Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala B · Causa EX-2022-120711812-APN-SGAI#TFN
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar in límine la improcedencia formal del recurso de amparo interpuesto en autos, con costas.
2Intimar a la actora para que dentro del quinto (5) día de notificada la presente, ingrese la suma de pesos ochenta ($80) en concepto de tasa de actuación (conf. Arts. 2°, 3° y 4° de la Ley 25.964).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-125056102-APN-VOCIV#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Viernes 18 de Noviembre de 2022 TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN
El Expediente EX-2022-120711812-APN-SGAI#TFN caratulado: “SERV & PRO S.R.L. S/AMPARO”, a resolución de la Sala “B” del Tribunal Fiscal de la Nación integrada por los Dres. Armando Magallón (Vocal Titular de la Cuarta Nominación), José Luis Pérez (Vocal Titular de la Quinta Nominación), y Pablo Porporatto (Vocal Titular de la Sexta Nominación);
El Dr. Magallón dijo:
I. Que mediante RE-2022-120709170-APN-SGAI# TFN, se “promueve Amparo Fiscal en la que por los CONSIDERANDOS del “Informe Firma Conjunta” Número: “IF-2022-01942353-AFIP-SISDVUDA#SDGTQLSS”, que contiene el DICTAMEN JURIDICO N°137/2022 (SIS-DV JUDA), de fecha 24/10/2022, con ref. “S/DENUNCIA DE ILEGITIMIDAD”, en la que SE HA RECHAZADO LA MISMA Y SE CONFIRMA la deuda y multas intimadas en el marco de la O.I. N° 1.780.054” (Sic)
Entiende que para este supuesto, las disposiciones que consagran el amparo de la ley 16.986, prevén la posibilidad de la sustanciación en esta instancia.
Cita jurisprudencia, solicita el dictado de una medida cautelar de suspensión de la ejecutoriedad del Dictamen Jurídico, manifiesta agregar prueba documental, hace reserva del caso federal y pide que oportunamente se dicte sentencia acogiendo su pretensión.
II. Que, inmediatamente se elevan las presentes actuaciones a consideración de la Sala “B”.
III. Que el amparo que habilita la intervención de este Tribunal es el que se encuentra regulado en los artículos 182 y 183 de la ley 11.683 t.o. En 1998 y sus modificaciones.
El artículo 182 dispone: “La persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrá ocurrir ante el Tribunal Fiscal de la Nación mediante recurso de amparo de sus derechos.”
“El recurrente deberá previamente haber interpuesto pedido de pronto despacho ante la autoridad administrativa y haber transcurrido un plazo de QUINCE (15) días sin que se hubiere resuelto su trámite.”
Que corresponde señalar que para la procedencia del recurso de amparo deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: 1) Demora en la realizacion de un tramite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; 2) Dicha demora debe ser excesiva y 3) Debe provocar un perjuicio o perturbacion en el ejercicio de una actividad o derecho. A ello se suma que desde el dictado de la Ley No 25.795, a los requisitos indicados cabe anadir la solicitud de pronto despacho previo ante la autoridad administrativa, debiendo haber transcurrido un plazo de quince dias desde su interposicion sin que se hubiese resuelto el tramite.
IV. En principio, es necesario resaltar que del escrito presentado por la amparista parecería desprenderse que lo que se pretende con la presente acción, es la obtención de la suspensión de la ejecutoriedad de la deuda y multas intimadas en el marco de la OI 1.780.054, lo que no se condice con el objeto del amparo previsto en la ley ritual.
V. Que, ello así, no surge de las presentes actuaciones que a la fecha de interposición del recurso de amparo el Fisco Nacional hubiera incurrido en un supuesto de demora excesiva que posibilite su admisión, como así tampoco se puede apreciar en el sub lite un perjuicio o perturbación concreta y actual en el ejercicio de un derecho o actividad de la contribuyente, circunstancia que resulta de igual importancia para decidir la procedencia de la acción intentada, toda vez que ha sido criterio reiterado de este organismo jurisdiccional que deben darse ambos requisitos: demora y perjuicio (cfr. Sala A, “Kovacic, Esteban Eduardo”, del 23/5/96).
Que teniendo en cuenta que el art. 182 de la ley Nº 11.683 -normativa que regula el amparo por demora en materia tributaria, marco de actuación de este Tribunal- es claro en cuanto a los requisitos que concomitantemente se deben cumplir, a fin de que quede habilitada la posibilidad de ocurrir ante este Tribunal Fiscal mediante dicha vía procesal; y toda vez que este remedio está destinado a garantizar la protección de derechos que resulten vulnerados por dilaciones injustificadas de los empleados de AFIP en realizar trámites o diligencias que estén a su cargo, cuidando de no generar un perjuicio real al contribuyente por inactividad del organismo, se puede concluir que en la presente causa no se encuentran acreditados ninguno de los requisitos mencionados, toda vez que el amparista no expresa cuál sería el trámite pendiente por parte de los empleados del organismo fiscal.
Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 182 de la ley procedimental, se desprende que la acción de amparo allí normada, tal como lo señalara la CSJN in re “Comatter S.A. s/Amparo”, sentencia del 27/12/90, “...persigue la realización de las diligencias o trámites administrativos requeridos, y no puede llevar más que a obtener una sentencia dirigida a compeler al organismo recaudador a que se expida respecto del reclamo formulado.”
“Dentro de ese orden de ideas cabe puntualizar que resulta ajena al limitado ámbito de competencia del Tribunal Fiscal la calificación de la conducta de la Administración Pública, en orden a la supuesta arbitrariedad de su cometido o la existencia de vías paralelas, puesto que dichos tópicos pertenecen a la esfera de la ley 16986, constituyendo un supuesto distinto al que tratan las normas aludidas en la ley fiscal, que apuntan a valorar la irrazonabilidad de la conducta administrativa en juego.”
“6) Que tal interpretación se robustece a poco que se repara en las consideraciones que precedieron al dictado de la ley 15265, especialmente las expresadas por el miembro informante de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, que tienen el valor que esta Corte señaló en el precedente de Fallos - T.
255. pág 241. En esa oportunidad se señaló: "Asimismo se introduce un nuevo instituto procesal: el llamado recurso de amparo fiscal. La persona individual o colectiva, perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por la demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la Dirección General Impositiva, podrá requerir la intervención del Tribunal Fiscal en amparo de su derecho". Frente a esas posibles demoras "la actual legislación no tiene reglamentada ninguna vía tendiente a recurrir a alguna autoridad superior o independiente en amparo del derecho del contribuyente. Ahora el proyecto instituye el recurso de amparo, que implica un proceso sustancial en la legislación impositiva del país. Por vía de ejemplo diré que el llamado recurso de amparo puede funcionar en supuestos de demora en la expedición de certificados de libre deuda para el caso de transferencia de fondos de comercio. También puede funcionar el amparo en caso de demora en la liquidación del impuesto a las ganancias eventuales, en el supuesto de cancelación de créditos hipotecarios, etc". (cfr. "Primera Colección de Fallos del Tribunal Fiscal de la Nación" - T. I - año 1981 - pág 17/8).”.
Por lo tanto, en el sub lite, se advierte que la presentación de la amparista excede el propósito de que se realice un mero trámite y, en consecuencia, a la luz de la doctrina que emana del fallo de la Corte citado, resultando ajena al recurso de amparo legislado en el marco de la ley tributaria que rige el proceso ante este Tribunal.
VI. Que, por otro lado, en el caso de autos, la amparista tampoco acredita haber presentado la solicitud de pronto despacho previo. Bajo tales circunstancias, solo cabe concluir que en la especie no se encuentran reunidos los recaudos previstos en los arts. 182 y 183 de la ley de rito para considerar habilitada la vía recursiva intentada, por lo que corresponde declarar in límine la improcedencia formal del recurso de amparo interpuesto, con costas Que asimismo procede intimar a la actora para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de pesos ochenta ($ 80) en concepto de tasa de actuación (conf. art. 2, 3° párrafo de la ley 25.964).
El Dr. Pérez dijo:
En principio considero necesario poner de resalto que del escrito de inicio no surge en forma clara y precisa el objeto de la presente acción de amparo. Por el contrario se advierte una confusión en el amparista respecto del alcance del recurso de amparo ante este Tribunal Fiscal y respecto del alcance de su propia pretensión.
En efecto, el amparista confunde el dictamen jurídico producido en la O.I. Nº 1.780.054 s/denuncia de ilegitimidad, con el acto que habrá de dictarse a fin de resolver la presentación de la contribuyente que diera origen a dichas actuaciones. Solicita el dictado de una medida cautelar tendiente a suspender la “ejecutoriedad del DICTAMEN JURÍDICO” (sic) por cuanto dispone sobre la sustancia y contenido de deuda y multas intimadas, desconociendo por un lado que la medida solicitada no encuadra en la competencia de este organismo jurisdiccional y, por otro, que el dictamen jurídico no es un acto administrativo ejecutable, sino que es un acto preparatorio del acto administrativo definitivo.
Asimismo, manifiesta que la acción tiene por objeto cuestionar la deuda y demás multas intimadas en el marco de la O.I. 1.780.054, lo cual excede el marco del recurso de amparo legislado en la ley de procedimiento tributario. En efecto, tal como lo ha señalado el Vocal instructor en su voto, el recurso de amparo ante este Tribunal se encuentra regulado en los artículos 182 y 183 de la Ley Nº 11.683. Dicha normativa es clara en cuanto a los requisitos que concomitantemente se deben cumplir, a fin de que quede habilitada la posibilidad de ocurrir ante este Tribunal Fiscal mediante dicha vía procesal; y toda vez que este remedio está destinado a garantizar la protección de derechos que resulten vulnerados por dilaciones injustificadas de los empleados de AFIP en realizar trámites o diligencias que estén a su cargo, cuidando de no generar un perjuicio real al contribuyente por inactividad del organismo, se puede concluir que en la presente causa no se encuentran acreditados ninguno de los requisitos mencionados, toda vez que el amparista no expresa cuál sería el trámite pendiente con demora por parte de los empleados del organismo fiscal.
Por último, cabe advertir además que la cuestión en debate en la O.I. 1.780.054 se encuentra relacionada a actas de inspección e infracción por las cuáles se intimó deuda y se aplicó multas en concepto de aportes y contribuciones de la seguridad social, materia manifiestamente ajena a la competencia de este Tribunal. En este sentido esta Sala “B”, por mayoría, se ha pronunciado en ese sentido in re “LOGISTECH S.A. S/ AMPARO”, sentencia del 29/4/2014, donde se sostuvo que el amparo previsto en los artículos 182 y 183 de la Ley Nº 11683 queda circunscripto al marco legal que conforman la competencia del Tribunal, siendo inadmisible extender su ámbito de aplicación mas allá de aquella (en el mismo sentido anteriormente con similar criterio la Sala “A”, sentencia del 23/12/97, in re “Industrias Alimenticias Mendocinas S.A. s/Amparo”).
En función de ello y teniendo en cuenta que además la amparista tampoco acredita haber presentado la solicitud de pronto despacho previo, cabe concluir que no se encuentran reunidos los recaudos previstos en el art. 182 de la ley de rito para habilitar la procedencia de la vía intentada.
El Dr. Porporatto dijo:
Que adhiere al Voto del Dr. Pérez.
Por todo lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Declarar in límine la improcedencia formal del recurso de amparo interpuesto en autos, con costas.
2. Intimar a la actora para que dentro del quinto (5) día de notificada la presente, ingrese la suma de pesos ochenta ($80) en concepto de tasa de actuación (conf. Arts. 2°, 3° y 4° de la Ley 25.964).
Regístrese, notifíquese, y oportunamente archívese.
Date: 2022.11.18 13:59:23 ART Date: 2022.11.18 14:01:00 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Jose Luis Perez Pablo Alejandro Porporatto Vocal Vocal Vocalía V Sala B Competencia Impositiva Vocalía VI Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.11.18 15:31:58 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Armando Magallon Vocal Vocalía IV Sala B Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.11.18 15:32:55 -03:00
Fin de la sentencia