa en la que se funda, invocación que por sí sola no basta en el ámbito del recurso que nos ocupa dada la limitación extraordinaria de la instancia y, en especial por la exclusión del análisis de los hechos y la prueba, materia que compete a los jueces de grado con las salvedades propias de la materia en orden al absurdo o a la arbitrariedad.- Por último, téngase presente para su oportunidad el pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia principal (cfr. 364 vta.), en atención que no consta en autos que se haya iniciado ningún proceso de ejecución respecto de la misma.-
V. Conforme al análisis efectuado precedentemente, se concluye que el recurso de casación articulado por la parte recurrente a fs. 360/366 vta. no logra habilitar la presente instancia, por lo que corresponde declararlo mal concedido, y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 372/373, de conformidad con lo establecido en el artículo 7 y concordantes del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Ca- sación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-, teniendo presente la reserva del caso federal efectuada a foja 366.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Hacer lugar a la excusación deducida por la Sra. Vocal, Dra. Reneé Guadalupe Fernández a foja 381.-
2. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente a fs. 360/366 vta. y en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial obrante a fs. 372/373.-
4. Téngase presente para su oportunidad el pedido de suspensión de la ejecución de la sentencia principal.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso, en virtud de encontrarse aceptada la excusación de la Sra. Vocal, Dra. Reneé G. Fernández (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1007I.201 Tomo: XXXI Interlocutorio: 3551 Folio N°: 6126/6130 Secretaría: 1
Fin de la sentencia