Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1No conceder los recursos extraordinarios federal deducido a fs. 2020/2040 vta. por el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y a fs. 2047/2067 por el Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo, en representación de la parte querellante, Sr. Alex Rojas, con costas por su orden.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA OTROS RECURSOS Nº:001 OBJETO: RECURSO EXTRAORDINARIO FEDERAL
FECHA: 29 de julio de 2019 AUTOS: "SEGURA WALTER FABIÁN S/HOMICIDIO AGRAVADO EN C/R CON TENTATIVA DE HOMICIDIO, AMBOS AGRAVADOS POR EL EMPLEO DE ARMA DE FUEGO Y MANSILLA OSVALDO DAMIAN S/HOMICIDIO AGRAVADO EN CALIDAD DE INSTIGADOR", Expte. Nº S-940/15/T.S.J.-
I.-) Que llega la presente causa a tratamiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia a fin de analizar la admisibilidad de los recursos extraordinarios federal interpuestos a fs. 2020/2039 vta. por el Dr. Ricardo Alberto Napolitani, Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia; y a fs. 2048/2067 por el Dr. Domingo Norberto Fernández, en representación del querellante Sr. Alex Rojas, contra la sentencia dictada por este Alto Cuerpo, a fs. 1985/2007, el que resuelve "1º) HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por la Defensa de Walter Fabián Segura a fs. 1887/1906, ANULANDO todo lo actuado a partir de la resolución de sobreseimiento en favor del encartado. 2º) ORDENAR LA INMEDIATA LIBERTAD de Walter Fabián Segura...".- II.-) Que el Sr. Fiscal planteó "...la violación en el fallo recurrido de las normas Constitucionales y Supranacionales en especial el art. 75 inc. 22 de la Constitución Nacional dan operatividad al Recurso Extraordinario que se interpone toda vez que las transgresiones aludidas importan el desconocimiento de garantías constitucionales consagradas en las normas individualizadas precedentemente lo que causa gravamen irreparable a este Ministerio Público Fiscal, en tanto con ello se ha violado la defensa en juicio y el debido proceso legal..." (fs. 2029).- Se agravió por la "...afectación del derecho de defensa y debido proceso por falta de motivación del auto de sobreseimiento... tal omisión priva a la víctima de exponer la refutación en términos claros y con la asistencia jurídica adecuada toda vez que se pretende tenerla por notificada sin la intervención de su letrado..."
"...El panorama descripto impide el control de razonabilidad del decisorio, por cuanto la ausencia de razones o bien su motivación aparente, obliga a un análisis de todos los elementos incorporados a la encuesta que omitiera el juez de primera instancia y excede la estricta actividad netamente revisora de esta sala, razón por la cual corresponde dejar sin efecto el auto en crisis..." (fs. 2029 vta./2030).-
Manifestó que "...No estamos ante un puro control formal que es ejercido por los canales e instancias regulares del Poder Judicial o eventualmente de la administración pública y de la organización estatal. Es más bien un control externo, no formal, que permite que sea la comunidad quien vigile y fiscalice si existen o no razones en la solución de un caso y de si estas son buenas o correctas..." (fs. 2030/vta.).-
Se agravió porque "...La única vía que tienen las partes para poder saber si sus argumentos y pruebas han sido tomados en cuenta y se ha aplicado el derecho de manera adecuada es conociendo e informándose a través de la resolución acerca de las razones que las respaldan y los argumentos fácticos, probatorios y jurídicos que se han adoptado..."
"... Las partes tienen derecho a saber por qué perdieron o ganaron el juicio y cuáles son las razones que se han utilizado para justificar una determinada decisión. En el caso que nos ocupa, la parte tiene que saber que nueva prueba se produjeron luego de la falta de mérito y de que manera las mismas son valoradas... la fundamentación actúa como medio de incrementar la credibilidad de la Justicia en la medida que con ella se trata de convencer a las partes de la corrección de la decisión adoptada, con lo que se avanza en la obtención y ensanchamiento de los procesos de convicción social, definitivo fundamento del cumplimiento de la Ley y del respeto a las resoluciones judiciales, con preferencia a esquemas puramente coactivos..." (fs. 2031 vta.).- Se agravió por la "...violación del derecho de defensa y debido proceso con afectación del derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en esa disposición constitucional y reconocido en los arts. 8, párrafo primero, y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que alude a la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes- falta de notificación en debida forma a la parte del auto de falta de mérito-: La intervención del querellante particular en el proceso penal se presenta como una manifestación del derecho a la jurisdicción y del derecho a la tutela judicial efectiva..." (fs. 2034 vta.).- Señaló "...Por imperio constitucional debe concedérsele a la víctima la posibilidad de 'control sobre el proceso'. Se observa una debida dirección en este sentido con la incorporación al derecho positivo vigente de normas que reivindican los derechos de las víctimas como la ley 24.316 (probation), ley 24.417 (de protección de la violencia familiar), etc. ..." (fs. 2036 vta.).-
Sostuvo "...Relación entre los agravios, hechos de la causa y la cuestión federal:
La violación en el fallo recurrido de las normas Constitucionales y Supranacionales en especial art. 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional dan operatividad al Recurso Extraordinario que se interpone toda vez que las transgresiones aludidas importan el desconocimiento de garantías constitucionales consagradas en las normas individualizadas precedentemente lo que CAUSA GRAVAMEN IRREPARABLE a este Ministerio Público Fiscal, en tanto con ello se ha VIOLADO LA DEFENSA EN JUICIO y el DEBIDO PROCESO LEGAL pues el Excmo. Tribunal Superior ha resuelto en forma contraria a la validez de una cláusula constitucional (art. 18 de la C.Nac.) omitiendo respetar la supremacía de normas constitucionales tal como lo consagra el art. 31 de la Constitución Nacional, ha quedado lesionada la garantía constitucional establecida por el art. 18 de la Constitución Nacional y se ha afectado el derecho a la jurisdicción consagrado implícitamente en esa disposición constitucional y reconocido en los arts. 8, párrafo primero y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -que alude a la posibilidad de ocurrir ante algún órgano jurisdiccional en procura de justicia y obtener de él sentencia útil relativa a los derechos de los litigantes todo lo cual posee íntima y directa relación con los agravios vertidos y en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente Recurso Extraordinario. Que en consecuencia se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación tache asimismo de ARBITRARIEDAD la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuere materia del recurso aquí interpuesto..." (fs. 2039 vta/2040).-
III.-) Por su parte, el querellante se agravió por la "...VIOLACION A LA DEFENSA EN JUICIO Y AL DEBIDO PROCESO (arts. 18, 31 y 75 inc. 22 de la CN) ASI COMO ARBITRARIEDAD DE LA SENTENCIA..." (fs. 2056).-
Manifestó que "...Se agravia esta parte querellante toda vez que... se procede a Anular todo lo actuado a partir de la resolución de sobreseimiento, disponiéndose la inmediata libertad del condenado Walter Segura. Dicho resolutorio VIOLA ostensiblemente la garantía constitucional de DEFENSA EN JUICIO Y DEBIDO PROCESO LEGAL..." (fs. 2059 vta.).-
Sostuvo "...Insólitamente el Fallo por mayoría dictado por el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz, procede a hacer lugar al recurso casatorio interpuesto por la defensa, otorgando preminencia al sobreseimiento dictado apoyando el decisorio en la cosa juzgada y en la aplicación del principio del non bis in idem.
Que tal decisorio trasunta grave afectación constitucional al violar ostensiblemente las Garantías federales contenidas en los arts. 18, 31 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional, lo que fundamenta el Agravio aquí expresado y la procedencia de este Recurso Extraordinario federal..." (fs. 2061 vta.).-
Continuó "...La violación de las normas constitucionales señaladas se encuentran sobradamente configuradas por cuanto con el decisorio en crisis VIOLAN formas sustanciales relativos al contradictorio así como del pleno ejercicio del derecho de defensa que también se encuentra consagrado a favor DE LAS VICTIMAS especialmente en razón de las normas constitucionales señaladas como principalmente por los Tratados Internacionales de Derechos Humanos así como por la consagrada legislación local que fortalece el reconocimiento del derecho de las víctimas. El decisorio en crisis patentiza el Agravio de ésta parte querellante, toda vez que no sólo ha omitido la observancia de las garantías contenidas en los arts. 18, 31 y 75 inc. 22 de la Carta Magna sino que además es contrario a los propios precedentes de V.E. pero en ayuno de argumentación jurídica que los refute..." (fs. 2062).-
Se agravió "...ésta parte querellante en cuanto el decisorio de mayoría viola el contradictorio al no considerar la omisión de debido traslado a ésta parte del sobreseimiento, como un vicio esencial en el procedimiento, quebrando de éste modo la debida bilateralidad y no teniendo en cuenta el derecho fundamental de las víctimas a obtener una tutela judicial efectiva. Por lo que se han violado además las normas contenidas en los arts. 8.1 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos y art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos..." (fs. 2063).- Agregó "...En este sentido resalto a V.E. que el decisorio recurrido no consideró que la sentencia que dispuso la Nulidad no fue oportunamente recurrida lo que argumenta la ARBITRARIEDAD por la que también nos agraviamos y que da sustento y procedencia al presente remedio extraordinario.
En razón de ello, dejo solicitado a V.E. la prosperidad de éste agravio en orden a su clara fundamentación..." (fs. 2063 vta.).-
Se agravió además "...esta parte querellante por la falta de fundamentación del pronunciamiento en lo que respecta a la desestimación de los agravios relacionados con la absolución de Mansilla por contener vicios esenciales en la valoración de la prueba, partiendo el tribunal de GRAVES OMISIONES al omitir VALORAR prueba que resulta esencial y que por ende no existe por ésta parte, como se manifiesta errónea y arbitrariamente en el decisorio que se recurre, un punto de vista diferente; sino que existe una grave omisión en la valoración de las pruebas al omitir elementos probatorios esenciales que determinan sin lugar a dudas la responsabilidad penal de Osvaldo Mansilla..." (fs. 2063 vta/ 2064).- Continuó "...Se OMITIÓ valorar además V.E. la PRUEBA TESTIMONIAL de 1) Leonel Mauricio CARDENAS, 2) Daniela Alejandra BRITOS, Santiago BORQUEZ entre otros; elementos probatorios esenciales que demuestran que Mansilla siempre vivió en ésta ciudad así como la relación entre éste y Segura..." (fs. 2064 vta.).-
Finalizó "... En virtud de lo expuesto se considera que la sentencia dictada resulta arbitraria, injusta y carente de sustento fáctico y jurídico, no ajustándose a derecho toda vez que como ya se ha dicho no ha valorado ni analizado los argumentos esgrimidos por esta querella y permite, en definitiva, que los derechos de la víctima se vean totalmente desamparados ante el lamentable fallecimiento de su hijo.
Por lo que no cabe dudas que la decisión resulta arbitraria, ya que se llega a una conclusión no fundada en las constancias de la causa, suprimiendo toda referencia a la cuestión constitucional alegada e involucrada en el caso. En orden a ello es que se interpone este Recurso en tanto se ha configurado un cuadro de grave afectación constitucional..." (fs. 2065 vta.).-
Respecto a la relación entre los agravios, hechos de la causa y cuestión federal sostuvo "...La violación de las garantías de defensa en juicio y debido proceso legal (art. 18 CN) así como las contenidas en los arts. 31 y 75 inc. 22 CN, poseen íntima y directa relación con los agravios vertidos y en definitiva con los hechos de la causa, lo que viabiliza sin más la procedencia del presente Recurso Extraordinario.
Que en consecuencia se requiere que, en base a las argumentaciones jurídicas desarrolladas la Corte Suprema de Justicia de la Nación admita los agravios de ésta parte revocando la sentencia dictada en los presentes autos, revocándola en cuanto fuere materia del recurso aquí interpuesto..." (fs. 2066).-
IV.-) Corresponde, en este apartado, verificar si cumplen los requisitos de admisibilidad los recursos de marras, tal y como lo dispone el art. 257 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable a la especie); los arts. 14 y 15 de la Ley n° 48; y las Acordadas dictadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación números 4/2007 (integrada por la Acordada Nº 3/2012), 31/2011 y 38/2011, a fin de definir si la cuestión federal planteada guarda alguna elemental conexión con la realidad del caso, pues, es deber de los órganos judiciales competentes resolver circunstanciadamente sí, prima facie, cuentan con fundamentos suficientes para dar sustento a la invocación de un caso excepcional de competencia para la Excma. Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 323:3081).- En ese orden de ideas, lo primero que se debe destacar es que los recursos presentados se articularon ante este Tribunal Superior, dentro del plazo procesal, ahora bien, respecto al requisito de quien posee capacidad para recurrir solo lo cumple el Sr. Agente Fiscal, por lo que el recaudo exigido por el artículo 257 de C.P.C y C de la Nación se encuentra íntegramente cumplido en el caso del Ministerio Público Fiscal, pues, el letrado de la parte querellante, no tiene capacidad para recurrir ya que, el Sr. Rojas -querellante-, no ha suscripto el escrito recursivo intentado.- En segundo término, se constata que los recurrentes dieron cumplimiento con lo dispuesto en la Acordada Nº 38/2011, al presentar los recursos deducidos en formato de hoja A 4.-
Continuando con la revisión de las formalidades que atañen a la admisibilidad de los medios de impugnación interpuestos, a la luz de las previsiones de la Acordada 4/2007 de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 2º de la Acordada N° 3/2012 y el punto 2° de la Acordada 31/2011, se constata que las presentaciones no superan las 40 páginas, cada una de las cuales no sobrepasa los 26 renglones y han sido escritas con letra claramente legible (art. 1). Cuentan, asimismo, con la carátula en hoja aparte con las exigencias establecidas en el artículo 2º de la norma mencionada.- Se verifica que los recurrentes constituyeron domicilio en la Capital Federal [conf. artículo 2º, inciso d) de la Acordada Nº 4/2007] y que el Sr. Fiscal no consignó el código de usuario contemplado en la Acordada Nº 31/2011, el cual resulta obligatorio en virtud de lo dispuesto por el artículo 4º de la Acordada Nº 3/2012, lo que sí fue cumplido por el representante de la parte querellante.-
Al analizar los recaudos exigidos por el artículo 3º de la Acordada 4/2007 y en particular por el inciso a), observamos que la resolución recurrida es asimilable a sentencia definitiva [entendiéndose por tales aquellas que ponen fin al pleito o hacen imposible su continuación, como así también las que causan un gravamen de imposible o insuficiente reparación ulterior, siempre que priven al interesado de otros medios legales para obtener la tutela de sus derechos o impidan el replanteo de la cuestión en otro juicio (conf. sum. Fallos: 303:633)], fue dictada por el máximo Tribunal de la Provincia y se agotaron las instancias revisoras locales (inciso a); así como también requiere un relato de las circunstancias relevantes del caso relacionadas con las cuestiones que se invocan como de índole federal (inciso b), lo cual se encuentra cumplido en las presentaciones en estudio. Hasta aquí llega el cumplimiento de los requisitos del artículo 3º.- El estudio de los recursos revela que los escritos no cumplen cabalmente con los recaudos previstos en los incisos c), d) y e) del art. 3° de la Acordada N° 4/2007, conforme se detallará a continuación.-
En efecto, los recurrentes no logran demostrar cuál es el perjuicio constitucional personal, concreto, actual y no derivado de su propia actuación que el pronunciamiento impugnado les ocasiona, sino que sólo se limitan a mencionar una serie de derechos que emanan de la Constitución Federal y que, dicen, han sido menoscabados [conf. art. 3º inc. c), de la Acordada 4/2007].-
Un capítulo aparte deberemos dedicar a la inobservancia de ambas partes, del artículo 3º incisos d) y e) de la Acordada 4/2007 y 14 de la Ley 48.-
Entre otros requisitos, la admisibilidad del recurso extraordinario requiere que el caso llevado a los estrados de la Corte Suprema es que la materia de dicha impugnación recursiva debe contener lo que se conoce como cuestión federal. La cuestión federal es aquella que versa sobre la interpretación de normas o de actos federales de autoridades de la Nación, o acerca de los conflictos entre la Constitución Nacional y otras normas o actos de autoridades nacionales o locales.-
Los recurrentes omiten especificar, a la luz del artículo 14 de la ley 48, la forma en que fueron vulneradas las normas que consideran infrigidas (cfr. fs. 2021 y 2048 vta. respectivamente).-
En este sentido, es preciso aclarar que en este proceso no se resolvió en contra de la validez de una cláusula de la Constitución Nacional o de una ley del Congreso (art. 14º, inc. 1 de la Ley 48), no se declaró la validez de una Ley Provincial que fuese repugnante a la Constitución Nacional, Tratados o Leyes del Congreso (art. 14º, inc. 2 de la Ley 48), ni tampoco se decidió en contra de la validez de un título, derecho, privilegio o exención fundado en una cláusula de la Constitución Nacional, de un Tratado o Ley del Congreso (art. 14º, inc. 3 de la Ley 48).- Esto es así ya que en el sub lite se resolvió, en definitiva, por la nulidad de todo lo actuado desde la resolución de sobreseimiento de Segura, sin que para llegar a tal conclusión se haya debatido en el pleito ninguna cuestión federal, lo que hace inadmisibles los recursos extraordinarios (cfr. Fallos: 101:70 y sum. Fallos: 148:62; y 307:129).-
Al respecto, adviértase que los motivos mencionados en los recursos extraordinario federal de fs. 2020/2040 y vta., y 2047/2067 están referidos en última instancia a la aplicación de derecho común, por lo que fácil resulta advertir que tales causales devienen inatendibles para un remedio federal, constituyendo motivo suficiente para declarar inadmisibles las presentaciones en estudio.-
En numerosos precedentes este Tribunal ha expresado que adhiere a la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en favor de vedar la habilitación del recurso extraordinario a cuestiones que se muestran típicamente vinculadas al derecho común, las que por vía de principio se encuentran marginadas de la instancia extraordinaria (T.S.J. Santa Cruz, Tº I, Sentencias, Rº 9, Folio 15/18; Fallos 310:927; 310:2114; 311:1171, entre otros).-
Las razones que sustentan el criterio apuntado para vedar la viabilidad de los recursos extraordinarios son: a) Esa especie de disposiciones normativas, interpretación del derecho común, son de hermenéutica privativa de los jueces de la respectiva instancia; y b) Ese tipo de normas no afectan el orden de prelación normativo consagrado en el artículo 31 de la Constitución Federal (cfr. Palacio, Lino Enrique, El recurso extraordinario federal, Abeledo Perrot, 1997, pág. 161). A ello debemos adunar un tercer motivo: que el recurso extraordinario federal está destinado a preservar el principio que inviste a la Corte Suprema de Justicia de la Nación como intérprete final de la Constitución Nacional, pero no como exégeta final del derecho común.- En esta inteligencia ha entendido el Cimero Tribunal Nacional que "...La interpretación y aplicación de la Constitución y normas de derecho local efectuadas por los tribunales provinciales son ajenas a la instancia extraordinaria..." (Fallos 312: 2110), salvo que el tribunal superior de la causa prescinda de dar un tratamiento adecuado a la controversia, supuesto excepcional no verificado en autos.-
Por otra parte, no se desarrolla en los escritos "...la refutación de todos y cada uno de los fundamentos independientes que den sustento a la decisión apelada en relación con las cuestiones federales planteadas..." [conf. inciso d) del art. 3º], como así tampoco la "fundamentación autónoma" a que se refiere el artículo 15º de la Ley Nº 48 pues, según esta exigencia la presentación recursiva debe contener una crítica prolija del fallo impugnado, de modo tal que los recurrentes deben rebatir todos los argumentos en que se apoya el tribunal para arribar a las conclusiones que lo agravian (conf. sum. Fallos: 308:2421; 331:2149 y Fallos: 311:499 -dictamen del Procurador General que la Corte comparte-). No se cumple con este recaudo cuando, como sucede en los recursos en estudio, los agravios vertidos no constituyen una crítica concreta y razonada de los argumentos en los que se apoya la sentencia (cfr. sum. Fallos: 323:1261 y 331:809).- Tampoco se advierte "...la demostración de que media una relación directa e inmediata entre las normas federales invocadas y lo debatido y resuelto en el caso; ni que la decisión impugnada es contraria al derecho esgrimido por el apelante con fundamento en aquéllas..." [cfr. Acordada 4/2007, art. 3º, inciso e)].-
Esto se sigue -como se observó más arriba- de la inexistencia de cuestión federal (conf. art. 14º de la Ley Nº 48), pues tales conceptos -cuestión federal y relación directa- no pueden concebirse, para el análisis de la admisibilidad, el uno sin el otro, ya que el recurso extraordinario nace frente a una cuestión federal (cfr. Palacio de Caeiro, Silvia B., Recurso Extraordinario Federal, 2º Ed. Bs. As., La Ley 2012. p. 431/432; y TSJ Santa Cruz, Tomo VII, Otros Recursos, Reg. 362, Folio 1365/1368).- V.-) Que con respecto del otro carril por el que se intenta encauzar los recursos, debe recordarse que la Corte Suprema ha establecido que la doctrina de la arbitrariedad es de aplicación excepcional y no puede pretenderse, por su intermedio, la revisión de cuestiones no federales cuya solución es del resorte exclusivo de los jueces de la causa, si es que no se demuestran groseras deficiencias lógicas de razonamiento o una total ausencia de fundamento normativo que impidan considerar el pronunciamiento de los jueces como la "sentencia fundada en ley" a que hacen referencia los artículos 17º y 18º de la Constitución Federal (Fallo 325:3265 y sus citas).- Su finalidad es resguardar las garantías de defensa en juicio y debido proceso, exigiendo que los pronunciamientos de los jueces sean fundados y constituyan una derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa (cfr. Fallos: 261:209; 274:135; 279:355; 284:119; y 297:100).-
No puede prosperar la denuncia de arbitrariedad que se le enrostra a la sentencia de marras, toda vez que no se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que las configuran. Sobre la materia, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que: "...No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia... si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio y versan sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común..." (Corte Suprema de Justicia de la Nación, 05/09/2002, 'G., G. c. Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Norberto Quirno y otro', LL 2003-A, 47 - DJ 2002-3, 803 - RCyS 2002, 1088).- En función de lo antedicho y de la lectura del resolutorio atacado, se constata que este Alto Tribunal realizó una interpretación de los elementos obrantes en la causa y de la normativa aplicable que no se vislumbra como arbitraria.
Sobre esta cuestión, es oportuno traer a colación parte de los considerandos de la resolución obrante a fs. 1985/2007 "...de la descripción de lo acontecido en el sub examine, emerge indubitable que el sobreseimiento decretado a favor del imputado, al tiempo de interponer el recurso de apelación contra el mismo la parte querellante, se encontraba firme. Siendo así, la parte querellante y el Estado huérfanos se encontraban de acción penal y poder punitivo respectivamente, para pretender la continuidad o renovación de un juicio por un hecho que ya había sido resuelto en forma definitiva. Con lo cual se puede analizar -adelantando posición- que constitucional y legalmente todo lo actuado a partir de la firmeza adquirida por el sobreseimiento definitivo dictado a favor del imputado es manifiestamente nulo... en resumen de lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el sobreseimiento dictado en el sub examine adquirió firmeza o bien calidad de cosa juzgada.
Necesaria consecuencia de ello, es la inviabilidad en nuestro estado de derecho de originar una continuidad o nueva persecución penal, invocando irregularidades procedimentales detectada en un proceso judicial definitivamente terminado... de este modo, sin esfuerzo, surge manifiestamente que resulta infructíferos los argumentos y citas jurisprudenciales invocados por la parte querellante, pues, como se anticipó, el caso sub lite exhibe la hipótesis de un reclamo por una irregularidad en un proceso penal fenecido, donde ya no se encuentra vigente la acción penal del recurrente para viabilizar su pretensión..." Asimismo, se dijo que "...Así en la etapa de juicio, la cuestión esencial que nos viene ocupando, firmeza o revisión del sobreseimiento definitivo a favor de Walter Segura, fue inadvertida en la etapa intermedia del debate por el Ministerio Público Fiscal y por la Presidencia del Tribunal de Juicio.
De este modo, concluido el juicio, quien había conquistado a su favor un sobreseimiento definitivo con autoridad de cosa juzgada, por el mismo hecho, fue condenado... debemos recordar que los vicios procedimentales que afectan al orden público aún consentidos por las partes e incluso con los órganos jurisdiccionales que han intervenido, deben ser tratados de oficio, ya que al trascender el interés particular no quedan sanados por el consentimiento ni las decisiones judiciales precedentes. La sentencia impugnada, a través del recurso de casación que habilita a este Tribunal a pronunciarse sobre la cuestión ventilada en esta instancia, violatoria de la cosa juzgada, ha concretado una flagrante violación de la garantía el 'ne bis in idem'...".- En atención a lo expuesto se debe afirmar que la tacha de arbitrariedad, en consecuencia, cabe sólo frente a desaciertos u omisiones de gravedad extrema, a resulta de los cuales los pronunciamientos no pueden adquirir validez jurisdiccional (cfr. sum.
Fallos 311:1950; 315:449; 323:3139). Ninguna de las circunstancias apuntadas acontece en autos, toda vez que este Tribunal ha explicado las razones jurídicas en las cuales se apoya la decisión, adunándolas con citas doctrinarias y jurisprudenciales que son contestes con el criterio sustentado.- Abonando la doctrina fijada por la C.S.J.N. en los autos "Casal, Matías E. y otro" (fallo del 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005), este Alto Cuerpo hubo de cumplir con la finalidad y el espíritu del citado precedente, efectuando una revisión integral del hecho imputado y la prueba de cargo que condujo a la nulidad de todo lo actuado a partir de la resolución de sobreseimiento de Segura.-
En el resolutorio de fs. 1985/2007 este Tribunal se avocó al "contralor de logicidad" del fallo de la Excma. Cámara Criminal, verificando la razonabilidad de la materialidad histórica del caso y que la interpretación y valoración de los elementos probatorios fuera realizada en forma adecuada y pormenorizada, agotando esta instancia casatoria su capacidad revisora, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional en la materia, orientando en tal sentido la interpretación de las normas procesales locales.- Surge evidente, por lo tanto, la insuficiencia recursiva ya que no logran perforar la barrera establecida en el art. 15 de la Ley Nº 48, que exige la fundamentación suficiente de los recursos y la relación directa e inmediata a cuestiones de validez del orden jurídico federal, ámbito normal del recurso extraordinario que debe ser excepcional, mostrando una sentencia "arbitraria", "insostenible", "irregular" o carente de fundamentos suficientes para sustentarla o desprovista de todo apoyo legal y fundada tan sólo en la voluntad de los jueces que lo suscriben (Carrió, Genaro y Carrió, Alejandro, El Recurso Extraordinario por Sentencia Arbitraria, Abeledo Perrot, 1983, Tº I, pág. 25.
Ver también T.S.J., Santa Cruz, Tº I, Otros Recursos, Rº 16, Fº 43/45; entre varios).- VII.-) Que a mayor abundamiento, compartiendo este Tribunal Superior de Justicia lo dictaminado por el Sr. Agente Fiscal, la discrepancia de los recurrentes con el criterio y valoración de las normas de naturaleza no federal, o la sola refutación de los argumentos del fallo sin demostrar la violación de las normas constitucionales, no habilita por si sólo la "excepcionalidad" de la apelación extraordinaria federal, aplicada al caso de arbitrariedad, más aún cuando los recursos en tratamiento carecen de la fundamentación autónoma exigida para declarar su procedencia.- Precisamente -por competer a una jurisdicción excepcional- el control de constitucionalidad no puede ser ejercido cuando el asunto no compromete la supremacía federal garantizada por el art. 31 de la Constitución Nacional, pues, de no ser así, la Corte Suprema actuaría con un poder general de revisión de las sentencias de los tribunales locales alterando el sistema federal de gobierno (Fallos 1:28; 5:59; 13:115; 15:174; 72:73; 91:228; 100:203; 210:543; 214:257; 219:109; 223:486; 234:163; 236:286; 241:351; 251:7; 257:37; 281:267 y 286:148 entre otros).
Sobre tal pilar y conforme se expusiera, "...el recurso extraordinario presupone la decisión exclusiva sobre puntos de derecho federal..." (Fallos 196:184), ya que si así no fuera, la Corte Suprema actuaría como un Tribunal ordinario de última instancia (Fallos 114:148; 185:358; 189:188; 190:220 y 193:11, entre otros).- En este sentido, cabe destacar el ayuno de precisa fundamentación de los recursos sub examine, pues carecen de la debida conexión entre la materia del pleito y el derecho federal que estiman desconocido, no divisándose en autos la posibilidad de que a los reclamantes se les hubiere cercenado derecho alguno garantizado por los arts. 14 y 18 CN; ni 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos.-
Sobre el particular, la CSJN ha establecido que la sola mención de la afectación de preceptos constitucionales no alcanza para abrir la vía extraordinaria (cfr. sum Fallos: 165:62, 266:135 y 310:2306; entre otros). Sino que se requiere la demostración plausible de la agresión a un derecho o garantía que la Carta Magna resguarda para que pueda prosperar la cuestión federal. De otro modo, la jurisdicción extraordinaria sería indebidamente privada de todo límite, pues no hay derecho que en definitiva no tenga raíz y fundamento en la Constitución Nacional, aunque esté directa e inmediatamente regido por el derecho no federal (cfr. sum Fallos: 310:2306).- En autos, los recurrentes sólo se han limitado a enumerar derechos y garantías constitucionales que consideran menoscabados, sin explicar de qué manera el fallo produjo esa violación.-
Por su parte, el Sr. Agente Fiscal ante este Alto Cuerpo en su recurso extraordinario, realiza una descripción doctrinaria respecto a la falta de motivación, sin explicar cabalmente que parte de la sentencia considera no motivado; asimismo, realiza un amplio y extenso listado de jurisprudencia sobre la participación de las víctimas en todas las etapas del proceso sin llegar a conclusión alguna.-
El representante de la parte querellante, presenta el recurso extraordinario sin firma del Sr. Rojas, sin tener en cuenta que la falta de suscripción por la parte interesada, priva de validez el acto procesal. El patrocinante del querellante, no suple a la parte querellante en si misma. Atento a ello, la jurisprudencia sostiene que el escrito judicial que carece de firma debe reputarse como acto judicial inexistente (conf. "Juarez, Candida Aurora c/Anses s/amparo", causa nº 48451/14, Cámara Federal de Apelaciones de Cba. rta. el 8/11/17).- VIII.-) Que por lo expuesto, no encontrándose configurados los extremos que justifiquen la intervención de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por tratarse de planteos ajenos a los arts. 14 y 15 de la Ley Nº 48, y no cumplir con lo establecido con la Acordada de la CSJN 04/2007, corresponde rechazar los recursos articulados, con costas por su orden, en razón de la naturaleza y finalidad institucional de los mismos.-
Por todo ello, por aplicación de las normas legales, doctrina y jurisprudencia antes citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. NO CONCEDER los recursos extraordinarios federal deducido a fs. 2020/2040 vta. por el Sr. Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y a fs. 2047/2067 por el Sr. Defensor General ante este Alto Cuerpo, en representación de la parte querellante, Sr. Alex Rojas, con costas por su orden.-
2. Regístrese, Notifíquese. Oportunamente devuélvanse los presentes autos mediante oficio de estilo.-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani -Presidente Tribunal Superior de Justicia; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal; Dr. Carlos Enrique Arenillas – Vocal Subrogante. Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz -Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2005O.191 TOMO: V– OTROS RECURSOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:001 FOLIO Nº: 001/008 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia