Abriendo la norma
Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de Lomas de Zamora, Sala II · Causa 0700 28997 23/S
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaI. No hacer lugar al recurso de apelación (arts. 325, 337, 421, 434 y 439 del C.P.P.).
II. Confirmar el auto de fecha 8 de marzo de 2024, en aquello que ha sido materia de agravio, por los fundamentos expuestos (arts. 337, CPP; y 45, 55, 89, 92 en función de 80 incs. 1 y 11, 149 ter inc. 1°, y 189 bis, inc. 2° -párrafo primero-, CP; y leyes 12.559 y 25.485).
RR
CN °: 0700-28997-23/S. -
///mas de Zamora,
Para resolver el recurso de apelación deducido el día 13 de marzo de 2024 por el doctor Alejandro Jorge Morresi, defensor particular del imputado Juan Ramón Fernández , contra el auto dictado el 8 de marzo de 2024, en el marco de la causa nº 07-00-028997-23, que tramita ante el Juzgado de Garantías Nº 4 Departamental, y;
Agravia a la impugnante que las solicitudes de cambio de calificación legal y sobreseimiento materializadas en respuesta al cargo que le efectuó el fiscal interviniente al requerir que la causa sea elevada a juicio por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género, coacciones agravadas por el empleo de arma -impropia- y tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, todos ellos en concurso real entre sí (arts. 45, 55, 89, 92 en función de 80 incs. 1 y 11, 149 ter inc. 1°, y 189 bis, inc. 2° -párrafo primero-, CP; y leyes 12.559 y 25.485), hayan sido desestimados.
En su escrito de fundamentación, el apelante en primer término cuestiona que el magistrado de la instancia, al momento de ordenar la elevación a juicio de los actuados, ampliara la acusación sostenida por el agente fiscal con respecto a su asistido, imputándole el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.
Sobre tal aspecto, refiere que "... la calificación legal en la que se apoye el representante de la sociedad, no puede ser suplida por el Juez Garante sin antes vulnerar el principio de congruencia y arrogando una jurisdicción que no le es propia, en tanto y en cuanto, la misma no le ha sido expedita (art 18 de la C.N, art 321, 323, inc 3 del CPP)".
Asimismo, focalizando ya su crítica sobre el delito en concreto, indica que nos encontramos en ausencia del mismo, toda vez que "... la tenencia ilegítima del arma... permaneciendo descargada no afecta la seguridad pública..." , más aún cuando ello, sostiene , "...formaba parte del entendimiento de la víctima... que residía en la misma finca que Fernández" . Que tal circunstancia -dice- "... elimina la afectación al bien jurídico..." porque "... pese a tratarse de un delito de peligro abstracto resulta previamente menester probar [su] operatividad...".
Con respecto a los encuadres legales de amenazas y coacción, refiere que a diferencia de lo que sostiene el a quo , quien los hace concursar materialmente, estaríamos frente a "... un concurso aparente de tipos penales..." , situación que explica, concurre cuando -como en el caso- "... el contenido del ilícito de un hecho punible ya se encuentra contemplado en otro tipo penal, motivo por el cual el autor comete solamente una sola lesión a la ley penal..." ;
Que en virtud de ello, sostiene que lo que corresponde entonces es "... desdeñar la figura prevista en el art. 149 ter del Código Penal, quedando por ende alcanzada en la acuñada en el art. 149 bis párrafo primero del texto legal citado".
Agrega además que "... tampoco obran en las actuaciones un informe prevencional que permita, cuanto menos inferir, la susbistencia de[l] cable con corriente el éctrica en condiciones de electrocutar a persona alguna..." , y que por lo tanto las "... amenazas agravadas enrostradas se fundamentan... en la preexistencia de un "arma" impropia creada por el Dr Monelos... en ningún tiempo certificada den la causa...".
Por último, en lo atinente al delito de lesiones, señala que "... no subsiste correlación en el informe..." que da cuenta de ellas, "... con la mecánica... narrada en sede prevencional por la Sra. Escobar Mazzei..." , circunstancia que " ... torna absolutamente cuestionable su aporte testifical, de modo que mal podría asignarse en esta parcela procesal la figura infraccionaria endosada...".
Ante lo expuesto, y luego de "... analiza[r] el soporte demostrativo en que se sustenta la resolución impugnada..." , concluye que "... las probanzas valoradas por el Distinguido magistrado... no poseen entidad suficiente para el progreso de la causa a la siguiente etapa ...".
Las criticas mediante las cuales el apelante cuestiona la entidad probatoria de los elementos ponderados por el quo para sostener la existencia de los hechos, la calificación legal y la responsabilidad penal de su asistido, no habremos de compartirlas.
Así, en primer término, en lo que respecta a la afectación del principio de congruencia en que, según el recurrente, habría incurrido el señor juez garante al imputarle a Fernández el delito de tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil, se dirá que el tribunal tiene resuelto que no le está vedado a la autoridad jurisdiccional modificar el marco legal ( “iuria curia novit” ) mientras el hecho, tal como ocurre en el presente caso, conserve su identidad fáctica, pues la nueva figura no introdujo circunstancias no contenidas en la imputación.
Sobre el tema la Corte ha dicho que es deber de los magistrados, cualesquiera que fuesen las peticiones de la acusación y de la defensa o las calificaciones que ellas mismas hayan formulado con carácter provisional, precisar las figuras delictivas que juzgan, con plena libertad y exclusiva subordinación a la ley, ese deber encuentra su límite en el ajuste del pronunciamiento a los hechos que constituyeron la materia del Juicio (CS, fallos 186:297, 242:227, 246:357, 284:54, 298:104 y 302:328); y es doctrina legal que el sentenciante está constreñido a fallar respecto de los hechos materia de acusación, pero no de la calificación que se le haya dado (SCBA P. 49.863 Ac. y Sent. 1995-II-630; P. 52.718 sent. 25-11-1997). Así lo entendió también la casación al decir que "en el proceso de adecuación típica el Tribunal no reconoce otros límites que los impuestos por el hecho intimado al acusado.., y la calificación propiciada por las partes constituyen títulos jurídicos que en nada constriñen al órgano jurisdiccional a quien compete la definición legal de las conductas ” (TCP, causa 1308, Sala III, voto de la mayoría).
Que el juzgador " …puede adjudicar al hecho acusado una calificación jurídica distinta a la expresada en la acusación (iura novit curia), lo que interesa, entonces, es el acontecimiento histórico imputado, como situación de vida ya sucedida (acción u omisión), que se pone a cargo de alguien como protagonista, del cual la sentencia no se puede apartar porque su misión es, precisamente, decidir sobre él…" (cf. Maier, Julio B. J. "Derecho Procesal Penal, Tomo I, Fundamentos", Editores del Puerto S.R.L, Bs. As. 1996, p. 569); regla que: " …sólo pretende que el fallo no aprecie un hecho distinto al acusado, ni valore circunstancias no introducidas por la acusación…” (cf. Maier, op. cit.).
Si bien se ha dicho que el sistema procesal acusatorio requiere como presupuesto el mantenimiento de la igualdad formal de las partes y que en nombre del omnipresente principio de bilateralidad que es su corolario, que señorea en todo el ámbito del derecho procesal liberal, sea civil o penal, quepa evitar sorpresas y emboscadas procesales, lo cual asegura el disfrute por todas las partes de la garantía del debido proceso (ver TCP, Sala I, "Mendez", rta. 29-3-1999), no es menos cierto que en el caso, la calificación dada por la judicante no importó sorpresa alguna pues fue dada respetando la base fáctica planteada por la fiscalía, tal como se explicó más arriba.
Por otra parte, siempre dentro del criterio expuesto y con las limitaciones que éste impone, esta Sala decidió en otra oportunidad, en causa 3342/00 "Oviedo, Mauro", que el Juez de Garantías estaba legítimamente autorizado a calificar el hecho de manera más grave que aquella pretendida por el fiscal, si tal calificación se dio en base a circunstancias que formaron parte del contenido de la intimación, pues, se puede agregar ahora, la congruencia como integrante de la garantía de la defensa en juicio, se respeta al atenerse a los hechos sin importar la calificación que les dieran las partes (ver causa 684.985 y CNCP, Sala I, causas "Navarro" y "Gerónimo").
Avanzaremos ahora sobre el otro aspecto objetado en torno al delito de tenencia de arma de fuego de uso civil.
En tal sentido, hemos de señalar que, en contraposición con lo que expresa la parte, el delito de tenencia ilegal de arma constituye un delito de peligro abstracto cuya configuración no requiere mas que un riesgo potencial para la seguridad común, por lo que aún la tenencia de un arma descargada, abastece en principio las exigencias típicas del art. 189 bis, inc. 2° -párrafo primero-, CP. Y ese riesgo, aquí, se ha visto acreditado a partir de lo manifestado por la víctima de autos, quien hizo saber a las autoridades policiales de la existencia de ese arma en el domicilio y del temor que, en el contexto de lo denunciado, ello le causaba.
En cuanto al "concurso aparente de tipos penales" que el recurrente indica se daría en el caso en relación a los delitos de amenazas y coacción, simplemente cabe mencionar que, conforme surge del auto de elevación a juicio, al nombrado Fernández únicamente se le imputó el delito de coacción, circunstancia esta que impide entonces el abordaje de esa critica en los términos que ha sido planteada.
Por último, en lo atinente a los restantes aspectos que han sido objeto de crítica por el apelante, y que remiten necesariamente al cotejo de cuestiones probatorias, ya en nuestra anterior intervención, en la que -al igual que ahora- arribaron controvertidos esos temas, hemos sostenido que "... [a]l analizar la prueba desde la perspectiva y el criterio que demanda el caso, nos convence que de ella se desprenden las diversas hipótesis delictivas objetos de investigación, y si bien la versión de la víctima es un elemento de juicio importante por la contingencia de que no hubo de lo acontecido, en parte, como ocurre comunmente, testigos inmediatos (en ese sentido, CIDH, caso "Fernández Ortega y otros. vs. México", sentencia del 30-8- 2010, ap. 100; caso "Rosendo Cantú y otra vs. México", sentencia del 31-8-2010, ap. 89; TCP, Sala VI, causa 58.758, rta. 29-8-2014), su relato, a pesar de ese carácter especial que tiene en las condiciones aludidas, se ha visto reforzado mediante la constatación médica de las lesiones que presentó, las que aún cuando no se corresponden en su totalidad con aquellas que la vícitima relató le había provocado Fernández en su cuerpo, de forma alguna conducen a descreer de lo que afirmara, al haberse constatado, cuanto menos, una parte de ellas... Ello demuestra, según nuestra mirada, que la convicción alcanzada por el magistrado no se sustenta en forzadas presunciones, ni que la conclusión a la que arribara al analizar los hechos y la prueba que se exhibe, no responda a las reglas que inspiran al sistema de la sana crítica (art. 210, CPP) percibiéndose de la argumentación traída por el recurrente, según la lectura que propició del material probatorio, sólo una diferente valoración; ello, aún frente a la precaria actividad investigativa que se advierte ha llevado a cabo hasta el momento el ministerio público a los fines de establecer con mayor precisión aquellas cuestiones que arribaron controvertidas... Que el testimonio de la víctima sea un elemento de juicio determinante de la imputación, a pesar del especial modo de comisión de los injustos, viene corroborado, como dije más arriba, por otros medios, los que me permiten apartarme de la posición de la parte en cuanto alude a un desolado escenario probatorio sobre el aspecto discutido (art. cit.)...".
Así entonces, sin perjuicio de las situaciones a las que hace referencia el apelante, estimamos que no hay razón que haga variar la mirada que se ha tenido sobre el particular, más aún cuando no se advierte que, entre aquel entonces y hoy, otro elemento fáctico o jurídico nuevo haya sido incorporado. El material probatorio reseñado en la resolución, ha sido analizado mediante un razonamiento en el que no se observan vicios de arbitrariedad sino un consistente apego al régimen de la sana crítica en su apreciación y no permite arribar a la conclusión que pretende el recurrente.
De tal modo, será el ámbito de juicio en el que, con su proverbial inmediación, pueda meritarse la prueba en mayor y más exacta medida. En tal sentido, recordemos que la elevación a juicio no es una resolución que diga algo sobre el fondo de la acusación ni menos constituye una condena. Sólo decide precisamente que se lleve a cabo el debate, siendo la ley muy cuidadosa en que se mantenga en su desarrollo la igualdad, momento en que entonces podrán la partes ejercer sus derechos y formular todas la objeciones que consideren pertinentes en relación a la plataforma fáctica reunida y el valor convictivo que le fuera asignado; circunstancias entonces que obstan el sobreseimiento porque “…[c]ualquiera sea la causal que lo fundamente, por regla general…procede cuando se adquiere certeza acerca de ella…” (cf. Clariá Olmedo, Jorge A., “Tratado de Derecho Procesal Penal”, Ediar, Bs As, 1964, T° IV, p. 328).
En razón de lo expuesto, corresponde confirmar el auto apelado.
POR ELLO:
Esta Sala Segunda de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal Departamental, RESUELVE :
I-No hacer lugar al recurso de apelación (arts. 325, 337, 421, 434 y 439 del C.P.P.).
II-Confirmar el auto de fecha 8 de marzo de 2024, en aquello que ha sido materia de agravio, por los fundamentos expuestos (arts. 337, CPP; y 45, 55, 89, 92 en función de 80 incs. 1 y 11, 149 ter inc. 1°, y 189 bis, inc. 2° -párrafo primero-, CP; y leyes 12.559 y 25.485).
Regístrese, notifíquese y comuníquese al Juzgado de origen, sede que practicará las notificaciones pendientes.
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:31:28 - ROJAS Alejandro Adrian - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 09:33:29 - LITTLE Pablo Alberto - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 09:49:41 - CASSIODORO Alejandro José - AUXILIAR LETRADO DE CÁMARA DE APELACIÓN
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES el 06/05/2024 09:49:58 hs. bajo el número RR-669-2024 por CASSIODORO ALEJANDRO JOSE.
Fin de la sentencia