Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala V (CAF) · Causa TF 38658-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaRechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio del 7/2/2024, con costas de esta instancia a la demandada perdidosa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).-
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V
15446/2024 SERRA PASSARINI, MARCOS ARIEL (TF 38658-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de abril de 2025.-
VISTOS Y CONSIDERANDO:
I.-Que por decisorio del 7/2/2024 el Tribunal Fiscal de la Nación revocó la Resolución 230/2017 recaída en las actuaciones administrativas nro.17 770-167-2016 en cuanto exigía al actor el pago de una multa de 469.176,68 pesos por la infracción sancionada en el art. 970 del C.A., con costas al Fisco Nacional.-
II.-Que a fs. 84 apeló la parte demandada y expresó agravios a fs. 91/95, los que fueron contestados por la parte actora a fs. 100/103. El 19/3/2025 se llamaron autos para sentencia.-
III.-Que para decidir como lo hizo, entendió el Tribunal Fiscal de la Nación: “Que, de la lectura de las actuaciones administrativas resulta que las mismas se inician como consecuencia del acta n° 218/16 fechada el 12 de septiembre de 2016, cuando del control documental y físico de la salida de vehículos particulares se presentó ante el servicio aduanero el Sr. Jerez Jorge Rubén de nacionalidad argentino, y al solicitarle personal aduanero la documentación del vehículo marca Porsche, modelo Cayenne Diesel 2014, tipo camioneta, dominio PY SKY333 de propiedad de la firma ‘MTEL PARAGUAY S.A.’, presenta cédula de automotor -en donde figura la sociedad referida como titular- y secuencia de entrada de trámites”. Y agregó: “Que si bien no escapa a la vista de la suscripta la presentación efectuada en sede aduanera por el actor a fs. 37, no resulta claro por qué la aduana entendió en primer término que el conductor era el Sr. Jerez -quien incluso se presentó ante la aduana cuando se le efectuó el control del vehículo, conforme surge del acta n° 218/16- y luego, resuelve que el Sr. Serra Passarini es quien cometió la infracción”. Y concluyó: “Que en síntesis, del confronte de dicha planilla y los hechos que conforman los de autos, no puede aseverarse con el grado de certeza que requiere el reproche penal quién es el responsable de la comisión de la infracción. Que, en consecuencia y dadas las circunstancias, teniendo en cuenta que primero la Alta en sistema: 16/04/2025 aduana le imputa la infracción tipificada en el artículo 970 del C.A. al Sr. Jerez, y luego cambia el curso de la acción basándose solamente en las planillas de migraciones y dado que en las mismas figuran a la misma hora, el mismo día y en el mismo lugar tanto el actor como el Sr. Carreras Arzamendia y considerando que el recurrente manifiesta que éste último era el chofer, y dado que la aduana condena al actor con fundamento en la violación de la RG ex-ANA N° 308/84; se resuelve que no son claros los hechos acontecidos”. Por ello, el a quo aplicó el principio in dubio pro reo consagrado en el art. 898 del Código Aduanero.-
IV.-Que en su expresión de agravios, la demandada entiende que el Tribunal Fiscal de la Nación incurrió en un error al momento de valorar los hechos y las constancias agregadas en las actuaciones administrativas, concluyendo la recurrente que no nos encontramos ante una diferencia de criterio en la valoración de la prueba sino frente a un caso de arbitrariedad o cuanto menos de error evidente de la valoración de la prueba y de los hechos; circunstancia que -a su entender- habilitaría la revisión del decisorio recurrido.-
V.-Que cabe recordar que los jueces no están obligados a seguir a las partes en todas sus alegaciones, sino solo respecto de los puntos propuestos que sean conducentes para la solución del juicio (Fallos: 301:1187; 319:119; 307:2012; 311:2135; entre otros).- VI.-Que corresponde poner de resalto que el artículo 1143 del Código Aduanero, otorga al Tribunal Fiscal amplias facultades para establecer la verdad de los hechos y resolver el caso independientemente de lo alegado por las partes, salvo que mediare la admisión total o parcial de una de ellas a la pretensión de la contraria. Como se desprende de lo preceptuado en este artículo, el principio dispositivo no rige en el proceso ante el Tribunal Fiscal de la Nación pudiéndose encontrar la razón por la cual el legislador se ha orientado a regular el proceso ante el citado organismo en base, primordialmente, a las reglas del principio inquisitivo y no del citado anteriormente mencionado, en que en el proceso ante el Tribunal Fiscal lo que se discute son cuestiones vinculadas a la obligación tributaria y la potestad sancionadora de la administración, materias ambas en donde prima el interés público, y no el interés privado de las partes (conf. esta Sala in re: “Labrar Soc. de Hecho -TF 8904-I-c/ DGI”, sentencia del 13-9-95).-
Alta en sistema: 16/04/2025 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA V VII.-Que el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación (aplicable en la especie) determina que salvo disposición en contrario: “...los jueces formarán su convicción respecto de la prueba, de conformidad con las reglas de la sana crítica. No tendrán el deber de expresar en la sentencia la valoración de todas las pruebas producidas, sino únicamente las que fueren esenciales y decisivas para el fallo de la causa”.-La libre apreciación de las pruebas reconoce en nuestro ordenamiento el marco legal de la “sana crítica”, expresión que comprende la necesidad de valorar los distintos medios, explicando las razones que ha tenido el juez para formar su convicción al ponderar con un sentido crítico la variedad de pruebas.-
La sana crítica se sintetiza en el examen lógico de los distintos medios, la naturaleza de la causa y las máximas de experiencia, es decir el conocimiento de la vida y de los hombres que posee el juez, simples directivas, indicaciones o consejos dirigidos al sentenciador y respecto de los cuales éste es soberano en su interpretación y aplicación. Naturalmente que si es arbitraria o absurda no puede pretenderse la validez de tal determinación judicial (conf. Fenochietto -Arazi, “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, Comentado y Concordado con el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires”, Editorial Astrea, Tomo 2, página 356; esta Sala in re: “Ayerbe, Lázaro c/ Ministerio de Justicia de la Nación”, sentencia del 26-5 -98; “Martínez, Eliseo David c/ Instituto de Servicios Sociales Bancarios”, sentencia del 16-3-2001).-
VIII.-Que la ponderación que ha efectuado el Tribunal Fiscal de la Nación de toda la prueba que ha sido rendida en estas actuaciones constituye una cuestión fáctica, que no cabe en principio rever en esta instancia (artículo 1180 del Código Aduanero), atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta. En tal sentido, del ejercicio por el Tribunal Fiscal de la Nación de sus facultades propias de apreciar los hechos (doctrina de Fallos 300:985) no surge que hubiera un error de magnitud suficiente para apartar la aplicación del mentado principio (conf. doctrina de Fallos 305:2261; C. Fed. en lo Cont. Adm. Sala III; in re: “Schmid, Walter Edmundo”, sentencia del 26-10-84; Sala I, in re: “Scioli S:A:”, sentencia del 14-12-93; esta sala in re: “Ducilo S.A.”; sentencia del 14-8-95; “Incobe S.R.L.”, sentencia del 23-8-95; “Siglo XXI Compañía Arg. de Seguros S.A.”, sentencia del 26-6-98; “El Tehuelche Alta en sistema: 16/04/2025 SAIC (TF 12054-A) c/ DGA”, sentencia del 18-4-2001) ni arbitrariedad en la apreciación de los hechos y de la prueba.-
IX.-Que por lo demás, corresponde poner de relieve que los expedientes administrativos, incluso de las empresas estatales, tienen valor de prueba en juicio y para apartarse de sus constancias no es suficiente un desconocimiento genérico de su contenido, siendo necesario que se especifiquen sus fallas suministrando prueba de ellas. Con mayor rigor, llegó a establecerse en algunos casos que las constancias administrativas tienen el valor probatorio de instrumentos públicos con fundamento en la presunción de validez y regularidad de los actos de los funcionarios públicos, y ello aun tratándose de las empresas estatales (conf. C.Fed en lo Cont. Adm. Sala II, in re “Dar S.A.”; sentencia del 13-7-95; Sala III, in re: “Distribuidora de Gas del Sur”, del 21-9-93; Sala IV, in re: “Romera, Marcos”, sentencia del 21-9-93; esta Sala in re: “Y.P.F. c/ Cía de Obras y Servicios Públicos s/ Contrato de Obra Pública”, sentencia del 28-4-97; C.S.J.N: Fallos 259:398; 281:173).-
X.-Que en atención a lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: Rechazar el recurso del Fisco Nacional y confirmar el decisorio del 7/2/2024, con costas de esta instancia a la demandada perdidosa (art. 68, primer párrafo, del CPCCN).-
Regístrese, notifíquese y devuélvase.-
Pablo Gallegos Fedriani Jorge Alemany Guillermo F. Treacy Alta en sistema: 16/04/2025
Fin de la sentencia