Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
I. Hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.), casar la resolución recurrida y REENVIAR las actuaciones a su origen a fin de que se continúe con la tramitación del proceso.
II. Tener PREESNTE la reserva del caso federal efectuada por la Defensa Pública Oficial de Alfredo Javier Senoff.
En la Ciudad de Buenos Aires, a los 31 días del mes de octubre de dos mil veinticuatro, se reúne la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por el doctor Gustavo M. Hornos como Presidente y los doctores Javier Carbajo y Diego G. Barroetaveña, para decidir acerca del recurso de casación interpuesto en la causa 51009151/2008/TO1/5/CFC1, caratulada: “Senoff, Alfredo Javier s/recurso de casación”; de la que
I. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 1 de La Plata, Provincia de Buenos Aires, el 18 de junio de 2024, resolvió: “I. DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL respecto de Alfredo Javier Senoff, en el marco de la presente causa N° FLP 51009151/2008 imputado: Senoff, Alfredo Javier s/ apremios ilegales a detenidos (art. 144 bis inc.3)
querellante: Kepych, Yuriy Tiberiyevich del registro de este Tribunal Oral en lo Criminal Federal de No1; II. DISPONER LA EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL POR PRESCRIPCIÓN respecto de Alfredo Javier Senoff (artículo 59, inciso 3o, del Código Penal); III. DICTAR EL SOBRESEIMIENTO respecto de Alfredo Javier Senoff, en relación con el hecho imputado en autos, sin costas (artículo 336, inciso 1°, 361 y 530 del Código Procesal Penal de la Nación)”.
II. Esta decisión fue impugnada por el representante del Ministerio Público Fiscal y el recurso fue concedido el 4 de julio de 2024.
REGISTRO N° 1304/2024.4
III. El recurrente fundó su presentación de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 456 del C.P.P.N., incs. 1 y 2.
En primer término, sostuvo que el tribunal había omitido tratar una cuestión esencial planteada por esa parte. Recordó que, al momento de contestar la vista de prescripción, había sostenido que, en base a la plataforma fáctica establecida, “no puede descartarse con absoluta seguridad un eventual cambio de calificación, cuya falta de juzgamiento podría acarrear incluso la responsabilidad internacional del Estado argentino (...). Por lo tanto, tampoco desde este punto de vista, resulta de aplicación lo normado por el art. 361 CPPN, puesto que la realización del debate para esclarecer debidamente los hechos deviene imprescindible”.
El recurrente señaló que existía la posibilidad de que el hecho se subsumiera en el delito previsto por el art. 144 ter, inc. 1 del C.P., que contempla una pena de hasta 25 años de prisión, en tanto se investigaba la conducta de un funcionario del Servicio Penitenciario quien, en abuso de sus atribuciones, habría golpeado y lesionado gravemente a una persona privada de su libertad bajo su cuidado.
Mencionó que, por aplicación del artículo 401 del C.P.P.N., los jueces podían darle al hecho una calificación distinta a la contenida en el requerimiento de elevación a juicio y trajo a cuenta la jurisprudencia que establece que, a los efectos de computar la prescripción, debe valorarse la calificación penal más grave aplicable a los hechos. Memoró que al momento de contestar la vista conferida por el a quo en relación a la prescripción de la acción, esa acusación pública había postulado su rechazo, entre otros argumentos, porque la cuestión ya había sido resuelta por el Juzgado Federal Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora -decisión confirmada por la Sala II de Cámara Federal de Apelaciones de La Plata- y no se advertían nuevos elementos que permitan modificar lo ya decidido en la instancia anterior, fundado en los efectos de la calidad de funcionario público del imputado sobre la vigencia de la acción penal.
Señaló, por último, que la falta de fundamentación de la que adolecía la sentencia podría, eventualmente, constituir una causal de arbitrariedad.
Hizo reserva del caso federal.
IV. Que, en la etapa procesal prevista por los artículos 465, cuarto párrafo, y 466 del Código Procesal Penal de la Nación, se presentó la defensa de Alfredo Javier Senoff y peticionó que se confirmase la decisión recurrida y se rechazase el recurso interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal.
V. Superada la etapa prevista en los artículos 465, último párrafo, y 468 del Código Procesal Penal de la Nación, quedaron las actuaciones en estado de ser resueltas. Efectuado el sorteo de ley para que los señores jueces emitan su voto, resultó el siguiente orden sucesivo de votación: doctores Javier Carbajo, Gustavo M. Hornos y Diego G. Barroetaveña.
Hizo reserva del caso federal.
El señor juez Javier Carbajo dijo:
I. El recurso de casación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal resulta formalmente admisible, pues la resolución recurrida es de aquellas consideradas definitivas (art. 457 del C.P.P.N.), la parte se encuentra habilitada para impugnarla (arts. 458 del C.P.P.N.), los planteos efectuados se enmarcan en los motivos previstos por el art. 456 del C.P.P.N. y se han cumplido los requisitos de temporaneidad y de fundamentación exigidos por el art. 463 del citado código ritual.
II. Por motivos de claridad expositiva, entiendo pertinente realizar un breve recuento de estas actuaciones. El incidente que nos ocupa se inició con un planteo de excepción de falta de acción por prescripción interpuesto por la defensa de Senoff.
El tribunal corrió vista al querellante y al representante del Ministerio Público Fiscal, quienes se opusieron a lo peticionado.
Al dictar la resolución, los jueces consideraron que, si bien Senoff había revestido la calidad de funcionario público al momento de la presunta comisión del hecho que se le imputa, su situación cambió “el día que el nombrado obtuvo el carácter de ‘retirado’ del S.P.F. (1/6/2010)”.
Expusieron que, aun considerando que Senoff continuó desempeñando funciones públicas después de la fecha mencionada para la Municipalidad de Ezeiza, esta circunstancia no justificaba la suspensión del plazo de prescripción, en la medida en que la causal suspensiva analizada sólo resultaba operativa cuando la persona imputada podía llegar a tener una injerencia funcional que lo habilitase a obstaculizar o impedir el ejercicio de la acción penal.
Desde esa perspectiva, entendieron que no cualquier designación en un cargo público permitía suspender el curso de la prescripción y que su nombramiento en el Municipio de Ezeiza no le otorgaba injerencia sobre el expediente. Con base en ello, estimaron que, dado que la pena máxima aplicable en este caso es de cinco años de prisión, se podía afirmar que, desde que dejó de prestar funciones en el Servicio Penitenciario Federal, el 1 de junio de 2010, hasta el primer llamado a indagatoria, el 18 de octubre de 2016, había transcurrido el tiempo máximo legalmente previsto por la ley, por lo que la acción se encontraba prescripta.
III. Luego de relatar los antecedentes relevantes de la causa, corresponde ingresar al análisis de la decisión impugnada.
Debo adelantar que, al confrontar los fundamentos expuestos por mis colegas del Tribunal Oral en lo Criminal Federal n° 1 de La Plata, advierto que han incurrido en una errónea aplicación de la ley sustantiva al considerar que la circunstancia de que Senoff se haya desempeñado, luego de quedar desafectado del Servicio Penitenciario Federal, como Secretario de Turismo en la Municipalidad de Ezeiza, no tornaba aplicable lo establecido por el artículo 67, segundo párrafo, del Código Penal.
Recordemos que este precepto establece que “la prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público”.
Del texto de la norma no surge la exigencia de que el sujeto continúe en el cargo en el que cometió el delito, o en algún otro en el que pudiera tener una influencia sobre el proceso. Es más, esta interpretación, que restringe la aplicación de la causal de suspensión, colisiona con la referencia, intencionalmente genérica, al desempeño de “un cargo público” que se efectúa al final del artículo. Lleva dicho esta Sala IV, con distinta integración y en posición que comparto, que “la causal de suspensión de la acción penal procede en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para cualquier persona que hubiera participado en el delito se encuentre en el ejercicio de la función pública. La norma no hace distinciones relativas a la jerarquía o función que un agente posea en la estructura estatal, ni remite a las mayores o menores posibilidades que ese funcionario pudiese tener para entorpecer el avance del proceso” (cfr. FMZ 32019438/2010/1/CFC1, “ALBIOL, Darío; TORO, Walter Antonio; LAUGERO, Marcos s/recurso de casación, Reg. 328/18 del 16 de abril del 2018).
En similar sentido, la Sala III de este Cuerpo ha sostenido que “la mera calidad de funcionario público se presenta a juicio del legislador como con entidad suficiente para generar el indeseado efecto adverso para la normal marcha del proceso, sin que al respecto sea admisible controvertir dicho criterio, enmarcable dentro del ámbito de injerencia legislativa para sancionar las normas que se ajusten a la política criminal delineada y consecuentemente ajeno al control judicial (salvo inconstitucionalidad, supuesto que en el caso se presenta diáfanamente ausente)” (cfr. causa 15.334, “Schipper, Mariano Gustavo y Galante, Cristian Andrés s/recurso de casación, Reg. 611/14, del 23 de abril del 2014)”.
Cabe recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha establecido que para determinar la validez de una interpretación, debe tenerse en cuenta que la primera fuente de exégesis de la ley es su letra (Fallos: 304:1820; 314:1849), a la que no se le debe dar un sentido que ponga en pugna sus disposiciones, sino el que las concilie y conduzca a una integral armonización de sus preceptos (Fallos: 313:1149; 327:769). A ello debe agregarse que no cabe suponer la inconsecuencia o la falta de previsión en el legislador (Fallos 322:2189; 323:585).
De lo expuesto se desprende que convalidar el criterio del a quo importaría establecer una excepción que no surge de la letra de la ley ni de una interpretación plausible de sus fines.
Por lo demás, debo destacar que el cargo que ha ocupado Alfredo Javier Senoff, luego de cesar en sus funciones en el Servicio Penitenciario Federal, ha sido como Secretario de Transporte de la Municipalidad de Ezeiza, localidad en la que tuvieron lugar los hechos investigados, por lo que, sin perjuicio de lo expuesto, tampoco nos encontramos, en el caso, ante una posición carente de jerarquía o imposibilitada de tener injerencias indebidas.
IV. Por las razones expuestas, propongo al Acuerdo hacer lugar al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.), casar la resolución recurrida y reenviar las actuaciones a su origen a fin de que se continúe con la tramitación del proceso. Tener presente la reserva del caso federal efectuada por la Defensa Pública Oficial de Alfredo Javier Senoff.
Tal es mi voto.
El señor juez Gustavo M. Hornos dijo:
Comparto en lo sustancial los argumentos que han dado sustento al voto precedente para concluir que se ha efectuado en el caso una errónea aplicación de lo dispuesto en el artículo 67, párrafo segundo, del C.P.
No puede olvidarse que a los efectos de la aplicación del derecho penal, los conceptos de funcionario y empleado público se encuentran determinados por el ejercicio de funciones de carácter público (artículo 77 del C.P.), circunstancia ésta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente (cfr. mi voto en la causa nro. 11.037, caratulada “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, reg. nro. 12.443, rta. el 9/10/2009; en igual sentido, causa nro. 15.071 de esta Sala, caratulada “Esquivel, Ángel s/recurso de casación”, reg. nro. 879/12, rta. el 24/5/2012 y Causa nº 1415/2013, caratulada “Alsogaray, María Julia y otros s/rec. de casación”, registro nº 1802.14.4, rta. 9/09/14; entre muchas otras). Y es por ello que resulta indiferente la forma de contratación o regulación del trabajo del sujeto con el ente o agencia a los efectos de asignarle el carácter de empleado público.
También sostuve que el código de fondo no equiparó la noción de funcionario público al significado propio de la esfera administrativa en cuanto no se encuentra restringido a quienes ocupan un nivel jerárquico en la estructura de la Administración en la cual se desempeña, que le otorga una competencia y atribuciones en la dirección de gestión en la dependencia para la que actúa, sino que es más amplio. Esta concepción, que permite establecer un concepto de funcionario público específico para el ámbito de aplicación del derecho penal (artículo 77 del C.P.), más abarcativo que el propio de la órbita administrativa, fue reforzada por la Ley de Ética en el Ejercicio de la Función Pública (N 25.188.) y la Convención Interamericana Contra la Corrupción incorporada por la Ley N 24.759.
El artículo 1º de la Ley 25.188 señala “La presente ley... establece un conjunto de deberes, prohibiciones e incompatibilidades aplicables, sin excepción, a todas las personas que se desempeñan en la función pública en todos sus niveles y jerarquías, en forma permanente o transitoria, por elección popular, designación directa, por concurso o por cualquier otro medio legal, extendiéndose su aplicación a todos los magistrados, funcionarios y empleados del Estado. Se entiende por función pública, toda actividad temporal o permanente, remunerada y honoraria, realizada por una persona en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos”. Por su parte el artículo I del Anexo I de la Convención Interamericana Contra la Corrupción dispone que “Para los fines de la presente Convención, se entiende por: a) ‘FUNCIÓN PÚBLICA’: toda actividad temporal o permanente, remunerada u honoraria, realizada por una persona natural en nombre del Estado o al servicio del Estado o de sus entidades, en cualquiera de sus niveles jerárquicos. b) ‘FUNCIONARIO PÚBLICO’, ‘OFICIAL GUBERNAMENTAL’ O ‘SERVIDOR PÚBLICO’: cualquier funcionario o empleado del Estado o de sus entidades, incluidos los que han sido seleccionados, designados o electos para desempeñar actividades o funciones en nombre del Estado o al servicio del Estado, en todos sus niveles jerárquicos”.
Es decir que, integrando la normativa citada, corresponde concluir que a los efectos del derecho penal el concepto de funcionario público se encuentra determinado por el ejercicio de funciones o tareas de carácter público, circunstancia esta que se constituye en la clave para atribuir esa calidad al agente (cfr.: la doctrina que ya he tenido oportunidad de desarrollar en diversos precedentes de esta Sala IV, in re: “Badino” y “Salem”, y anteriores: causa Nro. 11.037: “Torres, Osvaldo Alberto s/recurso de casación”, Reg. 12.443, rta. el 9/10/2009; causa Nro. 11.223: “Feijoo, Ariel y otro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.551, rta. el 4/11/2009; causa Nro. 11.444: “De Aparici, Josefina s/recurso de casación”, Reg. Nro. 12.868, rta. el 30/12/99; causa Nro. FRO 74028646/2006/CFC1: “Ferreyra, Antonio por defraudación contra la administración pública”, Reg. Nro. 242.16; causa Nro. FRE 1753/2015/CFC1: “Sosa Juan Carlos s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1037/19.4, rta. el 27/05/19; CFP 4077/2020/2/CFC1: “EIJO, Jorge Alejandro s/recurso de casación”, Reg. Nro. 1302/23.4, rta. el 26/09/2023; entre muchas otras).
El fundamento de la normativa legal parte de la conculcación del mayor compromiso del funcionario público que el ejercicio de sus facultades conlleva, y, como contracara, un trato penal más riguroso o con menos concesiones de alternativas no punitivas ante la comisión de un delito, toda vez que existe una expectativa de toda la sociedad de sentirse resguardada frente a tales abusos y una obligación asumida por el Estado de investigar, juzgar y sancionar tales delitos (Convención Interamericana contra la Corrupción –Preámbulo y artículos I, II y IV y VI-, aprobada por ley Nro. 24.759; Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada por ley Nro. 26.097; y la Ley de Ética Pública Nro. 25.188).
En el caso, el imputado prestó funciones públicas tanto en la ocasión de los hechos que se le imputan como posteriormente, tal como se lo señala en el voto anterior. En consecuencia, cabe concluir que el curso de la prescripción de la acción penal ha quedado suspendido durante esos períodos, en orden a lo dispuesto por el artículo 67, inciso 2, del C.P., en los que Senoff prestó funciones públicas, las que, por lo demás, han revestido la suficiente entidad como para dar sustento razonable a la presunción pertinente a la posibilidad que tuvo de impedir u obstaculizar la investigación, que responde a una decisión normativa de carácter fáctica que no realiza distinciones sobre el cambio de función en otras reparticiones públicas.
Esta posición es la que otorga, asimismo, mayor operatividad a los compromisos asumidos por el Estado Argentino en el orden internacional, con especial referencia al Preámbulo de la Convención de Las Naciones Unidas contra la Corrupción en cuanto destaca la preocupación de los Estados Parte “por la gravedad de los problemas y las amenazas que plantea la corrupción para la estabilidad y seguridad de las sociedades al socavar las instituciones y los valores de la democracia, la ética y la justicia y al comprometer el desarrollo sostenible y el imperio de la ley”; que “para combatir la corrupción es responsabilidad de los Estados la erradicación de la impunidad y que la cooperación entre ellos es necesaria para que su acción en este campo sea efectiva”; y la necesidad de “hacer todos los esfuerzos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar la corrupción en el ejercicio de las funciones públicas y en los actos de corrupción específicamente vinculados con tal ejercicio” (Cfr. mi voto en el precedente de esta Sala IV, causa CFP 12438/2008/CFC2, “DE VIDO, Julio Miguel y otra s/recurso de casación, Reg. 1122.15/4, Rta. el 12/6/15; y “EIJO”, ya citada; entre muchas otras).
En virtud de todo lo expuesto, corresponde concluir que resulta operativa en el caso la suspensión del plazo de la prescripción de la acción penal, prevista en el art. 67, párrafo segundo, del Código Penal, en orden a los cargos públicos ejercidos por el encausado y a la naturaleza de los hechos juzgados, por lo que adhiero a la solución propuesta en la ponencia que lidera el acuerdo.
El señor juez Diego G. Barroetaveña dijo:
Que por coincidir, en lo sustancial, con los fundamentos expuestos por el señor juez que lidera el Acuerdo, doctor Javier Carbajo, que cuentan con la anuencia del colega que me precede, doctor Gustavo M. Hornos, habremos de adherir a la solución allí propuesta.
En tal sentido, cabe señalar que el art. 67, segundo párrafo, CP -cuya actual redacción obedece a la Ley denominada de Ética Pública, nº 25188-, expresa que “La prescripción también se suspende en los casos de delitos cometidos en el ejercicio de la función pública, para todos los que hubiesen participado, mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público” y que se trata de una excepción a la regla general de la prescripción que establece que “corre, se suspende o se interrumpe separadamente para cada delito y para cada uno de sus partícipes”.
Acerca de la interpretación que debe dársele al articulado, en el precedente CFP 22080/2001/TO1/3/CFC1 “Mathov, Enrique José y otros s/recurso de casación”, rto. el 1/6/2020, reg. 497/20 -voto del juez Petrone al que hubimos de adherir- se dijo que “(s)e apoya en un aspecto meramente objetivo, pues hace referencia a la permanencia en un cargo público de cualquier partícipe del delito como causal de suspensión del curso de la prescripción, resultando extensible tal suspensión a los restantes intervinientes que no fuesen funcionarios públicos. Cabe mencionar que esta Sala, con una integración distinta a la actual, ya se ha expedido al respecto y señaló que el art. 67, segundo párrafo, del Código Penal, contiene una causal suspensiva del curso de la prescripción que alcanza a todos los que hubieran participado del delito, siempre que alguno de ellos se mantenga en la función pública y que en consecuencia, el ejercicio de dicha función por alguno de los imputados interrumpe el curso de la prescripción (cfr. causa nro. 694/13 caratulada `Rodríguez, Jorge Alberto s/ recurso de casación´, reg. nro. 23994 del 15/8/14). A su vez, en un expediente en el que se encontraban involucrados miembros de una fuerza de seguridad –como es el supuesto de autos en el caso de Santos, Andreozzi y Gaudierose indicó que la acción penal a su respecto se suspendió en relación con todos los delitos imputados mientras cualquiera de ellos se encuentre desempeñando un cargo público (art. 67, párrafo 2°) (cfr. `Pellegrini, Rodolfo Carlos y otros s/ recurso de casación´, causa nro. 15.927, reg. nro. 21.826 del 30/8/2013)”.
A ello, se agregó que “(l)a finalidad que ha tenido el legislador al fijar tal excepción se orienta en evitar que el ejercicio de la función pública, por al menos uno de los partícipes del delito, pueda conducir a que el suceso quede impune, toda vez que la permanencia del funcionario público en su cargo, mientras corre el término de la prescripción, podría obstaculizar el desarrollo de la investigación. Es decir, que la norma considera que el desempeño de la función pública puede constituirse como un inhibidor de la persecución penal de un ilícito y que, como consecuencia de ello, puede operar la prescripción del delito, beneficiando de este modo a todos los partícipes”.
Asimismo, y en apoyo de esa interpretación se citó el precedente “Baro, Rolando Oscar s/recurso de casación” de esta Sala IV de este cuerpo (Reg. Nro. 11.498, rta. el 20/03/2009) “(e)n cuanto se afirmó que la influencia del funcionario público, tiene un sustento objetivo, esto es que el esclarecimiento del delito pudiera frustrarse en razón de los obstáculos de hecho que genera para la investigación la presencia de un funcionario público. Es decir, la razón de ser de la causal de suspensión trasciende la atribución personal disvaliosa, y se funda en las características propias del acto de corrupción, lo que se busca evitar es que el funcionario, por el solo hecho de ostentar el cargo, obstaculice el accionar de las investigaciones logrando impunidad, para él y para todos los partícipes del hecho´.
Bajo ese prisma, se agregó que `la paralización del curso de la prescripción obedece a una decisión normativa de carácter fáctica, de no ser así, para hacer operar la causal, se debería exigir la comprobación de maniobras tendientes a dificultar o entorpecer la investigación atribuibles al funcionario, tal como se exige, por ejemplo para interrumpir la prescripción por la comisión de un nuevo delito. Es que lo que la norma pretende no es oponer una conducta posterior al hecho reprochable al funcionario público imputado, susceptible de agravar su situación en la causa, sino simplemente prevenir un posible contexto objetivo de impunidad que pudiera afectar la investigación, aún sin ser reprochable al funcionario´.
Así, se concluyó que `con el segundo párrafo del artículo 67 se pretendió evitar que las facultades o las influencias emergentes del ejercicio de la función pública por parte de cualquiera de los partícipes en tales delitos pusieran obstáculos de hecho a las investigaciones, haciendo que el plazo de prescripción de la respectiva acción penal feneciera durante el tiempo de desempeño funcional´. En prieta síntesis, lo que persigue la excepción prevista por la norma es que el plazo de la prescripción no corra mientras exista la posibilidad de que el funcionario público partícipe del suceso ilícito, por su permanencia en el cargo, pueda invocar su autoridad o influencia para obstaculizar, dificultar, perturbar o paralizar el ejercicio de la acción penal”.
Entonces, dada la continuidad en la función pública del imputado Senoff en el periodo cuestionado, observamos que el tribunal de juicio no ha efectuado una valoración fundada y razonada de las pruebas colectadas, para concluir que no operó la causal de suspensión del art. 67, segundo párrafo, CP. Por todo lo expuesto, nos encontramos en condiciones de decidir que en el caso no se encuentra extinguida la acción penal por prescripción respecto del nombrado, tomando en cuenta que, dada la causal de suspensión del curso de la prescripción operada, no ha transcurrido el máximo de duración de la pena señalada para los delitos imputados.
En función de estas consideraciones, habremos de adherir a la solución propuesta por el doctor Javier Carbajo, que cuenta con la adhesión del doctor Gustavo M. Hornos. Es nuestro voto.
Por los motivos expuestos, el Tribunal
I. HACER LUGAR al recurso de casación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, sin costas (arts. 530 y 531 del C.P.P.N.), CASAR la resolución recurrida y REENVIAR las actuaciones a su origen a fin de que se continúe con la tramitación del proceso.
II. TENER PREESNTE la reserva del caso federal efectuada por la Defensa Pública Oficial de Alfredo Javier Senoff.
Regístrese, notifíquese, comuníquese al Centro de Información Judicial -CIJ- (Acordada 5/19, C.S.J.N.) y remítase mediante pase digital al Tribunal de origen, sirviendo la presente de muy atenta nota de envío.
Firmado: Gustavo M. Hornos, Javier Carbajo y Diego G. Barroetaveña.
Ante mí: Marcos Fernández Ocampo, Secretario de Cámara.
Fin de la sentencia