Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 129301
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaAnte la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
C. 129.301 "S. E. C/ F. A. E. S/ SEPARACIÓN JUDICIAL DE BIENES"
I. La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca, en el marco de un proceso de separación de bienes, confirmó la decisión de la instancia de origen que, a su turno, rechazó la demanda incoada por el señor E. S. contra su ex pareja, la señora A. E. F. (v. sents. de 27-II-2023 y de 14-XII-2023).
II. Frente a ello, la parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 3-II-2024), por el cual alega la violación del art. 528 del Código Civil y Comercial de la Nación en cuanto la sentencia le exigió al actor que debió explicar y acreditar la razón legal, la causa o motivo jurídicamente relevante por cual pretendía una división sobre bases distintas a las consignadas en las escrituras de venta plasmadas voluntariamente por las partes. Asimismo, denuncia absurdo en la apreciación de los hechos y la valoración de los elementos probatorios aportados, con infracción al art. 384 del Código Procesal Civil y Comercial provincial por no reflejar una labor adecuada a las circunstancias comprobadas en la causa (págs. 14/15, del escrito cit.).
III. El remedio intentado no puede prosperar, en virtud de la insuficiencia técnica que porta (conf. art. 279, CPCC).
III.1. Sabido es que en la vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de las bases esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para los impugnantes. Es evidente, entonces, que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida; déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o los referidos fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. C. 118.718 "Balbuena", resol. de 30-IV-2014; C. 120.326 "Pérez", resol. de 2-XII-2015; C. 120.529 "Vegas", resol. de 1-VI-2016; entre tantas), siendo ello lo que acontece en autos.
En efecto, el Tribunal de Alzada -a la luz de las constancias objetivas de la causa- sostuvo primeramente que "(...) constituye un serio déficit el no haber puesto de manifiesto la razón y fundamento para desconocer la realidad documental y registral. " (pág. 4, sent. en crisis). Asimismo, en lo que respecta a la invocación del instituto de la simulación, afirmó que "(...) no basta el acuerdo entre el interponente y el testaferro, sino que se requiere la inteligencia con el tercer contratante, cosa que no fue alegada por ninguna de las partes y además hubiera requerido integrar la litis" (v. pág. 4, sent. cit).
Seguidamente desestimó el planteo en torno a la donación en el entendimiento de que "(...) no es un contrato prohibido entre los convivientes, debió el actor alegar y demostrar que no existió el animus donandi propio de este instituto, o bien que fue otra la razón del supuesto divorcio entre la disciplina formal y la real, como sería el caso de un mandato oculto, en cuya virtud la conviviente, al comprar las mitades indivisas de los inmuebles, obró en interés de su pareja aunque presentándose frente a terceros como la verdadera compradora (art. 1321 y cctes. CCyC). Nada de esto se probó, desde que tampoco fue alegado (art. 330 inc. 4 CPCC). " (v. pág. 5, sent. cit.).
Finalmente, sostuvo -respecto al agravio referido al enriquecimiento sin causa- que "Para su viabilidad, además de acreditarse que la parte demandada se enriqueció patrimonialmente (directa o indirectamente), que el reclamante se empobreció de forma correlativa, a causa de dicho enriquecimiento, y que éste incremento carece de justificación, es menester que no exista otra vía jurídica idónea para satisfacer la pretensión del actor, justamente por el carácter subsidiario de la acción (...). Dicho esto, es claro que resulta improcedente canalizar el reclamo del pago de las mejoras que habría introducido unilateralmente el actor a su costa, a través de la alternativa elegida (art. 1795 CCyC)." (págs. 5/6, sent. cit.).
Tales fundamentos, que se erigen en el pilar jurídico del pronunciamiento en crisis, no logran ser conmovidos por los reproches expuestos en las págs. 14/19 del escrito electrónico, en tanto su detenida lectura deja advertir que los mismos (vinculados con la violación del art. 528 del Cód. Civ. y Com. y la denuncia de absurdo) se desentienden de aquellos dados por el sentenciante de grado anterior, limitándose a ofrecer una mera disconformidad con el resultado obtenido, esgrimiendo un punto de vista subjetivo y discrepante sobre la cuestión debatida (conf. doctr. art. 279 y causas C. 119.454, "Giunta", resol. de 18-III-2015; C. 120.818, "Ceriani", resol. de 21-IX-2016; C. 121.064, "Franchini", resol. de 5-IV-2017; etc.).
En este sentido, ha dicho esta Suprema Corte que un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que enarbola un relato que desconoce el camino lógico del pronunciamiento, se aparta de la idea rectora del mismo y de sus bases esenciales surgidas de la evaluación integral de los elementos habidos en la causa, parcializando el ataque, deviene -indefectiblemente- ineficaz a los fines de rever lo resuelto (conf. art. 279, CPCC y doctr. causas C. 119.419, "Fernández", resol. de 1-IV-2015; C. 120.573, "Cabrera", resol. de 31-VIII-2016 y C. 120.848, "Fisco Nacional", resol. de 8-II-2017; entre tantas).
Lo dicho, basta para repeler esta parcela recursiva (arts. 279 y 289, CPCC).
III.2. Igual déficit presenta la aducida conculcación a las garantías constitucionales que se expresan en la pág. 17 del embate, ya que no se logra acreditar de qué manera la decisión colisiona con los derechos y prerrogativas que se dicen infringidos, faena a cargo de la interesada -en el caso insatisfecha- que no puede ser suplida por esta Corte (conf. doctr. causas C. 120.725, "Fisco de La Provincia de Buenos Aires", resol. de 1-VI-2016; C. 121.691, "Medina", resol. de 6-IX-2017 y C. 122.504, "Carrizo", resol. de 26-IX-2018).
III.3. Por último, tampoco puede atenderse la alegada violación a la doctrina legal expuesta a lo largo del escrito recursivo, toda vez que en los casos en los cuales se endilga dicha infracción es indispensable que primeramente la misma sea individualizada y luego se exponga su similitud con la cuestión bajo análisis para pretender finalmente su aplicación (conf. doctr. causas C. 119.452, "Benítez", resol. de 17-XII-2014; C. 120.343, "Fortunato", resol. de 25-XI-2015; C. 121.131, "Ceratto", resol. de 21-XII-2016; e. v.), carga ésta última no abastecida por la impugnante que conlleva a repeler este segmento de la protesta.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Ante la insuficiente fundamentación, rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (arts. 31 bis, ley 5.827, texto según ley 13.812 y 279 y 289, CPCC).
Costas a la recurrente vencida (art. 68, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 18/02/2025 21:23:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 19/02/2025 10:57:39 - KOHAN Mario Eduardo - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/02/2025 15:05:53 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 21/02/2025 18:44:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 24/02/2025 14:02:01 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 25/02/2025 10:38:28 hs. bajo el número RR-108-2025 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia