Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2.119/16-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 625/628 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 630 y vta.-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2.119/16-TSJ Interlocutorio N°: 3281.-
Actor: SERRA HORACIO ENRIQUE Demandada: BANCO SANTA CRUZ S.A.
Objeto S/ LABORAL – COBRO DE PESOS Fecha: 06-06-2017 Texto: TOMO XXVIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3281 FOLIO Nº 5453/5456 PROT. ELECT. TSS1 019 I.171
Río Gallegos, 06 de junio de 2017.-
Los presentes autos caratulados “SERRA HORACIO ENRIQUE C/ BANCO SANTA CRUZ S.A. S/ LABORAL - COBRO DE PESOS”, Expte. Nº S-14.339/10 (S-2119/16-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación interpuesto a fs. 625/628 vta., por el Dr. Guillermo Granillo, letrado apoderado del Banco de Santa Cruz S.A., contra la sentencia interlocutoria dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 619/620 vta., por cuanto rechazó parcialmente las impugnaciones de las partes, contra la liquidación por AZD practicada por el perito contador José María Rodiño a fs. 602/603, la que en ese mismo acto aprueba admitiendo sólo la impugnación del actor en cuanto a que debe liquidarse las remuneraciones correspondientes desde agosto/09 a octubre/09 conforme a la categoría Jefe de Departamento 1°. Asimismo se dispuso que el gabinete pericial contable practique la liquidación de la totalidad de los rubros de condena en éstos autos y que cumplido lo cual se remita a la instancia de grado para ser revisadas por el Actuario y eventualmente aprobar la liquidación correspondiente (conf. foja 620 vta.).- La parte recurrente impugna la resolución de Segunda Instancia: “…en un todo de acuerdo a lo dispuesto por los arts. 2, 3 siguientes y concordan-tes de la Ley Nº 1687…”. Agrega: “Se interpone el recurso al configurarse la hipóte-sis de arbitrariedad al configurarse (sic) una solución que no se condice con las cons-tancias del expediente y de aplicación indebida del Derecho vigente.” (cfr. foja 625).-
II. Sentado ello se debe, en esta etapa, efectuar el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (conf. Interlocutorio, Tomo XXVIII, Reg. 3269, Folio 5421/5424).- En estos actuados existe pronunciamiento firme que condena a la demandada a abonar a la actora una indemnización por despido. Los rubros indemnizables se encuentran firmes con excepción del referido al adicional por zona desfavorable.-
En efecto, la cuestión controvertida que arriba a esta instancia está referida a la liquidación definitiva, específicamente a la manera en que debe calcularse uno de los rubros que la integra -el adicional por zona desfavorable-. Así es que la demandada impugna la liquidación practicada por el perito contador en el referido ítem, argumentado que debió calculárselo de acuerdo al Acta Acuerdo de diciembre de 2005 (conf. foja 627). Destaca, sobre el particular que la liquidación del contador Rodiño a fs. 602/603 que fuera aprobada por la Cámara en lo que hace al rubro AZD, se aparta de la norma citada y por ello arroja una suma más gravosa para su parte (conf. foja cit.). Dice al respecto: “En suma, lo concreto es que la base de cálculo a utilizar para la liquidación del AZD es la establecida en el AA de diciembre de 2005 este aspecto no se ha respetado en la liquidación en crisis.” (cfr. foja 628).-
III. Liminarmente debemos advertir que el recurso lejos se encuentra de constituir una crítica concreta, razonada y autosuficiente del interlocutorio que ataca, toda vez que el casacionista sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar, aunque sea mínimamente, en que se han equivocado los magistrados que ya se expidieron en autos, menos aun fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis la procedencia y razonabilidad de su pretensión. El recurrente debe demostrar los errores que le atribuye al fallo y el perjuicio que le produce. En suma, debe especificar los fundamentos de las objeciones, no alcanzando las meras afirmaciones genéricas o impugnaciones de orden general para conformar un agravio capaz de viabilizar una revisión como la que se intenta.- El libelo recursivo bajo estudio adolece de las falencias citadas, al extremo que el casacionista alega que la forma en que se manda liquidar el adicional por zona desfavorable en la deuda, le causaría un grave perjuicio. Sin embargo no ha intentado, siquiera mínimamente, demostrar, en forma precisa, mediante un cálculo aritmético el perjuicio que el decisorio le produce. Sabido es que cuando se cuestiona una liquidación, quien lo hace debe practicar la suya para probar cual ha sido el error cometido. En el caso no se ha efectuado demostración alguna que permita apreciar en qué consistiría el perjuicio, menos aun cual sería el resultado diferente entre la liquidación que el recurrente pretende y la que manda a realizar la Cámara. No surge del recurso la forma en la cual, a criterio del recurrente, debe liquidarse dicho adicional, sólo remite al Acta Acuerdo de diciembre de 2005. Cabe agregar que el recaudo de fundamentación autónoma inherente a los recursos de casación impide que tal omisión pueda subsanarse mediante la remisión a escritos anteriores o a otras actuaciones del proceso.-
IV. Si bien lo señalado precedentemente se erige como un obstáculo insalvable para la procedencia de la vía intentada, la valla máxima e indiscutible radica en la materia objeto de recurso, la cual, se adelanta, es ajena a la instancia extraordinaria provincial.-
La casación se articula contra una sentencia interlocutoria de la Excma. Cámara de Apelaciones, que erige pautas en base a las cuales deberá practicarse la liquidación de la deuda de autos -liquidación esta última que, vale advertirlo, aun no ha sido concretada-.-
Sobre la materia objeto de recurso éste Tribunal ha expresado “Por otra parte se advierte que el recurso fue bien denegado, pues los agravios del recurrente se dirigen a cuestionar la liquidación practicada como consecuencia de la sentencia de grado, y como lo tiene dicho la SCBA, las incidencias que pudieran plantearse en el trámite de liquidación con motivo de la ejecución de lo ya resuelto deben finiquitarse en la instancia de grado, de modo que las resoluciones de tales cuestiones no son definitivas a los fines casatorios (confr. SCBA, L49536, Rojas López, A. M. y otros c/A. Levin e Hijos S.A. s/ Despido y diferencias, DJBA 143,135, AyS 1992-II, 516); ‘?Respecto de las observaciones a la liquidación practicada por el actuario, esta Corte ha sostenido que los extraordinarios sólo resultan viables contra las sentencias definitivas, es decir, aquéllas que ponen fin a la litis que motivó el pleito, pero no frente a las resoluciones que puedan plantearse durante su ejecución, las que, en principio, deben quedar concluidas en la instancia ordinaria (conf. doct.
Ac. 88.630, 27-X-2004; Ac. 91.919, 9-II-2005; Ac. 93.191, 8-VI-2005; Ac. 98.513, 8-XI-2006; Ac. 98.079, 7-III-2007; Ac. 101.303, 7-V-2008). Así, en el caso, el pronunciamiento del tribunal de grado que, con posterioridad al fallo de condena, rechazó los ataques formulados contra la liquidación realizada, no reviste carácter definitivo conforme lo instaurado por el artículo 278 del CPC y C, sin que se observen motivos de excepción que permitan apartarse del criterio señalado (conf. doct. Ac. 90.104, 23-XII-2003; Ac. 92.263, 17-XII-2004; Ac. 93.191, 8-VI-2005; Ac. 95.429, 8-II-2006; Ac. 95.896, 31-VIII-2007)?’ (confr. SCBA, Ac 99509, I, 13-8-2008, Domeq, Héctor M. c/ Hornos Hnos. Soc. de hecho y ot. s/ Indemnización.
Rec. de queja)” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXIV, Reg. 2944, Folio 4721/4724).- Es así que la doctrina sentada por éste Tribunal pregona que el recurso de casación deducido contra resoluciones referidas a la liquidación de la deuda, no pueden abrir la vía extraordinaria provincial, toda vez que las incidencias planteadas en el trámite de liquidación con motivo de la ejecución de lo ya resuelto deben finiquitarse en la instancia de grado, y son ajenas a la instancia casatoria. Máxime cuando, como en la especie, aun no se ha practicado liquidación definitiva, sino que, se reitera, la resolución atacada sólo se ha limitado a indicar ciertas pautas que deberán ser tenidas en cuenta al efecto.- En coincidencia con tal postulado podemos citar: “‘Las decisiones que se dictan en materia incidental y en la etapa de ejecución de sentencia -por tratarse de meros actos interlocutorios-, no ostentan el carácter de sentencia definitiva, siendo por lo tanto ajenas a la instancia extraordinaria de la casación’” (cfr.
STJ Santiago del Estero, sala Civil y Comercial, “A. C. P. c/ Bica, Victorio Rafael s/ cumplimiento de contrato, etc. - casación civil, 23/04/2014. www.informaciónle-gal.com.ar. Cita online: AR/JUR/17564/2014).-
V. Aplica también al caso y constituye otro límite, insalvable para la procedencia de la vía, la doctrina de éste alto cuerpo que proclama que las “…cuestiones de hecho relacionadas con la aplicación de convenios colectivos de trabajo que, en principio, son ajenos a la casación. Este Alto Cuerpo, en forma reiterada, ha sostenido ‘…que todo lo relativo a la interpretación y aplicación de las convenciones colectivas de trabajo no es materia que pueda y merezca ser revisada mediante los recursos extraordinarios provinciales, por ser una típica cuestión de hecho ajena al conocimiento del Tribunal Superior de Justicia, salvo absurdo o violación de las leyes que la rigen (confr. Tomo X, Interlocutorios, Reg. 1383, Folio 1924/1926, Tomo II, Sentencias, Reg. 55, Folio 219/222; ídem, Reg. 74, Folio 313/316, entre otros)…’” (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3130, Folio 5129/5131).-
VI. Por último, debemos señalar que el impugnante no demuestra que la sentencia recurrida sea arbitraria, es decir, aquéllas que se apartan en forma inequívoca de la solución normativa prevista para el caso o que padezcan de una carencia absoluta de fundamentación, así como también las que se fundan en afirmaciones meramente dogmáticas u omiten pronunciarse sobre cuestiones planteadas por las partes y conducentes para la resolución del caso (conf. Germán J. Bidart Campos, “Tratado Elemental de Derecho Constitucional Argentino”, Tomo II, Buenos Aires, Ediar, 1995, pág. 441).- No se observan en el pronunciamiento impugnado ninguno de los presupuestos que configuran la arbitrariedad de sentencia alegada.-
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha expresado que “No puede tenerse por demostrada a los fines del recurso extraordinario la arbitrariedad de la sentencia...si los agravios vertidos configuran meras discrepancias con los argumentos y fundamentos del decisorio…sobre cuestiones de hecho, prueba e interpretación de normas de derecho común y procesal…” (cfr. sum. del Dictamen del Procurador General de la Nación que la Corte hace suyo en Fallos 325:2192).-
A su vez, sobre la materia, la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, ha señalado que para darse el supuesto de sentencia arbitraria, a los efectos de ser atendida en una instancia extraordinaria de revisión, “...tiene que existir un apartamiento inequívoco de la solución normativa, prevista en la ley, o una falta absoluta de fundamentación. Por lo tanto “debe demostrarse que la operación intelectual desarrollada en el proceso de formación de la sentencia, que ella exterioriza, carece de bases aceptables con arreglo a los preceptos legales que gobiernan la valoración de las probanzas” (cfr. Juan Carlos Hitters, “Técnica de los Recursos Extraordinarios y de la Casación”, 2da. edición, pág. 479,480, SCBA, Ac. 24.739, “Díaz de Giocco, Carmen c/Fundiciones en matrices Junker S.A. Despido y salarios”, del 21-III-978, DJBA, v. 114, nº 8325. Ídem, Ac. 24.985, “Acebey de Dega, J.E c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 19-VIII-78; Ac. 25.048, “Correa de A.A. V. c/Cía. Swif S.A. Enfermedad accidente”, del 15-VIII-78, DJBA, v. 116 p. 54.).- De su lado, este Tribunal tiene dicho que: “...‘la doctrina de la arbitrariedad no ha sido instituída para corregir sentencias equivocadas, o que el recurrente estime tales según su criterio, sino que atiende sólo a supuestos de gravedad extrema en los que se verifica un apartamiento palmario de la solución prevista por la ley o una absoluta carencia de fundamentación’...” (cfr. Interlocutorio, Tomos III, Reg. 282, Folio 457/458; VI, Reg. 881, Folio 1022/1025, entre otros).-
En el sub lite, el recurrente no ha logrado demostrar arbitrariedad en la sentencia interlocutoria, que lo agravia, ya que sólo se desprenden del recurso discrepancias con los argumentos y fundamentos dados en el decisorio, todos ellos relativos a cuestiones ajenas a la casación. No se demuestra ni se aprecia que el fallo constituya una decisión sujeta a descalificación, por carecer de fundamentos o por abandono notorio de prescripciones legales, antes bien, puede sostenerse que el mismo se encuentra debidamente fundado.-
VII. Cabe concluir que, en autos, no se encuentran satisfechos los requisitos que autorizan la apertura de ésta instancia por cuanto la sentencia atacada no reviste la condición de definitiva, ya que se trata de una resolución interlocutoria recaída en un incidente de impugnación de liquidación -materia, en principio, ajena a esta instancia de casación- en el marco de un proceso que cuenta con una sentencia firme y consentida, controversia que -en principio- no reviste el carácter requerido para la admisibilidad de la casación. Criterio que sólo puede exceptuarse en el caso de arbitrariedad, la cual, como ya se indicara, no ha ocurrido en la especie.- Que, en virtud de lo expuesto, doctrina y jurisprudencia citadas, el recurso de casación articulado por la demandada a fs. 625/628 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria por lo que corresponde declararlo mal concedido, y en consecuencia, revocar la sentencia interlocutoria emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 630 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7 del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPC y C, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la demandada a fs. 625/628 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a foja 630 y vta.-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en virtud de encontrarse vacante un cargo de Vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 2404).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente; Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal; Dr. Enrique Osvaldo Peretti –Vocal; Dra. Alicia de los Angeles Mercau -Vocal.-
Secretaria: Dra. Marcela Silvia Ramos Protocolización: TSS1019I.171 Tomo: XXVIII Interlocutorio: 3.281.-
Folio N°:5453/5456.-
Secretaría: 1
Fin de la sentencia