Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 932/940 por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Marcelo Palenque, en representación del condenado Rubén Eduardo Sepúlveda.-
2Rechazar por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 945/951 vta.por el Sr. Fiscal ante las Cámaras, Dr. Carlos Rubén Rearte.-
Confirmar la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 889/905 vta.-
PROVINCIA: SANTA CRUZ LOCALIDAD: RIO GALLEGOS FUERO: TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA SECRETARIA: PENAL INSTANCIA: TERCERA INTERLOCUTORIO Nº:002 OBJETO: RECURSO DE CASACIÓN
FECHA: 12 de Marzo de 2014.-
AUTOS: “SEPULVEDA RUBEN EDUARDO S/HOMICIDIO Y VARGAS FERNANDO JAVIER Y CAMPOS JONHATAN GASTON S/HOMICIDIO EN CARÁCTER DE PARTÍCIPE NECESARIO”, Expte. Nº 3342 (S-786/13/TSJ).-
Río Gallegos, 12 de marzo de 2014.-
Los presentes autos caratulados “SEPULVEDA RUBEN EDUARDO S/HOMICIDIO Y VARGAS FERNANDO JAVIER Y CAMPOS JONHATAN GASTON S/HOMICIDIO EN CARÁCTER DE PARTÍCIPE NECESARIO”, Expte. Nº 3342 (S-786/13/TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I.-) Que, llegan los presentes autos a conocimiento de este Tribunal Superior de Justicia en virtud de los recursos de casación interpuestos a fs. 932/940 por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Palenque en representación del imputado RUBEN EDUARDO SEPÚLVEDA, y a fs. 945/951 vta. por el Sr. Fiscal de Cámaras Dr. Reartes por la absolución de los imputados FERNANDO JAVIER VARGAS y JONATHAN GASTÓN CAMPOS. Ambos recurren contra la sentencia obrante a fs. 889/905 vta. que absuelve por duda (arts. 4 y ccs. del C.P.P., 18 de la C.N., 14.2 del PIDCP, 8.2 de la CADH) a FERNANDO JAVIER VARGAS Y A JONATHAN GASTÓN CAMPOS, por el delito de participación necesaria en homicidio simple (arts. 45 y 79 del CP) y condena a RUBEN EDUARDO SEPÚLVEDA a la pena de nueve (9) años y seis (6) meses de prisión de cumplimiento efectivo, con accesorias y costas (arts. 5, 12, 19, 29 inc. 3º, 40 y 41 del C.P.) como autor penalmente responsable del delito de homicidio simple (art. 79 del C.P.) hecho cometido en Puerto Deseado el 30 de enero de 2011 en perjuicio de Miguel Ramón Calvo.- Que, dichos recursos fueron concedidos por el tribunal de grado a fs. 953/954 vta. y sostenido en esta instancia a fs. 987 (Fiscal) y 988 (defensa).-
II.-) Que, el Defensor en su escrito recursivo manifestó que "...se agravia esta defensa porque no se han respetado disposiciones legales de orden constitucional, violándose la garantía de la defensa en juicio. Los principios del derecho procesal moderno no toleran la inversión del 'onus probandi' y ello hace que en la cuestión que nos convoca, el extremo de la imputación deba siempre probarse en forma positiva, efectiva y fehaciente, y ninguno de esos extremos se ha cumplido. Las pruebas de cargo enumeradas por el titular de la acusación pública resultan insuficientes para desvirtuar su estado de inocencia...esta defensa ha demostrado en la audiencia oral y pública las contradicciones en que incurrieron tanto en sede policial como en sede judicial y se ha remarcado que los testigos han construido sus discursos relativos al hecho bajo hipótesis tejidas con posterioridad al mismo, basadas en lo que les manifestó el médico que atendió en primera instancia a Calvo...este hecho fue resultado de un tumulto en la (sic) que intervinieron más de dos personas de ambos bandos, tal el relato de los testigos.
Mi defendido sólo podrá ser responsable de haber intervenido en un hecho tumultuario en el que no se ha probado en forma categórica y fehaciente quien fue el autor de la herida que le causó la muerte a Calvo y por ende su conducta debe anclar en este 'tipo de referencia'. Sepúlveda debería responder sólo hasta donde alcanza su voluntad, y no se ha probado el animus doloso de cometer un homicidio..." (fs. 936 vta/937).- Manifestó que "...deberá tenerse en cuenta la dificultad de determinar con certeza quien ha provocado la muerte... los propios testigos hablan de acometimiento. Hablaron de gresca, riña, de tumulto, amontonamiento... tampoco se ha probado el animus doloso para cometer este crimen, y confunde el Fiscal los actos preparatorios como integrantes del iter criminis, ya que este camino del delito solo es punible cuando comienza la actividad ejecutiva, siendo atípicos los actos preparatorios, pero justamente lo que se ha probado es el hecho tumultuario, por otra parte las etapas que tienen lugar en el fuero interno del sujeto no pueden ser nunca alcanzadas por la tipicidad.
Resulta de estricta justicia aplicar el principio de la duda respecto de la conducta de Sepúlveda, previsto en nuestro ordenamiento legal..." (937 vta./938 vta.).- Se agravia también la defensa de Sepúlveda "...en cuanto al monto de la pena aplicada resulta desmesurada ya que durante el tiempo de detención que lleva Sepúlveda (más de dos años) ha demostrado sin hesitación alguna su progresivo desarrollo hacia su reinserción social, semejante pena constituiría un trato cruel y degradante que afectaría su propia evolución hacia los escalones progresivos de socialización..."(938 vta.).- Finalmente, hace reserva del caso federal "...se formula expreso planteo de caso federal para el supuesto improbable de no acogerse al recurso impetrado, conforme a las prescripciones del art. 14 de la ley 48, a fin de articular oportunamente el recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por violación de los preceptos constitucionales individualizados en esta presentación..." (fs. 939 vta.).- III.-) Por su parte el Fiscal ante las Cámaras funda su presentación en el artículo 439 inc. 2 y artículo 18 de la Constitución Nacional, como así también la doctrina de la arbitrariedad receptada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación fundado en la absurda valoración de la prueba.-
Manifestó que "...la arbitrariedad de la Cámara Penal fue la de valorar limitadamente la prueba que fue ofrecida por el Ministerio Público Fiscal. Es decir se violó claramente el debido proceso legal, el principio republicano de gobierno, al no formalizarse una correcta motivación de la sentencia, impidiendo a la víctima llegar a la verdad del proceso a través de una sentencia justa, y de esa forma afianzar la justicia..." (fs. 946).- Se agravia la fiscalía porque "...el fallo recaído en autos, no ha tomado en consideración la totalidad de la prueba producida durante el proceso e incorporada al debate, adoptando una decisión totalmente arbitraria y contraria al principio de la lógica y la razón suficiente...." (fs. 947) manifiesta que no se han valorado correctamente los testimonios de Johana Calvo y de Sofia Forgit.- Agregó a su crítica el Sr. Fiscal que "...si cotejamos estas declaraciones que son contestes en indicar que Vargas y Campos sostenían a la víctima facilitando la certera agresión de Sepúlveda con los informes médicos y de autopsia que dejan claramente indicado que no han encontrado en el cuerpo de la víctima otras lesiones que se hubieren producido en su defensa que el corte de la rodilla, que da la pauta de que solo tenía las piernas para repeler la salvaje agresión, no cabe otra conclusión que dar crédito a las manifestaciones de las testigos en cuanto a la participación necesaria de Vargas y Campos en el homicidio cometido por Sepúlveda... considero que los extremos atribuidos en la acusación se encuentran claramente acreditados, y por ende los imputados Campos y Vargas, resultan ser claramente una acción de sostenimiento de la víctima, impidiendo ejercer a la misma un acto defensivo, y facilitando que Sepúlveda le aseste una puñalada que terminó con su vida..." (fs. 951).- Finalmente solicitó "...se proceda casar la sentencia recaída en autos, en cuanto absuelve de culpa y cargo a los imputados Jonathan Campos y Fernando Vargas ordenándose el reenvío de las actuaciones...".-
IV.-) Este Alto Cuerpo ingresará al tratamiento de los motivos expuestos por las partes recurrentes en sus presentaciones casatorias, conforme la doctrina fijada por la C.S.J.N. en el sentido que “...La interpretación del art. 456 del Cód. Procesal Penal de la Nación conforme la teoría del máximo rendimiento, la cual exige al tribunal competente en materia de casación agotar su capacidad revisora, archivando la impracticable distinción entre cuestiones de hecho y derecho, implica un entendimiento de la ley procesal penal vigente, acorde con las exigencias de la Constitución Nacional y la jurisprudencia internacional...” (“Casal, Matías E. y otro”, 20/IX/05, La Ley Suplemento Penal octubre 2005).- Efectivamente, a modo de ejemplo de la extensión de la materia revisable, en la instancia extraordinaria, conforme a los mandatos constitucionales, el más Alto Tribunal de Justicia de la Nación en dicha oportunidad sentó: “con el texto del art. 456 entendido exegéticamente y en armonía con los arts. 8°, inc. 2°, h), de la CADH y 14, inc.5°, del Pacto Internacional, resulta aplicable en nuestro derecho la teoría que en la doctrina alemana se conoce como del agotamiento de la capacidad de revisión o de la capacidad de rendimiento (Leistungsfähigkeit), y con ello se abandona definitivamente la limitación del recurso de casación a las llamadas cuestiones de derecho”.- Entonces, desde esta óptica, se asumirá la revisión de los motivos a través de los cuales los recurrentes pretenden fundar el medio de impugnación intentado.-
En igual sentido se ha sostenido "...El examen de la decisión recurrida debe ser integral, con el objeto de no incurrir en un remedio procesal meramente formal que infrinja la esencia del derecho a recurrir el fallo condenatorio..." (Conf. doctr. de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, "Herrera Ulloa vs. Costa Rica" del 02.07.2004).-
V.-) Ahora bien, para atender adecuadamente los agravios, es necesario realizar una descripción sobre los hechos asumidos en el fallo que se encuentra bajo estudio de este Tribunal y que constituyen el objeto de reproche a los imputados.-
Así las cosas, el Tribunal de Juicio -voto de la mayoría- consideró probado que "...el día 30 de enero de 2011, alrededor de las 20.30 hs.... Rubén Eduardo Sepúlveda en compañía de Fernando Javier Vargas y de Jonathan Gastón Campos, luego de buscar a Miguel Ramón Calvo en su domicilio particular de calle Piedrabuena y 12 de Octubre de Puerto Deseado y no localizarlo, lo encuentran en Piedrabuena y Alte. Brown, y lo emboscan en ese lugar. Luego de provocarlo comienzan a agredirlo con golpes de puño y patadas, hasta que en un momento determinado, Sepúlveda le asesta una puñalada en la zona del pecho, provocándole una herida que lo hace desvanecer, falleciendo como consecuencia de la misma minutos más tarde. Luego de eso se dan a la fuga en un auto Peugeot 504 blanco, propiedad de Sepúlveda...".- En base a la plataforma fáctica de mención; la defensa se agravia fundamentalmente respecto a dos cuestiones a) Errónea calificación legal del hecho -Homicidio Simple- debiéndose calificar como Homicidio en Riña; b) Arbitrariedad del monto de la pena.-
En tanto la Fiscalía se agravia, ya que entiende que Fernando Javier Vargas y Jonathan Campos, resultan ser partícipes necesarios, toda vez que éstos tenían a la víctima agarrada de sus brazos, cuando Sepúlveda le asesta la puñalada; por lo tanto es Arbitraria la sentencia de Cámara, al Absolver de culpa y cargo a los nombrados.-
VI.-) Siguiendo el orden recursivo, corresponde tratar los embates defensivos.-
Al respecto, con relación a la arbitrariedad de la Calificación legal de los Hechos -Homicidio Simple-, corresponde inicialmente advertir, que los argumentos empleados por el recurrente delatan su discrepancia con la valoración de la prueba efectuada por los Sres. Jueces que, concluyeron en la certeza del hecho objeto de este proceso.-
A mayor abundamiento sobre el tema, los sentenciantes no han marginado ningún elemento de prueba, ingresado al debate, cuya consideración hubiera llevado a una calificación distinta.-
El tribunal de juicio, en su voto mayoritario, ha vinculado con criterio lógico, las declaraciones testimoniales, indagatorias e informes médicos, colectados en la causa, lo cual le permitió en forma certera adjudicar responsabilidad en carácter de autor material a Ruben Eduardo Sepúlveda.-
De ahí que se concluyera "Se estableció, contrariamente a lo que sostuvo la defensa en su esforzada argumentación, que el único autor de las lesiones que tuvo Miguel Calvo (tres, todas ellas punzo-cortantes, una de las cuales le causó la muerte minutos después), fue Rubén Sepúlveda...".-
De los testimonios colectados en la causa, todos son contestes en adjudicar a Sepúlveda la agresión a la víctima con el arma blanca que portaba; por lo tanto mal se puede pretender la Calificación de Homicidio en Riña; toda vez que hay certeza respecto del autor del hecho.-
Así Johana Alejandra Calvo, relató en el debate que la persona que apuñaló a su hermano, fue Ruben Eduardo Sepúlveda quién el día de los hechos se encontraba vestido con una remera de Boca y una bermuda.-
De idéntica manera, Sofía Forgit expresa que el día de los hechos vio a Sepúlveda teniendo el cuchillo; téngase en cuenta que esta última afirmación la lleva a cabo la testigo, cuando le aclara a la defensa el no haber visto perfectamente la acción.-
En tanto Daniel Horacio Gutiérrez, además de aclarar en el debate que ninguna otra persona (a excepción de Sepúlveda) portaba un arma blanca, relata que observó cuando éste apuñalaba en el pecho a Miguel Calvo.-
A su vez del grupo de personas que acompañaba a Sepúlveda, también le adjudican a éste la responsabilidad y autoría del hecho.-
En este sentido, Carlos Gustavo Rosales manifestó en el debate que no sabía que alguien tuviera un cuchillo. Más adelante agrega que "...yo llegué primero al auto. Cuando todos estaban en el auto lo empujamos y nos fuimos. Sepúlveda dijo que le dió cinco puntazos pero no le creimos...".-
Por su parte; Fernando Javier Vargas, en su defensa material -Fs. 101/103 prueba incorporada por lectura- manifiesta "...Yo me entero cuando empujamos el auto y SEPÚLVEDA RUBÉN me dice "LE PEGUE UNOS PUNTAZOS", pero como siempre habla tantas pavadas no le creí...".-
En tanto, Jonathan Gaston Campos, en su defensa material -fs.110/112, prueba incorporada por lectura- manifiesta "...justo en la esquina lo encontramos, yo primero no lo había conocido, y después le digo "HE VOS ME QUEMASTE LA CASA" y ahí fue y le pegó mi compañero Vargas y Sepúlveda lo apuñaló, yo no sabía que lo había apuñalado yo pensé que le había pegado nomás...yo no me imaginaba que lo iba a cortar...cuando íbamos en el auto Sepúlveda nos dice LO APUÑALE...no se si fue un cortaplumas o que, lo único que dijo que lo había cortado...".- De todo lo expuesto, se puede concluir que para nada hay arbitrariedad, en la calificación legal de los hechos, toda vez que se encuentra plenamente probada la autoría de Sepúlveda en el delito de Homicidio Simple -Art. 79 del Código Penal- ya que fue éste -sin lugar a dudas- quien agredió con una puñalada en el pecho a Miguel Ramón Calvo; provocándo a la postre su deceso.- En este sentido, existe consenso en la doctrina y jurisprudencia que para la configuración de la riña, tiene que haber un acometimiento tumultuoso, espontáneo y recíproco.-
Desde ya que esta característica, no se acredita en los sucesos de autos, toda vez que el acometimiento, para nada resultó espontáneo y recíproco.-
Los imputados -Vargas y Campos- y el testigo -Rosales-, dan cuenta de un comportamiento preordenado de todos los integrantes, para agredir a la víctima.-
En este sentido, la agresión no se puede catalogar como recíproca, ya que la víctima al momento de los hechos, solamente trató de defenderse.-
Pero en definitiva, lo que caracteriza al delito de Riña, es que no se pueda determinar con certeza entre aquéllos que participaron en el acometimiento espontáneo, quién fue el autor del homicidio; circunstancia ésta que en los sucesos de autos se encuentra claramente probado.-
La certeza de la autoría del hecho, además de probarse con los testimonios transcriptos anteriormente, se corrobora con la diligencia de autopsia, la cual concluye que la muerte de Miguel Ramón Calvo fue producida por "...herida de arma blanca de 3cmts. de ancho y 15 cmts. de largo...".-
Para concluir con el tema en estudio, corresponde citar diversos casos jurisprudenciales, en donde se estableció "...Habiendo establecido el tribunal que fue la imputada autora de la muerte, debe descartarse la pretendida aplicación del artículo 95 del Código Penal, toda vez que las figuras penales allí previstas requieren la indeterminación de quién causó la muerte producida en riña o agresión..." (Trib.Cas.Pen. de Buenos Aires, sala II, 29-8-2000," G.,E.B", c 1674) "...Corresponde condenar por el delito de homicidio simple en los términos del artículo 79 del Código Penal a quien participa en una riña callejera y provoca la muerte de su contrincante mediante reiterados puntazos a su cuerpo con un cuchillo..." (CPen.Gar. de Morón, sala II, 17-12-99, "L.,G.J. y otro", LLBA 2000-1269 (CD LL, Ed. Nº 15).- Por todo lo expuesto, corresponde rechazar los agravios defensivos, respecto de la calificación legal de los hechos.-
VII.-) Continuando la revisión integral del fallo, corresponde abordar los agravios defensivos respecto de la pena aplicada en autos, la cual considera arbitraria.-
En principio, corresponde sostener que la fijación del quantum de la pena, es una facultad que le compete a los jueces y solamente es revisable en casación, cuando se demuestre -como lo sostiene el casacionista -su arbitrariedad-; es decir que la potestad de la cual se encuentran investidos, no exime a los sentenciantes de fundar debidamente los motivos que lo llevaron a arribar a una pena determinada.- Dentro del contexto señalado, se ha sostenido que "la motivación de la decisión judicial que impone una pena debe permitir conocer de manera concreta cuáles son las razones por las que el tribunal ha escogido la sanción que aplica y no otra"; razón por la cual "ese conocimiento no debe ser logrado mediante un esfuerzo de intuición, sino que ha de quedar claramente a disposición de quien lea el fallo, de manera de que no sólo se advierta el marco legal aplicable, sino el uso particular que se ha hecho de él" (conf. FLEMING, Abel/LÓPEZ VIÑALS, Pablo, "Las penas", 1º Edición, Ed. Ad-Hoc, Buenos Aires, 1999, p. 27/28).- A modo de corolario, se puede sostener que la condena impuesta a RUBEN EDUARDO SEPÚLVEDA, se encuentra desde la óptica analizada, adecuadamente fundada, en tanto la Excma. Cámara ha explicitado las razones de hecho y de derecho que llevaron a disponer la sanción en el caso en concreto.-
En tal sentido la Excma. Cámara ha tenido como atenuante su condición de primario, y la voluntad de cambio puesta de manifiesto en el tratamiento psicoterapéutico que está llevando adelante.-
A contrario sensu, el Tribunal merituó como agravantes,"...el haber sesgado una vida joven (26 años) y el haber arremetido contra ella en companía de otras personas....".-
Conforme las circunstancias analizadas, en el voto de la mayoría, surge como adecuada la pena de nueve años y medio de prisión, con más las accesorias legales y costas del proceso (arts. 79, 5, 12, 19 inc 3ª, 29 inc. 3º del CP).-
Por lo expuesto, se puede concluir que la graduación de la pena realizada por los integrantes de la mayoría de la Excma. Cámara en lo Criminal y Correccional de la Segunda Circunscripción Judicial, no puede ser catalogada como arbitraria, en tanto el fallo ha fijado los lineamientos para la determinación de la pena y los ha merituado al caso en concreto, ponderando agravantes y atenuantes de acuerdo con las constancias de la causa.- Como bien lo sostiene la jurisprudencia, la decisión cuenta con los fundamentos jurídicos mínimos, necesarios y suficientes, que impiden su descalificación como acto judicial válido (Fallos: 293:294; 299:226; 300:92; 301:449; 303:808, entre otros).-
En consecuencia, en autos resulta de aplicación lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación cuando dijo: "...Corresponde rechazar la tacha de arbitrariedad esgrimida si los fundamentos suscitan el análisis de cuestiones de hecho y prueba respecto de las cuales el recurso exhibe una mera discrepancia de criterio..." (Fallos 318:73), pues "...La tacha de arbitrariedad no tiene por objeto la corrección de fallos equivocados o que se estimen tales, sino que atiende sólo a supuestos de omisiones y desaciertos de gravedad extrema, susceptibles de descalificar a las sentencias como actos, circunstancias que no se observan en el resolutorio cuestionado.- Por todo lo expuesto, el defensor Oficial de Cámara no ha logrado probar la errónea aplicación de la ley sustantiva, ni la arbitrariedad en la fijación de la pena.- Por el contrario, la responsabilidad penal de RUBEN EDUARDO SEPÚLVEDA se encuentra plenamente acreditada, en grado de autor del delito de “Homicidio simple” (art. 79 del C.P.), dando el fallo impugnado las razones lógicas suficientes sobre el valor probatorio asignado a los elementos de convicción reunidos en la causa, la interpretación de los mismos y su conclusión fundada en derecho.- El tribunal de juicio ha tratado todas las cuestiones relativas a la materia de su competencia, ha fundado correctamente la responsabilidad y autoría del encartado en el suceso de autos; como así ha motivado suficientemente el monto de la pena impuesta; no existiendo por lo tanto desviación en el razonamiento o absurdo en la conclusión.-
VIII.-) Corresponde en este apartado analizar los agravios, esgrimidos por la Fiscalía, relacionados con la Absolución de Fernado Javier Vargas y de Jonathan Gastón Campos; en los sucesos de autos.-
De idéntica manera, como se estableció al tratar el recurso esgrimido por la defensa, en el caso de la Fiscalía tampoco se acredita la existencia de un supuesto de arbitrariedad de la sentencia en crisis, toda vez que los cuestionamientos esbozados por el recurrente, sólo exhiben un enfoque distinto de un mismo plexo probatorio, el cual no puede prevalecer sobre el afirmado por el voto de la mayoría.- Es dable mencionar, el profundo análisis que se lleva a cabo en la sentencia -voto de la mayoría- en donde se fundamentan las razones, por las cuales a la luz de la sana crítica racional, no se siguen al pie de la letra lo manifestado por los testigos referidos por el Fiscal en la audiencia.-
En este sentido los sentenciantes -voto en mayoría-, destacan con buen criterio que los testigos que habían declarado en sede policial (Sofía Celeste Forgit -fs. 21/22-, Daniel Horacio Gutiérrez -Fs. 23/24-, Juan Carlos Páez -fs. 25/vta-, José Andrés Vega -fs. 27 y vta-, Héctor Ariel Rodriguez -fs. 33/vta.-, Juan Bautista Calvo -fs. 35/vta), todos testigos presenciales de los hechos, en ningún momento hicieron referencia a que alguien agarro a la víctima de los brazos cuando fue apuñalado.- En forma concordante, los imputados Fernando Javier Vargas, Jonhatan Gastón Campos estando incomunicados, al ejercer su defensa material, son contestes en afirmar que desconocían que la víctima fuera agredida mediante un arma blanca y recién tomaron conocimiento del suceso, una vez que estaban en el auto, donde Sepúlveda manifestó haberle dado unos puntazos, incluso en esa oportunidad tampoco le creyeron.- Es cierto que hasta esos momentos, no había razón para recriminarle a Vargas y Campos, el haber sujetado a la víctima, ya que únicamente ese accionar había sido reprochado por Johana Calvo hermana de Miguel Ramón Calvo.-
Con relación al testimonio de Sofía Forgit, en la sala de audiencia, le asiste razón al voto de la mayoría, cuando sostienen que al ser examinada por la defensa atento a las contradicciones en las que incurre, la misma dice "en la policía tenía un trauma, acababa de ver morir a una persona. La familia me dijo después que le habían dado dos puñaladas. Yo no vi perfectamente la acción. La que vio el cuchillo fue Johana, y fue lo que dije en el juzgado".- Conforme el relato de Forgit, los hechos fueron debatidos luego en el seno familiar, por lo tanto no resultaría extraño, una determinada influencia de Johana Calvo en el relato que a la postre llevan a cabo en sede judicial Forgit y Gutiérrez.-
Téngase en cuenta, el primer relato de Forgit (fs. 21/22) donde dice en un momento veo que Rubén Sepúlveda se acerca a Miguel y le pega una o dos puñaladas en el cuerpo; para nada hace mención a la participación de las otras personas.-
De idéntica manera, del relato de Gutiérrez surge que observó que Sepúlveda, tenía en su poder un arma blanca (cuchillo), no sabiendo precisar de dónde lo sacó con el cual le propinó una puñalada en la espalda a Miguel, instante en el que cae al suelo lugar donde estas personas continúan propinándole punta pies, para posteriormente darse a la fuga (fs. 23/24).- En el debate, Gutiérrez cambia radicalmente su versión y expresa que observo únicamente la puñalada que le pegaron a Miguel en el pecho, cuando lo tenían agarrado a Miguel.-
Corresponde tener en cuenta que lo observado en primer término por Gutiérrez resulta ser plenamente coincidente, con el informe de autopsia en donde se describen las heridas que presentaba la víctima, concretamente se certifica "..2. Herida punzo-cortante ubicada en región para vertebral, a mitad del sexto espacio intercostal, oblicua de izquierda a medial, de bordes netos, de ángulo superior romo e inferior agudo, de 3 cm. de ancho, de una trayectoria de 8 cm con dirección postero-anterior hacia medial...".- A título meramente aclaratorio, la referida lesión, asestada a la víctima por la espalda -es la que precisamente relato con suma precisión Gutiérrez en su primigenia declaración-.-
Concordante con lo expuesto, resulta ser el preventivo inicio de actuaciones -Oficio Nro. 048-S-CPD/02/2.011-, en el cual se adjudica únicamente a Sepúlveda la autoría de los hechos -fs. 3 y vta-.-
En igual sentido, puede mencionarse el proveído de inicio de la instrucción -fs. 1 y vta-.-
Dentro de éste contexto, corresponde mencionar que en el voto de la mayoría se analiza, en forma detallada el accionar de todos los intervinientes, con el resultado de la diligencia de autopsia; la cual es coincidente con la conducta adjudicada a Sepúlveda.-
Esta circunstancia es totalmente omitida, por el voto en minoría -en el cual se apoya el recurrente-, ya que únicamente se basa en los testimonios analizados.-
Sostienen los sentenciantes -voto en mayoría- "...Por lo demás, surge del informe de las heridas, fundamentalmente la que resulta mortal -que fue en el pecho e interesó el corazón- que la trayectoria de diez centímetros fue con dirección antero-posterior, o sea de adelante hacia atrás. No habla de inclinación, es decir que fue recta, ergo, no pudo ser inflingida del modo en que relataron Johana Calvo y Sofía Forgit en la Sala (reconstrucción incluida). Menos aún tratándose de personas de estaturas prácticamente iguales. Miguel Calvo medía 1,62 (fs. 92). Sepúlveda no fue medido, pero presente en la sala, se observó que medía más o menos eso...".- Lo analizado por los sentenciantes, amerita una aclaración con relación a la revisión integral del fallo, en el sentido que èste Tribunal Superior de Justicia se encuentra limitado en algunos aspectos.-
En tal aspecto, se ha expresado que a la casación llegan los relatos que de la prueba efectúa el tribunal de juicio "...pero no le llegan ni las pruebas testimoniales originales, ni las impresiones originales de las inspecciones y comprobaciones realizadas en el curso del debate...", por lo cual el contralor no puede ni debe invadir el ámbito que configura la competencia reservada precisamente a los jueces del mérito, porque son quienes tienen la inmediación en la recepción de la prueba, les corresponde apreciar libre y prudencialmente la eficiencia probatoria (Núñez, Ricardo C., "El contralor de las sentencias de los tribunales de juicio por vía de la casación", Opúsculos de Derecho Penal y Criminología, n° 40, Ed. Lerner, p. 30).- En este orden de ideas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en fallo "Casal" en el considerando 24 expresa textualmente "...que formulada esta teoría, se impone preguntar qué es lo no revisable. Conforme a lo expuesto, lo único no revisable es lo que surja directa y únicamente de la inmediación...".-
En tanto en el considerando 25, se aclara "...Lo no controlable es la impresión personal que los testigos pueden causar en el tribunal, pero de la cual el tribunal debe dar cuenta circunstanciada si pretende que se la tenga como elemento fundante válido, pues a este respecto también el tribunal de casación puede revisar criterios; no sería admisible, por ejemplo, que el tribunal se base en una mejor o peor impresión que le causa un testigo por mero prejuicio discriminatorio respecto de su condición social, de su vestimenta, etc...".- En suma, los agravios del impugnante resultan demostrativos de la existencia de una fundamentación que, si bien intenta rebatir, no logran acreditar la arbitrariedad invocada. Por lo tanto, se esta en presencia de un acto jurisdiccional que no merece la descalificación pretendida por el recurrente; por el contrario, el fundamento vertido por los sentenciantes -voto en mayoría-, constituye un acto procesal válido que se ajusta a las particulares circunstancias que fueran analizadas en autos.- Finalmente, en apoyo a lo resuelto por el voto en mayoría, resulta necesario recordar que el estado de inocencia del que goza toda persona a la que se le dirige una imputación penal, exige que la sentencia condenatoria sólo puede ser el resultado de la convicción a la que llegue el tribunal más allá de toda duda razonable respecto a la intervención del imputado en el hecho investigado y su culpabilidad. Cualquier incertidumbre en la convicción del juzgador sobre la cuestión a la que es llamado a fallar, debe ser ineludiblemente resuelta a favor del imputado. Ello es así pues para el dictado de una sentencia condenatoria se exige necesariamente que el tribunal concluya de manera fundada acerca de la certeza de la atribución efectuada, extremo presente en la causa.- En resumen, la duda a la que arriban los sentenciantes -voto en mayoría-, es un producto de un análisis razonado de todos los elementos probatorios, los cuales han sido suficientemente analizados y reseñados en la sentencia puesta en crisis.-
Por estas razones, el pronunciamiento bajo revisión luce como una derivación lógica y razonada de las constancias de la causa y como consecuencia de una aplicación del derecho vigente al caso concreto, sin que las críticas esbozadas por el impugnante logren demostrar, en cuanto a este aspecto, la arbitrariedad que alega.-
IX.-) Por lo expuesto, se puede concluir que el fallo analizado, presenta fundamentos serios y atendibles, responde en un todo a las cuestiones de hecho y de derecho presentes en el caso.-
Es por ello y conforme a lo establecido en el art. 448 del C.P.P., y en orden a lo dispuesto en el art. 446 del mismo cuerpo legal, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto a fs. 932/940 por el Sr. Defensor Oficial ante las Cámaras Dr. Marcelo Palenque, en representación del imputado Rubén Eduardo Sepúlveda, y el interpuesto a fs. 945/951 vta. por el Sr. Fiscal ante las Cámaras, Dr. Carlos Rubén Rearte, confirmando en todas sus partes la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 889/905 vta..- Que, en atención a lo expuesto y de acuerdo a normas legales, jurisprudencia y doctrinas citadas, el EXCMO. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA;
1. RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 932/940 por el Sr. Defensor Oficial, Dr. Marcelo Palenque, en representación del condenado Rubén Eduardo Sepúlveda.-
2. RECHAZAR por improcedente el recurso de casación interpuesto a fs. 945/951 vta.por el Sr. Fiscal ante las Cámaras, Dr. Carlos Rubén Rearte.-
CONFIRMAR la sentencia dictada por la Excma. Cámara Criminal de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 889/905 vta.-
3. Regístrese, Notifíquese y oportunamente devuélvanse los autos mediante oficio de estilo.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro vocales del Tribunal, por resultar mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse en uso de licencia la Dra. Clara Salazar (art. 27 Ley Nº Uno – T.O. Ley N° 2404).-
FIRMADO: Dr. Daniel Mauricio Mariani-Vocal a/c Presidencia Tribunal Superior de Justicia; Dr. Enrique Osvaldo Peretti-Vocal; Dra. Alicia de los Ángeles Mercau-Vocal; Dra. Paula E. Ludueña Campos-Vocal; Ante mí: Dr. Ricardo Javier Albornoz-Secretario.-
PROTOCOLIZACION: TSS2012I.141 TOMO:XVIII– INTERLOCUTORIOS- T.S.J.
REGISTRO Nº:002 FOLIO Nº:007/014 SECRETARIA: 2
Fin de la sentencia