Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 2 de Lomas de Zamora · Causa LZ-69661-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Hacer lugar a la demanda interpuesta por SERRIZUELA SANDRA NANCY (DNI 18.428.295) declarando la inconstitucionalidad de las siguientes normas: art. 42 de la ley 11739, art. 1 del decreto 240/96, art. 37 de la ley 11.905, art. 29 de la ley 12.062, art. 27 de la ley 12.232, art. 27 de la ley 12.396, art. 24 de la ley 12.575, art. 24 de la ley 13.154 y art. 1 y 2 de la ley 13.354.
2Ordenar a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires readecuar el haber previsional de la accionante, computando al 3% -en la remuneración del cargo determinante del haber- la bonificación por antigüedad de todos los años reconocidos a la actora mientras se desempeñaba en actividad y abonar las diferencias que surjan entre el haber readecuado y el efectivamente pagado, desde el 26.12.2022.
A las sumas reconocidas a valores actuales, se les deberá adicionar la correspondiente a los intereses, que se calcularán conforme fuera establecido en el considerando IX.
La liquidación deberá practicarse conforme con las pautas fijadas en la presente sentencia, y abonada dentro de los sesenta (60) días de que adquiera firmeza la misma (arts. 163 Const. Pcial. y 63 CCA).
3Imponer las costas a la parte vencida (art. 51 inc. 1 CCA, texto según ley 14.437), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para la etapa procesal pertinente en que se cuente con liquidación aprobada (arts. 77 inc. 1 del CCA, 163 inc. 8 del CPCC y 51 ley 14.967).
LZ-69661-2024 SERRIZUELA SANDRA NANCY C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS-PREVISION
Lomas de Zamora, en la fecha indicada en la constancia de firma digital.
Las presentes actuaciones caratuladas " SERRIZUELA SANDRA NANCY C/ CAJA DE RETIROS, JUBILACIONES Y PENSIONES DE LAS POLICÍAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES Y OTRO S/ PRETENSIÓN RESTABLECIMIENTO O RECONOCIMIENTO DE DERECHOS-PREVISION " ( LZ-69661-2024 ) en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 2 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora a mi cargo, que se hallan en estado de dictar sentencia en las que:
I. En fecha 26.12.2024 se presentó la Sra. SERRIZUELA SANDRA NANCY acreditando identidad con DNI 18.428.295, con el patrocinio letrado de la Dra. Karen Ayelén Alvarez (Tº 26 F°309 del CALZ), a fin de promover demanda contra la Provincia de Buenos Aires (Ministerio de Seguridad) y contra La Caja de Retiros Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires con el objeto de obtener el reconocimiento, liquidación y pago del rubro salarial "Bonificación por Antigüedad", aplicando el porcentaje del tres por ciento (3%) por cada año de servicio reconocido entre 1996 y 2005. Ello, de manera periódica y sucesiva, con su inmediata integración al haber habitual, tanto durante la relación laboral mantenida con el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires como en su posterior haber de retiro abonado por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires; todo ello con más las diferencias retroactivas reajustadas a valores vigentes al momento del efectivo pago, sus correspondientes intereses y las costas del proceso.
En efecto, requirió se declare la inconstitucionalidad de las leyes Nº11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 12.396, 12.575, 12.727, 12.874, 13.002, 13.154 y 13.354, sin perjuicio de toda otra normativa que pudiere resultar comprendida en los términos de su pretensión.
Asimismo, peticionó el dictado de una medida cautelar que le permita percibir la bonificación por antigüedad al 3% por los años reconocidos por las labores realizadas durante el período 1996-2005.
II. La demanda.
En relación a los hechos, afirmó que ingresó a la Administración Pública Provincial el día 25.02.1985, desempeñándose en el ámbito del Ministerio de Seguridad - Policía de la Provincia de Buenos Aires durante 31 años, período en el cual alcanzó la jerarquía de Comisario Inspector.
Asimismo, señaló que actualmente reviste el carácter de personal retirado y es titular del Beneficio Previsional N°37.700/0 otorgado por la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires.
Manifestó que desde su ingreso percibió la bonificación por antigüedad prevista en la ley 10.944 como parte integrante de su salario, equivalente al 3 % del sueldo básico de la categoría de revista por cada año de servicio.
Añadió que, durante el año 1996 dicho porcentaje fue suprimido, reducido al 1% entre 1997 y 2004 y elevado al 2% durante el 2005, siendo restablecido al 3% a partir de 2006.
Destacó que, mientras la ley de presupuesto para el año 1996 11.739 privó a todo el personal de la administración de dicho beneficio, su decreto reglamentario (Decreto 240/96) exceptuó arbitrariamente a los magistrados y funcionarios de alto rango, con lo cual, concluyó que la normativa vulnera los derechos de propiedad y de igualdad ante la ley.
Precisó que el art. 37 de la ley 11.905 (ley de presupuesto para el ejercicio 1997) redujo al uno por ciento (1%) el porcentaje anual de la bonificación por antigüedad para el personal de la Administración Pública Provincial, criterio que fue replicado de manera idéntica por las sucesivas leyes presupuestarias correspondientes a los años 1998 a 2001 (leyes 12.062, 12.232, 12.396 y 12.575).
Adicionó que la ley de emergencia 12.727 (art 21), dictada en el año 2002, dispuso la suspensión del pago del porcentaje correspondiente al adicional por antigüedad, con exclusión de los jueces de la provincia y miembros del Ministerio Público. Dicha suspensión se mantuvo durante el año 2003 en virtud de la ley 13.002 (art. 23).
Luego, superado el estado de emergencia, la ley 13.154 volvió a fijar el incremento de la bonificación por antigüedad en el 1% para el año 2004.
Expresó que, mediante la ley 13.354 el incremento de la bonificación por antigüedad se elevó al 2% para el año 2005 y, mediante el mismo plexo normativo se restableció el incremento regular y habitual del 3% por cada año de antigüedad a partir del año 2006.
Argumentó que el restablecimiento porcentual, tal cual surge de la norma cuestionada, consolida una reducción salarial arbitraria y permanente, adoptada por fuera de un marco de emergencia, configurando un agravio de ejecución continua que se prolonga hasta la actualidad.
En esta línea, sostuvo que las leyes impugnadas implicaron un retroceso en la composición de la remuneración del empleado, en contradicción con el principio de progresividad, consagrado en la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y reconocido en los instrumentos internacionales con jerarquía constitucional, en particular en el art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales y en el art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, de los que se desprende la imposibilidad del Estado de adoptar medidas restrictivas de derechos, en virtud del principio de no regresividad.
Citó en respaldo lo resuelto por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de La Plata en antecedentes análogos, donde se declaró la inconstitucionalidad de la legislación mencionada por no disponer de una limitación razonable y temporaria a la integridad salarial de los agentes públicos, fundada en razones de emergencia y en el interés general.
Fundamentó los agravios constitucionales sosteniendo que el adicional del 3% ingresó al patrimonio del agente como un derecho adquirido amparado por el derecho de propiedad.
Acusó la violación principio de igualdad, denunciando un trato discriminatorio por el Decreto 240/96 y la ley 13.354, tanto respecto de los magistrados exceptuados como en la disparidad generada según la fecha de ingreso a la administración.
Argumentó la intangibilidad salarial sosteniendo que la remuneración del agente integra su derecho de propiedad, principio protegido por el art. 17 C.N.
Invocó el principio de indemnidad, sosteniendo que la reducción salarial constituye una medida regresiva, confiscatoria y violatoria del carácter alimentario del haber.
Seguidamente, sostuvo que la medida vulnera el principio de progresividad previsto en el art. 39 del ordenamiento constitucional provincial y calculó el perjuicio patrimonial sufrido.
Desestimó la eventual prescripción del crédito aludida habitualmente por la demandada, sosteniendo la aplicabilidad del plazo decenal conforme art. 4023 del C.C.
En ese sentido entendió que dicho plazo resulta aplicable al caso a partir de una interpretación armónica de la citada disposición con los arts. 2537, 2554 y 2560 del Código Civil vigente y postuló que debía tomarse como fecha interruptiva de la prescripción la de interposición de la demanda.
En concordancia, citó jurisprudencia de la Cámara de lo Contencioso Administrativo de La Plata, según la cual, tratándose de un hecho continuado en el tiempo, el plazo de prescripción se renueva periódicamente desde que cada crédito resulta exigible, esto es, desde cada período mensual en que se hubiera liquidado una suma inferior a la que correspondía.
Reiteró el derecho al cobro actual del 3% por todos los años de servicio a valores actuales con intereses.
Finalmente, se refirió al monto reclamado y a la reserva de impugnar la base de cálculo utilizada por la demandada, planteó el caso federal y ofreció prueba.
III. La contestación de demanda.
Oportunamente, en fecha 25.08.2025, contestó demanda Fiscalía de Estado a través de su apoderado Dr. Gonzalez Alejandro Saúl.
En tal contexto afirmó que la pretensión resulta improcedente por encontrarse prescripta la acción e infundada, en tanto no existe agravio alguno que justifique la tacha constitucional invocada.
Opuso excepción de prescripción liberatoria total como defensa dirimente y liberatoria de toda mayor discusión ulterior vinculada al tema de fondo.
Al respecto, remarcó que la legislación impugnada tuvo una fecha de inicio en 1996 y una fecha de corte histórica (2006) por lo cual concluye que es evidente que cualquier acción vinculada con ese comportamiento debió hacerse a partir las mismas. es decir, la de cada acto de reducción mensual, o la del cese final del período de todas las reducciones. Y sostuvo que aún en la hipótesis de considerar la conducta enjuiciada (reducción porcentual) como un todo, es decir como un acto único en bloque, extendido temporalmente desde 1996 a 2006, resulta claro que a partir de esta última fecha de corte en que cesó el obrar reprochado, la acción se tornó exigible, comenzando a correr a partir de allí el plazo de prescripción para realizar cualquier reclamo por el período señalado (art. 2254 CCyC).
Sostuvo que en razón del cese temporal de la conducta reprochada no puede interpretarse la existencia de un supuesto de ilegalidad continuada que permita tener por renovada la posibilidad de accionar en cualquier momento, eludiendo los efectos de la prescripción.
En ese orden de ideas afirmó que, cualquiera sea el plazo que se aplique, la acción se encuentra prescripta en tanto la petición de la actora se efectuó cuando ya habían transcurrido más de 15 años desde el cese de los descuentos y 25 años desde el inicio de ellos.
Expresó que se encuentra vencido el plazo de 2 años para reclamar diferencias derivadas de obligaciones periódicas (art. 2562 inc c CCyC y doc. art. 256 LCT), el de 5 años previsto en el art. 2560 CCyC y 4027 Código Civil (CC), que lo mismo sucede con el plazo de 10 años (de considerarse erróneamente aplicable). Más adelante refirió que incluso el plazo de 2 años previsto en materia previsional conforme art. 62 del decreto 9650/80 y 59 de la ley 13.236, se encontraría prescripto.
Seguidamente se explayó sobre la constitucionalidad de las normas implicadas afirmando que la actora se ha limitado a denunciar genéricamente su tacha sin indicar el fundamento de sus aserciones y que la modificación del porcentual en la bonificación por antigüedad no implica un obrar insconstitucional.
Asimismo, arguyó que la actora en su calidad de ex empleada pública, no tienen derecho adquirido al mantenimiento inalterable del sueldo como para cuestionar cualquier decisión de política salarial, ello así siempre que las medidas oficiales no sean retroactivas y no impliquen confiscación salarial a su respecto, circunstancias estas que no se produjeron a raíz del cambio de porcentual de antigüedad cuestionado en autos (cita fallos CSJN "Guida" y SCBA "AIERI").
Entendió que se trató de un simple cambio en la composición salarial, por cuanto no se disminuyó ni afectó el haber de los empleados públicos al momento en que fueron dictadas ".idéntica situación a la llevada ante la corte en el caso Cavalieri .".
Asimismo, señaló que la Procuración General de la SCBA, al expedirse en los autos "Casolati, Juan Manuel y ots. c/ Procuración General de la SCJPBA s/ Pretensión Restablecimiento o Reconocimiento de Derechos" (causa A-75.071), dictaminó a favor de la constitucionalidad de las normas que regularon la bonificación por antigüedad. Con sustento en tales consideraciones, la demandada sostiene que, al no haberse alegado ni demostrado que la modificación temporaria del porcentual de la bonificación por antigüedad hubiera resultado confiscatoria, la pretensión deducida resulta infundada.
Detalló que la determinación del legislador que se pretende enjuiciar en estos obrados provocó una modificación a futuro. No se trató de la supresión de derechos adquiridos, sino de la modificación adoptada por el órgano competente en la materia dentro de su esfera propia de actuación respecto a cómo habría de liquidarse en lo sucesivo una bonificación determinada. Expresa que tal como sucedió en el marco de la causa SCBA "Álvarez", el legislador hubo de decidir regular la cuestión de una manera diversa a la vigente con anterioridad por lo que pretender la aplicación ultraactiva de la ley anterior (que liquidaba la bonificación al 3%) implicaría una indebida aplicación de una norma no vigente.
Consignó que en razón a ello el argumento de la actora respecto a que se ha consolidado en su patrimonio un derecho a que la bonificación por antigüedad integre su remuneración no resulta atendible y que la mera existencia de una disminución salarial por sí sola, no sirve para descalificar constitucionalmente las normas provinciales mencionadas.
Insistió en que el carácter estatutario del empleo público, la ausencia de un derecho a la intangibilidad de monto del salario y el derecho al mantenimiento de un régimen legal específico justifica la validez del cambio legislativo operado. En tal senda invoca doctrina del fallo SCBA 72.807 "Méndez" en el que el Tribunal validó la modificación del régimen de bonificación por antigüedad al declarar que los empleados del bloque político del Senado ya no tendrían derecho a percibirla tal como venían haciendo, sin que ello haya resultado violatorio del derecho de propiedad ni del principio de progresividad en materia laboral.
Destacó la inexistencia de violación al principio de igualdad respecto de los magistrados del Poder Judicial ya que el mismo no puede ser invocado sino en igualdad de condiciones, haciendo alusión a la intangibilidad de la remuneración que gozan estos últimos a diferencia de los empleados y funcionarios.
Mencionó que no existe violación al principio de progresividad ya que no existe un derecho adquirido por los trabajadores hacia el futuro, detallando que lo que no permitiría ese principio sería abonar en menos los años trabajados y computados al 3%, pero en modo alguno asiste un derecho a que los años por venir sean computados a un porcentaje igual o mayor.
Recalcó que aquí no se discute acerca del reconocimiento del derecho a percibir el salario, ni se registra un supuesto confiscatorio con relación al mismo, con lo cual el principio de progresividad no clausura posibles modificaciones legislativas hacia el futuro del porcentaje de la bonificación implicada.
En cuanto al planteo de prescripción de las diferencias retroactivas eventualmente reclamadas, la demandada sostuvo que, para el supuesto de que se hiciera lugar a la pretensión de la actora y se reconociera el derecho al cobro de las mismas, correspondía distinguir entre aquellas devengadas durante el período de actividad y las generadas con posterioridad al cese laboral.
En relación con estas últimas, señaló que resultaba aplicable el plazo bienal que establece el régimen específico de prescripción de los créditos previsionales. A partir de allí, consideró prescriptas las diferencias devengadas con anterioridad a los dos años previos a la interposición de la demanda.
Respecto de las diferencias correspondientes al período en que la actora permaneció en actividad, invocó la aplicación del plazo de prescripción bienal contemplado en el artículo 2562, inciso c), del Código Civil y Comercial de la Nación, por tratarse de prestaciones periódicas. Subsidiariamente, para el supuesto de considerarse aplicable el plazo genérico, postuló la aplicación del término quinquenal previsto en el artículo 2560 del citado ordenamiento, con los alcances establecidos por el artículo 2537 del mismo cuerpo legal.
Así, teniendo en cuenta la fecha de interposición de la demanda y el cese laboral de la actora, concluyó que, cualquiera fuera el plazo considerado aplicable a las diferencias devengadas durante la actividad, estas se encontrarían prescriptas.
Luego, manifestó que es improcedente la actualización monetaria del hipotético crédito en virtud de la sanción de la ley 23.928 y concordantes.
Formuló planteo de inaplicabilidad de los artículos 15 inciso d), 24 y 54 incisos a) y b) de la ley 14.967.
Finalmente, ofreció prueba y formuló reserva del caso federal.
V. En fecha 09.09.2025 contestó la parte actora la excepción de prescripción, solicitando su rechazo.
Sostuvo que la conducta reprochada no cesó en el año 2006, toda vez que el art. 2 de la ley 13.354, modificatorio del art. 25 inc. b) de la ley 10.430, estableció con carácter permanente la eliminación de la antigüedad correspondiente al año 1996 y la reducción de los porcentajes aplicables a los períodos 1997-2004 (1%) y 2005 (2%).
Afirmó que, la normativa cuestionada continúa produciendo efectos en la actualidad, al reducirse mensualmente la bonificación por antigüedad correspondiente a los servicios prestados entre 1996 y 2005, cuyo reconocimiento debería efectuarse al 3% por cada año trabajado.
Adujo que la reducción salarial se configura mensualmente con cada liquidación de haberes en la que se aplica la normativa cuestionada, constituyendo cada pago un nuevo acto de aplicación que habilita el reclamo de cese y pago de las diferencias adeudadas.
Reiteró que, existe un hecho continuado, desde el momento en que se produjo la falta de pago del 3% en concepto de antigüedad reclamada, subsistiendo, por ende, la posibilidad del reclamo en sede judicial.
VI. Certificada la prueba por la actuaria (22.06.2026) presentaron alegato la parte accionante (30.06.2026) y Fiscalía de Estado (07.07.2026). Encontrándose firme el llamamiento de autos a sentencia, la causa quedó en estado de emitir pronunciamiento definitivo.
I. Que en primer lugar he de señalar que el thema decidendum de la presente contienda reside en determinar si corresponde reconocer a la accionante el derecho a que se le abone la bonificación por antigüedad en un porcentual de 3 puntos respecto de los años 1996 a 2005 .
Luego, es oportuno destacar que no se encuentra controvertido en autos que la actora se desempeñó como personal policial prestando tareas en el Ministerio de Seguridad hasta el 06.03.2017 y que obtuvo el beneficio de retiro de la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de la Policía de la Provincia de Buenos Aires el 07.03.2017 (conforme surge de la documentación acompañada por el ente previsional en fecha 10.12.2025 y por el empleador en fecha 02.03.2026) y que percibe como parte integrante de su remuneración la bonificación por antigüedad.
También existe acuerdo entre las partes con relación a que dicha bonificación resulta equivalente al 1% por cada año laborado entre 1997 y 2004, al 2% por el año 2005 y desde el 2006, nuevamente equivale al 3% (conf. recibo de sueldo acompañado a la demanda).
II. El marco normativo.
Sentado ello, corresponde reseñar brevemente el marco normativo que sustenta el cómputo de la mentada bonificación en los referidos porcentajes:
a.- En el año 1990 la ley 10.944 sustituyó el, por entonces, art. 22 inc. b de la ley 10.430, estableciendo que el adicional por antigüedad se abonará "por cada año de antigüedad en la Administración Pública, se trate de servicios nacionales, provinciales o municipales, salvo que por los mismos se perciba beneficio similar, jubilación o retiro. El monto del mismo será del tres (3) por ciento del sueldo de la categoría de revista, por cada año de antigüedad que se compute".
b.- La ley 11.739, de presupuesto para el año 1996, dispuso "que el año 1996 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo. En este aspecto, durante el lapso indicado quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad" (art. 42).
Por su parte, el decreto 240/96, reglamentando dicha norma, estableció "que a los fines de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11.739, no quedan comprendidos los Magistrados y Funcionarios mencionados en el Decreto 4.201/95 del Poder Ejecutivo Provincial" (art. 1).
c.- La ley de presupuesto para el año 1997, ley 11.905, fijó "en hasta el uno por ciento (1%) el porcentaje a aplicar para acreditar la bonificación por antigüedad correspondiente al año que deba computarse en el Ejercicio 1997, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo, excepto el personal Docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y Magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el lapso indicado, quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulen el incremento del adicional por antigüedad, por sobre el porcentaje precedentemente fijado" (art. 37).
d.- Las leyes de presupuesto para los años 1998, 1999, 2000 y 2001, contemplaron normas de similar carácter (art. 29, de la ley 12.062; art. 27, ley 12.232; art. 27, ley 12.396 y art. 24 de la ley 12.575).
e.- Posteriormente, la ley de emergencia 12.727 dispuso en su art. 21: "Establécese que, a partir de la vigencia de la presente Ley y por el plazo de la emergencia, dejará de computarse el tiempo para acreditar antigüedad, a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus poderes cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo. A esos efectos, durante el lapso indicado interrúmpese la aplicación de las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad. Sólo los jueces de la Provincia y los miembros del Ministerio Público quedan excluidos de lo establecido en el presente artículo".
f.- Como consecuencia de la norma anterior, la ley de presupuesto para el año 2002 (ley 12.874), dispuso en su art. 25 "que el año 2002 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus poderes, cualquiera sea el régimen estatutario incluido el comprendido en convenciones colectivas de trabajo. A los fines del presente artículo, durante el lapso indicado quedan interrumpidas disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad. La interrupción establecida en el presente artículo, no generará derechos en favor de los agentes comprendidos".
g.- También, la ley de presupuesto para el año 2003 (ley 13.002) dispuso que "en el marco de la emergencia declarada por el art. 1º de la Ley 12.727 y sus modificatorias, prorrogada por la presente Ley, que el año 2003 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el Régimen estatutario, incluido el comprendido en convenciones colectivas de trabajo. A los fines del presente artículo, durante el lapso indicado quedan interrumpidas las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad. La interrupción establecida en el presente artículo, no generará derechos en favor de los agentes comprendidos. Las disposiciones del presente artículo regirán a partir del primer día -inclusive- del mes de enero del 2003, y mientras dure el estado de emergencia declarado por la Ley Nº 12.727 y modificatorias, prorrogada por la presente ley" (art. 23).
h.- Cesada la situación de emergencia, la ley de presupuesto para el año 2004 (ley 13.154) reestableció en un 1% la bonificación por antigüedad suspendida. Así, en su art. 24 dispuso: "Fíjase en hasta el uno por ciento (1%) anual el porcentaje a aplicar para la bonificación por antigüedad correspondiente a los años que deban computarse en el Ejercicio 2004, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, excepto el personal Docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y Magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el lapso indicado, quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulen el incremento del adicional por antigüedad, por sobre el porcentaje precedentemente fijado".
Mientras que en su art. 25 ordenó reanudar "a partir del 1 de enero de 2004 inclusive, el cómputo del tiempo inherente a la determinación de la bonificación por antigüedad. A tales fines, déjase sin efecto la interrupción establecida por el Artículo 21º de la Ley Nº 12.727. A los fines del cumplimiento del presente artículo, autorízase al Poder Ejecutivo a diferir parcialmente para el ejercicio 2005 los efectos económicos de las respectivas liquidaciones, conforme lo permitan las posibilidades presupuestarias y financieras del Estado Provincial. Sin perjuicio de lo establecido en los párrafos anteriores, considérase definitivamente consumados los efectos de la aplicación del artículo 21º de la Ley Nº 12.727 por el período comprendido en la emergencia declarada por dicha Ley".
i.- Finalmente, mediante el art. 1 de la ley 13.354 el porcentaje en cuestión se elevó al 2% para el año 2005, y por el art. 2 de la referida norma, se modificó el art. 25 inc. "b" de la ley 10.430 fijando la escala de esta bonificación en los siguientes términos: "Adicional por Antigüedad: Corresponderá a un porcentaje del sueldo básico de la categoría de revista del agente, por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: Hasta 1995: Tres (3) por ciento. Desde 1997 y hasta 2004: Uno (1) por ciento. Desde 2006: Tres (3) por ciento".
III. Efectuada dicha reseña, corresponde destacar en primer lugar que las normas impugnadas que establecieron la suspensión y disminución de los porcentajes correspondientes a la bonificación por antigüedad no se adoptaron en el contexto de la emergencia declarada por la ley 12.727, toda vez que el art. 21 de la citada ley del año 2001 vino a suspender, durante el período de emergencia, el cómputo de la antigüedad (disposición en la que encuentran fundamento los arts. 25 de la ley 12.874 y 23 de la ley 13.002), pero una vez cesada la misma, los años en cuestión fueron computados en el porcentual reducido, conforme se desprende de los arts. 24 y 25 de la ley 13.154 y art. 1° de la ley 13.354.
Así las cosas, el no cómputo del año 1996 a los efectos de la bonificación por antigüedad y la reducción de la misma con relación a los años 1997 a 2005, no tiene como fundamento la emergencia económica declarada por la ley 12.727.
Que esta circunstancia obra en detrimento de la constitucionalidad del marco normativo impugnado ya que, tal como tiene dicho la Corte Suprema de Justicia de la Nación "el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (del dictamen del Procurador General que la Corte hace suyo, CSJN, Fallos 323:1566, Guida y 326:1138, Müller).
Sentado ello, surge de autos en forma clara que no existió una situación excepcional de emergencia (no hay declaración legislativa que así lo disponga y la propia demandada se encarga de señalar que las leyes involucradas no obedecen a un contexto de tal carácter) y que las restricciones implementadas no tuvieron carácter temporario (a excepción de lo dispuesto por los arts. 25 de la ley 12.874 y 23 de la ley 13.002, que sí obedecieron a una situación de emergencia y tuvieron un alcance temporal), ya que actualmente los años 1997 a 2005 se siguen computando -a los efectos de la bonificación por antigüedad- con la disminución cuestionada (conf. recibo de sueldo acompañado a la demanda y lo dispuesto por el art. 1 de la ley 13.354).
Consecuentemente, y aun cuando pudiera considerarse que la disminución cuestionada haya sido legítima en un primer momento, la circunstancia de que las medidas cuestionadas no se hayan hecho en el marco de una emergencia, sumada a la irrazonable (por ilimitada) extensión temporal de las mismas, lleva a considerar inconstitucionales dichas restricciones al derecho de la accionante.
La legislación sub examine ha transgredido esos límites, ya que no impone una limitación razonable y temporaria a la integridad salarial de los agentes públicos, fundada en razones de emergencia y en el interés general (conf. CSJN, Fallos 325:2059, "Tobar").
A mayor abundamiento, corresponde tener presente el especial tratamiento otorgado por la Constitución Provincial a las contingencias derivadas de la materia laboral y seguridad social, particularmente a partir de la consagración del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 CP), incorporado por la reforma de 1994.
Este principio también tiene recepción en instrumentos internacionales de derechos humanos (art 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, art. 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos), de los que se desprende la imposibilidad del Estado de adoptar medidas restrictivas de derechos (principio de no regresividad).
Dicho ello, en el caso de autos, queda claro que con la ley 10.944 en el año 1990, al modificarse la ley 10.430, se estableció que la bonificación por antigüedad seria de un monto equivalente al tres (3) por ciento del sueldo de la categoría de revista, por cada año de antigüedad que se compute. Ello siguió siendo así hasta 1995, no computándose el año 1996 y disminuyéndose el porcentual para los años siguientes.
En otros términos, la situación más ventajosa para los trabajadores, que se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10.944, sufrió un claro retroceso con las diversas modificaciones posteriores que han generado y generan en la actualidad pérdidas en la retribución que perciben los accionantes. Así las cosas, la disminución en el porcentual de la bonificación constituye un retroceso en la composición de la remuneración, incompatible con el principio consagrado en la constitución provincial y en los tratados internacionales antes citados.
IV. No resulta atendible a fin de rebatir lo expuesto en el considerando precedente, el argumento de la Fiscalía de Estado mediante el cual se sostiene que las modificaciones implementadas por las normas impugnadas respecto de la bonificación por antigüedad no implican una disminución de la remuneración, sino una modificación hacia el futuro sin reducción de haberes. Es que, más allá de la terminología que se pretenda utilizar, lo dispuesto por las leyes impugnadas, implicó en los hechos una reducción de haberes.
Ello queda expuesto con la emisión del Decreto 240/96 -que reglamentó el art. 42 de la ley 11.739- que excluyó a los magistrados y cargos asimilables de las consecuencias de dichas normas. En los considerandos del referido decreto se señala que "a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial". Y esas razones de índole constitucional no son otras que las vinculadas con la garantía constitucional de intangibilidad de la remuneración de los magistrados. La propia demandada lo reconoce en su contestación, cuando al sostener que en el caso no se ha vulnerado la garantía constitucional de la igualdad afirma que no resulta similar la situación de la actora respecto de los magistrados del poder judicial, quienes "no poseen un régimen salarial similar al que ella ostenta, en tanto la existencia de la mentada intagibilidad de las remuneraciones".
Consecuentemente, si los magistrados quedaron al margen de las modificaciones dispuestas respecto de la bonificación por antigüedad en razón de la garantía de intangibilidad, no puede sino concluirse que las modificaciones en cuestión implicaron una reducción o disminución salarial. A todo evento, tal como ha expresado el Dr. De Santis ". la condición de intangibilidad salarial que considero de principio en cualquier situación laboral, sea privada o pública, contractual o reglamentaria, pues la remuneración del dependiente integra su derecho de propiedad, y la percepción, bajo las condiciones fuente de exigibilidad que le son inherentes, goza de la garantía del artículo 17 de la Constitución Nacional" (CCALP 27841-P "Mendez Vanesa Carolina" sent. del 06.03.2025).
V. Asimismo, entiendo que le asiste razón a la accionante en lo atinente al reproche constitucional que formula respecto del decreto 240/96 por violación del principio de igualdad.
El principio de igualdad que consagra el art. 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires importa el derecho a que no se establezcan excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en igualdad de circunstancias (SCBA, causas I. 1248, "Sancho", "Acuerdos y Sentencias", 1990-II-180; I. 1226, "Benegas", entre otros).
En efecto, la garantía de igualdad sólo comporta la consecuencia de que todas las personas sujetas a una legislación determinada sean tratadas del mismo modo, siempre que se encuentren en idénticas circunstancias y condiciones, y las distinciones establecidas por el legislador en supuestos que estime distintos sean valederas, en tanto no obedezcan a propósitos de injusta persecución o indebido privilegio, sino a una objetiva razón de discriminación, aunque su fundamento sea opinable (CSJN, Fallos 303:1586; 315:2804).
Es que, como tiene dicho la Suprema Corte provincial, la garantía de igualdad ante la ley "no supone, al menos necesariamente, una igualdad aritmética o absoluta (aquella que implicaría una imposición matemáticamente igual en su quantum para cada uno de los habitantes) sino la igualdad de tratamiento frente a la igualdad de situaciones o circunstancias" (SCBA, Causas I. 1541, "Bernal de Palacio").
Sobre la base de tales criterios, advierto que el decreto 240/96, como ya fue señalado, estableció en su art. 1 que a los fines de lo dispuesto en el artículo 42 de la ley 11.739, "no quedan comprendidos los Magistrados y Funcionarios mencionados en el Decreto 4.201/95 del Poder Ejecutivo Provincial". Esta última norma, a su vez, al determinar la escala salarial, enumeró los magistrados y funcionarios de nivel 20: Juez de Primera Instancia; Juez de Tribunal del Trabajo, Juez de Tribunal de Menores, Juez de Tribunal de Familia, Juez Notarial, Juez de Paz, Subsecretario de la Suprema Corte de Justicia, Abogado Principal de la Procuración General, Director General de Administración, Jefe de Superintendencia de la Justicia de Paz, Jefe de Inspección de la Suprema Corte de Justicia, Agente Fiscal, Asesor de Incapaces, Defensor de Pobres y Ausentes; nivel 21: Presidente de la Cámara de Apelación, Juez de la Cámara de Apelación, Fiscal de la Cámara de Apelación, Secretario de la Suprema Corte de Justicia, Secretario de la Procuración General; y, nivel 22: Juez de la Suprema Corte de Justicia y Subprocurador General.
Consecuentemente, de ello se desprende que la bonificación por antigüedad se abona a los agentes judiciales del nivel 20 que no revisten la condición de magistrados y que no gozan de la especial tutela de su remuneración -intangibilidad- que justifique idéntico tratamiento. Así las cosas, el decreto 240/96 resulta inconstitucional por extender la excepción a supuestos no contemplados en la norma que reglamenta y por violar el principio de igualdad (art. 11 de la Const. Prov.). Ello así toda vez que el nivel salarial no constituye una circunstancia relevante para establecer un tratamiento diferenciado respecto del porcentual a aplicar para la bonificación en cuestión, como sí resultaría serlo el carácter de magistrado/a.
Cabe agregar que, a este respecto, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata, ha sostenido que la desigualdad que conllevan las previsiones normativas en debate, originada en la disminución de la retribución salarial por antigüedad a aquellos agentes que trabajaron para el estado provincial entre los años 1996 y 2005, continúan aplicándose actualmente a sus liquidaciones de sueldo e involucran una situación de inequidad, no sólo en contraste con otros agentes que no sufren el desmedro por ese lapso, sino también frente a otros supuestos que podrían suscitarse, quebrantando los principios de igualdad ante la ley y de igual remuneración por igual tarea consagrados expresamente en los artículos 16 y 14 bis de la Carta Magna Federal, 11 y 39 inc. 1 de la Constitución Provincial (conf. CCALP, causas N° 19218 "Valenti" y 33916-P "Buccigrossi" sent. 15.10.2024).
VI. Finalmente, en cuanto a la invocación que se hace en la contestación de demanda del precedente sentado por la Suprema Corte provincial en la causa "Álvarez", en el que se sostuvo la validez de una modificación de la bonificación por antigüedad, dejándose de abonar la misma a los empleados municipales con cargos sin estabilidad, corresponde señalar que el mismo no resulta de aplicación en el caso de autos atento las diferencias que se observan en la plataforma fáctica de ambos (en la causa "Álvarez" se trataba de un agente municipal que revistaba en un cargo sin estabilidad, que sólo había percibido la bonificación por antigüedad durante escasos meses, mientras que en autos quien reclama resultó ser agente de planta permanente en el Ministerio de Seguridad, desempeñando funciones bajo el cargo de Comisario que ha percibido la bonificación en cuestión durante varios años). Por otra parte, en la causa resuelta por la Suprema Corte, el máximo tribunal local no encontró vulneración constitucional alguna, circunstancia que le permitió luego analizar la medida adoptada por el municipio demandado y concluir que el mismo podía disponer una modificación de la bonificación en cuestión hacia el futuro. Por el contrario, en el caso de autos, el reproche constitucional de la normativa involucrada resulta admisible, lo que echa por tierra la pretendida aplicación del precedente citado.
Así lo entendió también la Alzada del fuero, en un caso análogo al presente, al sostener que "De las consideraciones que anteceden es posible concluir que la pretendida aplicación de la doctrina emanada del precedente 'Álvarez', no reviste trascendencia, ni resulta asimilable al supuesto bajo estudio, más aún en atención a que lo pretendido no es la aplicación ultraactiva de un régimen anterior como tampoco una 'indebida aplicación de la norma derogada'[.] En efecto, no obstante esa prevención, el caso 'Alvarez', resuelto en fecha 26 de mayo de 2006, si bien trataba sobre la supresión de la bonificación por antigüedad, se refería a la percibida con carácter excepcional por personal sin estabilidad, que no integraba la planta permanente. A diferencia, en la especie se analiza la eliminación por un período o la reducción de porcentaje por otros, de dicho suplemento respecto de agentes que lo tienen asignado con carácter remunerativo, de modo habitual y permanente." (conf. CCALP, causa 19.218 "Valenti", causa 27841-P "Mendez" 06.03.2025, entre otras).
VII. Prescripción.
La parte actora pretende el reconocimiento y reintegro de las diferencias salariales devengadas durante los diez (10) años anteriores a la promoción de la demanda.
Argumenta que el perjuicio invocado se mantiene, renueva e incrementa mes a mes, circunstancia que, a su entender, impide considerar prescripta la acción y entiende de aplicación el art. 4023 del Código Civil.
Por su parte, la demandada se opone a dicha pretensión y afirma que la acción se encuentra prescripta, cualquiera sea el plazo que se considere aplicable, ya sea el de dos (2) años, el de cinco (5) años o incluso el de diez (10) años.
A mayor abundamiento, invoca lo dispuesto por el art. 59 de la ley 13.236, en cuanto establece el plazo de prescripción aplicable a las diferencias devengadas durante la pasividad.
Sentado ello, corresponde efectuar las siguientes consideraciones a fin de analizar el régimen de prescripción aplicable al caso.
Al respecto cabe señalar que el Máximo Tribunal provincial oportunamente ha dicho que para las acciones por las que se reclaman diferencias salariales devengadas en el marco de una relación de empleo público, al carecer de previsión especial, era aquel general de 10 años establecido en el art. 4023 del CC (conf. doctr. SCBA causas B. 50.934, "Isaac", "Almirón"; A. 72.348, "Aldaya", sent. 29.11.2017).
Sin embargo, en su reciente modificación de doctrina legal, sostuvo que para dichas acciones, al carecer de previsión especial, será el establecido en el antiguo art. 4.027 inc. 3, precepto comprensivo de los atrasos en "(...) todo lo que debe pagarse por años, o por plazos periódicos más cortos".
Deja aclarado asimismo que ello será así, siempre y cuando pueda reputarse que lo que se reclama es un "atraso" en la obligación a cargo de la Administración empleadora. Esto es, algo que pueda traducirse en un incumplimiento o infracción a un deber de pago que debe llevarse a cabo a plazos y en forma periódica. "En esa inteligencia, quedan alcanzadas por la prescripción quinquenal las sumas debidas al agente en tanto tengan su origen en diferencias en la liquidación mensual de los salarios o adicionales salariales que le son debidos", sostiene el fallo (A-78420 "Ledesma",RS-65-2025, 11.09.2025).
Cabe agregar que el criterio aquí sostenido ha sido recientemente receptado por la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata (Sala I) donde se sostuvo que "...pudiendo considerarse que el reclamo de autos da cuenta de créditos de devengamiento continuado y habiéndose interpuesto el reclamo administrativo con posterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación ...cabe considerar aplicable al supuesto en estudio el plazo de prescripción bianual previsto en el art. 2562 in. "c" del ordenamiento citado, concerniente a las acciones para reclamar prestaciones que deben pagarse por años o por períodos más breves ("Prescriben a los dos años. c) el reclamo de todo lo que se devenga por años o períodos más cortos")". (CCALP 29186-P "Saenz" 21.04.2026).
Ahora bien, en su texto actual, el CCyC prevé para ese mismo tipo de acciones un plazo de prescripción de dos años (art. 2562, inc. c).
Conforme lo expuesto y según de las constancias de autos, debo señalar que si bien las diferencias comenzaron a devengarse con anterioridad a la entrada en vigencia del nuevo CCyC (01.08.2015) y sin perjuicio de tratarse de un hecho continuado en el tiempo, la interrupción de la prescripción acontece con la interposición de demanda, es decir, en fecha 26.12.2024. En tal sentido, contemplando el nuevo plazo previsto por el Supremo Provincial en su modificación de doctrina legal, ya sea considerando los 5 años previstos en la anterior codificación (art. 4.027 inc. 3 CC) o los dos años previstos en la actual (art. 2562, inc. c, CCyC), debemos destacar que las obligaciones reclamadas en autos son de fecha posterior a la entrada en vigencia del CCyC (01.08.2015) y por tanto, correspondería regirlas por su art. 2562, inc. c.
Así, aun cuando se examinara la cuestión desde la perspectiva normativa propuesta por la actora, el plazo de retroactividad susceptible de reconocimiento no podría exceder los dos años anteriores a la interposición de la demanda.
Sin perjuicio de lo expuesto, corresponde señalar en este caso una particularidad, considerando un término de retroactividad bianual desde la interposición de demanda -26.12.2024-, se estarían reconociendo las sumas adeudadas desde el 26.12.2022 y advierto que a tal fecha la actora ya se encontraba en situación de pasividad, razón por la que el plazo de prescripción deberá sujetarse a las normas específicas que rigen la materia.
En función de ello, corresponde acudir a lo dispuesto por el art. 59 de la ley 13.236, norma invocada por la propia Fiscalía de Estado, que establece el plazo de prescripción aplicable a los créditos derivados de haberes previsionales y que resulta aplicable a la situación jurídica de la actora.
En tal sentido, el mencionado artículo establece que: "Es imprescriptible el derecho a las prestaciones de retiro, jubilación y pensión acordadas por la presente Ley. Prescribe a los dos (2) años la obligación de pagar los haberes de retiro, jubilación o pensión, inclusive los provenientes de transformación o reajuste. La presentación de la solicitud ante la Caja interrumpe el plazo de prescripción, siempre que al momento de formularse, el peticionario fuere acreedor al beneficio solicitado".
De la disposición transcripta surge que el legislador distinguió expresamente entre el derecho a las prestaciones previsionales, al que atribuyó carácter imprescriptible, y la obligación de abonar los haberes devengados, respecto de la cual estableció un plazo de prescripción de dos (2) años.
Asimismo, incluyó expresamente dentro de este último supuesto a los haberes provenientes de transformación o reajuste, categoría en la que corresponde encuadrar las diferencias aquí reclamadas, en tanto se pretende modificar el haber de retiro mediante la incorporación de un concepto remunerativo que, según sostiene la actora, debió incidir en su determinación.
En consecuencia, la circunstancia de que el derecho al beneficio previsional sea imprescriptible no implica que también lo sea la percepción de todas las diferencias devengadas a lo largo del tiempo. Por el contrario, la propia norma establece un límite temporal para reclamar el pago de los haberes y sus reajustes.
Por ello, toda vez que la demanda fue interpuesta el 26.12.2024, corresponde aplicar el plazo bienal previsto en el artículo 59 de la ley 13.236 y, en consecuencia, declarar prescriptas las diferencias del haber de retiro devengadas con anterioridad al 26.12.2022, quedando limitado el eventual reconocimiento retroactivo a los dos (2) años anteriores a la promoción de la demanda.
VIII. Quantum indemnizatorio.
Por otra parte, en cuanto al pedido de actualización monetaria efectuado, el mismo no tendrá acogida favorable. Empero con relación al pago de las diferencias devengadas, déjase establecido que se deberá tomar como base de cálculo, a los efectos de graduar el capital a abonarse, el sueldo actual de la agente al momento de dictarse la sentencia, como manera de salvaguardar el derecho a propiedad de la parte actora. En tal sentido, he de seguir la doctrina legal de la Suprema Corte de Justicia en la causa B. 60.558, conforme la cual la fijación del quantum con criterio histórico se aleja de los principios que informan la reparación de los daños sufridos por las personas humanas y por ello debe ceder paso a favor de la perspectiva más acorde al valor actual en juego.
En ese andarivel, el Superior Tribunal sostuvo que el cálculo, utilizando la escala salarial a la fecha de sentencia en que se determina el derecho, pese a no identificarse con las operaciones estrictamente indexatorias, evidencia una respuesta frente al impacto negativo de factores económicos notorios, agregando que el artículo 772 del CCN ha venido a reconfigurar el panorama regulatorio en la materia, morigerando la estrictez del régimen previsto en los artículos 7 y 10 de la ley 23.928, a favor de la creciente flexibilidad. Así, el CCyC establece de manera expresa en el art. 772 las reglas aplicables a la justipreciación de las deudas de valor, en estos términos: "Cuantificación de un valor. Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección".
En lo que a la presente controversia resulta de interés, al remitir al "valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda", la citada norma particulariza -ahora de manera explícita para la determinación de créditos como el debatido en la especie- el criterio del "realismo económico", con amplia recepción en la legislación vigente y en la doctrina jurisprudencial imperante (v.gr. arts. 1, ley 24.283; 8, dec. 214/02; 11, ley 25.561 -texto según ley 25.820-; CSJN causas "Melgarejo", Fallos: 316:1972; "Segovia", Fallos: 317:836).
IX. Intereses.
En lo que respecta a la solicitud de la parte actora del pago de intereses, los mismos como forma de restablecer el equilibrio patrimonial en favor de quien se ha visto privado del uso de un capital que le pertenece, le son efectivamente debidos al demandante, restando entonces determinar a qué tasa deberán serle liquidados.
Para ello, en base a todo lo aquí decidido corresponde utilizar como base de cálculo el sueldo actual de la categoría en cuestión y aplicar sobre dicho capital la tasa del 6% anual desde el devengamiento de cada haber y hasta la fecha en que adquiera firmeza el presente pronunciamiento.
De allí en más y hasta el efectivo pago resultará aplicable la tasa de interés establecida en la causa SCBA B. 62.488 "Ubertalli" (sent. del 18.5.16).
X. Por los fundamentos expuestos y citas jurisprudenciales que anteceden, considero que corresponde hacer lugar a la demanda articulada declarando la inconstitucionalidad de las siguientes normas: 42 de la ley 11739; artículo 37 de la ley 11905; artículo 29 de la ley 12062; artículo 27 de la ley 12232; artículo 27 de la ley 12396; artículo 24 de la ley 12575; artículo 24 de la ley 13154 y artículos 1 y 2 de la ley 13354 y, consecuentemente, ordenar a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires a reconocer el derecho de la accionante a que se liquide y pague la bonificación por antigüedad respectiva a valores actuales por todos los años en un 3%, de forma retroactiva hasta el 26.12.2022 (arts. 12, inc. 2, 50 incs. 1 y 2 CCA; 11, 39 inc. 3 y concs. de la CP).
A las sumas reconocidas a valores actuales, se les deberá adicionar la correspondiente a los intereses que se calcularán conforme fuera establecido en el considerando IX, desde el devengamiento de cada haber y hasta la fecha en que adquiera firmeza el presente pronunciamiento en el 6% anual (SCBA causa B 60.558 "González" sent. del 06.11.2019) y de allí en más hasta la fecha del efectivo pago resultará aplicable la tasa de interés establecida en la causa B. 62.488 "Ubertalli" (art 165 CPCC y doctrina SCBA causa B. 60.558, op cit).
Dicho importe deberá abonarse dentro de los sesenta (60) días de quedar firme la presente (arts. 163 de la CP; 77 inc. 1 del CC y 163 inc. 7 del CPCC).
XI. Costas.
Las costas se imponen a la parte vencida (art. 51 inc. 1 CCA texto según ley 14.437). Por ello,
1. Hacer lugar a la demanda interpuesta por SERRIZUELA SANDRA NANCY (DNI 18.428.295) declarando la inconstitucionalidad de las siguientes normas: art. 42 de la ley 11739, art. 1 del decreto 240/96, art. 37 de la ley 11.905, art. 29 de la ley 12.062, art. 27 de la ley 12.232, art. 27 de la ley 12.396, art. 24 de la ley 12.575, art. 24 de la ley 13.154 y art. 1 y 2 de la ley 13.354.
2. Ordenar a la Caja de Retiros, Jubilaciones y Pensiones de las Policías de la Provincia de Buenos Aires readecuar el haber previsional de la accionante, computando al 3% -en la remuneración del cargo determinante del haber- la bonificación por antigüedad de todos los años reconocidos a la actora mientras se desempeñaba en actividad y abonar las diferencias que surjan entre el haber readecuado y el efectivamente pagado, desde el 26.12.2022.
A las sumas reconocidas a valores actuales, se les deberá adicionar la correspondiente a los intereses, que se calcularán conforme fuera establecido en el considerando IX.
La liquidación deberá practicarse conforme con las pautas fijadas en la presente sentencia, y abonada dentro de los sesenta (60) días de que adquiera firmeza la misma (arts. 163 Const. Pcial. y 63 CCA).
3. Imponer las costas a la parte vencida (art. 51 inc. 1 CCA, texto según ley 14.437), difiriendo la regulación de los honorarios profesionales para la etapa procesal pertinente en que se cuente con liquidación aprobada (arts. 77 inc. 1 del CCA, 163 inc. 8 del CPCC y 51 ley 14.967).
5. REGÍSTRESE. NOTIFÍQUESE por Secretaría (arts. 77 inc. 1 CCA, 135 inc. 12 y 483 CPCC; art. 27 inc. 15 Dec. Ley 7543/69; Ac. SCBA 4013).
Firmas
Funcionario firmante: GALKIN Analia Elsa - JUEZA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 928-2026
Fin de la sentencia