Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial Sala II de Mar del Plata · Causa 173.793
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. Se hace lugar al recurso de apelación y se declara la nulidad de todo lo actuado en este proceso desde la notificación de la demanda (arts. 18 de la CN; 15 de la CPBA; art. 8.1 de la C.A.D.H.; 1047 del CC; 387 del CCCN).
II. Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida (arts. 68 y 274 del CPCC).
III. Se efectúa un llamado de atención a la Dra. Karina Amelia Duranti en los términos del considerando IV (art. 35 del CPCC).
IV. Se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía General a los fines que correspondan (art. 287 inc. 1) del CPPBA).
V. Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
Expediente nº 173.793 – Juzgado n° 3 // En la ciudad de Mar del Plata, reunida la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos: “SELESON Eduardo Felipe c. DURANTI Karina Amelia s. Resolución de Contratos Civiles/ Comerciales”. Habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó del mismo que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Roberto J. Loustaunau y Ricardo D. Monterisi.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes:
1. ¿Es justa la sentencia apelada?
2. ¿Que pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
I: El Sr. Juez de primera instancia dictó sentencia el 4.11.2021 desestimando la recusación sin expresión de causa, la nulidad de la notificación de la demanda y la excepción de incompetencia, deducidas por Karina Amelia Duranti y le impuso las costas.
Para así decidir, estableció que:
a) la recusación era improcedente en un proceso sumario (art. 484 última parte del CPCC) y por ello la rechazó.
b) en relación a la nulidad de la notificación de la demanda, señaló que el plazo de 5 días que fija el art. 170 del CPCC debe contarse desde la toma de conocimiento del acto viciado y no desde que se advierte la presunta irregularidad; en base a ello tuvo en cuenta que la Sra. Duranti había denunciado en el escrito fechado el 3.9.2021 que el día 23.8.2021 cerca de las 11 horas tomó conocimiento de estas actuaciones por un llamado telefónico de los caseros que habitan en la casa de su propiedad, ubicada en calle Cuyo n°364/370 de Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita. El plazo, afirmó, había finalizado en las 4 primeras horas del día 31.8.202, por lo que el planteo de nulidad había sido extemporáneo.
Destacó que la demandada había admitido que celebró con el actor el contrato de venta-cesión de derechos y acciones hereditarias el 14 de junio de 2010, en cuya cláusula sexta se había establecido como domicilio contractual el de calle Cuyo 364/370, donde tendrían validez todas las notificaciones a efectuarse por las partes, y donde finalmente se notificó la demanda.
El domicilio especial convencional es inmutable, agregó, y opera como ley para los celebrantes, por lo que las modificaciones posteriores no pueden ser unilaterales sino que deben notificarse fehacientemente a la otra parte.
c) sobre la incompetencia, estimó que debía ser tratada porque se había invocado la atracción del juicio sucesorio en trámite por ante otro Juzgado, cuestión en la que se hallaba comprometido el orden público.
Consideró que el art. 2336 del CCCN invocado por la actora era inaplicable, porque la norma sólo impone el fuero de atracción para las acciones personales pasivas dirigidas contra el causante o la sucesión, y no para las que no tienen ese carácter que quedan regidas por las reglas de competencia que les son propias (con cita de un fallo de la SCBA de 1987). La resolución fue promovida por Eduardo Felipe Seleson (representado por Hugo Cichoki en base al poder especial para ceder derechos hereditarios sobre el inmueble objeto de autos, sustituido por Jorge Blatman), heredero de la Sra. Diana Zibelman – propietaria del bien-, por lo que no se configuraban los presupuestos de procedencia del fuero de atracción.
II: Apeló la demandada con fecha 9.11.2021, el recurso le fue concedido en relación, el memorial fue presentado 30.11.2021 y contestado 12.12 2021.
Los agravios pueden resumirse así:
i) Se ha omitido “deliberadamente” analizar las constancias documentales agregadas a la causa con el escrito presentado el 3.9.2021, lo que configura un “despliegue de conducta omisiva de sus deberes y prevaricato del Magistrado”.
De ese análisis, sostuvo, hubiera surgido que el actor, a través de su apoderado, peticionó la resolución del contrato, sin que todavía se encuentre acreditada la titularidad registral del inmueble, ya que en el juicio sucesorio caratulado “Zibelman de Seleson Diana y otro s. Sucesión ab intestato”, de trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Civil n°11 de CABA (expte. 23394/10), se dispuso librar oficio “al Juez en turno que corresponda en la Cámara Criminal y Correccional” con copias de las actuaciones , para que investigaran la comisión de un eventual delito de estafa procesal.
Ello ante el informe de Prosecretario del Juzgado 11, advirtiendo que los juicios sucesorios de los herederos Abraham y Jorge Omar Seleson habían sido iniciados con anterioridad a la firma del escrito presentado el 30.3.2010.
La apelante señaló que se falsificaron las firmas de dos personas premuertas para obtener del juez del sucesorio la orden de inscripción de la declaratoria de herederos con respecto al inmueble objeto de esta acción.
Con el escrito en que se pidió la nulidad de la notificación de la demanda, agregó, se adjuntaron las documentales 13, 14 y 15 (obituarios y carátulas de los juicios sucesorios), de las que surge claro que esas personas estaban prefallecidas al momento en que se las “hizo firmar” el pedido de inscripción.
Por eso, afirmó, el Juez debió declinar su competencia en favor del fuero de atracción del sucesorio.
La ausencia de examen es “palmaria” y al menos el magistrado debió solicitar un informe al Actuario sobre la documentación, que “ilustra una denuncia de hechos de gravedad institucional y sobre todo, constituyen un delito severamente penado por la ley”.
En virtud de ello, formuló denuncia penal ante el Sr. Procurador General de la Suprema Corte de Justicia provincial y se encuentra en trámite la IPP n°23.334/21 caratulada “Ay Arnoldo, Benvenuto Vignola Luis Diego, Cichocki Hugo, Hamade Edgardo, Carlón Eleonora y otros s. Abuso Autoridad, Asociación ilícita, Falsificación o Adulteración Ideológica de Documentos, Falsificacióin o Adulteración Material de Documentos, Incumplimiento de la Obligación de promover la persecución y represión de delitos, Omisión o Retardo de Actos de oficio, Prevaricato y Supresión o Destrucción de Documentos”, que, según indicó, fue remitida al Fuero Nacional.
ii) Ha habido una errónea interpretación de los hechos y el derecho, pasando por alto “la denuncia fraudulenta de un domicilio falso” por parte del actor, con la intención deliberada de obtener una sentencia condenatoria en rebeldía.
De haber cotejado la documental agregada, el Juez hubiera advertido que al momento de la firma del boleto de cesión, en el año 2010, el domicilio de la demandada era Cuyo 364 de Mar de Cobo, Mar Chiquita, pero se ha acreditado en forma “sobreabundante” que desde fines de 2012 ya no vivió más allí y que su estudio estaba en Reconquista 656 Piso 13 “A” de CABA.
Destacó que la mediación notificada correctamente a la que aludió en su escrito inicial para demostrar que el actor conocía cuál era su domicilio, y a la que concurrió, no fue la presentada para la apertura de este proceso, sino la que se le notificó mediante carta documento de fecha 15.5.2013 remitida por la mediadora Laura Rodríguez Osoro (en el expediente de cumplimiento de contrato entre las mismas partes radicado ante el Juzgado n°2 departamental).
En cambio, en la mediación prejudicial efectuada por el mediador Saavedra se manipuló su domicilio, pues se consignó “Reconquista 656 Of. 13 CABA”, que no existe, pues no es lo mismo que “Piso 13 “A”, el edificio tiene 14 pisos con dos unidades funcionales por piso, “A” y “B” (incluyó un sitio de google maps para visualizarlo).
Las notificaciones de la demanda intentadas en el domicilio de Cuyo 364 de Mar de Cobol, siempre tuvieron resultado negativo, ya que se le informaba al oficial de justicia que ella no vivía allí desde 2012 e incluso que lo hacía fuera del país, lo que ha sido corroborado por la documental.
La nulidad de esa notificación pedida trae como consecuencia la nulidad de todas las actuaciones posteriores, máxime cuando el acto de notificar la demanda se efectuó “bajo responsabilidad de parte”, que es una maniobra habitual del Sr. Cichocki y su “cuerpo de letrados”.
Por ello, el haber dictado sentencia no implica la pérdida de jurisdicción para el Juez -como sostuvo en su “desesperado responde el apoderado del actor”-, sino que la existencia de irregularidades y vicios en los actos procesales cumplidos a partir de la notificación de la demanda, obliga a declarar la nulidad del proceso desde ese momento, con lo que caería también la sentencia.
Fue un acto propio del actor denunciar correctamente el domicilio a la mediadora Rodríguez Osoro, pues sabía que no vivía en Mar de Cobo, y por ello resulta aplicable al caso el art. 10 del CCCN, ya que el abuso del proceso por parte del accionante ha sido evidente (desarrolló a continuación los lineamientos que la doctrina ha elaborado sobre la figura).
iii) No hubo consentimiento tácito de la nulidad como se sostuvo en el fallo.
El magistrado estableció que el plazo del art. 170 del CPCC se cumplió el 31.8.2021, sin advertir que el 27.8.2021 ante la urgencia de la presentación y los inconvenientes que generaba el token por la gran cantidad de documentación a adjuntar, envió el escrito donde planteaba la nulidad por mail al correo institucional del juzgado (juzciv3-
documentación debía instrumentarse a través del Módulo de Presentaciones Electrónicas, “dado que el presente mail como los restantes recepcionados en el día de la fecha, no resultan la vía idónea para ello”, en abierto incumplimiento del art. 3 de las Ac. 3975/2020 de la SCBA, que establece que se debe indicar al peticionario el incumplimiento bajo apercibimiento de tener por no efectuada la presentación si no subsanare el defecto dentro de los 3 días siguientes y que sin perjuicio de ello, “los órganos judiciales podrán dar curso a las peticiones que no admitieren demora en su proveimiento”.
Señaló que sólo el título del escrito enviado por mail, debería haber alertado sobre la irregularidad del proceso y la comisión de delitos, como para haber dado curso a la cuestión e intimado a subsanar el defecto.
Cuando advirtió que ello no ocurrió y que ni siquiera se había dejado constancia en la MEV de la presentación, cargó vía token –con no pocas dificultades- los escritos y la documental con fecha 3.9.2021.
No hubo por ello ningún consentimiento tácito, sino “un deliberado accionar guiado por la desidia, mala fe y desconocimiento del derecho por parte de los empleados judiciales… que obligaron a esta parte a realizar infinidad de presentaciones hasta poder agregar la totalidad de los documentos”.
iv) La alusión al domicilio especial convencional demuestra que el magistrado “jamás leyó los escritos presentado por esta parte”, ya que ese domicilio fue modificado expresamente por decisión del actor, en un acto propio que no puede desconocerse, al denunciar el domicilio de CABA a la mediadora Rodríguez Osoro.
A partir del párrafo que se inicia con la frase “En el caso de autos no se trataba de un deudor remiso a notificarse….” (párrafo octavo), repitió textualmente el contenido del segundo agravio (desde el párrafo 28), sobre la figura del abuso del proceso.
v) En el fallo se desconocieron principios de orden público relativos al fuero de atracción de las sucesiones, “en un maravilloso despliegue de copy&page (sic)” por parte del juzgador, revelador de que “jamás entendió de qué se trata la cuestión planteada” pues el inmueble objeto del “boleto de venta-cesión de derechos y acciones hereditarias onerosa” integra el acervo sucesorio de los autos “Zibelman de Seleson Diana s. Sucesión ab intestato”.
Que el análisis de ese expediente efectuado con la notaria Ana Dip, les permitió constatar que con fecha 30.3.2020, con el patrocinio letrado del Dr. Arnoldo Ay (contratado por Cichocki), los “Sres. Abraham, Eduardo Felipe y Jorge Omar Seleson” suscribieron un escrito que bajo el título “Consienten”, perseguía la inscripción en el Registro de la Propiedad.
El primero falleció en el mes de marzo de 2001, encontrándose inhumado en el cementerio de Berazategui y su juicio sucesorio radicado por ante el Juzgado Civil 78 de la Capital Federal (expte. n°107.062/2001, ver documental 13, 14 y 15) y el segundo, aproximadamente en el año 1983, habiendo tramitado su juicio sucesorio en el Juzgado Civil n°108 Secretaría 56 de Capital Federal (exped. n°79911/1983).
Ante ello se presentó a denunciar la estafa procesal de la que fuera víctima por ante el Juzgado en lo Civil n°11, en el sucesorio de Diana Zibelman de Seleson, donde una vez comprobada, se formalizó al denuncia penal, quedando sin efecto todo lo obrado con posterioridad a la agregación de los escritos suscriptos por los coherederos fallecidos. Se instó la búsqueda de Eduardo Felipe Seleson (el actor), único heredero presuntamente vivo y “presunto otorgante” de los poderes usados para iniciar esta acción.
Señaló que el Sr. Hugo Cichocki cuenta con los servicios profesionales de “al menos 4 abogados y varios escribanos de la zona de Mar del Plata y CABA”, y en los últimos 11 años de han dedicado a la promoción de procesos de usucapión de bienes integrantes de herencias vacantes o registralmente no inscriptos en sucesiones en trámite, para luego comercializarlos.
Describió el modus operandi y enunció, previa consulta a la página web del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, varios procesos en los que desde el año 2010 se ha consumado esta operatoria, siempre con la presencia de Cichocki, o de su pareja , Mónica Meyer, actuando como testaferro, y con la asistencia letrada de los abogados Daniel Fernando Montoya, Eleonora Carlón, Carlos Tammone, Hamade Edgardo (todos matriculados en el CAMdP), y Arnoldo Humberto Ay.
No se ha advertido que el inmueble todavía se encuentra inscripto a nombre de Abraham Seleson, y que no se ha acreditado cuál es el vínculo jurídico entre el titular registral y Eduardo Felipe Seleson; si se le hubiera requerido ese mínimo recaudo, el actor debería haber denunciado la existencia del sucesorio, juicio en que se han ventilado todas las irregularidades denunciadas, entre ellas, que Cichocki y su mandatario, son “sólo “posibles” apoderados de una persona desaparecida, que jamás compareció a los estrados judiciales; pese a ello, al magistrado no le ha resultado extraño “el show de la sustitución de la sustitución de la sustitución del poder”.
Al haberse impugnado y dejado sin efecto por estafa procesal la orden de inscripción de la declaratoria de herederos, el fuero de atracción se mantiene incólume respecto a los bienes que integran el acervo, y es sólo el Juez de la sucesión el que podrá dilucidar todas las cuestiones que hacen al fondo de la causa.
vi) Por último se agravió de la imposición de costas, solicitando que se revoque la sentencia y le sean impuestas al actor. Mantuvo la introducción del caso federal.
III: La resolución apelada debe ser revocada, pese a la extemporaneidad del planteo de la recurrente, pues considero que no nos encontramos frente a una nulidad procesal relativa sino a una nulidad absoluta, que no es pasible de convalidación (art. 1047 del CC; art. 387 del CCCN). Los actos procesales son una especie de los actos jurídicos en general, con un elemento característico, sus efectos se refieren directa o indirectamente al proceso (art. 944 del CC; art. 259 del CCCN; Couture Eduardo J., “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, ed. Depalma, Buenos Aires 1969, pág. 201; el autor incluye entre ellos a la notificación de la demanda, pág. 202), y por ende, los alcanzan las causales de ineficacia para ellos previstas (arts. 1037 y sgtes. del CC; art. 382 del CCCN), con la debida adecuación a sus caracteres propios (Colombo Carlos J., Kiper Claudio, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Anotado y Comentado”, ed. La Ley, Buenos Aires 2006, Tomo II, pág. 331; Ferreyra de De la Rúa Angelina, González de la Vega de Opl Cristina, “Nulidad procesal y saneamiento”, en Revista de Derecho Procesal, “Nulidades”, 2007-1, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2007, pág. 108).
Si bien las nulidades procesales en principio son relativas, puede ocurrir que el vicio que afecta el acto sea lo suficientemente grave como para perturbar principios y valores fundamentales que hacen al debido proceso y comprometen directamente a la actividad jurisdiccional, en cuyo caso la nulidad puede -y debe- ser declarada oficiosamente por el juez (esta Sala, exped. n° 162.739, “Consorcio Propietarios Edificio Semar XI c. Sotelo Jorge s. Ejecución de Expensas”, sent. del 9.8.2017), o declarada a pedido de parte, siendo irrelevante en tal caso analizar si hubo algún tipo de convalidación o si quien la solicitó está legitimado para ello (arts. 18 de la CN y 15 de CPBA).
Colombo y Kiper (ob. cit., pág. 328) explican que la nulidad absoluta se presenta cuando el acto porta un vicio estructural que lo priva de lograr sus efectos normales y no satisface un mínimo de contenidos esenciales para su validez y eficacia. Señalan que “Son de nulidad absoluta los actos procesales cuyo contenido viola una garantía constitucional o una disposición de las leyes de fondo relacionadas con la defensa en juicio de los derechos y los establecidos expresamente por la ley como ineludible condición de validez, como ocurre cuando se vulnera el art. 18 de la Constitución Nacional –defensa en juicio- y las disposiciones de orden público de una ley de fondo” (ob. cit., pág. 330, nota 42, con cita de CACCMdP, Sala I, en LLBA-1997-873), y que “Los actos prohibidos por la ley son de nulidad absoluta, pues adolecen de falta de licitud por haber sido realizados contra una ley imperativa…” (nota 43 de pág. 330, con cita de la CNCiv., Sala D, en LL-1997- B-166; en relación a las compras en comisión en subasta expresamente prohibida por el art. 598 inc. 7 del CPCCN; las cursillas me pertenecen; López Mesa Marcelo J., “Ineficacia y nulidad de los actos jurídicos y procesales”, ed. Depalma, Buenos Aires 1998, pág. 290 con cita en nota 855 de sentencias de la SCBA, en las que se estableció que “la nulidad no es convalidable cuando los actos son irregulares por la inobservancia de preceptos de carácter imperativo, no sólo porque se refieren al ejercicio de la jurisdicción, sino porque su falta de cumplimiento desnaturaliza el sistema procesal establecido para dirimir las contiendas”; Morello Augusto Mario. “Las nulidades procesales. Hacia una interpretación dinámica funcional”, en “Estudios de nulidades procesales”, ed. Hammurabi, Buenos Aires 1980; pág. 157; Ledesma Angela, “Nulidades procesales”, en RDPyC, n°8 “Nulidades”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 1995, pág. 336).
Conviven por ello en el ámbito procesal las nulidades relativas con las absolutas, y por ello “se señalan dos excepciones a la regla de la convalidación por preclusión: cuando se trata de nulidades en las que está interesado el orden público y cuando refiere a nulidades que no pudieron ser alegadas por la parte. Como se advierte, ambos supuestos llevan implícita una excepción en atención al interés general o de la comunidad” (Ferreyra de De la Rúa y González de la Vega de Opl, ob. cit., pág. 116, con cita en nota 24 de Binder Alberto, “El incumplimiento de las formas procesales”, ed. Ad-Hoc, Buenos Aires 2000, pág. 31 y 32; Maier Julio, “Función normativa de la nulidad”, ed. Depalma, Buenos Aires 1980, pág. 129 y sgtes.).
III.1: Los antecedentes de esta causa:
En la sentencia dictada a fs. 111-118 se hizo lugar a la resolución del contrato de cesión de derechos hereditarios onerosa sobre el inmueble ubicado en la localidad de Mar del Cobo, Partido de Mar Chiquita (Circ. IV, Secc. D, Manz. 32, Parc. 6, inscripto en el Registro de la Propiedad Inmueble, en el Folio real 1 del año 1952 del Partido de Mar Chiquita (069), celebrado el 14 de junio de 2010 entre Hugo Carlos Cichocki y Karina Amelia Duranti, en instrumento privado con firmas certificadas por escribano público.
Se ordenó efectuar las restituciones recíprocas - del inmueble y de la suma de U$S 1000 entregada por la cesionaria- y se estableció que en concepto de cláusula penal la Sra. Duranti debería abonar la suma de U$S 11.500 (fs. 118; el 24.7.2020 se hizo lugar al pedido de compensación parcial entre los montos a restituir y los adeudados como cláusula penal). El juicio fue iniciado por el Sr. Hugo Carlos Cichoki, por derecho propio (fs. 29), pero del texto del escrito de iniciación surgía que actuaba en representación del Sr. Eduardo Felipe Seleson en virtud del poder especial que éste confiriera a Jorge Blatman, en la ciudad de Haifa, estado de Israel, por ante la escribana Teresa Gurbitz, el 16.11.2009, para que en su nombre y representación tramitara las sucesiones de los fallecidos Abraham Seleson y Diana Silberman o Zibelman (fs. 29).
Blatman sustituyó ese poder a favor de Cichocki mediante la escritura n°83 de fecha 18.3.2010, otorgada por ante la notaria del Partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, Rebeca Waisman, en la que transcribió el poder original que tuvo a la vista (fs. 29 vta.). Advertido el defecto de personería, pues Cichocki no podía actuar válidamente en juicio en representación de Jorge Blatman sin ser abogado (fs. 33), otorgó poder especial para juicios a las Dras. Ori y Cisneros (fs. 34), por sí y en representación de Eduardo Felipe Seleson, mediante la escritura n°288 otorgada en Mar del Plata por ante la escribana Ana Rojas, que tuvo a la vista el testimonio de la escritura n°83 (fs. 34-36). Cuando la Dra. Cisneros renunció al patrocinio (fs. 61), en la escritura n°598 del 2 de julio de 2018, otorgada por ante el notario adscripto al registro 104 de titularidad del escribano Rubén R. Vaquero (fs. 91- 94), Cichocki sustituyó el poder que le confiriera Blatman en favor de Edgardo Hamade, que se había presentado como su letrado patrocinante a fs. 66.
A fs. 79 se declaró rebelde a la demandada, y a fs. 111-118 se dictó la sentencia, donde, en primer lugar se ordenó recaratular las actuaciones consignando como actor a Eduardo Felipe Seleson.
III.2: La notificación de la demanda:
El domicilio denunciado en el acta de cierre de mediación de fs. 6 fue el de Reconquista n°656 “Of. 13” de CABA, distinto, por cierto, a Reconquista n°656 “Piso 13 “A”, el mismo que figura en los resúmenes de transferencias remitidos por el ICBC en el año 2014 y las facturas por servicios profesionales (emitidas entre el 23.5.2014 y el 3.3.2015; agregados digitalmente con la presentación de fecha 8.9.2021), y en la carta documento que le enviara a la demandada la mediadora Laura Rodríguez Osoro el 15.5.2013, que determinó su asistencia a la audiencia de cuya realización da cuenta el acta de fecha 12 de junio de 2013, en cuyo reverso, se individualizó el piso del domicilio de la requerida.
Lo que considero relevante en esa acta es que la Dra. Duranti constituyó domicilio en calle Cuyo 364 de Mar del Cobo (copia digitalizada agregada el 8.9.2021), el mismo lugar donde se le tuvo por notificada la demanda “bajo responsabilidad de parte” el día 21.2.2018 (fs. 74). La primera notificación estuvo dirigida al domicilio “inexacto” denunciado en la demanda (fs. 29 vta., “Objeto”), asentando el oficial notificador el 18.5.2015 que el encargado del edificio le informaba que “no vivía allí” (fs. 53 vta., dato que coincide con lo que surge del contrato de locación agregado el 8.9.2021, sobre el inmueble de calle 25 de Mayo 564 Piso 7 de CABA, de fecha 21.4.2015, los recibos de pago de expensas al consorcio del edificio a partir de junio de 2015, y las constancias de la AFIP y de Rentas de la PBA de fechas 30.7.2015); queda claro, y lo acredita la restante documental agregada, que desde el mes de abril de 2015 la demandada no tenía su domicilio real, ni profesional ni fiscal en la calle “Reconquista n°656 Piso 13 “A”, y mucho menos en la “Of. 13”.
Ante el informe del notificador, el 14.8.2017 –dos años y tres meses después- se denunció como “nuevo domicilio” el de calle Cuyo 364/370 de la localidad de Mar de Cobo, Partido de Mar Chiquita; en todas las cédulas allí dirigidas -como domicilio denunciado- (arts. 185 y 187 de la Ac. 3397/08 de la SCBA), el oficial notificador, atendido por quien dijo ser “la casera”, informó que la propietaria del inmueble no vivía permanentemente allí y que en la actualidad se encontraba viviendo en Uruguay (fs. 71, 5.12.2017); igual respuesta recibió el 21.2.2018, al ser atendido “por una persona que dijo ser de la casa”, que le manifestó que la Sra. Duranti, “no reside en la propiedad”. Allí notificó la demanda “bajo responsabilidad”, entregando documentación en 18 fojas (fs. 75; arts. 189 y 190 de la Ac. 3397/08 de la SCBA). Idéntico procedimiento se utilizó para notificarle la declaración de rebeldía (el 20.3.2018, a fs. 81, y bajo responsabilidad de parte a fs. 85, el 4.5.2018), y la sentencia dictada a fs. 111-118 (fs. 123, el 13.3.2019 y bajo responsabilidad de parte a fs. 127, el 14.5.2019).
La demandada sostuvo que recién con el diligenciamiento del mandamiento de posesión, el día 23.9.2021 (ver informe del oficial de justicia requerido mediante oficio por el Juez, de fecha 12.10.2021), tomó conocimiento de este juicio.
III.2.1: El domicilio de calle Cuyo 364/370 es el especial convencional establecido por la Sra. Duranti en el contrato cesión de derechos hereditarios onerosa celebrado el 14 de junio de 2010 con firmas certificadas por el escribano Pinto de Mar del Plata (cláusula sexta). En el carácter y efectos de ese domicilio se fundó el Sr. Juez para rechazar el planteo de nulidad.
El domicilio contractual (art. 101 del CC; art. 75 del CCCN), puede no coincidir con el asiento principal de la residencia o los negocios, y subsiste hasta tanto el acto para el cual ha sido constituido se halle enteramente ejecutado, por lo que su mutación o alteración sólo puede llevarse a cabo de común acuerdo (Rivera Julio César, “Instituciones de Derecho Civil. Parte general”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 2010, Tomo I, pág. 677). El autor (ob. cit., apartado e) de pág. 677) señala que su extinción de pleno derecho sobreviene por la expiración o extinción del acuerdo al que accede, y que alguna jurisprudencia ha tenido en cuenta el efecto del transcurso del tiempo, al considerar que la circunstancia de que hayan pasado 20, 15 o 10 años es suficiente para considerarlo insubsistente (en el caso transcurrieron 7 años y 8 meses desde la constitución hasta la notificación de la demanda bajo responsabilidad a fs. 75).
La constitución contractual de un domicilio autoriza a tener por válida la notificación en él, y tal estipulación tiene como efecto facultar a la contraria a denunciar el domicilio bajo responsabilidad de parte, diligenciando el traslado conforme a lo dispuesto por los arts. 189 a 191 de la acordada 3397/08 de la SCBA, pudiendo el oficial fijarla en la puerta luego de cumplir con el procedimiento del art. 338 del CPC (tal como lo señala expresamente el art. 190 de la acordada).
Es el procedimiento que aquí se siguió, y en todas las oportunidades el oficial notificador fue recibido por la Sra. Mirta Gómez, casera del lugar, tal como lo ha reconocido la propia demandada al adjuntar con su presentación el alta de registración por ante la AFIP de la Sra. Gómez como “personal auxiliar de casas particulares”, en la que ella figura como empleadora.
Por ello esas cédulas diligenciadas bajo responsabilidad de parte en el domicilio contractual, recibidas por un dependiente de la Sra. Duranti, cumplen con lo normado por los arts. 189 inc. b) y 190 inc. a) de la Ac. 3397, que remite al primero y dispone que de ser atendido aunque le informen que el requerido no vive allí debe entregar la cédula (la norma indica a “persona de la casa, departamento, oficina, local comercial o industrial, o al encargado del edificio, administrador o personal administrativo de barrios cerrados). La notificación de la demanda, más allá de la clara “inexactitud” en que incurrió el actor al denunciar el domicilio de la calle Reconquista, se produjo válidamente en el domicilio de calle Cuyo 364 de Mar de Cobo.
III.3: Los defectos sustanciales constatados:
Esta conclusión empero, no me lleva a compartir la decisión de primera instancia, pese a la extemporaneidad que, en un primer análisis formal, puede atribuírsele a la presentación de la Dra. Duranti.
La lectura de la profusa documentación acompañada, y la búsqueda que he realizado en la página web del Poder Judicial de la Nación (www.pjn.gov.ar, última entrada el 2.5.2022), acreditan sobradamente la existencia de tres procesos sucesorios:
i) “Zibelman de Seleson Diana s. Sucesión ab intestato”, de trámite por ante el Juzgado en lo Civil n°11, Secretaría n°22, causa n°027156/1972;
ii) “Seleson Jorge Omar y otro s. Sucesión ab intestato”, de trámite por ante el Juzgado en lo Civil n°108, Secretaría n°56, causa n° 079911/1983; y, iii) “Seleson Abraham s. Sucesión ab intestato”, de trámite por ante el Juzgado en lo Civil n°78, causa n° 107062/2001. El análisis de esa prueba documental me permite establecer que:
a) La declaratoria de herederos de Diana Zibelman fue dictada el 29 de junio de 1973, siendo sus herederos sus hijos Eduardo Felipe y Jorge Omar Seleson y su esposo Abraham Seleson sobre los bienes propios sin perjuicio de sus derechos sobre los gananciales si los hubiere. b) En la partición de fecha 8.10.1979, el inmueble objeto de autos fue adjudicado a Eduardo Felipe Seleson, que en ese momento tenía domicilio en calle Criveo 2529 Piso 5 de Capital Federal. El informe de dominio de fs. 26-28 de diciembre de 2013 y el primer testimonio de la escritura n°927 de fecha 26.10.1951, adjuntado por la demandada, acreditan que su titular era el Sr. Abraham Seleson, casado en primeras nupcias con Diana Zibelman.
c) Cuando fueron citados a ratificar esa partición, Eduardo F. Seleson se presentó el 3 de febrero de 1981 denunciando como documento de identidad “CI 5.634.690”, diferente al DNI n°7.596.646 que figura en el poder especial otorgado a Jorge Blatman en la ciudad de Haifa, estado de Israel el 16.11.2009 (agregado en copia digital con el proveído del 31.8.2021, ante el desglose de la documentación original pedido por el actor, y transcripto en la escritura n°598 de sustitución de poder de Hugo Cichocki a Edgardo Hamade, agregada a fs. 91-94). Con ese DNI figura en el Registro Nacional de Electores para las elecciones PASO de septiembre de 2021, y la búsqueda por el CUIT 20-07596646-7 arroja una persona llamada Eduardo Felipe Seleson de aproximadamente 75 años, y 4 personas más con ese apellido, Abraham, Pablo David y Mariela Diana (www.dateas.com). A su vez, en la página de la AFIP registra bajas de oficio en monotributo autónomo en junio de 2004 por no haberse reempadronado (https://seti.afip.gob.ar/padron ).
d) El 30 de marzo de 2010 se presentó en la sucesión de Diana Zibelman un escrito “firmado” por Abraham y Jorge Omar Seleson –ya fallecidos- junto a Eduardo Felipe Seleson en el que bajo el título “Consienten”, manifiestan que “se notifican y consienten la evolución de las actuaciones a su letra”.
Luego de ello, el Sr. Eduardo Seleson se presentó con el patrocinio del Dr. Arnoldo Ay, solicitando la inscripción de la declaratoria de herederos y el acuerdo particionario respecto al inmueble de Mar Chiquita (fs. 191 de la sucesión Zibelman, 7.5.2010), después presentó otro escrito adjuntando el pago de la tasa de justicia y certificados para proceder a esa inscripción (fs. 204, el 9.8.2010), y finalmente pidiendo el préstamo del expediente “para ser presentado al escribano que otorgará la escritura por tracto sucesivo abreviado del inmueble… ” (fs. 216, 10.11.2010).
Todas las copias fueron certificadas por escribano público y adjuntadas en formato digital con la presentación de la demandada.
e) El boleto de venta-cesión de derechos y acciones hereditarias onerosa se celebró el 14 de junio de 2010 y en él se hace referencia a que Carlos Cichocki actúa en representación de Eduardo Felipe Seleson en virtud del poder otorgado por éste a Jorge Blatman en Israel, que ya he mencionado, y la sustitución efectuada por Blatman a Cichocki mediante escritura n°83, otorgada el 18 de marzo de 2010 por ante la escribana Rebeca Waisman, que está agregada en archivo digital (la referencia a la actuación como representante de Cichocki fue agregada por la propia cesionaria, según surge del borrador del boleto que le enviaran, digitalizado y agregado con su escrito). III.3.1: Varias son las cuestiones que considero necesario resaltar aquí:
i) En el poder otorgado por Seleson a Blatman el 16.11.2009 se menciona a “los fallecidos Abraham Seleson y Diana Silberman o Zibelman (Q.E.P.D.)”, por lo que resulta imposible que el mismo Eduardo Seleson apareciera en marzo de 2010 firmando un escrito conjuntamente con su padre, al que pocos meses antes había reconocido como fallecido en un instrumento público.
ii) La fecha de la escritura 83 (sustitución de poder de Blatman a Cichocki) está claramente corregida como indicó la demandada (se lee “nueve” por debajo del “diez”), pero en la copia digitalizada agregada por el actor se encuentra salvada por la escribana otorgante (art6. 1001 del CC; art. 305 inc. e) del CCCN).
iii) Para cuando en el expediente sucesorio se presentaron los escritos cumpliendo con los recaudos para inscribir (9.8.2010) y solicitando el préstamo (10.11.2010), ya se había firmado el boleto con la Sra. Duranti, y ella le había enviado a Cichocki la carta documento de fecha 16 de julio de 2010, en la que le notificaba que entregara en la escribanía Pinto (fijada en la cláusula cuarta como el lugar donde de otorgaría la escritura), de la siguiente documentación: 1) título de propiedad del inmueble; 2) copia simple de la DH dictada en los autos “Zibelman Diana s. Sucesión”; 3) copia simple de la DH dictada en los autos “Seleson Abraham s. Sucesión”; 4) copia certificada por escribano público del DNI de Eduardo F. Seleson, y constancia de su CUIT o CUIL expedido por la AFIP con menos de 30 días desde la fecha de expedición; 5) expediente caratulado “Zibelman Diana s. Sucesión” en original y solicitado en préstamo al Juzgado; 6) original del expediente “Seleson Abraham s. Sucesión”.
El 28.10.2011, Cichocki le envió a Karina Duranti la carta documento citada en la demanda (fs. 30 último párrafo), en la que la intimó en su carácter de apoderado de Eduardo Felipe Seleson a presentarse en la escribanía Carballo de Mar del Plata para escriturar, bajo apercibimiento de tener por resuelto el contrato y proceder a la “inmediata disposición tanto jurídica como de hecho del inmueble” con más daños y perjuicios.
La respuesta –que no fue agregada al demandarfue la carta documento de fecha 25.11.2011, en la que la Dra. Duranti le atribuyó los reiterados incumplimientos que motivaron el envío de la carta de julio de 2010, y lo intimó a abstenerse de realizar cualquier acto de disposición. Lo “invitó” además a “dirimir todas las cuestiones en la IPP 01/2855/11 de trámite por ante la Fiscalía descentralizada de Balcarce”. El intercambio concluyó con el envío por parte de Cichocki de la carta documento de fecha 5.12.2011, donde dio por rescindida la oferta de compra (toda la documentación está agregada en archivo digital).
iv) El 19 de diciembre de 2011, mediante escritura n°1102 otorgada por ante la notaria María Cristina Miravé, el Sr. Cichocki invocando el mismo apoderamiento, cedió los derechos y acciones hereditarios sobre el inmueble a Domingo Iellamo, casado en primera nupcias con Susana Elena Cichocki. El apellido de la esposa del cesionario coincide, curiosamente, con el del apoderado del Sr. Seleson.
Destaco que esa nueva cesión se produjo antes del inicio de este juicio (cargo del 30.5.2014), y peor aún, antes de las citación a mediación previa efectuada en el año 2013 en los autos caratulados “Cichocki Hugo Carlos c. Duranti Karina s. Cumplimiento de contrato” (ver carta documento enviada por la mediadora Rodríguez Osoro el 15.5.2013 y acta de mediación de fecha 12.6.2013, ya citadas).
¿Cómo pensaba el Sr. Cichocki exigir el cumplimiento de un contrato en el año 2013 si ya había cedido los derechos hereditarios sobre el inmueble que era su objeto en diciembre de 2011?
v) La consulta vía web de la causa 23394/2010 caratulada “Zibelman de Selenson Diana y otro s. Sucesión ab intestato” (scw.pjn.gov.ar), demuestra que en el informe de fecha 12.10.2021 la funcionaria actuante corrobora la secuencia de presentación de escritos que he analizado, y agrega que el 6.3.2012 se adjuntó una cesión suscripta el 19.12.2011, y que por resolución de igual fecha se amplió la orden de inscripción junto con esa cesión, habiéndose retirado el testimonio de inscripción.
El 15.10.2021 la misma prosecretaria informó que de la compulsa del expediente físico surge que “con fecha 30 de marzo de 2010 se incorporó una presentación titulada “CONCIENTEN” (sic) en la que se han colocado tres firmas manuscritas conforme encabezamiento del escrito pertenecientes a los herederos declarados Abraham Selenson, Eduardo Felipe Selenson y Jorge Omar Selenson. Así también se deja constancia que los procesos de Abraham Seleson y Jorge Omar Seleson tramitan por ante los Juzgados del fuero n°78 y 108 respectivamente, ello conforme surge del sistema informático Lex 100”.
En base a ese informe el mismo día se dictó la resolución en la que se ordenó librar oficio por el sistema DEOX al Juez que en tuno corresponda en la Cámara Criminal y Correccional con copia de las piezas a despacho –las incorporadas en la presentación de la Dra. Duranti- y de las piezas del expediente a las que alude el informe, “… a fin de la investigación de un eventual delito de estafa procesal” (las cursivas y negrilla me pertenecen). En la misma resolución, y sin perjuicio de no haberse acreditado el fallecimiento de Eduardo Felipe Selenson, se ordenó librar oficio por el sistema DEOX al Registro Nacional de las Personas para que informaran si estaba registrada su defunción.
Las dudas sobre si el heredero intervino o no en el juicio sucesorio de su madre a partir del año 2010, son atendibles, por cuanto como he señalado, en noviembre de 2009 aparentemente otorgó un poder especial en Israel, para cuatro meses después presentarse firmando un escrito con su padre y hermano fallecidos. Su firma en la ratificación de la partición en el año 1981 y la obrante en ese poder, se presentan como “diferentes” a las insertas en la sucesión de Diana Zibelman.
En la resolución de fecha 4.11.2021 se tuvo presente la denuncia penal efectuada por ante la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, y se ordenó la reserva de las actuaciones obrantes en formato papel, “para ser compulsadas frente al prosecretario/a en su despacho” y que esa compulsa sólo podrá efectuarse previa presentación por parte autorizada y turno otorgado bajo “estricto cumplimiento del control del expediente”.
El apellido “Selenson” con “n” aparece así escrito en la causa 23394/2010, y por “Seleson” la consulta de la página web del Poder Judicial de la Nación, arroja las tres sucesiones mencionadas; sin perjuicio de ello, la secuencia de escritos informados por la funcionaria del Juzgado n°11 es coincidente con la que surge de la documental agregada digitalmente.
III.4: El análisis efectuado me persuade la de necesidad de anular la causa a partir de la notificación de la demanda, así como los demás actos procesales realizados en consecuencia, para permitir que la parte demandada pueda ejercer su defensa y contestar la acción instaurada en su contra.
La extemporaneidad de su planteo debe ceder frente a las graves irregularidades constatadas, que no admiten convalidación alguna, pues afectan directamente la validez constitucional de la relación procesal y la efectiva vigencia del principio de bilateralidad (CSJN, causa 405.XXXII, "Fallos", 323:2653, sent. de 19.11.2000; 320:448, sent. del 3.12.1997; 323:52, sent. del 8.2.2000; 324:1672, sent. del 21.5.2001; SCBA, Ac. 83.470, “Gómez Juan y otro c. Bianchi María Cecilia s. Desalojo”, sent. de 28.12.2005; Ac. 90.957, “Morán José c. Singh Chuhan Hugo s. Exclusión de herencia. Recurso de queja”, sent. del 1.3.2006). Resolver la cuestión desde la óptica exclusivamente formal de la temporaneidad o no del planteo de nulidad –sin escuchar a la parte respecto a quien se ha dictado una sentencia desfavorable (SCBA, causa C. 118.707, “Debernardinis Patricia c. General Motors de Argentina SRL y otros s. Reclamo contra actos de particulares”, sent. del 4.6.2014), implicaría convalidar una conducta procesal que, al menos, puede calificarse de irregular o desviada. Ya lo decía Vélez Sarsfield en la nota al art. 3136 del CC, “…sería un deshonor de la ley, que los jueces cerrasen sus ojos ante una conducta fraudulenta y permitieran que ésta triunfara”.
En un antiguo precedente de la Cámara Nacional Civil, el Dr. Cichero señalaba: “… resulta inarmónico otorgar al que menospreció la ley imperativa o la regla moral, una pretensión accionable para invalidar el negocio jurídico e, indirectamente, alcanzar la restitución de lo dado; de ese modo se daría, por una vía, lo que se niega por la otra. El principio, pues, resulta ser el siguiente: el que es culpable de la ilicitud carece de todo derecho y acción (Spota, “Tratado”, t. 8, p. 784)…” (CNCiv., Sala D, sent. del 26.6.1959, en LL-92-443; esta Sala, exped. n°151.117, “Ezcurdia Juan Miguel c. Barragán María Rosa, Osvaldo Amador Fernández, Bergonzi Miguel, Levalle Nelly y Mirav s. Nulidad de escritura pública”, sent. del 21.11.2013).
La solución que propongo permitirá a la demandada ejercer su defensa, preservando el debido proceso en relación a ella, asegurando así el resultado de la actividad jurisdiccional.
La tarea de investigación y reunión de documentación que debió desarrollar para poder efectuar su planteo, y la magnitud de los hechos que denunció –en el juicio sucesorio se constató e informó por una funcionaria la existencia de un escrito “firmado” por dos personas muertas -, determina que los tres (3) días transcurridos entre el 31.8.2021 en que venció el plazo del art. 170 del CPCC y el 3.9.2021 en que efectuó su presentación, carezcan de toda relevancia (sin perjuicio del mail que dice haber enviado el juzgado el 27.8.2021 del que no encontré constancia, y que, por otra parte no es la vía adecuada para efectuar las presentaciones).
Los derechos en juego no admiten, a mi modo de ver, otra solución, pues la acción deducida impone “un celoso cuidado a la hora de analizar la legitimidad y veracidad de los títulos en que se funda, para lo cual es imprescindible que esté debidamente garantizado que el titular haya tenido la posibilidad de defenderse” (esta Sala, exped. n°155.671, “Fiato Pedro c. Residencias Panorama SRL s. Escrituración”, sent. del 12.8.2014; el criterio es plenamente aplicable a los derechos de la demandada en este caso).
La función del derecho procesal es delimitar los cauces por los que debe transitarse para lograr el reconocimiento jurisdiccional de lo pretendido, asegurando que en ese camino se respete y haga efectiva la manda constitucional de la defensa en juicio (art. 18 de la CN); en ello está comprometido el orden público, y por ello, si esa garantía peligra o se ve seriamente afectada, la nulidad es absoluta y puede ser declarada aún de oficio por los jueces (López Mesa Marcelo, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Comentado, concordado con los códigos procesales de las provincias argentinas y anotado con jurisprudencia de todo el país”, Dir. López Mesa, Coord. Rosales Cuello, ed. La ley Buenos Aires 2012, Tomo II, págs. 650-651, comentario al art. 172 del CPCCN; Maurino Alberto, “Nulidades procesales”, ed. Astrea, Buenos Aires 1999, pág. 120; Sosa Toribio Enrique, “La reingeniería procesal y la reconducción de las postulaciones”, en “La acción preventiva en el Código Civil y Comercial de la Nación”, Capítulo Sexto, “La prevención de nulidades procesales. La reconducción de postulaciones”, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2016, pág. 584; Midón Marcelo Sebastían, “Los poderes del Tribunal del recurso y sus límites”, en Tratado de los recursos”, Dir. Marcelo Midón, ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe 2013, Tomo I, “Teoría general de los recursos”, pág. 246).
Las irregularidades acreditadas y constatadas no son susceptibles de convalidación, razón por la cual debe declararse la nulidad peticionada.
III.5: El quinto agravio, relativo al fuero de atracción que ejercería la sucesión de Diana Zibelman, pues el inmueble objeto de autos integra aquel acervo hereditario, debe desestimarse. Las normas que rigen el fuero de atracción de la sucesión son imperativas y tienen contenido de orden público, pues tienden a facilitar la liquidación del patrimonio hereditario, tanto en beneficio de los acreedores como de la propia sucesión, y no pueden ser dejadas de lado por convenio de las partes (Zannoni Eduardo A., “Derecho de las sucesiones”, ed. Astrea, Buenos Aires 2008; Tomo 1, pág. 143-144, con cita en nota 124 de CSJN, Fallos: 322:1227, sent. del 15.6.1999). Tal como lo resolvió el Sr. Juez de primera instancia, la doctrina y la jurisprudencia son contestes en afirmar que el fuero de atracción no opera cuando los sucesores universales inician acciones contra terceros -como actores-, pues el instituto, como modificatorio de las reglas de la competencia, debe interpretarse restrictivamente, salvo en el supuesto en que los herederos fueren reconvenidos (Zannoni, ob. cit, pág. 153).
El mismo criterio adoptó la titular del Juzgado n°11, en la resolución del 15.10.2021, cuando respecto al pedido de inhibitoria formulado por la Dra. Duranti en relación a este expediente, lo rechazó manifestando que “con la sola indicación que el proceso aludido –esta causaha sido iniciado por el heredero en autos, y que en tal sentido el requisito liminar del instituto del fuero de atracción que es que funciona en forma pasiva ha quedado descartado, sumado a la falta de acreditación en este expediente de su condición de acreedor del sucesorio, torna improcedente la petición esgrimida y por tanto también habrá de rechazarse” (antes, en el párrafo 8 del decisorio se había rechazado el pedido de nulidad del auto de inscripción del bien y la anotación de litis peticionada respecto a él, por exceder el marco del proceso sucesorio).
Ante esta decisión, considero que el derecho de defensa de la demandada queda suficientemente asegurado con la nulidad cuya declaración propongo, por lo que más allá de las dudas sobre la legitimación del apoderado –sustituciones mediante- para actuar en representación del único heredero, Eduardo Felipe Seleson (ver fs. 132 apartado II y 133), resultaría prematuro plantear una cuestión de competencia (arts. 7 y sgtes. del CPCC), antes de conocer los términos de la contestación de la demanda. En virtud de lo expuesto propondré al acuerdo que se declare la nulidad del proceso a partir del traslado de la demanda, y que por intermedio de la Receptoría General de Expedientes se remita la causa para que un Juez hábil adopte las medidas necesarias para integrar debidamente la litis y ante el que deberá continuar la tramitación ((arts. 18 C.N., 8 CADH y 15 de la CPBA; 953, 1047 y ccdtes. del CC; 279, 387 y ccdtes. del CCCN; 34, 36, 161, 163, 169, 170, 171, 172, 173, 242, inc.
“3°”, y ccdtes. del CPCC).
IV: El tenor de alguna de las palabras utilizadas en la expresión de agravios, hacen que me parezca adecuado traer a este expediente la décima recomendación de Genaro Carrió: “No usar la agresión verbal como arma de persuasión, porque, como diría Vizcacha, esa arma suele dispararse por la culata. Para lograr los resultados que perseguimos no es necesario que nos empeñemos en probar que el abogado contrario es un pérfido o el juez de primera instancia un infradotado. El terrorismo verbal, los abusos de lenguaje, el sarcasmo encarnizado, no conducen a nada bueno. Más bien disponen en contra de quien recurre a tales expedientes. Vistos con objetividad, parecen recursos retóricos dirigidos a ocultar el hecho de que no se cuenta con buenos argumentos. El abogado que tiene buenos argumentos, o que sabe usar bien los que tiene, puede permitirse ser cortés y comprensivo. Eso ayuda a ganar pleitos. Ayuda también —cosa nada desdeñable— a merecer el respeto y la consideración de los demás y a ser mejor de lo que uno es, no ya simplemente como abogado, sino como ser humano” (“Cómo estudiar y cómo argumentar un caso”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1995, pág. 77). Puede no compartirse el excesivo rigor formal de una decisión, sobre todo cuando se actúa en causa propia, pero ello no justifica el uso de una terminología inapropiada, innecesaria para sostener sus argumentos, al punto de imputarle al Sr. Juez la comisión de un delito doloso como el prevaricato (art. 269 del Código Penal).
La inadmisibilidad de las nulidades absolutas en el proceso ha sido sostenida por ilustres juristas de la talla de Lino Palacio (“Derecho procesal civil”, ed. Abeledo Perrot, Buenos Aires 1992, Tomo IV, págs. 147, 149) y Eduardo Couture (ob. cit., pág. 378 y 391), y ésa fue la postura adoptada por el Juzgador, por lo que, en mi opinión, la letrada se ha excedido en su afán de defender sus derechos, endilgando la comisión de un delito de acción pública al magistrado.
Por ello, propondré al acuerdo efectuar un llamado de atención a la Dra. Karina Amelia Duranti a fin de que evite la reiteración de esa conducta impropia ante los Tribunales (art. 35 del CPCC). V: En cumplimiento de lo dispuesto por el art. 287 inc. 1) del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, ante la posible comisión de delitos por parte de los particulares intervinientes en esta causa, propongo que se ordene el pase de las actuaciones a la Fiscalía General Departamental a los fines que correspondan.
VOTO POR LA NEGATIVA
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
A la segunda cuestión el Sr. Juez Dr. Roberto J.
Loustaunau dijo:
Corresponde: I) Hacer lugar al recurso de apelación y declarar la nulidad de todo lo actuado en este proceso desde la notificación de la demanda (arts. 18 de la CN; 15 de la CPBA; art. 8.1 de la C.A.D.H.; 1047 del CC; 387 del CCCN). II) Imponer las costas de ambas instancias a la actora vencida (arts. 68 y 274 del CPCC). III) Efectuar un llamado de atención a la Dra. Karina Amelia Duranti en los términos del considerando IV (art. 35 del CPCC). IV) Remitir las actuaciones a la Fiscalía General a los fines que correspondan (art. 287 inc. 1) del CPPBA). V) Diferir la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967.
ASÍ LO VOTO
El Sr. Juez Dr. Ricardo D. Monterisi votó en igual sentido y por los mismos fundamentos.
Por los fundamentos dados en el acuerdo que antecede se dicta la siguiente sentencia: I) Se hace lugar al recurso de apelación y se declara la nulidad de todo lo actuado en este proceso desde la notificación de la demanda (arts. 18 de la CN; 15 de la CPBA; art. 8.1 de la C.A.D.H.; 1047 del CC; 387 del CCCN). II) Las costas de ambas instancias se imponen a la actora vencida (arts. 68 y 274 del CPCC). III) Se efectúa un llamado de atención a la Dra. Karina Amelia Duranti en los términos del considerando IV (art. 35 del CPCC).
IV. Se ordena la remisión de las actuaciones a la Fiscalía General a los fines que correspondan (art. 287 inc. 1) del CPPBA). V) Se difiere la regulación de honorarios para la oportunidad del art. 31 de la ley 14.967. Regístrese. Notifíquese por el sistema automatizado (art. 10 del Anexo del Ac. 4039/21). Devuélvase.
Fin de la sentencia