Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7170
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaPor ello considero justa y equitativa la indemnización otorgada y propongo al Acuerdo el confirmar la sentencia en este rubro.
XII. Que resumiendo propongo al Acuerdo contestar en forma negativa a esta primer cuestión, admitir parcialmente los agravios expresados por las demandas, modificar la sentencia en crisis, rechazar la procedencia del costo de la reparación por no haberse efectuado y otorgar como indemnización la suma de $13.700 diferencia estimada en la demanda entre el valor de mercado y el obtenido por la venta del vehículo siniestrado sin reparar, importe calculado a la fecha de la venta (15 de noviembre de 2007) adecuando las costas y monto de los honorarios (art. 278 del CPCC), confirmarla en los valores otorgados por privación del vehículo y daño moral y lo demás que decide.
A los fines de la adecuación del monto de los honorarios (art. 278 CPCC) se hace necesario determinar el monto del proceso conforme lo dispone el art.29 de la ley 3330 es decir mediante la tasa activa del Banco Nación (establecida en la sentencia sin recurso de las partes) en el caso de la pérdida de valor desde la venta del vehículo y por la privación y daño moral desde la fecha del siniestro materia de autos y tomados a la fecha. Así obtengo las sumas de $49.986,80 para la perdida de valor y por la privación y daño moral $ 37.576,89 o sea a los fines del art. 29 del arancel para adecuar las regulaciones de los honorarios de los profesionales propongo partir de $87.563. …
rovincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7170 Sentencia: 2772 Actor: Serra, Horacio Enrique Demandada: Transportes Don Pedro SRL/ Zapata, Horacio Sebastián Objeto: Daños Y Perjuicios Fecha: 27/02/2019 Texto: En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz a los veintisiete días del mes de febrero de dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “SERRA, Horacio Enrique c/ TRANSPORTES DON PEDRO SRL y otro s/ Daños y perjuicios”, Expte. Nº D-13.157 del año 2009 que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, secretaria nº 1 de esta ciudad, que tuviera ingreso en esta instancia bajo el Nº 7170. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dr. Humberto Eduardo Monelos, Dra. Griselda I. Bard y Dra. Connie R. Naves para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA:¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
I. Que Horacio Enrique Serra, por intermedio de sus apoderados, con el escrito de fs. 62/71 interpone demanda por reparación de daños y perjuicios contra Transportes Don Pedro SRL y Horacio Sebastián Zapata reclamando daño material, lucro cesante, daño moral, y daño psicológico, intereses moratorios y compensatorios costos y costas, que estima en $ 160.000 más desvalorización monetaria. Relata que circulando en su vehículo Renault Clío Dominio BVB 191 por Ruta nacional nº 3 rumbo a Comodoro Rivadavia Km 1879 aproximadamente cuando, no obstante la doble raya amarilla, un camión FIAT IVECO Dominio CTY 562 de la empresa Don Pedro, conducido por el codemandado desde Comodoro Rivadavia hacia Caleta Olivia se dispuso pasar a una larga caravana de vehículos. Explica que por este motivo debió tirarse a la banquina derecha para no chocar frontalmente en la única opción. Dice que no obstante haber reducido la velocidad derrapa en la banquina, vuelve a ingresar en la calzada, choca contra el eje de un camión marca Hernamm ( aclaro que en realidad Hermann es una marca de acoplados ver fs. 52 declaración de su chofer) Dominio DVG 847 que venía en el carril contrario por lo que es desplazado nuevamente a la banquina. Relata que en el accidente resultaron lesionados los señores Serra, Moya y Aguilera y su vehículo con grandes daños, y que luego del accidente el demandado Zapata con su camión siguió su marcha como si nada. Por ello el actor solicitó al conductor de una camioneta Ford Ranger conducida por el Sr. Daniel Castillo y acompañado por su esposa que siguieran al camión pero éste no paró pese a las señales, hasta que fue interceptado en el ingreso a la ciudad de Caleta Olivia por la autoridad Policial. Describe los daños del camión dominio DVG 847 y los de su vehículo cuya reparación afirma supera el valor del automotor. Identifica la causa penal donde el demandado ha sido procesado y elevada a juicio la causa por lesiones sufridas por él y otro acompañante. Funda la responsabilidad de los demandados, describe los daños y ofrece prueba.
II. Que el Dr. Miguel Díaz Vélez con la pieza de fs. 162/166 en representación de Transportes Don Pedro SRL, contesta la demanda incoada. Formula una serie de negativas de los hechos invocados y afirma que la colisión fue producto de la negligencia del actor al conducir en forma inadecuada, sin el debido control y a excesiva velocidad. Afirma que los daños por los que se demanda han sido producto de la colisión del rodado del actor contra otro vehículo a quien Serra embiste en su eje medio. Argumenta que ninguna responsabilidad le cabe a su mandante habida cuenta que el rodado de su propiedad ninguna participación tuvo en ese accidente y niega la versión de los hechos por el cual se le atribuye culpa a su parte por el derrape en el paso del camión. Niega la existencia de los daños materiales y su procedencia con cita de jurisprudencia; los daños al automotor, que haya sufrido destrucción del 70%, el valor de mercado indicado o el valor probatorio del presupuesto y de la cotización de la revista Info Autos de septiembre de 2009. Rechaza el rubro privación de uso, el de disminución del valor venal, del daño moral, de lesiones corporales o de daño psicológico. Pide la citación en garantía de SEGURCOOP y ofrece prueba. En términos semejantes el Dr. Miguel Díaz Vélez por SEGURCOOP contesta la citación en garantía con la pieza de fs. 210/215 sin negar el seguro.
III. Que notificado el codemandado Horacio Sebastián Zapata con la Cédula de fs. 226 no contesta la demanda. Al surgir la noticia del fallecimiento del mismo por el oficial de justicia en la cédula de fs. 478, fs. 493 se desiste de la acción contra Horacio Zapata y a fs. 4978 se lo tiene por desistido con posterioridad a la sentencia.
A fs. 236 se abre la causa a prueba proveyéndose la pertinente. Producida la obrante en autos a fs. 417 se clausura el término probatorio y se ponen los autos para alegar sin que las partes hagan uso de ese derecho. A fs. 440 pasan los autos a despacho para dictar sentencia. Ella obra de fs. 441 a 447 y admite parcialmente la demanda interpuesta por el Sr. Horacio Enrique Serra en concepto de daño material (daño emergente, privación de uso y pérdida de valor venal) en la suma de $ 46.000 y daño moral en la suma de $ 5.000, condenando en forma solidaria al Sr. Horacio Sebastián Zapata, Transporte Don Pedro SRL y la citada en garantía SEGURCOOP COOPERATIVA DE SEGUROS a abonar al actor, en el término de 10 días de notificados y firme la sentencia la suma de $ 51.000 la que deberá ser recompuesta conforme se señala en el párrafo correspondiente hasta el momento del efectivo pago (arts. 1109, 1113, del Código Civil, art.27 del decreto 6582/58) con costas a cargo de las demandadas, en forma solidaria; y rechaza la demanda en los rubros lesiones físicas, psicológicas y lucro cesante, por no haberse acreditado los presupuestos necesarios para su procedencia. Regula honorarios y determina la tasa de justicia.
IV. Que disconforme con lo resuelto el apoderado del actor, Dr. Marcos Gustavo Bucci interpone a fs. 454 recurso de apelación y por propio derecho apela por bajos los honorarios que se le concede libremente y con efecto suspensivo por providencia simple de fs. 455. El Dr. Miguel Díaz Vélez por la representación acreditada interpone a su vez, a fs. 456, recurso de apelación contra la sentencia y contra los honorarios regulados a los profesionales por altos que por providencia simple de fs. 457 se le concede en relación y con efecto suspensivo. A fs. 461 se corrige el error y se concede libremente y con efecto suspensivo. A fs. 497 se tiene, como se consignara ut supra a la actora por desistida de la acción contra el codemandada Zapata.
Los autos se elevan con la certificación de estilo de fs.498 y recibidos a fs. 499 se ponen los autos en secretaría para expresar agravios.
El Dr. Miguel Díaz Vélez lo hace con la pieza de fs.504/506 mientras que el demandado por propio derecho y con el patrocinio del Dr. Walter Esquivel lo hace con el memorial de agravios de fs. 509/511. También contesta los expuestos por la contraria con el escrito de fs. 514/516. A fs. 520 se le da por perdido el derecho de contestar agravios a la demandada y su aseguradora y se dispone el llamado de autos a sentencia. Firme, a fs. 521 se ordena el pase de los autos a estudio, fijando el orden para ello.
V. Que el actor cuando se agravia, califica la sentencia de arbitraria y violatoria de principios constitucionales y se queja por cuanto, con falta de fundamento, fija en $ 5.000 el importe del rubro daño moral. Se refiere a los caracteres del daño moral conforme la jurisprudencia de la Provincia de Buenos Aires. Razona que el magistrado reconoce la existencia del daño moral y se queja por la falta de valoración del riesgo real y efectivo que sufrió el actor. Argumenta que no se siguieron las pautas de cuantificación del daño moral y cita jurisprudencia del Departamento Judicial de San Isidro todas de la década del 90. Invoca tendencia mayoritaria de los tribunales provinciales e incluso la CSJN afectando la presunción directa de ocurrencia del rubro sin necesidad de desenvolver una maquina probatoria en cabeza del actor, asignándole el beneficio ante la sola ocurrencia del hecho. Cita jurisprudencia respecto de que se presume el daño moral cuando de él deriva la muerte o lesiones físicas o psíquicas y no cuando se menoscaban bienes y doctrina que se tiene presente. Califica de simbólica la suma de $ 5.000 otorgada. Se agravia y califica de ínfima la suma dispuesta por honorarios. Afirma que afecta los mínimos previstos por la Ley 3330 y cita jurisprudencia. Para fundar el recurso invoca la teoría del riesgo creado y sostiene que sí el a quo hubiera recurrido a estos principios, hubiera llegado a una solución distinta respecto de la valoración económica del daño moral asignando un monto que no resulte mínimo. Invoca también la teoría del absurdo y la falta de apreciación de prueba vital. Funda en derecho y solicita regulación informando la situación tributaria.
Ni la parte demandada y la citada en garantía contestaron estos agravios.
VI. Que la demandada y la citada en garantía se agravian a su turno, expresando cuatro agravios concretos. En el primero de ellos atacan la suma establecida de $ 34.000 y critican que se basa en la pericial mecánica que sostiene una destrucción del 70% a la que no considera una prueba pericial judicial toda vez que se apoya en las fotografías adjuntadas al expediente y el presupuesto agregado a la demanda. No hay otras consideraciones, constataciones, informes, razonamientos en el único párrafo y destacan que el experto no ha examinado el vehículo y que solo miró las fotografías a las que considera de baja calidad. Por ello la parte demandada entiende que la prueba carece de razonabilidad y es dogmática y es la negación del acto pericial y razona que el magistrado, en ejercicio de la sana crítica, debió advertir la carencia de entidad pericial y refrendó un acto nulo pericial y que al no existir prueba válida que acredite el supuesto grado de destrucción del 70% se revoque lo resuelto con relación al rubro daño emergente. En el segundo agravio entiende que existe otro tanto con relación al rubro privación de uso donde el magistrado admite que, si bien no se produjo prueba, otorga la indemnización de $ 5.000 que critica sosteniendo que no se puede suponer la existencia de un perjuicio. Pide se revoque el rubro.
En el tercer agravio ataca el rubro pérdida de valor venal y argumenta que existe contradicción con el rubro daño emergente toda vez que si se sostuvo que el vehículo tuvo una destrucción del 70%, carece de valor de reventa y por lo tanto el nuevo rubro es improcedente. Y, si por el contrario conserva un importante valor de reventa, es falso que haya sufrido un 70% de destrucción como dogmáticamente lo afirma el perito, al que califica de inexperto.
Ataca por último en el cuarto agravio que se fijó en la suma de $5.000 la reparación del daño moral. Critica que se lo haya hecho sin ningún tipo de fundamento que explique a partir de que hechos o circunstancias se considera que ha sufrido daño moral.
Pide se reparen estas desviaciones haciendo lugar a los agravios precedentes.
VII. Que el actor, como se indica mas arriba, contesta los agravios. Respecto del primero solicita el rechazo invocando las pruebas cumplidas por su parte y se refiere al informe del Perito Mecánico al que entiende idóneo para expresarse sobre la mecánica del siniestro y teniendo en cuenta la especialidad exponer sobre los daños y porcentaje de destrucción del vehículo. Hace referencia a la condición de embistente y embestido. Afirma que no se ataca el informe mediante una crítica técnica con aporte informe de experto o impugnando el método, hipótesis o proceso, sino que se limita a manifestar su disconformidad con las conclusiones del mecánico. Sostiene que el magistrado aplica el método de la libre convicción o sana crítica y que la ley no impone normas generales para acreditar hechos, ni determina abstractamente el valor de las pruebas pudiéndose probar por cualquier medio y apreciarla conforme las reglas de la lógica, de la psicología de la experiencia común con cita de jurisprudencia. Cita además jurisprudencia sobre la teoría de indicio y pide se lo rechace por infundado e improcedente. Solicita el rechazo de los agravios contra la indemnización por privación de uso por ser contraria a la lógica imperante en relación al rubro, recuerda que era el único medio de movilidad del actor e invoca las facultades del art. 34 del CPCC y cita jurisprudencia.
Solicita se rechace el agravio contra el rubro pérdida de valor venal. Afirma que conforme surge de la pericia una depreciación del 70% (destrucción dice el perito) refiere innegablemente en una pérdida de reventa indiscutida por irrogar su reparación gastos excesivos y resultar imposible retrotraer al estado inicial con excelentes condiciones mecánicas, chapa y pintura para transformarse en un vehículo prácticamente destruido después del siniestro del que fueron responsables los demandados. Cita jurisprudencia sobre el rubro aunque no la identifica ni señala donde se encuentra publicada. Pide el rechazo del planteo.
Que rechaza los agravios contra el rubro daño moral (que a su vez mereciera su queja por considerar bajo el quantum otorgado). Cita jurisprudencia y afirma que es innegable la ocurrencia de los daños sufridos en el automotor del actor que hacen imposible su venta o utilización, que es su único medio de movilidad al que accedió con tanto sacrificio y ser el resultado de mucho trabajo y encontrarse ahora en situación atípica por un hecho del que es ajeno lo que agrava su situación psicológica. Hace referencia al impedimento de la normal disponibilidad del automotor y su potencial venta impedida por la conducta negligente del asegurado Sr. Zapata quien no podrá reponer la problemática causada por su impericia. Se refiere a la valoración de la cuantía del daño por el juez quien debe imaginar el dolor que el hecho valioso produjo en la esfera íntima del reclamante para establecer una indemnización que supla o compense el desmedro injustamente sufrido y que puso en peligro la vida. Califica de absurdo el agravio que, a su entender, debe rechazarse. En conclusión sostiene que en el desarrollo de la expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, remisiones ni por supuesto el planteamiento de cuestiones ajenas y cita doctrina. Solicita se rechacen los agravios vertidos por genéricos y carecer de fundamentación fáctica y jurídica que ampare su pretensión por no existir ninguna justificación para eximir de responsabilidad por los rubros condenados por el Juez de 1ª Instancia; y que se admitan sus agravios.
VIII. Que ambas partes han formulado críticas contra lo resuelto por el magistrado respecto del llamado daño moral (hoy denominado en el Código Civil y Comercial como consecuencias no patrimoniales- art. 1741) al quedar ambas insatisfechas con este aspecto de la sentencia. Las demandadas han expresado otros tres agravios. Por una cuestión lógica trataré en primer termino estos últimos agravios y luego el rubro que fuera atacado por ambas partes.
Pero antes quiero señalar que en autos se ha introducido mucha broza que debe ser apartada para claridad.
El propio actor al contestar agravios (fs. 516 punto 6) afirma que en el desarrollo de la expresión de agravios no bastan manifestaciones imprecisas, genéricas, razonamientos totalizadores, ni por supuesto planteamiento de cuestiones ajenas, pero el cae en esa falta de suficiencia técnica al expresarlos.Dentro de la abundante broza que se ha introducido en agravios y contestación, se ha invocado por el actor sumarios de sentencias de tribunales de la Provincia de Buenos Aires en especial del Departamento Judicial de San Isidro (caro a mis recuerdos por haber estado colegiado en esa jurisdicción y haberse desempeñado como Juez de Cámara el Dr. Arazi) pero sin indicar donde se encuentran publicados, ni la autoría del voto dominante y en algunos siquiera la carátula.
Se llega a invocar un sumario de una sentencia del Departamento de San Martín que es contrario a los intereses del actor al sostener lo citado que tratándose de un hecho ilícito “el daño moral se presume cuando de él derivala muerte o lesiones físicas o psíquicas a una persona – prueba in re ipsa- no sucediendo lo mismo cuando el menoscabo son bienes” y que en esos supuestos debe demostrar que el ilícito afectó el fuero íntimo. Y en autos no murió nadie y el actor no acreditó lesiones físicas. Entiendo que no se puede presumir una consecuencia no patrimonial en el caso de accidentes de tránsito con daños en los vehículos y se lo debe probar, habida cuenta que los accidentes de tránsito los daños a los vehículos se encuentran entre los riesgos a afrontar al manejar automotores.
Se invoca la teoría del absurdo y falta de apreciación de prueba vital pero no se indica de que pruebas se trata. Al contestar los agravios de los demandados se hace referencia a que el informe del perito mecánico “evaluó las pruebas aportadas por las partes para efectuar el informe respectivo…” y que resultó “IDONEO para expresarse sobre la mecánica del siniestro”. Las pruebas deben ser evaluadas por el juez y en autos no se ha discutido la mecánica del hecho, ni el perito Balboa ni a fs. 344, ni al contestar las impugnaciones a fs.354 ni a fs. 391 se expresa sobre la mecánica del hecho. Tampoco lo hace sobre la condición de embistente y embestido. Todas las consideraciones sobre la teoría del indicio es un tema interesante, pero no se critica al magistrado imputándole la falta de consideración de algún indicio explicando como debió considerarlo.
Se ha confundido el valor de la reparación con la disminución o pérdida de valor venal. Una cosa es el valor del automotor después de un accidente cuando se llega a la conclusión que no hay posibilidad de repararlo por antieconómico y solo queda el valor de los restos o que la reparación deja rastros. Otra cosa es cuanto cuesta reparar el automotor. En efecto mientras la perdida del valor venal es la que puede perder el vehículo luego de reparado respecto de otro que no haya sufrido un accidente toda vez que a los ojos de los expertos se advierten los signos de que no fue perfectamente reparado al quedar con diferencias de color, pequeños descuadres etc. que los compradores invocan para bajar el precio.
Es también broza inaceptable que a fs. 515 vta. in fine se discurra respecto de los daños y que “debido a la entidad de los mismos es imposible su venta o utilización” siendo que en la demanda se refiere en fs. 57 a la venta del vehículo, a fs. 15 se agregó un ejemplar del boleto de venta al señor Mario Alberto Lópes de Figuereido confirmado por el informe del Registro de la propiedad del que se desprende que el dominio pasó por López de Figueredo y volvió a Verónica Laura Araujo que fue quien lo vendió al actor (ver fs.17/19 y fs. 308). Por otro lado se razona que no puede “negar la CIA o en su defecto el demandado que este hecho ha provocado un daño moral del actor a nivel económico y personal.” Se refiere la repercusión que en los sentimientos del damnificado debió generar la ocurrencia de aquel, “donde se puso en peligro su vida”, circunstancia que no surge de autos hubiera ocurrido.
Tengo en cuenta que en autos no se ha recurrido la responsabilidad que la sentencia atribuye a los demandados. Por ello no consideré necesario requerir las copias de la causa penal y del beneficio de litigar sin gastos, habida cuenta que no se ha atacado la referencia del magistrado a las constancias de esa causa. Como expresa el magistrado en fs. 443 vta. al demandado Sr. Zapata se le otorgó el beneficio de la suspensión del juicio a prueba. Este beneficio “…hará inaplicables al caso las reglas de la prejudicialidad de los arts. 1101 y 1102 del Código Civil….” como establece el art. 76 quáter del Código Penal. Hoy el art. 1775 del Código Civil y Comercial determina respecto de la prejudicialidad y de la acción penal establece que “…el dictado de la sentencia definitiva debe suspenderse en el proceso civil hasta la conclusión del proceso penal, con excepción de los siguientes casos: a) si median causas de extinción de la acción penal;….” extinción de la acción penal, que es una consecuencia del vencimiento del plazo sin que se cometan nuevos delitos (art. 76 ter Código Penal).
IX. Que puestas de manifiesto estas consideraciones generales, que entendí necesarias para una mayor claridad, ingresaré al primer y tercer agravios de los demandados en conjunto referidos a la indemnización del daño emergente y la perdida del valor venal.
Para ello considero interesante recordar en primer termino que art. 435 del CPCC establece que :
“Será admisible la prueba pericial cuando la apreciación de los hechos controvertidos requiere conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, industria o actividad especializada.”
Y por ello el art.442 del Código del rito se refiere a la idoneidad del testigo y si su profesión estuviere reglamentada el perito deberá tener título habilitante en la ciencia, arte, industria o actividad técnica especializada a que pertenezcan las cuestiones acerca de las cuales deba expedirse. Contempla el caso de profesión no reglamentada o que no hubiere en el lugar del proceso perito con título habilitante, supuesto en el que se podrá nombrar cualquier persona con conocimientos en la materia, lo que se conoce como idóneo.
Consecuentemente el art. 450 del mismo cuerpo legal establece que el perito presentará su dictamen por escrito, con copias para las partes y “contendrá la explicación científica detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde.” Ello se tendrá en cuenta al valorar la eficacia probatoria del dictamen como establece el art. 455 del rito.
Al dar el concepto de la prueba pericial nuestro estimado Dr. Roland Arazi expresa que “La prueba pericial es el medio por el cual personas ajenas a las partes, que poseen conocimientos especiales en alguna ciencia, arte, o profesión, y que han sido previamente designadas en un proceso determinado, perciben, verifican hechos y los ponen en conocimiento del juez, y dan su opinión fundada sobre la interpretación y apreciación de los mismos, a fin de formar la convicción del magistrado, siempre que para ello se requieren esos conocimientos. Las personas que realizan esa doble función- percepción y verificación por un lado y opinión o dictamen por el otro- de denominan peritos. Hace a la naturaleza de esta prueba que para la percepción, interpretación y apreciación de los hechos controvertidos en un proceso determinado, se requieran conocimientos especiales. El juez no puede delegar en el perito aquello que puede hacer por sus propios medios, ya sea como hombre común o como hombre que conoce el derecho. En tal sentido no puede por ejemplo, encomendar a un perito que informe sobre el estado de ocupación de un inmueble, o si el mismo está o no edificado, si se trata de un baldío etc.; por el contrario si se pide algún dato técnico sobre las edificaciones o las plantaciones existentes, entonces procede este medio de prueba.” (Arazi- “La prueba en el proceso civil – teoría y práctica” pág. 265) Hernando Devis Echandía por su parte define:
“La peritación es una actividad procesal, desarrollada en virtud de encargo judicial, por personas distintas de las partes del proceso, especialmente calificadas por sus conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual se suministra al juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento respecto de ciertos hechos cuya percepción y cuyo entendimiento escapa a las aptitudes del común de las gentes. Se trata, necesariamente, de una actividad humana, mediante la cual se verifican hechos y de determinan sus características y modalidades, sus calidades, sus relaciones con otros hechos, las causas que los produjeron y sus efectos. (autor citado, Teoría general de la Prueba Judicial” 3ª edición, Víctor P. De Zavalía tomo II, pág. 287) Con estos conceptos entiendo que a nuestros fines alcanza, sin necesidad de adentrarnos en todas las opiniones que existen.
Tenemos pues, desde peritos cuya profesión se encuentra reglamentada y que deberán tener título universitario, o peritos a los que se convoca por su condición de idóneos en un tema (como en este caso). Pero aún el idóneo debe en su informe dar una explicación detallada de las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde. Y para valorar la eficacia probatoria del dictamen se debe tener en cuenta la competencia del perito, los principios científicos o técnicos en que se funda y la concordancia de su aplicación con las reglas de la sana crítica y las observaciones de las partes. Si vamos a la pericia de fs. 344 se observa que en lo concreto se limita a 7 renglones, sin detallar las operaciones técnicas realizadas y de los principios científicos en que se funde. Si la pericia no es valorada judicialmente implicaría dejar en cabeza del perito mecánico el fijar el monto de la condena, cual un amigable componedor o un arbitro. El perito da las explicaciones de fs. 354 y la ampliación de pericia de fs. 391 en ella enumera los daños que advierte teniendo en cuenta las fotografías y el presupuesto de fs.11. Pero a poco que se examine se advierte que confunde el costo de la reparación con la depreciación, tal como se incurre en el libelo de inicio, donde se reclama el costo de la reparación y la disminución del valor. La depreciación del rodado es la pérdida de valor frente a otro del mismo modelo y antigüedad después de ser arreglado, toda vez que el ojo experto detecta que ha sido materia de un arreglo imperfecto que deja señales de haber sufrido un accidente. Por ello entiendo que la actuación pericial del Sr. Sebastián Balboa no tiene fuerza de convicción como prueba del valor de los rubros que trata. El principio de congruencia y los términos de la demanda permiten comprobar que fue lo reclamado. En la demanda se reclama la suma de 10.800 pesos importe del presupuesto de fs. 11 como gastos de reparación del rodado. Pero he aquí que no se ha afirmado que el vehículo fuera sometido a reparación de las secuelas del accidente, ni se trajo factura o recibo del pago de ese importe. Por el contrario se afirma haberlo vendido sin reparar (fs. 67 vta.). Y probar la reparación es imprescindible para poder exigir el reintegro de lo abonado.
Simultáneamente se reclama una indemnización por la disminución del valor venal del automotor. Para fundar el reclamo, a fs. 67 vta., el actor refiere su imposibilidad económica de arreglar su auto, y afirma que por ello que se vio obligado a vender el automotor (que conforme una publicación había valuado en $ 21.500 al mes de septiembre de 2009- fs. 67) el 15 de noviembre de 2007 por su estado en la suma de $5000, que representa el 23% del valor de un automóvil igual pero en buen estado. Motivo por el cual estima la disminución del valor de venta en la suma de $ 13.700. Pero si bien puede aparecer un error aritmético en esa simple cuenta en la estimación del interesado, toda vez que $21.500 menos $ 5000 arroja como resultado la suma de 16.500, entiendo razonable el importe reclamado que a mi juicio es el importe del daño emergente sufrido. Y ello es así por cuanto el valor de mercado denunciado corresponde a casi dos años posteriores a la venta. Estimo correcto el planteo del escrito de inicio en cuanto a la desvalorización que realiza, pero es improcedente acumular ambos rubros pues ello lleva a sumar a la disminución de precio que obtuvo sobre el valor de mercado, el costo de lo presupuestado por el arreglo que no se realizó. Cabe señalar que en un automotor de 10 años el cambiarle los repuestos indicados en el presupuesto de fs. 11, es decir nuevos no desvaloriza por lo general el vehículo.
Por ello propongo admitir parcialmente el primer y tercer agravio vertidos por no haberse acreditado la reparación del automotor del actor y limitar el perjuicio a la suma de $ 13.700 estimada a la fecha de la venta al señor López de Figueredo (fs.16 del 15 de noviembre de 2007). Ello es más exacto que el cálculo efectuado en la sentencia donde se otorga una doble reparación al otorgar $ 25.000 por reparación al tiempo de la pericia que actualiza a $34.000 a la fecha de la sentencia y por otro lado $ 7.000 por desvalorización del vehículo a la misma fecha. Por ello propongo fijar en $ 13.700 por daño emergente a la fecha de la venta del vehículo y rechazar la pretensión de cobro del costo de una reparación que no se efectuó.
X. Que corresponde ahora el tratamiento del segundo agravio de los demandados. Desde ya adelanto que lo rechazo toda vez que se mal interpreta al magistrado. Una cosa es no tener acreditado el monto del rubro privación de uso del rodado que es lo que explica el magistrado y otra que no está acreditado el rubro. La jurisprudencia que se cita a fs. 445 vta. in fine/446 que se comparte es clara: Quien compra un vehículo es para satisfacer necesidades de disfrute o laborales para lo cual pueden computarse los gastos en otros medios de transporte menos los gastos de utilización (combustible, seguros, amortización etc.). Probado el perjuicio pero no el monto el art. 166 tercer párrafo del CPCC permite al magistrado fijar el importe del perjuicio en forma prudencial, facultad a la que recurrió el Sr. Juez a quo en la sentencia al resolver este punto. Considero justa la indemnización fijada para responder a este rubro. Propongo al Acuerdo confirmar lo otorgado y rechazar el agravio.
XI. Que resta ingresar el tema del daño moral que mereciera criticas por ambas partes. Prefiero la denominación del art. 1741 del Código Civil y Comercial de consecuencias no patrimoniales que resulta más técnica. Pueden reclamar la indemnización por este rubro quien ha recibido un daño en su persona, en un pariente o sus bienes que haya provocado un menoscabo que haya afectado su estabilidad, tranquilidad psíquica o estados disvaliosos o una interferencia ilegítima en su proyecto de vida y reclamarse iure propio o iure hereditatis.
Hay daño cuando se lesiona un derecho o un interés no reprobado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva establece el art. 1737 del Código Civil y Comercial. La indemnización comprende las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia en su proyecto de vida establece el art. 1738 del mismo cuerpo legal. Se exige un perjuicio directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente (art. 1739 CCyC). El concepto de consecuencias no patrimoniales es ahora amplio y permite abarcar todas las repercusiones anímicamente perjudiciales derivadas de un suceso dañoso, se trate del damnificado directo o indirecto pero siempre que guarden adecuada relación de causalidad con el hecho. Como indica el art. 1738 del Código Civil y Comercial incluye “especialmente las consecuencias de la violación de los derechos personalísimos de la víctima, de su integridad personal, su salud psicofísica, sus afecciones espirituales legítimas y las que resultan de la interferencia de su proyecto de vida. Puede consistir en dolor físico, tristeza, angustia, secuelas psicológicas, dificultades en la vida cotidiana y de relación etc. Pero, el nuevo código es amplio en su concepción de consecuencias no patrimoniales, lo que permite considerar el disgusto y molestias por los daños, y la incertidumbre del arreglo, en su art. 1744 establece que:
“El daño debe ser acreditado por quien lo invoca, excepto que la ley lo impute o presuma, o que surja notorio de los propios hechos.”
No cabe duda que determinados hechos: la muerte de un ser querido, una incapacidad o una denuncia calumniosa afectan los derechos personalísimos. Pero se debe probar el hecho para ser incluido en el último supuesto (que surja notorio de los propios hechos). Para otros supuestos la prueba psicológica es la apta para acreditar un daño en la esfera de los sentimientos.
Pero el propio actor desistió de la prueba pericial psicológica y pidió se le diera por perdida la prueba a las demandadas lo que se aceptó por el magistrado a fs. 410/411. Cuando se demanda se invoca la impotencia de quien ve en peligro su vida, y se lo califica de tremendo (fs. 68) y a vuelta de página se afirma haber sufrido una serie de crisis emotivas que afectaron su personalidad a raíz de haber sufrido un accidente que le destruyó totalmente su único automotor (que también era su único bien), resultar lesionado y por sobre todas las cosas el ver de tan cerca la muerte(fs. 68 vta.). Lo único acreditado es una destrucción parcial del Renault CLIO. No se acreditaron crisis emotivas. Es cierto que sufrió un accidente de tránsito al embestir a un tercer camión al sufrir un derrape al tirarse a la banquina para evitar un choque de frente con otro camión que invadió su mano de circulación además en zona vedada por doble raya. Pero no se acreditó extremos invocados: que era su único vehículo y además su único bien. Nada dicen los testigos. Y su parte desistió de la prueba de informe ambiental. Se invoca para fundar la contestación de agravios que la ocurrencia del hecho que “puso en peligro su vida”. Pero la sentencia estableció que no se acreditaron los presupuestos necesarios para la procedencia de los rubros lesiones físicas y psicológicas, en conclusión del magistrado consentida por las partes. Por ello no advierto donde hay peligro para la vida sin lesiones físicas. Resta agregar que los coches modernos se encuentran diseñados para absorber la fuerza de desaceleración en los supuestos de choques mediante la deformación y en el caso los riesgos para la vida con el uso de cinturones se neutralizaron. Estoy de acuerdo en que la conducta del chofer de la Empresa de Transportes Don Pedro SRL al intentar un sobrepaso en una zona vedada para ello creó un riesgo. Estimo que no es agradable el ver una operación de sobrepaso y tener que tirarse a la banquina para eludirla (me ha pasado pero sin un final como en autos). Esa situación no querida seguida del derrape y choque contra otro vehículo provoca conmoción y shock como indica el testigo Moya (fs. 266 respuesta a la 5ª pregunta) y preocupación por sus acompañantes, y por las contingencias futuras y por ello debe ser reparada, pero no en la medida pretendida por el actor.
Por ello considero justa y equitativa la indemnización otorgada y propongo al Acuerdo el confirmar la sentencia en este rubro.
XII. Que resumiendo propongo al Acuerdo contestar en forma negativa a esta primer cuestión, admitir parcialmente los agravios expresados por las demandas, modificar la sentencia en crisis, rechazar la procedencia del costo de la reparación por no haberse efectuado y otorgar como indemnización la suma de $13.700 diferencia estimada en la demanda entre el valor de mercado y el obtenido por la venta del vehículo siniestrado sin reparar, importe calculado a la fecha de la venta (15 de noviembre de 2007) adecuando las costas y monto de los honorarios (art. 278 del CPCC), confirmarla en los valores otorgados por privación del vehículo y daño moral y lo demás que decide.
A los fines de la adecuación del monto de los honorarios (art. 278 CPCC) se hace necesario determinar el monto del proceso conforme lo dispone el art.29 de la ley 3330 es decir mediante la tasa activa del Banco Nación (establecida en la sentencia sin recurso de las partes) en el caso de la pérdida de valor desde la venta del vehículo y por la privación y daño moral desde la fecha del siniestro materia de autos y tomados a la fecha. Así obtengo las sumas de $49.986,80 para la perdida de valor y por la privación y daño moral $ 37.576,89 o sea a los fines del art. 29 del arancel para adecuar las regulaciones de los honorarios de los profesionales propongo partir de $87.563.
Atento lo dispuesto por el art. 278 del CPCC, que propongo aplicar, el recurso del Dr. Bucci de fs.454 y el de los demandados de fs.456 contra el monto de los honorarios se volvió abstracto.
Así lo propongo.
A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
XIII. Que un estudio de las pretensiones, prueba producida, sentencia y agravios me llevan a coincidir con el voto que antecede. Por ello adhiero al mismo.
A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Monelos dijo:
XIV. Que en función de los argumentos expuestos en mi voto, propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento: 1º) Admítanse parcialmente los agravios de los demandados y rechácense los expuestos por el actor. 2º) Modifíquese la sentencia en crisis, rechácese la procedencia del costo de la reparación por no haberse efectuado, otórguese como indemnización la suma de $13.700 diferencia estimada en la demanda entre el valor de mercado y el obtenido por venta del vehículo siniestrado sin reparar, importe calculado a la fecha de la venta (15 de noviembre de 2007) adecuando las costas y monto de los honoraros (art. 278 del CPCC) y confirmarla en los valores otorgados por privación del vehículo y daño moral y lo demás que decide. Costas de la instancia en el orden causado en atención al éxito solo parcial de las pretensiones de la parte (conf. Arts. 68 71 y concordantes del CPCC); 3º) Adecúense los honorarios de los profesionales a cuyo efecto se fija en $ 17.600 el honorario del Dr. Marcos G. Bucci por su actuación en primera instancia como letrado apoderado del actor; y se regula el correspondiente a los Dres. Miguel Díaz Vélez y Elio Contreras en conjunto y proporción de ley en $ 12.320 a cargo de cada uno de sus representados y los del perito mecánico Sr. Sebastián Balboa en la de $ 3.200. Por los trabajos en esta instancia se regula en $ 3100 el honorario a cargo de cada representado a favor del Dr. Miguel Díaz Vélez y en $ 4000 el correspondiente al Dr. Walter Esquivel como letrado patrocinante del actor. Ello a mérito de la extensión, importancia y calidad de sus trabajos, naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido y responsabilidad profesional entre otras pautas.(art. 3, 15, 17, 18, 19, 20, 24,29 y concordantes de la ley 3330 y 1, 2, 4, 14 y concordantes de la ley 3276). 4º) Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTION la Dra. Bard dijo:
XV. Que considero justa y equitativa la propuesta formulada. Adhiero pues al voto que antecede.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 27 de febrero de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo transcripto precedentemente, resultado de la votación citas legales y doctrinarias y lo establecido por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del Poder Judicial la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial F A L L A:
1. Admítanse parcialmente los agravios de los demandados y rechácense los expuestos por el actor.
2. Modifíquese la sentencia en crisis, rechácese la procedencia del costo de la reparación por no haberse efectuado, otórguese como indemnización la suma de $13.700 diferencia estimada en la demanda entre el valor de mercado y el obtenido por venta del vehículo siniestrado sin reparar, importe calculado a la fecha de la venta (15 de noviembre de 2007) adecuando las costas y monto de los honoraros (art. 278 del CPCC) y confirmarla en los valores otorgados por privación del vehículo y daño moral y lo demás que decide. Costas de la instancia en el orden causado en atención al éxito solo parcial de las pretensiones de la parte (conf. Arts. 68 71 y concordantes del CPCC);
3. Adecúense los honorarios de los profesionales a cuyo efecto se fija en $ 17.600 el honorario del Dr. Marcos G. Bucci por su actuación en primera instancia como letrado apoderado del actor; y se regula el correspondiente a los Dres. Miguel Díaz Vélez y Elio Contreras en conjunto y proporción de ley en $ 12.320 a cargo de cada uno de sus representados y los del perito mecánico Sr. Sebastián Balboa en la de $ 3.200. Por los trabajos en esta instancia se regula en $ 3100 el honorario a cargo de cada representado a favor del Dr. Miguel Díaz Vélez y en $ 4000 el correspondiente al Dr. Walter Esquivel como letrado patrocinante del actor. Ello a mérito de la extensión, importancia y calidad de sus trabajos, naturaleza y complejidad del asunto, resultado obtenido y responsabilidad profesional entre otras pautas.(art. 3, 15, 17, 18, 19, 20, 24,29 y concordantes de la ley 3330 y 1, 2, 4, 14 y concordantes de la ley 3276).
4. Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen.
La Dra. Naves suscribe el presente si emitir opinión por no existir disidencias.
FDO. Connie R. Naves-Jueza de Cámara- Humberto Eduardo Monelos -Juez de Cámara-, Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-.
Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara Protocolización: A201007S.191 Tomo: XC Sentencia: 2772 Folio Nº: 084/095 Secretaria: 1
Fin de la sentencia