Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar las Resoluciones recurridas, con costas.
2Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo del Sr. Fabio Enrique Seoane, en la siguiente forma:
A. Por el Expediente N°47.338-I:
(i) Por la primera etapa, en las sumas de $307.161 por la representación procesal y $767.902 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la segunda y tercera etapa, en las sumas de $2.589.924 equivalente a 28 UMA por la representación procesal y de $6.474.811, equivalente a 70,01 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
B. Por el Expediente N°47.339-I (i) Por la primera etapa, en las sumas de $6.510 por la representación procesal y $16.277 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. …
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Año de la Grandeza Argentina Informe firma conjunta Número: IF-2026-62791395-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 25 de Junio de 2026 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación) para resolver el Expediente N° 47.338-I (y acum. Nros. 47.339- I, 47.340-I, 47.774-I y 47.775-I) caratulado "Seoane Fabio Enrique s/ apelación" y sus acumulados Nros. 47.343-I, 47.344-I, 47.345-I, 47.776-I y 47.777-I, caratulados “Ansonnaud Ricardo Sixto s/ apelación”. La Dra. O’Donnell dijo:
I. El Sr. Fabio Enrique Seoane interpone el recurso de apelación previsto por el art. 76 inc. b) de la ley 11.683 contra las Resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determina de oficio su responsabilidad personal y solidaria como socio gerente de Anzuc S.R.L. por los siguientes conceptos:
a) Resolución N° 53/2016 (Expediente N° 47.338-I), en relación al impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013 y se lo intima a ingresar la suma de $8.279.259,87, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
b) Resolución N° 54/2016 (Expediente N° 47.339-I), en relación al impuesto sobre los bienes personales –responsable sustituto- de los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013, y se lo intima a ingresar la suma de $211.710,90, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
c) Resolución N° 52/2016 (Expediente N°47.340-I), en relación al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 2/2011 a 11/2014 y se lo intima a ingresar la suma de $75.572.276,88, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
d) Resolución N° 6/2017 (Expediente N°47.775-I), en relación a las retenciones del impuesto al valor agregado correspondientes a los periodos fiscales 3/2013 a 11/2014 y se lo intima a ingresar la suma de $177.400,58, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En el mismo acto, se le aplica una multa de $709.602,32 con sustento en el art 48 de la ley 11.683, por no haber depositado los montos retenidos a terceros en los períodos 3/2013, 5/2013,6/2013 y 6 a 11/2014.
e) Resolución N° 5/2017 (Expediente N°47.774-I), en relación a las retenciones del impuesto a las ganancias correspondientes a los periodos fiscales 8/2011 a 6/2015 y se lo intima a ingresar la suma de $4.641.796,82, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En el mismo acto, se le aplica una multa de $754.107,28 con sustento en el art 48 de la ley 11.683, por no haber depositado los montos retenidos a terceros en los períodos 11/2012, 12/2013, 2/2014, 12/2014, 2/2015 y 3/2015. En sus presentaciones ante este Tribunal, manifiesta que desde el mes de junio de 2013 dejó de ser socio y gerente de Anzuc S.R.L. por haber transferido sus cuotas sociales lo que, según afirma, puso en conocimiento de la Administración Tributaria en el mes de noviembre de 2015, a través del régimen de información previsto por la Resolución General N° 3293, por lo que sostiene, como primer agravio, que no puede atribuírsele responsabilidad solidaria alguna a partir de ese momento.
Se agravia también porque el juez administrativo consideró que la cesión de cuotas no era oponible a la Administración Tributaria por no constar en el Registro Público de Comercio que es el acto que da fe ante terceros, y por eso entendió que la declaración unilateral en los términos de la Resolución General N° 3293 no resultaba veraz acerca de su situación en la sociedad.
Considera, por el contrario, que el método establecido por el propio organismo fiscal en esa norma resulta suficiente, ya que allí no se requiere la acreditación de la inscripción ni se establecen plazos para cumplir con ese recaudo, y sostiene que en el caso el juez administrativo se contradice con sus propios actos y vulnera el principio de buena fe con el que debe desempeñarse.
Entiende que la inscripción registral no tiene más efecto que el de crear una ficción de conocimiento erga omnes del acto inscripto y no modifica la validez ni autenticidad de los actos.
Señala que inmediatamente después de la transferencia de las cuotas sociales, solicitó su inscripción en el Registro, lo que dio inicio a un expediente para su tramitación y se agravia de que en ningún momento el organismo fiscal desconoció el contenido de la cesión ni que el acto tuviera fecha cierta; tampoco negó la existencia de ese expediente, pero, sin embargo, no lo tuvo en cuenta al dictar las Resoluciones porque aún se encontraba en trámite.
Por otra parte, trae a colación que en las Resoluciones el Fisco Nacional consideró que luego de la cesión, el Sr. Seoane continuó desarrollando actividades como representante de Anzuc S.R.L. que implicaron movimientos de sumas de dinero. Al respecto, alega que actuó en el carácter de gestor “por cuanto sólo se limitó a conseguir un crédito, lo cual no es un acto de disposición ni administración de fondos” y agrega que no dispuso de fondos porque la sociedad no contaba con más que los suficientes para mantener su funcionamiento.
Considera que el juez administrativo incurre en un error conceptual al entender que le corresponde responsabilidad solidaria por el solo hecho de ser gerente de la sociedad, como si fuera él quien debiera probar que no la tuvo. Afirma que, por el contrario, no basta con establecer una simple vinculación entre la sociedad y el cargo de socio gerente, y considera que esa interpretación se contradice con lo dispuesto en los arts. 6 y 8 de la ley 11.683. Ello, según dice, porque allí no se establece una responsabilidad objetiva, sino que exige un determinado comportamiento doloso o culposo, que en su caso no existió y que además debe ser probado por quien formula la imputación.
A continuación, cuestiona la forma en que se valoraron las pruebas producidas en sede administrativa y se refiere en particular a la prueba pericial contable, afirmando que el juez administrativo se limitó a considerar sólo los saldos en caja y en cuentas bancarias de la sociedad Anzuc S.R.L., sin tener en cuenta que éstos contaban con afectación directa “a conceptos y/o compromisos de ineludible cumplimiento para el mantenimiento de la fuente productora: arriendo de fábrica, cobertura de la cuenta corriente, cobertura de los warrants, cobertura de cheques y embargos fiscales”
Por último, señala que la extensión de los efectos de la solidaridad sólo se produce en aquellos casos en que se hubiere practicado una determinación de oficio contra el contribuyente y afirma que no es el caso porque, según dice, en las Resoluciones se le reclama el ingreso de saldos de declaraciones juradas presentadas por la sociedad. En relación a las multas aplicadas, se queja de que el juez administrativo no tuvo en cuenta los argumentos expuestos al formular su descargo y resolvió “como si el descargo no hubiera existido”, lo que a su entender “descalifica a la Resolución como acto válido”.
Sostiene, además, que se le aplica una sanción sin explicar mínimamente “cómo habría de funcionar una suerte responsabilidad infraccional refleja”, ya que lo que se reclama al Sr. Seoane es una supuesta responsabilidad por la omisión de Anzuc S.R.L. en el pago de los saldos de las declaraciones juradas, es decir que no existió ninguna imputación de la infracción del art. 48 de la ley 11.683 contra la sociedad, por lo que mal podría formularse una imputación contra el supuesto responsable solidario.
Por último, aporta prueba documental y ofrece la producción de prueba informativa y solicita que se revoquen las Resoluciones, con costas.
II. A su turno, la representación fiscal contesta el traslado de los recursos y por las consideraciones que expone, solicita que se confirmen sus actos, también con costas.
III. A fs. 177 se acumula el Expediente N° 47.339-I al N° 47.338-I y a fs. 226 se acumulan los Expedientes Nros. 47.340-I y 47.775-I; por último, a fs. 356 se acumula el Expediente 47.774-I, todos con la misma carátula. A fs. 240/287, el Sr. Seoane hace saber que la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Tucumán determinó el impuesto sobre los ingresos brutos a Anzuc S.R.L. por los periodos 2014 y 2015 y consideró como responsable solidario al Sr. Santiago Daniel Gasep, a quien notificó como representante de la sociedad. A fs. 378 se abre parcialmente la causa a prueba, admitiéndose la dirigida al Juzgado Federal de Tucumán. Asimismo, se requirió a las partes que informaran el estado procesal de la Causa N°14.388/2016 y de corresponder, adjuntaran copia de la sentencia dictada en dicho proceso.
A fs. 388 /400 el Sr. Seoane acompaña la sentencia dictada en la causa referida, que fue iniciada a los responsables de la firma Anzuc S.R.L., Sres. Seoane, Gasep y Annsonaud, por el delito previsto en el art 9 de la ley 26.735, en razón de no haber ingresado los aportes retenidos a sus dependientes con destino al Régimen Nacional de Seguridad Social en los periodos comprendidos entre junio de 2010 y junio de 2015.
A fs. 402 se pide a las partes que informen sobre la Causa N° 9717/2017, que trató sobre los impuestos y períodos discutidos en autos, a lo que la representación fiscal respondió a fs. 416, que en la misma se dictó auto de procesamiento de los implicados entre los que se encuentran los Sres Fabio Enriique Seoane y Ricardo Sixto Ansonnaud.
IV. A fs. 424 se acumuló el Expediente N° 47.343-I, que a la vez tiene acumulados los Nros. 47.345-I, 47.344-I, 47.776-I y 47.777-I, caratulados “Ansonnaud, Ricardo Sixto”
En los referidos Expedientes, el Sr. Ansonnaud interpuso el recurso de apelación previsto en el art. 76 inc. b) de la ley contra las Resoluciones dictadas por la División Revisión y Recursos de la Dirección Regional Tucumán de la entonces Administración Federal de Ingresos Públicos, en las que se determinó de oficio su responsabilidad personal y solidaria, también como socio gerente de Anzuc S.R.L. por los siguientes conceptos:
a) Resolución N° 49/2016 (Expediente N° 47.343-I) en relación al impuesto al valor agregado de los periodos fiscales 2/2011 a 11/2014 y se lo intima a ingresar la suma de $75.572.276,88, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
b) Resolución N° 50/2016 (Expediente N° 47.345-I) en relación al impuesto sobre los bienes personales –responsable sustituto- de los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013 y se lo intima a ingresar la suma de $211.710,90, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
c) Resolución N° 51/2016 (Expediente N°47.344-I) en relación al impuesto a las ganancias de los periodos fiscales 2011, 2012 y 2013 y se lo intima a ingresar la suma de $8.279.259,87, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
d) Resolución N° 3/2017 (Expediente N°47.776-I) en relación a las retenciones del impuesto a las ganancias no ingresadas por los periodos fiscales 8/2011 a 6/2015 y se lo intima a ingresar la suma de $4.641.796,82, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En el mismo acto, se le aplica una multa de $754.107,28 con sustento en el art 48 de la ley 11.683, por no haber depositado los montos retenidos a terceros en los períodos 11/2012, 12/2013, 2/2014, 12/2014, 2/2015 y 3/2015. e) Resolución N° 4/2017 (Expediente N°47.777-I), en relación a las retenciones del impuesto al valor agregado correspondientes a los periodos fiscales 3/2013 a 11/2014 y se lo intima a ingresar la suma de $177.400,58, más intereses resarcitorios (art. 37, ley).
En el mismo acto, se le aplica una multa de $709.602,32 con sustento en el art 48 de la ley 11.683, por no haber depositado los montos retenidos a terceros en los períodos 3/2013, 5/2013,6/2013 y 6 a 11/2014.
En sus presentaciones ante este Tribunal, el Sr. Ansonnaud se agravia porque la atribución de responsabilidad fue por un criterio exclusivamente objetivo, es decir por el hecho de haber sido socio gerente de Anzuc S.R.L., sin tener en cuenta que las pruebas rendidas en la sede administrativa arrojaron que la sociedad carecía de fondos suficientes para cancelar las obligaciones. Agrega que si bien el informe pericial contable estableció que había saldos en caja y en las cuentas bancarias, había varias partidas que tenían afectación directa al pago de obligaciones corrientes ineludibles con otros acreedores para mantener la fuente de las ganancias, como arriendo de la fábrica, cobertura de warrants, de cheques y de embargos varios.
Por último, ofrece pruebas informativa y pericial contable y solicita que, por las razones expuestas, se revoquen las Resoluciones, con costas.
Por su parte, oportunamente en Fisco Nacional contestó el traslado de los recursos, pidiendo la confirmación de sus actos, también con costas.
A fs. 608 se abrieron a prueba los Expedientes Nros. 47.343-I, 47.345-I y 47.344-I, haciéndose lugar a la informativa ofrecida, que se produjo parcialmente con las respuestas a los oficios obrantes a fs. 618, 624, 626 y 631, y a la pericial contable, cuyos resultados se encuentran agregados a fs. 642/650. A fs. 657/659 obra la impugnación del informe pericial presentado por la representación fiscal que se responde a fs. 670/674 y 675. Luego de acumulados los Expedientes Nros. 47.776-I y 47.777-I, se dieron por producidas las pruebas informativa y pericial contable también en éstos a fs. 823. Asimismo, se dio allí por decaído el derecho del recurrente a producir la informativa restante pendiente de producción..
A fs. 849 se clausuró el periodo probatorio y el 9 de febrero de 2026, a fs. 856, se elevaron las actuaciones a la Sala. A fs. 863 se pusieron los autos para alegar, obrando únicamente el escrito de la representación fiscal a fs. 870/873 V. Corresponde entonces decidir acerca de la legitimidad de las Resoluciones recurridas en las que el Fisco Nacional atribuyó a los aquí recurrentes el carácter de responsables solidarios de las obligaciones fiscales intimadas a Anzuc S.R.L. en la que, no se encuentra en discusión, ejercieron el cargo de socios gerentes. Surge de los Considerandos de dichos actos que Anzuc S.R.L., cuya actividad principal es la fabricación y refinación de azúcar y alcoholes, presentó las declaraciones juradas por los impuestos al valor agregado, a las ganancias y a los bienes personales –acc. y part.- por los períodos fiscales discutidos en autos, pero no abonó los saldos que arrojaron, ni tampoco depositó las retenciones del impuesto a las ganancias y al valor agregado –SICORE- adeudadas en dichos periodos, por lo que la Administración Tributaria libró las boletas de deuda e inició los respectivos juicios de ejecución fiscal, como se desprende también de lo informado por la representación fiscal a fs. 364/367.
A la hora de resolver, cabe tener en cuenta que la atribución de responsabilidad solidaria a los Sres. Seoane y Ansonnaud surge de la compulsa de las actas de designación de cargos en Anzuc S.R.L., ratificada por el Registro Público de Comercio a requerimiento del organismo fiscal (v. fs. 19), así como también lo informado por la propia empresa en cumplimiento al régimen previsto en la Resolución General N° 2393 que incluye las participaciones sociales y las autoridades societarias.
Por otro lado, constató también la Agencia que en las cuentas bancarias de Anzuc S.R.L. los recurrentes figuraban como sus representantes (v. fs. 27/76 Cpo “Seoane Gcias”).
El Sr. Seoane, por su parte, niega haber ejercido como socio gerente de Anzuc S.R.L. a partir del mes de junio de 2013, por haber cedido su participación social al Sr. Santiago Daniel Gasep, por lo que asegura haberse desvinculado de dicha empresa a partir de ese momento.
Sostiene que tal extremo se encuentra reconocido por el organismo recaudador por el hecho de haber formulado denuncia penal por infracción a la ley 24.769 -la que dio lugar a la Causa N° 14.388/2016 que tramitó ante el Juzgado Federal de Tucumán, - y acompaña como prueba documental junto con los recursos de apelación copia simple de una foja que dice corresponder a esa denuncia, donde tanto él como los Sres. Ricardo Sixto Ansonnaud y Santiago Daniel Gasep, figuran como gerentes titulares de la sociedad.
Es decir que el Sr. Seoane reconoce que fue socio gerente en ejercicio hasta el mes de junio de 2013. De cualquier modo, no se advierte de qué manera la cesión de las cuotas sociales en dicha fecha sería prueba de su propia falta de participación en la administración de la sociedad en los períodos posteriores al mes de junio de 2013, ya que él mismo ha acreditado que, junto con los Sres. Gasep y Ansonnaud, era una de las personas que ejercía simultáneamente su representación, lo que pone en evidencia que la responsabilidad atribuida al Sr. Gasep, tanto en sede penal como en los reclamos de la Dirección Provincial de Rentas de la Provincia de Tucumán, no significó en modo alguno su propia exclusión como responsable, sino la incorporación del Sr. Gasep también como responsable de las obligaciones de Anzur S.R.L. Es decir, lo que acreditó el recurrente es la existencia de una gerencia plural, prevista especialmente en el art 157 de la ley 19.550.
De ello se sigue que su argumento en ese sentido carece de sustento tanto fáctico como lógico y, como tal, debe ser desestimado, máxime cuando obra acreditado también en el Expediente que tanto el Sr. Seoane como el Sr. Ansonnaud fueron procesados en las causas penales tributarias iniciadas por la Administración Tributaria por, entre otras obligaciones, las intimadas de pago en las Resoluciones recurridas como representantes e integrantes de Anzuc S.R.L. Así lo informa la representación fiscal a fs. 376 respecto de la Causa N° 9717/2017 Tampoco logró acreditar que la invocada cesión de cuotas sociales haya cumplido los recaudos requeridos por el art. 152 de la ley 19.550 para ser oponible a terceros, ya que para que tenga ese efecto, la norma requiere su inscripción en el Registro Público de Comercio. En efecto, se dispone allí que “La transmisión de las cuotas es oponible a los terceros desde su inscripción en el Registro Público de Comercio, la que puede ser requerida por la sociedad; también podrán peticionarla el cedente o el adquirente exhibiendo el título de la transferencia y constancia fehaciente de su comunicación a la gerencia”, es decir, que es la propia ley la que fija el momento en que la cesión de cuotas tiene efectos para terceros, condición que reviste la Administración Tributaria. En el caso, de las constancias de la causa surge que, como medida para mejor proveer, en sede administrativa se libró un oficio a ese Registro, que informó que la última solicitud de inscripción de cuotas sociales se hizo el 29 de octubre de 2015 y que no podía remitir copias del Expediente N°5502-205-A-13 -en el cual, según el Sr. Seoane, tramitaba la inscripción de la cesión-, por encontrarse en trámite. Agregó en su contestación que la constitución de la sociedad Anzuc S.R.L. era el único trámite concluido e inscripto.
Cabe decir que en esta instancia, fue el Sr. Ansonnaud -Expediente N° 47.343-I- quien ofreció prueba informativa al mismo Registro pero su producción se dio se dio por decaída por no haber sido impulsada, demostrando así desinterés en una prueba que según los dichos de ambos recurrentes era fundamental para sustentar su principal agravio (fs. 823).
Cabe recordar, además, que el art. 60 de la ley 19.550 establece “Toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en los registros correspondientes e incorporada al respectivo legajo de la sociedad. También debe publicarse cuando se tratare de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad por acciones. La falta de inscripción hará aplicable el artículo 12, sin las excepciones que el mismo prevé”. En tanto que el art. 12 dispone que “Las modificaciones no inscriptas regularmente obligan a los socios otorgantes. Son inoponibles a los terceros, no obstante, estos pueden alegarlas contra la sociedad y los socios, salvo en las sociedades por acciones y en las sociedades de responsabilidad limitada”.
En el caso, entonces, la cesión invocada por el Sr. Seoane no resulta oponible al Fisco Nacional, en tanto no fueron cumplidos los requisitos estatuidos por la normativa societaria de inscripción y publicidad, sin que en esta instancia tampoco se haya rendido ninguna prueba en contrario ya que la dirigida al Registro Público de Comercio, como ya se dijo, no fue producida.
Por otra parte, resulta de especial relevancia que de los Considerandos de las Resoluciones también se desprende que se pudo constatar que con posterioridad a la fecha de la cesión de las cuotas sociales, inclusive con posterioridad al mes de junio de 2013, el Sr. Seoane continuó realizando operaciones en representación de Anzuc S.R.L., tal es el caso de las que surgen de la documentación obrante a fs. 38/86 de las actuaciones administrativas, de donde surge que efectuó pagos en nombre de Anzuc S.R.L. y autorizó el depósito de fondos adeudados a ésta en cuentas de Refinería del Norte S.A., Rimar Alcoholes S.R.L. y Bio Trinidad S.A., con fecha 3 de febrero de 2014.
Por último, se agravia también el Sr. Seoane por la lectura dada por el juez administrativo al informe pericial contable presentado en dicha sede con el que pretendió acreditar la falta de fondos en Anzuc S.R.L. para cumplir con sus obligaciones fiscales. Más lo que allí se informa, tal como destaca la representación fiscal en ocasión de alegar, es que en las fechas de los respectivos vencimientos la sociedad contaba con fondos en caja y en las cuentas bancarias, y declaraba utilidades en sus declaraciones juradas del impuesto a las ganancias, por lo que no puede sostenerse que haya probado el supuesto de excepción previsto en el inc. a) del art. 8° de la ley 11.683 para eximirse de su responsabilidad.
Por lo tanto, no habiendo probado el Sr. Seoane que se encontraba efectivamente desvinculado de la administración de Anzuc S.R.L. en los períodos fiscales comprendidos en las Resoluciones, ni tampoco haberse encontrado en imposibilidad de pago de las obligaciones, resulta legítima la atribución de responsabilidad solidaria efectuada en dichos actos.
Respecto a idéntica atribución al Sr. Ansonnaud las constancias agregadas al Expediente dan cuenta que también se encuentra configurado el elemento objetivo que exige la atribución de responsabilidad solidaria en los periodos comprendidos en las Resoluciones, según los arts. 8 y 17 de la ley 11.683, desde el momento que no se encuentra en discusión que ejerció el cargo de socio gerente de Anzuc S.R.L.
Más, contrariamente a lo que expone, no fue dicho supuesto el único tenido en cuenta.
Por un lado, se comprobó que era autorizado en las cuentas bancarias para disponer de los fondos; además, realizó actos de disposición y administración varios como la presentación de planes de facilidades de pago de Anzuc S.R.L., es decir, que ejerció efectivamente la gestión de la sociedad.
Por último, no pudo tampoco acreditar el Sr. Ansonnaud el supuesto de eximición de responsabilidad del art. 8, inc. a) de la ley 11.683, esto es que Anzuc S.R.L. lo colocó en imposibilidad de cumplir con sus obligaciones tributarias. Al igual que el Sr. Seoane, se circunscribió a invocar que Anzuc S.R.L. no tenía fondos disponibles porque los que tenía, tanto en Caja como en sus cuentas bancarias, estaban afectados a otros fines, como el pago del alquiler de la fábrica o la cancelación de cheques. Pero esa afectación, además que es interna, de ningún modo configuró la imposibilidad de pago a la que se refiere la norma ya citada.
Por otro lado, la prueba informativa producida parcialmente en esta instancia a fs. 618/631, sólo da cuenta de la existencia de cuentas a nombre de la firma Anzuc S.R.L. en distintos Bancos, y, en algunos casos, de los embargos por deudas fiscales que recayeron sobre ellas, lo que sin otros elementos no resulta conducente a los efectos de demostrar la falta de responsabilidad de los aquí recurrentes en el cumplimiento de las obligaciones fiscales de la empresa, ni del incumplimiento de la empresa a sus obligaciones como contribuyentes ni tampoco como agentes de retención.
En cuanto a la pericia contable que obra a fs. 642/650, cabe destacar, en primer lugar, que en el caso su valor probatorio no tiene la contundencia necesaria para demostrar la falta de responsabilidad invocada, no solamente porque en ninguno de sus puntos pudo lograrse un dictamen concordante de ambos profesionales, sino además por las observaciones formuladas por el perito designado por el Fisco Nacional respecto de la falta de respaldo documental de los registros contables de Anzuc S.R.L., así como de las diversas irregularidades que detalla en su dictamen, tales como registraciones correspondientes a otros ejercicios económicos, efectuadas con fechas atrasadas, observaciones hechas por los auditores, falta de certificaciones contables, etc., todo lo cual llevó al perito a concluir en que “…dichos estados contables no permiten confirmar que presenten razonablemente en todos sus aspectos la situación patrimonial de Anzuc SRL al cierre de cada uno de ellos, como así los resultados de sus operaciones y las variaciones en el patrimonio y en el flujo de fondos”.
Sin perjuicio de ello, sobre la base de los elementos que tuvo a la vista, el perito del Fisco Nacional concluyó en su informe en que para los periodos 2011, 2012 y 2013 “de considerarse el total del activo contra el total del pasivo, el porcentual de liquidez se eleva de un 30 a un 55%”, así como también una inversión de $6.950.888,69 que destaca como signo de solvencia, lo que prima facie y como ya se dijo sin otros elementos de prueba, descarta que Anzuc S.A. no haya tenido liquidez para cumplir con sus obligaciones y que haya colocado en imposibilidad de pago a sus gerentes.
Cabe destacar que dicho informe solamente fue impugnado por la representación fiscal mas no por los recurrentes.
Asimismo, de las propias declaraciones juradas presentadas por Anzuc S.R.L. en el impuesto a las ganancias de esos períodos fiscales, obrantes en las actuaciones administrativas, surge que declaró utilidades en los ejercicios que aquí interesan.
Debe aquí recordarse que es criterio de la Cámara que ejerce como alzada de este Tribunal que “…los directores, gerentes, síndicos, etc., no responden como deudores directos de la obligación de pagar el impuesto, porque la suya no es una obligación propia sino como responsable de deuda ajena. La solidaridad no quita a esta obligación su carácter de subsidiario, por lo que asiste a estos administradores el derecho a que se exija previamente el pago al deudor principal como lo establece la ley, y su responsabilidad surgirá recién si éste no cumple con la intimación efectiva de pago (cfr. C.S.J.N., causa: “Brutti, Stella Maris c/D.G.I.”, registrada en Fallos: 327:769). Asimismo, se ha sostenido que son tres los requisitos para que nazca la responsabilidad solidaria: que el responsable haya omitido el cumplimiento de sus deberes tributarios; que el incumplimiento le sea imputable a título de dolo o culpa; que los deudores principales no cumplan con la intimación administrativa previa (cfr. esta Sala, en anterior integración, in re, “Troilo, Mauro Gustavo c/D.G.I.”, del 12/06/2007, y en la actual, en autos “Paramio”, ya citado)” -conf. “Tejeda, María Nieves”, sentencia del 30.12.2021-.
En el caso, como surge de lo expuesto, se encuentran configurados los requisitos previstos en los arts. 8 y 17 de la ley 11.683 y en la jurisprudencia que ha interpretado los alcances de dichas normas para que se atribuya a los Sres. Seoane y Ansonnaud la responsabilidad personal y solidaria por las deudas de Anzuc S.R.L., de la que fueron representantes legales en los periodos incluidos en las Resoluciones y además, la gestionaron, operaron con sus cuentas bancarias, y efectuaron trámites ante el organismo recaudador en su nombre. En otras palabras, ejercieron de manera real y efectiva la representación de la empresa y tuvieron a su cargo las decisiones de aquélla que es lo que interesa a los efectos de la responsabilidad personal y solidaria que aquí se trata. Por todo lo expuesto, se confirma la pretensión fiscal notificada en las Resoluciones Nros. 53/2016, 54/2026, 52/2026, 5/2017 y 6/2017, en relación al Sr. Fabio Enrique Seoane y en las Resoluciones Nros. Nros. 49/2016, 50/2016 , 51/2016, 3/2017 y 4/2017, en relación al Sr. Ricardo Sixto Ansonnaud, tanto en cuanto al capital como a los intereses intimados en ellas.
V. Queda decidir acerca de las multas aplicadas al Sr. Fabio Enrique Seoane en las Resoluciones 5/2017 y 6/2017 y al Sr. Ricardo Sixto Ansonnaud en las Resoluciones Nros. 3/2017 y 4/2017, con sustento en lo dispuesto por el art. 48 de la ley 11. 683 en su carácter de responsables solidarios de Anzuc S.R.L.
Al respecto, cabe recordar que el texto vigente disponía: “Serán reprimidos con multa de DOS (2) hasta DIEZ (10) veces el tributo retenido o percibido, los agentes de retención o percepción que los mantengan en su poder, después de vencidos los plazos en que debieran ingresarlo.”.
Por su parte, el art 55 de la ley establecía que “Son personalmente responsables de las sanciones previstas en el artículo 38 y en los artículos 39, 40,44,45, 46 y 48, como infractores de los deberes fiscales de carácter material o formal (artículos 6º y 7º) que les incumben en la administración, representación, liquidación, mandato o gestión de entidades, patrimonios y empresas, todos los responsables enumerados en los primeros CINCO (5) incisos del artículo 6º”.
En el caso, se encuentra configurada la transgresión de la norma, al haber omitido los Sres. Seoane y Ansonnaud ingresar los importes retenidos en concepto de impuestos al valor agregado y a las ganancias en tiempo y forma, circunstancia que, además no niegan, sino que se limitan a manifestar que la responsabilidad de Anzuc S.R.L. como agente de retención, no puede extendérseles a ellos por haber sido sus gerentes, sin tener en cuenta el expreso texto de la ley antes transcripto.
Al rol de dichos agentes se refirió la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el año 1986 en Fallos 308:442 diciendo que “…la ley les atribuyó el deber de practicar retenciones por deudas tributarias de terceros, sobre los fondos de que disponen cuando con su intervención se configura el presupuesto de hecho determinado por la norma legal. Además, los obligó a ingresar al Fisco los importes retenidos en el término y las condiciones establecidas, puesto que tal actividad se vincula, en lo que aquí interesa, con el sistema de percepción de los tributos en la misma fuente en virtud de una disposición expresa que así lo ordena y atendiendo a razones de conveniencia en la política de recaudación tributaria”.
Asimismo, se ha dicho en doctrina y en la jurisprudencia de este Tribunal que la infracción prevista en el art. 48 tiene un componente objetivo, configurado por la omisión de ingresar las retenciones efectivamente practicadas, y el subjetivo, que requiere que la falta de ingreso de lo que es debido obedezca a una deliberada intención de apropiarse y mantenerlas en su poder, es decir que la figura exige un obrar doloso. En el caso, dicha conducta debe tenerse por configurada desde el momento que los recurrentes contaron con los montos destinados al ingreso de las retenciones efectuadas y optaron por no hacerlo, y es precisamente es esa conducta en la que se constata el dolo que exige la figura tipificada en el art. 48 de la ley 11.683 al mantener en su poder dinero retenido que no ingresó a las arcas fiscales, por lo que en virtud de lo dispuesto también en el art. 55 de la ley, les corresponde la aplicación de las sanciones por su incumplimiento como responsables personalmente, en tanto han facilitado con su conducta las maniobras de omisión por parte de la sociedad que representaban.
Por ello, corresponde confirmar también las multas recurridas, con costas.
El Dr. Martín y la Dra. Gómez dijeron:
Que adhieren al voto de la Vocal Instructora.
Atento a la votación que antecede, SE RESUELVE:
1. Confirmar las Resoluciones recurridas, con costas.
2. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo del Sr. Fabio Enrique Seoane, en la siguiente forma:
a. Por el Expediente N°47.338-I:
(i) Por la primera etapa, en las sumas de $307.161 por la representación procesal y $767.902 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la segunda y tercera etapa, en las sumas de $2.589.924 equivalente a 28 UMA por la representación procesal y de $6.474.811, equivalente a 70,01 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
b. Por el Expediente N°47.339-I (i) Por la primera etapa, en las sumas de $6.510 por la representación procesal y $16.277 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la segunda y tercera etapa, en las sumas de $73.048 equivalente a 0,79 UMA por la representación procesal y de $182.620 equivalente a 1,97 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
c) Por el Expediente N°47.340-I (i) Por la primera etapa, en las sumas de $2.260.879 por la representación procesal y $5.652.197 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la segunda y tercera etapa, en las sumas de $15.010.282 equivalente a 162,30 UMA por la representación procesal y de $37.525.705 equivalente a 405,76 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
d) Por el Expediente N°47.775-I (i) Por la primera etapa, en las sumas de $14.626 por la representación procesal y $36.565 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la segunda y tercera etapa, en las sumas de $126.219 equivalente a 1,36 UMA por la representación procesal y de $315.546 equivalente a 3,41 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
e) Por el Expediente N°47.774-I (i) Por la primera etapa, en las sumas de $152.415 por la representación procesal y $381.039 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la segunda y tercera etapa, en las sumas de $1.367.600 equivalente a 14,79 UMA por la representación procesal y de $3.419.000 equivalente a 36,97 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
3. Regular en conjunto los honorarios correspondientes a los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional, a cargo del Sr. Ricardo Sixto Ansonnaud, en la siguiente forma:
a. Por el Expediente N°47.343-I:
(i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $4.521.758 por la representación procesal y $11.304.395 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en las sumas de $7.505.141 equivalente a 81,15 UMA por la representación procesal y de $18.762.852, equivalente a 202,88 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas, conforme a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
b. Por el Expediente N°47.345-I (i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $13.021 por la representación procesal y $32.554 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en las sumas de $36.524 equivalente a 0,39 UMA por la representación procesal y de $91.310 equivalente a 0,99 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
c) Por el Expediente N°47.344-I (i) Por la primera y segunda etapa, en las sumas de $614.322 por la representación procesal y $1.535.805 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
(ii) Por la tercera etapa, en las sumas de $1.294.952 equivalente a 14 UMA por la representación procesal y de $3.237.406 equivalente a 35,01 UMA por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 14, 15, 16, 19, 20, 21, 29 y 51 de la ley 27.423.
d) Por el Expediente N°47.776-I En las sumas de $152.415 por la representación procesal y $381.039 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
e) Por el Expediente N°47.777-I En las sumas de $60.113 por la representación procesal y $92.482 por el patrocinio letrado, teniendo en cuenta a tales fines el monto del litigio, la etapa procesal cumplida, el resultado obtenido y las tareas desarrolladas por los profesionales intervinientes, de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 7, 9, 19, 37, 38 y concordantes de la ley 21.839, modificada por la ley 24.432.
4. Regular los honorarios del CP Rafael De Luca por su actuación como perito designado a propuesta del Fisco Nacional en los Expedientes Nros. 47.343-I, 47.344-I y 47.345-I, en la suma de $5.266.127, a cargo del Sr. Ricardo Sixto Ansonnaud, teniendo en consideración las pautas establecidas por el decreto-ley Nº 16.638/57. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse los antecedentes administrativos, y archívese. Date: 2026.06.25 14:04:01 -03:00 Date: 2026.06.25 14:08:14 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2026.06.25 14:13:19 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva ELECTRONICA - GDE Date: 2026.06.25 14:13:20 -03:00
Fin de la sentencia