Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 36110-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaHacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución DE PRLA Nº 8883/2014. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (art. 1163 del CA y arts. 68 y 279 del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III
257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 6 de marzo de 2025.- SH Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. Que la resolución DE PRLA 7502/08, recaída el 3 de diciembre de 2014 en el expediente administrativo nro. 13289-4581 -2005, condenó al importador Aldo Néstor Serro por la comisión de la infracción tipificada en los arts. 965 y 966 del CA a la pena de comiso de la mercadería importada por la destinación 04001IC04104234F (ítems 1, 2.1, 2.2 y 4), al amparo del régimen de la resolución 909/94, modificada por las resoluciones 1472/94 y 155/95, haciendo saber que en el hipotético caso de que no fuera posible efectuar el secuestro de esa mercadería, se sustituiría la pena por el pago de una multa por la suma de $29.479,05, en los términos del art. 922 del CA (cfr. fs. 4/8). En sustento de dicho acto, el servicio aduanero expuso que la mercadería se encontraba sometida al régimen de comprobación de destino aprobado por la resolución 5108/80, según el cual la autoridad de control se halla facultada para verificar el cabal cumplimiento de las obligaciones asumidas por el importador.
En este orden de ideas, la resolución consideró constatado que el importador no sólo utilizó las máquinas ingresadas (a saber una tolva, una cinta transportadora clasificadora de ajos, una cinta transportadora inclinada y una clasificadora de ajos) para fomentar su propia actividad empresarial, sino que, además, dentro de los dos años desde el libramiento a plaza, transfirió su tenencia a dos otras firmas, Zingaretti, Chimeno y Gómez SRL y Puente Blanco SA, argumentando que se trataba en realidad de un cambio de domicilio por falta de espacio en el suyo. Por consiguiente, el Jefe del Departamento de Procedimientos Legales Aduaneros concluyó que el importador vulneró la condición de usuario directo a la que se había comprometido según lo previsto en el referido reglamento, desvirtuando la finalidad tenida en cuenta al otorgársele los beneficios previstos al amparo de la resolución 909/94.
Contra dicha resolución el importador interpuso recurso de apelación ante el Tribunal Fiscal de la Nación, en los términos del art. 1132, inciso a) del CA, en el que sostuvo, que la obligación impuesta por el régimen aprobado por la resolución 909/94 era la de “no enajenar” las máquinas importadas, las cuales, además, no eran de importación prohibida, lo cual excluye su conducta el tipo infraccional por el que ha sido sancionado.
II. Que, por la sentencia del 18 de mayo de 2023, el Tribunal Fiscal de la Nación confirmó la resolución (DE PRLA) 8883/2014, con costas.
Para así decidir, consideró que la destinación de importación investigada en la especie fue ingresada bajo el “Régimen de Importación para Bienes Usados” aprobado en la resolución MEOySP 909/94, con la modificación de la resolución 1472/94, por encontrarse vigente al momento de la operación.
Puntualizó que el art. 2° de esa norma establecía que “ Cuando el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción a que se alude en el artículo precedente, fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, el mismo deberá acreditarse mediante certificación emitida por parte del fabricante originario del bien o mediante certificación de pericia realizada en origen, emitida por ente técnico especializado, legalizada por la correspondiente sección comercial de la Embajada de nuestro país o por el Consulado Argentino.
El acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien usado. En este caso, los mismos estarán sujetos al régimen de comprobación de destino por el término de DOS (2) años, en cuyo lapso queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes. La condición de comprobación de destino, en los términos indicados en el párrafo precedente, también regirá para los bienes que, acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción en el exterior, sean importados por el usuario directo de los mismos”. En seguida, expuso que de esa norma se sigue que la importación de bienes bajo el régimen en cuestión se encuentra sujeta CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO al cumplimiento de ciertos requisitos, a saber: (i) la prohibición de enajenación a título oneroso o gratuito, (ii) la comprobación de su destino durante el plazo de dos años, y (iii) que el importador sea el usuario directo del bien usado.
Puso de relieve que de las actas de comprobación de destino del 17/03/2006, 28/06/2006 y del 27/09/2006 (obrantes a fs. 14, 21 y 30 de las actuaciones administrativas) surge que las máquinas importadas no se encontraban en el domicilio denunciado por el importador, en la localidad de General Alvear Provincia de Mendoza. En función de estas circunstancias concluyó que el Sr. Aldo Serro no efectuaba el uso directo de la mercadería dado que ésta se encontraba en los predios de Zingaretti, Chimeno y Gómez SRL y Puente Blanco SA, ubicados respectivamente en el partido de San Rafael y de Guaymallén de esa provincia.
Advirtió que el importador ha incumplido con los términos dispuestos en la resolución MEO y SP 909/94, al cual voluntariamente se ha acogido al momento de concertar la importación para consumo, toda vez que el domicilio de destino en el cual debían encontrarse las maquinas no coincide con el que ha sido constatado en las actas de comprobación reseñadas.
A mayor abundamiento agregó que el hecho de que el importador haya denunciado mediante la presentación de fecha 17/05/2006 a través de la actuación SIGEA 13289-15908-2006 el cambio de domicilio de las máquinas, invocando cambios operativos de la empresa, no puede desvirtuar las transgresiones advertidas en el sumario administrativo, dado que dicha denuncia fue posterior a la fecha del primer acta de constatación.
III. Que, disconforme con lo así resuelto, el importador argumenta que la sentencia resulta arbitraria puesto que ha omitido analizar la postura errónea que mantuvo el Jefe del Departamento de Procedimientos Aduaneros, al catalogar como “prohibición” a lo estipulado en los arts. 1° y 2° de la resolución 909/94, cuando de estas normas surge que se impone a la importación de los bienes una mayor carga tributaria.
Denuncia que, como consecuencia de tal omisión, los vocales del Tribunal Fiscal tampoco han examinado la errónea subsunción de los hechos en el art. 965, inciso a) del CA, a la luz del precedente “Nate”.
En seguida, puntualiza la mercadería no se encuentra prohibida por alguna norma expresa ni por los arts. 1 y 2 de la resolución 909/94, los cuales tampoco constituyen una excepción a una prohibición a la importación, sino que -tal como fuera interpretado por el SR. Procurador General y la Corte Suprema de Justicia de la Nación en “Nate”- constituyen meras “restricciones” y su incumplimiento no encuadra en el art. 965, inc. a) del CA. Agrega que tanto los funcionarios aduaneros como los vocales incumplieron el deber de acatar los términos de dicho precedente por imperio de la doctrina del leal acatamiento a los fallos del Cimero Tribunal, la que puede extraerse de los arts. 1164 y 1165 del CA. Recalca que la Corte ha ratificado la referida doctrina al dictar sentencia en los autos “Nostromo Defensa SA”, del 3/03/2022. Solicita que, en función de las arbitrariedades apuntadas, por aplicación del art. 1180 del CA, se revoque la sentencia y se deje sin efecto la resolución DE PRLA 8883/2014.
IV. Que, para comenzar, es adecuado recordar que, en consonancia con lo previsto en el artículo 1180 del Código Aduanero, no cabe rever en esta instancia las cuestiones fácticas planteadas en la instancia anterior, atento la limitación con que ha sido previsto por la ley el recurso que se intenta (cfr. CSJN, Fallos: 300:985 y esta Sala, in re “Schmid, Walter Edmundo”, del 26/10/84; “Procter & Gamble Soc. Col (TF 19609-A) c/ DGA”, del 21/9/06; “Baxter Argentina SA TF 34662-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 16/12/20, entre otras; y con la actual composición, expte. nro. 71743/2022 in re “Eastman Chemical Argentina -TF 35552-A c/ DGA”, del 6/08/2024).
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257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Es decir que, por principio, no cabe revisar en esta instancia cuestiones atinentes a la valoración de los elementos fácticos en los que el Tribunal Fiscal de la Nación ha fundado su decisión, en virtud de lo normado por el citado artículo 1180 del Código Aduanero, puesto que está reservada a dicho tribunal la apreciación respecto de la prueba y su suficiencia, salvo que mediara error de magnitud suficiente en esa ponderación, supuesto en el que cabría apartar la aplicación de aquél principio (cfr. CSJN, Fallos: 300:985; esta Sala, in re “Welding Argentina SA (TF 17821-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 6774/2015, del 15/12/16; “Holgado, Alejandra Marcela TF 26455-A c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa Nº 37638/2017, del 4/10/18; “Novartis Argentina SA (TF 28664 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 5609/2016, del 21/6/19; “Procesadora de Boratos Argentinos SA (TF 30115-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 3084/2020, del 5/5/21; “Paraná SA de Seguros (TF 38231-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 10/2019, del 22/7/22 y “Gargiulo, Antonio Bartolomé (TF 40091-A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, Causa N° 27458/22, del 27/12/22; más recientemente, expte. nro. 324/2024 “Luis A Ducret y Cía SA y otro (TF 32415-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 3/09/2024).
En el caso, tal como será desarrollado en seguida, bien se advierte que el análisis y apreciación de las referidas cuestiones por parte del Tribunal Fiscal exhibe errores en la valoración de las circunstancias fácticas, que descalifican la conclusión a la que arribó en la sentencia apelada.
De este modo, dicha decisión acarrea una equivocación que autoriza, en el caso, la aplicación de la doctrina excepcional sobre la arbitrariedad o el error de magnitud suficiente, que justifica el apartamiento del principio general que informa la materia (arg. esta Sala, Causa 46.021/2003 "Moyano Riesco Graciela (TF 17764-A) c/DGA", 6/12/2011 y causa 30149/2015 “Alpargatas Textil SA TF 25666-A c/ DGA”, 25/02/2016; expte. nro. 62718/2018, in re “Ford SCA TF 34220-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 14/02/2018 y, con la actual composición, expte. 71743/2022 “Eastman Chemical Argentina TF 35552 c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 6/08/2024).
V. Que, para la solución de la cuestión de fondo, debe tenerse en cuenta que el principio de legalidad en materia sancionatoria exige que la conducta sancionada esté definida de forma explícita y precisa por las normas aplicables. Los principios del derecho penal son aplicables con sus matices propios al ámbito de las infracciones aduaneras: tal es el caso, en particular, del principio de legalidad según el cual “[n]ingún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso” (art. 18, Constitución Nacional).
La Corte Suprema, al respecto, ha admitido la aplicación de los principios del derecho penal a las diversas ramas del derecho represivo en “Cristalux”, Fallos 329-1053, sosteniendo que, con respecto a la garantía de la ley penal más benigna, “no es posible pretender que una rama del derecho represivo o un determinado objeto de protección estén genéricamente excluidos de la esfera de aplicación de la garantía”. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que “es preciso tomar en cuenta que las sanciones administrativas son, como las penales, una expresión del poder punitivo del Estado y que tienen, en ocasiones, naturaleza similar a la de éstas. […] Por lo tanto, en un sistema democrático es preciso extremar las precauciones para que dichas medidas se adopten con estricto respeto a los derechos básicos de las personas y previa una cuidadosa verificación de la efectiva existencia de la conducta ilícita” (Corte IDH, Caso Baena Ricardo y otros vs. Panamá. Excepciones preliminares. Sentencia de 2 de febrero de 2001. Serie C No. 61, párr. 106).
El propio Código Aduanero reconoce esos principios constitucionales en materia punitiva, al disponer que “La calificación de un hecho como infracción aduanera requiere que, previamente a su realización, se encuentre previsto como tal en las disposiciones de este CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO código” (art. 894), “En materia de infracciones aduaneras no cabe la incriminación por analogía” (art. 895), “Nadie puede ser condenado sino una sola vez por un mismo hecho previsto como infracción” (art. 897) y “Salvo disposición especial en contrario, en caso de duda deberá estarse a lo que fuere más favorable al imputado” (art. 898). Ahora bien, con respecto a la exigencia de legalidad en materia represiva, la Corte Suprema sostuvo en “Cerámica San Lorenzo”, Fallos 311-2453 que aquélla “exige indisolublemente la doble precisión de los hechos punibles y de las penas a aplicar”. Asimismo, ha reconocido en “Citrex S.A.I.C.”, Fallos 308-2043, el “carácter punitivo de las multas aduaneras” y la aplicación a las mismas del “principio constitucional de legalidad”. Más recientemente sostuvo también que “concebir que en el ámbito del derecho administrativo no resulte necesario que la conducta punible deba estar siquiera prevista como infracción, constituye una interpretación inadmisible” [“Volcoff y otros c/ BCRA”, Fallos 334-1241]. También la Corte IDH sostuvo que el principio de legalidad penal exige que los tipos sancionatorios deban “formularse en forma expresa, precisa, taxativa y previa” (Corte IDH, Caso Kimel vs. Argentina. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia del 02/05/08, Serie C No. 177, párr. 63).
En ese orden de ideas, es de advertir que el art. 965 del Código Aduanero dispone, en lo que aquí interesa: “El que no cumpliere con la obligación que hubiera condicionado el otorgamiento de: a) una excepción a una prohibición a la importación para consumo o a la exportación para consumo, será sancionado con el comiso de la mercadería en infracción;…”.
Esta norma se encuentra ubicada en el Capítulo Noveno de las Disposiciones Especiales, que regula la “Transgresión de las obligaciones impuestas como condición de un beneficio”, y procura que todas aquellas personas que obtuvieron un beneficio o una ventaja en relación con una determinada mercadería, cumplan con la condición requerida y necesaria para tal dispensa. En el caso específico del art. 965 inc. a) del CA, esa dispensa consiste en una excepción otorgada por el Estado a un particular sobre una prohibición genérica de importar determinada mercadería.
La infracción descripta supone básicamente la existencia de tres elementos constitutivos del tipo: (i) una prohibición de importar o exportar determinada mercadería, de conformidad con lo previsto en los arts. 529 y siguientes del C.A.; (ii) un sujeto que debe haber sido beneficiado con un régimen de excepción a dicha prohibición, que contenga condiciones y requisitos necesarios para permanecer en dicha situación ventajosa; y (iii) el sujeto beneficiado por dicho régimen de excepción deberá incumplir cualquiera de las obligaciones que se le exigen para encuadrarse en la dispensa (conf. esta Cámara, Sala IV, Causa Nº 33.509/09, “Telefónica Móviles Argentina S.A. (TF 24456-A) c/ DGA”, del 29/4/2010; esta Sala 5129/2023 “Baker Hughes Argentina SRL (TF 33405-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 29/12/2023).
Su naturaleza es eminentemente penal; en efecto, se trata de una ley penal en blanco, es decir que el presupuesto que sirve de antecedente para la sanción que allí se determina, debe ser completado por una ley, un decreto, un reglamento o disposición a fin de determinar la conducta penada sin la afectación del principio de legalidad.
De esta forma, se observa que la configuración del verbo típico remite al incumplimiento de normas ajenas al art. 965 inc. a). (conf. esta Sala Causa Nº 29397/10, “Dana Argentina SA c/ EN-DGA -RESOL 902/94 Y 1472/94 (EXPTE 1255867/04) s/Dirección General de Aduanas”, del 2/7/2015; expte. nro. 56384/2015 “Ferrosider SA TF 24081-A c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, del 21/02/2017).
En el caso de autos, el art. 965 inc. a) se complementa con la Resolución Nº 909/94, modificada por la Resolución Nº 1472/94, ambas del entonces Ministerio de Economía Obras y Servicios Públicos de la Nación. Allí se estableció que los bienes usados comprendidos en determinados capítulos de la Nomenclatura CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO del Comercio Exterior, detalladas específicamente en esa norma, deberán tener la calidad de acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción (art. 1). Cuando el proceso de reacondicionamiento o reconstrucción fuera efectuado en el país de origen o de procedencia del bien usado importado, se deberá acreditar tal circunstancia por medio de una certificación emitida por el ente especializado del país de origen. A su vez, esta norma prevé que el acondicionamiento o el proceso de reconstrucción podrá ser efectuado en el país por el importador, que, a su vez, deberá reunir la condición de usuario directo del bien, en cuyo caso las mercaderías estarán sujetas al régimen de comprobación de destino por el término de dos años, lapso en el cual queda prohibida la enajenación a título gratuito u oneroso de dichos bienes (art. 2). También se dispone que la condición de comprobación de destino, en los términos indicados en el párrafo precedente, regirá para los bienes que, acondicionados o sometidos a proceso de reconstrucción en el exterior, sean importados por el usuario directo de los mismos. Por su parte, se prevé el pago de un derecho de importación del 15% para las mercaderías usadas ingresadas bajo el régimen previsto en dicha norma. Finalmente, el art. 4 prohíbe en forma transitoria la importación para consumo de los bienes usados comprendidos en las posiciones de la Nomenclatura del Comercio Exterior detallados en el Anexo II.
En tales condiciones, se observa que la Resolución Nº 909/94 dispone, por un lado, un régimen especial de importación para determinadas mercaderías usadas específicas en su Anexo I. Dicho régimen consiste en el cumplimiento de ciertos requisitos –como el acondicionamiento y reconstrucción de los bienes importados-, la aplicación del régimen de comprobación de destino regulado por la Resolución A.N.A. Nº 5108/80 (arts. 1, 2 y 3 de la Res. Nº 909/94) y el abono de un derecho de importación del 15% (art. 5). Y, por otro lado, para las mercaderías previstas en el Anexo II, se fija una prohibición temporaria de importación (art. 4).
En caso de autos no se le reprocha al importador que la mercadería se encuentre alcanzada por la prohibición temporaria de importación de bienes usados prevista en el art. 4 de la Resolución Nº 909/94, sino que la infracción que se le imputa se origina en haberle endilgado el incumplido el régimen previsto en la citada resolución, para las mercaderías cuya importación estaba permitida pero sometida a los requisitos previamente expuestos.
VI. Que corresponde entonces analizar si el establecimiento de un régimen especial, con determinados requisitos para la importación, puede ser considerado como una prohibición genérica de importar, de manera tal que, al incumplir con los términos de dicho régimen, se estarían infringiendo las condiciones de un beneficio o una ventaja, que justifique la aplicación del art. 965, inc. a) del C.A.
De este modo, cabe adelantar que tal controversia ha sido oportunamente zanjada en el precedente “Nate Navegación y Tecnología Marítima SA (TF 22.220-A) c/ DGA”, dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 12 de junio de 2012.
En el Dictamen de la Sra. Procuradora Fiscal, al cual el Tribunal se remite en su sentencia, se consideró que la norma invocada no contempla una prohibición de importación genérica respecto a las mercaderías ingresadas por la actora. Ello pues, se ha dicho que “la proposición de que la importación de bienes usados está permitida si y solo si se cumplen determinados requisitos y condiciones, puede considerarse equivalente a la proposición de que la importación de esos bienes está prohibida, excepto si el importador cumple con tales requisitos y condiciones. Sin embargo, las dos proposiciones no son jurídicamente equivalentes en razón de que la gran mayoría de las conductas permitidas están sujetas al cumplimiento de determinadas modalidades, requisitos, restricciones o condiciones sin que por ello pueda concluirse en que, como regla, tales conductas están prohibidas excepto cuando se cumplan las CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO modalidades, requisitos, restricciones o condiciones respectivamente establecidas” (cfr. en el mismo sentido, esta Cámara, Sala IV, “Telefónica Móviles” causa cit.; y Sala V, “Nate Navegación Tecnología Marítima S.A. (TF 22220-0) c/DGA”, del 25/06/2009 y esta Sala, expte. nro. 64.424/14, “Cattorini Hermanos S.A (TF 27842 -A) c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, del 21/9/2015 y expte. nro. 5129-2023 “Baker Hughes” ya citado).
De esta forma, ponderó que si se interpretara que el incumplimiento de cualquier requisito, restricción o condición impuesta para la importación constituye una excepción que desplaza la vigencia de una prohibición general para importar, el ámbito de las prohibiciones resultaría extendido de manera incierta e indefinida, pues la inobservancia del requisito, restricción o la condición de que se trata haría desaparecer la excepción y recobrar vigencia a la regla general de que la importación estaría prohibida, aunque esa prohibición nunca haya sido explicitada sino inducida por inferencia y analogía con otras situaciones semejantes. Por tal motivo, la prohibición debe surgir de la letra expresa e inequívoca de la ley o de la norma reglamentaria aplicable al caso, de manera tal que su existencia como regla general legal de acatamiento obligatorio y su respectiva pena o sanción pueda ser inferida implícitamente de los requisitos, restricciones o condiciones a cuya observancia están sujetas situaciones análogas. Es que, como regla, el número de acciones posibles es ilimitado y el número de incriminaciones es limitado (También en el mismo sentido, esta Cámara, Sala IV, “Telefónica Móviles”, causa cit.; y Sala V, “Nate Navegación”, causa cit. y esta Sala “Cattorini Hermanos S.A”, causa cit.).
Desde esta perspectiva, y observando los términos literales del art. 965, inc. a) del C.A., se concluye que no existe en el caso una prohibición cuya dispensa pueda dar origen a la infracción imputada. En efecto, transformar el término “prohibición” que utiliza dicha norma en mera reglamentación o establecimiento de requisitos particulares conllevará necesariamente a ampliar irrazonablemente el ámbito de aplicación material de la infracción en cuestión, la cual resultará procedente siempre que los importadores o exportadores incumplan cualquier requisito previsto en el régimen especial de importación o exportación (conf. esta Sala “Dana Argentina S.A”, causa cit y “Cattorini Hermanos S.A”, causa cit.).
En consecuencia, no se encuentra demostrada la existencia de un elemento constitutivo de la infracción imputada al importador, como es la prohibición de importación de mercaderías; prohibición que justificaría la existencia de una excepción a dicha prohibición; y excepción que podría mantenerse bajo ciertas condiciones, cuyo incumplimiento autorizaría a la Dirección General de Aduanas a aplicar las sanciones previstas en el art. 965 del C.A.
Por ello, corresponde admitir los agravios planteados por la recurrente, revocar la sentencia apelada y dejar sin efecto la resolución (DE PRLA) 8883/2014.
VII. Que, por último, en cuanto a la imposición de costas, teniendo en cuenta que en esta instancia se resuelve revocar el decisorio de la anterior instancia, y que tampoco se advierte la existencia de cuestiones suficientes para que el Tribunal se aparte del principio general de la derrota, corresponde imponerlas —en ambas instancias— a la parte demandada vencida (artículos 1163 del CA, 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN).
Por ello, en mérito de lo precedentemente expuesto, el Tribunal RESUELVE: hacer lugar al recurso interpuesto por la parte actora, revocar el pronunciamiento apelado y, en consecuencia, dejar sin efecto la resolución DE PRLA Nº 8883/2014. Las costas de ambas instancias se imponen a la vencida (art. 1163 del CA y arts. 68 y 279 del CPCCN).
Se hace saber a las partes que podrán consultar copia de los precedentes citados en el sitio web http://www.cij.gov.ar/. A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se hace constar que –por hallarse vacantes dos cargos de jueces de esta Sala- suscribe la presente el Dr. Jorge Eduardo CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III 257/2024 SERRO, ALDO (TF 36110-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Morán; quien integra este Tribunal en los términos de la Acordada N° 2/24 de esta Cámara.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ JORGE EDUARDO MORÁN
Fin de la sentencia