Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 88480276-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar desierto el recurso del fisco nacional (cfr. considerando 4° a 6°).
2Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (cfr. considerando 7°).
–SALA IV–
Expte. CAF n° 4967/2026/CA1: “SIEJA, JANET PAULA (TF 88480276-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
Buenos Aires, de marzo de 2026.
La elevación del expediente digital TF 88480276-A a través del DEO n° 21961359, “a fin de considerar el recurso de apelación interpuesto por el fisco nacional el 05/09/2025 (v. IF-2025-98955165-APN-DTD#JGM) concedido el 09/09/2025 (v. PV-2025-
100184839-APN-VOCXVIII#TFN) contra la sentencia dictada el 30/06/2025, en cuanto declara la nulidad de todo lo actuado y deja sin efecto la Resolución 481/2021, recaída en las actuaciones administrativas 12492-464-2017, con costas al fisco nacional (v. INLEG-2025-70466722-APN- VOCXVIII#TFN). El fisco nacional expreso agravios el 28/09/2025 (v. IF-2025-107759738-APN- DTD#JGM)” (v. nota de las págs. 214/215 del expte. electrónico, donde también consta que la parte actora no contestó agravios).
1. Que, por sentencia de fecha 30/06/2025, la Sala F del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió declarar la nulidad del Protocolo de Análisis “LAB 20170823-00014540” (en adelante, el “Protocolo”) y de todo lo actuado en su consecuencia; y, por consiguiente, dejó sin efecto la resolución condenatoria n° 481/2021, recaída en las actuaciones administrativas 12492- 464-2017. Asimismo, impuso las costas al fisco nacional.
2. Que, para así decidir, el mencionado Tribunal sostuvo que:
(i) El Protocolo –cuyas conclusiones sustentaron la condena dispuesta en estas actuaciones a la actora, en los términos del art. 954, ap. 1, incs. a), b) y c), del Código Aduanero de la Nación– tenía una fecha anterior a la de la extracción de las muestras respectivas, lo cual resultaba ilógico.
(ii) El servicio aduanero, al sostener que había mediado un "desistimiento tácito" de la parte demandante a la realización de un segundo análisis o contramuestra –por no haberse presentado el currículum vitae del experto nombrado para llevar adelante tal cometido, conforme fuera requerido–, vició irremediablemente el procedimiento que culminó con la resolución administrativa recaída en autos. Ello, por cuanto esta consecuencia no se encuentra prevista en la normativa procedimental aplicable –resolución general (AFIP) n° 3891/2016–.
1 (iii) Se evidencia en el caso la ausencia de documentación relevante. En ese sentido, adujo que no se aprecia en las actuaciones al formulario OM-1020; donde “se detallan una serie de datos relevantes del envío de la muestra, lo que posibilita la total identificación de la mercadería a analizar”.
(iv) Pasaron casi 6 meses entre la toma de muestra respectiva para la elaboración del Protocolo y la fecha de notificación de este último. Asimismo, destacó que entre la toma de la muestra y la interposición del recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pasaron casi 4 años. De ese modo, y considerando la naturaleza de la mercadería involucrada, entendió que se había perdido la representatividad de la referida muestra; invalidando ello cualquier análisis o contramuestra posterior.
(v) A partir de las irregularidades antes expuestas –las cuales consideró atribuibles al servicio aduanero–, en autos se había vulnerado gravemente el derecho de defensa de la parte actora.
3. Que, el fisco nacional planteó los siguientes agravios:
(i) Indicó que los vicios procedimentales achacados por el Tribunal Fiscal de la Nación serían puramente formales y carecerían de entidad suficiente como para provocar la anulación de todo el procedimiento. Por este motivo, adujo que se habría declarado una nulidad “por la nulidad misma".
(ii) Ratificó su postura de que la falta de presentación del currículum vitae del perito de parte impidió verificar su idoneidad y que esta inacción de la parte actora debía ser considerada una negligencia susceptible de frustrar la producción de la contramuestra pretendida por aquélla.
(iii) Criticó la conclusión del Tribunal Fiscal de la Nación vinculada con el paso del tiempo y la pérdida de representatividad de la muestra extraída. Alegó que el Tribunal prescindió de buscar la verdad material y que la actora no produjo prueba tendiente a demostrar esta cuestión. A su vez, alegó que en lugar de anular el Protocolo, el Tribunal Fiscal debería haber ordenado una medida para mejor proveer que verificara fehacientemente el estado real de la muestra testigo reservada.
(iv) Sostuvo que, al declararse la nulidad de todo lo actuado por cuestiones formales, se habría omitido evaluar el fondo del asunto; es decir, la responsabilidad profesional del despachante de aduana por la inexactitud en la declaración arancelaria. Insistió en que la accionante tenía una obligación de veracidad y exactitud que no se cumplió al declarar la mercadería bajo una posición errónea, lo que generó un perjuicio fiscal concreto.
4. Que, previo a todo es menester recordar que el art. 265 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación exige que el apelante motive y funde su recurso, señalando y demostrando los errores en que el tribunal apelado ha incurrido o las causas por las cuales el pronunciamiento recurrido se considera injusto o contrario a derecho (cfr. esta Sala in re 2 –SALA IV– Expte. CAF n° 4967/2026/CA1: “SIEJA, JANET PAULA (TF 88480276-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO”
“Cadente, Lucas Martin c/ EN - M Seguridad - PSA - Dto 2140/13 s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de Seg”, expte. 4210/2021, sentencia del 21/11/2024 y sus citas; entre otros). Es decir que el contenido del memorial de agravios debe consistir en una crítica precisa de las supuestas falencias que contiene la sentencia atacada, sea en la apreciación de los hechos o en la aplicación del derecho; no pudiéndose constituir como una simple discrepancia con lo resuelto por el juzgador.
Ahora bien, más allá de que la valoración de la expresión de agravios –a los fines de determinar si reúne las exigencias necesarias para mantener el recurso de apelación– no debe llevarse a cabo con un injustificado rigor formal que afecte la defensa en juicio, resulta necesario exigir que en ella se detallen concretamente los aspectos de la sentencia sobre los cuales se disiente y que, además, se brinden fundamentos serios y precisos que demuestren al tribunal de alzada cuáles fueron los errores de la decisión apelada (cfr. esta Sala in re “Defensor del Pueblo de la Nación c/ EN - M° Economía y P - Resols. 296/06 298/06 s/ Proceso de Conocimiento”, expte. 13452/2006, sentencia del 14/08/2012; entre muchas otras).
A su vez, los recurrentes deben rebatir todos y cada uno de los fundamentos en que el juzgador se apoyó para arribar a sus conclusiones (Fallos: 323:1261 y su cita, entre otros; y esta Sala in re “Viluco SA y Otro (TF 62807900-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. 3733/2025, sentencia del 08/05/2025, considerando 4° y sus citas).
5. Que, la recurrente no cumple con tales recaudos. En ese sentido, cabe advertir que no brinda razones concretas como para controvertir la conclusión del a quo vinculada con la pérdida de representatividad de la muestra respectiva por el paso del tiempo desde su extracción hasta la notificación del Protocolo (casi 6 meses).
Al respecto, nótese que la apelante se limita a rechazar genéricamente la conclusión del tribunal apelado y no aporta argumentos ni invoca probanzas que logren refutar lo sentenciado.
En ese sentido, corresponde señalar que –además de las manifestaciones dogmáticas formuladas en su escrito recursivo– el fisco nacional simplemente refirió sobre este punto que era la actora o el propio a quo –a través de una medida para mejor proveer– quienes deberían haber probado que la muestra extraída había perdido su representatividad; lo cual no puede tenerse como un fundamento válido si se tienen en consideración los principios rectores que en materia probatoria rigen para causas de este tipo, como así también los deberes y facultades que posee la aduana en materia de sumarios infraccionales (cfr. arts. 898, 1081, 1094, inc. e, 1098 y 1111 del Código Aduanero).
3 A mayor abundamiento, corresponde recordar que, por principio general, las conclusiones del Tribunal Fiscal de la Nación sobre los hechos probados ante sus estrados se encuentran marginadas del examen que compete a esta Cámara (cfr. art. 1180 del Código Aduanero); a menos que de esas conclusiones surja una arbitrariedad o error de magnitud suficiente que justifique apartarse de esa regla (cfr. esta Sala in re “Wintershall Energia SA (TF 36184-A) c/ DGA s/ Recurso Directo de Organismo Externo”, expte. 39375/2025, sentencia 17/03/2026, considerando 6° y sus citas). Ahora bien, teniendo ello en consideración, repárese que el organismo aduanero no logró objetar –siquiera sumariamente– la razonabilidad del criterio seguido por el a quo para determinar la pérdida de representatividad achacada; lo cual requería de una explicación completa y precisa de su parte acerca de las condiciones y tiempos de conservación que entiende aplicables a la muestra extraída en autos, contrastando esa información con los dichos del tribunal apelado.
6. Que, el argumento de la pérdida de representatividad de la muestra tratada en autos resulta –por sí solo– suficiente a efectos de respaldar la decisión recurrida, en tanto sería demostrativo de que en el sumario iniciado contra la parte actora se frustró toda defensa posible – tal y como destacó el tribunal apelado–.
De ese modo, siendo que el fisco nacional no refutó debidamente ese fundamento, deviene insustancial el tratamiento de los restantes agravios impetrados por aquél, correspondiendo sin más declarar desierto su recurso (cfr. art. 265 y 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
7. Que, siendo que no existen razones especiales que lleven a apartarse del principio general que rige en la materia, las costas de esta instancia se imponen a la demandada vencida (cfr. art. 1163 del Código Aduanero y art. 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
En virtud de lo expuesto y oído el señor fiscal general, el Tribunal RESUELVE:
1. Declarar desierto el recurso del fisco nacional (cfr. considerando 4° a 6°).
2. Imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida (cfr. considerando 7°).
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvanse.
ROGELIO W. VINCENTI JORGE EDUARDO MORAN MARCELO DANIEL DUFFY
Fin de la sentencia