Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 121339
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 121.339, "Erdocia, José Alberto contra Servicio Penitenciario Bonaerense. Accidente in itinere " con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, de Lázzari, Pettigiani.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción instaurada imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 95/105).
Se dedujo, por parte de la Fiscalía de Estado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 111/119).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de origen juzgó acreditado que el día 1 de septiembre de 2013 el señor José Alberto Erdocia, dependiente del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, padeció un accidente mientras desempeñaba sus funciones que le provocó una incapacidad parcial, permanente y definitiva del 5% del índice de la total obrera (v. vered., fs. 95/97 vta.).
En lo que resulta relevante, declaró procedente la pretensión dirigida a obtener de la demandada el pago de la prestación prevista en el art. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557, que cuantificó inicialmente en la suma de $53.645,85 (v. fs. 99 vta.).
Entendió que, por aplicación del art. 17 apartado 6 de la ley 26.773, correspondía aplicar a dicho monto el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE) a partir de enero de 2010. Para arribar a esa decisión, consideró que la citada ley no se limita a actualizar exclusivamente las prestaciones adicionales de pago único y los pisos que menciona el decreto 1.694/09, sino también a las fórmulas previstas en los arts. 14 y 15 de la ley 24.557. En tales condiciones, y toda vez que el mencionado índice publicado por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social entre el mes de enero de 2010 y agosto de 2016 arrojaba el coeficiente de 6,37, declaró procedente recomponer la prestación, arribando al resultado de $341.817,41 (v. fs. 99 vta. y 100).
Finalmente, aplicó intereses calculados desde el día 1 de septiembre de 2014 hasta la fecha de la sentencia conforme una tasa de interés pura del 6% anual (v. fs. 100/101).
II. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires denuncia violación y errónea aplicación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 3, 1.068, 1.069, 1.078, 1.083 y 1.086 del Código Civil; 165, 188, 384 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial local; 12 de la ley 24.557; 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que cita (v. fs. 111/119).
En sustancia, aduce que el pronunciamiento de grado vulnera la doctrina legal de este Tribunal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-IV-2016), señalando que el a quo interpretó inadecuadamente los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, en tanto el índice de ajuste de las prestaciones establecido en dicha norma no debe ser aplicado sobre el resultado de la fórmula de cálculo de las prestaciones, tal como lo hizo en su pronunciamiento.
Sostiene que la aplicación del índice RIPTE debe ser realizada conforme las pautas que establece la ley 26.773, su decreto reglamentario 472/14 y las resoluciones de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo vigentes al momento del siniestro.
En tal sentido, argumenta que el decreto 472/14 (reglam. de la ley 26.773) dispuso que sólo los pisos mínimos y, eventualmente, las prestaciones adicionales de pago único incorporadas al art. 11 de la ley 24.557 (con las modificaciones introducidas por el dec. 1.694/09), constituyen los montos que deben ser actualizados conforme el índice RIPTE; por lo que su aplicación a las sumas reconocidas en la sentencia implica una flagrante violación de la normativa vigente, que lleva a incrementar la reparación en forma desproporcionada.
Afirma que la indemnización determinada con arreglo a la fórmula matemática utilizada transgrede la doctrina legal emergente de la causa "Franciulli" al desbordar los límites de lo razonable e incurre en un claro absurdo valorativo (v. fs. 116 y vta.).
Finalmente, sostiene, en lo esencial, que toda vez que en el caso se trata de un hecho que acaeció el día 1 de septiembre de 2013, aplicar el mentado índice desde enero de 2010 transgrede el principio de irretroactividad de las leyes previsto en el art. 3 del Código Civil (actual 7 del Cód. Civ. y Com.).
III. El recurso prospera con las consideraciones que seguidamente habré de exponer.
III.1.a. Liminarmente ha de señalarse en lo vinculado con el recaudo del depósito previo, el recurso ha sido bien concedido pues esta Corte en la causa L. 118.131, "Vaccaro" (resol. de 3-XII-2014) resolvió declarar la validez constitucional de la reforma introducida por el art. 86 de la ley 14.552 al segundo párrafo del art. 56 de la ley 11.653, que consagra la eximición de su cumplimiento al Fisco provincial.
III.1.b. Luego, cabe advertir que el medio de impugnación fue concedido en el acotado ámbito del art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653 (v. resol., fs. 120), decisión que arriba firme a esta instancia, razón por la cual su admisibilidad ha de justificarse en el marco de la excepción contemplada en dicho precepto.
III.1.c. Sin perjuicio de lo anterior, el pronunciamiento no puede ignorar la doctrina legal actual de esta Corte, aun cuando esta a la época del dictado de la sentencia recurrida e incluso de la interposición del recurso todavía no se encontraba vigente (causas L. 96.891, "Díaz", sent. de 3-XI-2010; L. 90.644, "Conde", sent. de 22-VI-2011 y L. 104.124, "Peláez", sent. de 5-III-2014).
En repetidas ocasiones ha declarado este Tribunal (causas L. 89.455, "Pirro", sent. de 12-IV-2006; L. 85.534, "O., C. G.", sent. de 13-II-2008 y L. 107.602, "Iturregui", sent. de 30-X-2013) y reiteradamente lo ha advertido la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos: 298:33; 301:693; 304:1649 y 1761; 308:1087; 310:670 y 2246; 311:870 y 1810; 312:555 y 891; e.o.), que no corresponde dejar de atender a las circunstancias existentes al momento de la decisión, aunque ellas sean sobrevinientes a la interposición del recurso extraordinario.
III.2.a. Ingresando al tratamiento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, cabe señalar que le asiste razón a la recurrente en cuanto alega violación de los arts. 8 y 17 apartado 6 de la ley 26.773, agraviándose del modo en que el tribunal de grado dispuso la aplicación del índice RIPTE.
En las causas L. 118.532, "Godon" (sent. de 5-IV-2017); L. 120.170, "Fleita" (sent. de 29-VIII-2018); L. 119.593, "Gaveglio" y L. 120.205, "Pereyra" (sents. de 11-III-2020) esta Corte señaló que el referido índice debe aplicarse a los valores mínimos establecidos en los arts. 3 y 4 del decreto 1.694/09 para las indemnizaciones previstas en los arts. 14 apartado 2 y 15 apartado 2 de la ley 24.557; a las compensaciones dinerarias adicionales de pago único a las que alude el art. 11 apartado 4 de esta última ley; y a la base de la indemnización adicional contemplada en el art. 3 de la ley 26.773 para los casos de muerte o incapacidad total.
Resulta claro entonces, que lo resuelto por el tribunal de grado en el punto es contrario a la doctrina legal vigente y debe ser modificado.
III.2.b. Sentado ello, corresponde aplicar el mecanismo de mejoramiento periódico de las prestaciones conforme el señalado índice publicado semestralmente por la Secretaría de Seguridad Social en el contexto definido por la doctrina legal emergente del precedente L. 118.695, "Staroni", sentencia de 24-V-2016 (reiterada en L. 119.011, "Tarducci", sent. de 14-XII-2016 y L. 117.417, "Maidana", sent. de 31-X-2016; e.o.) en cuanto refiere a la aplicación temporal de la ley 26.773 (y, por ende, a la normativa dictada en su marco de actuación) para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produzca con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia.
En virtud de lo expuesto, teniendo en cuenta que el infortunio laboral acaeció el 1 de septiembre de 2013, en el caso resulta aplicable la resolución de la referida Secretaría de Seguridad Social 34/13.
III.2.c. En la instancia de origen deberá cuantificarse nuevamente la prestación dineraria de conformidad con lo decidido en la presente.
III.3. Lo hasta aquí dicho resulta suficiente para acoger la impugnación deducida, por lo que no corresponde abordar los restantes argumentos traídos por la impugnante.
III.4. En cuanto a los intereses aplicados en la instancia, cabe manifestar lo siguiente.
III.4.a. El tribunal de trabajo dispuso que, "En tanto el capital sobre el cual se calcularán intereses ya ha sido actualizado tras haber sido sometido al mecanismo indexatorio de los arts. 8 y 17 inc. 6 de la ley 26.773...", aquellos debían ser calculados desde el día 1 de septiembre de 2014 hasta la fecha de la sentencia a una tasa anual de interés puro del orden del 6% (v. fs. 100/101).
III.4.b. Ahora bien, habiéndose revocado en este acuerdo lo decidido por el a quo en cuanto justipreció la prestación dineraria empleando de modo erróneo el mecanismo de ajuste previsto en la ley 26.773, lógicamente -a tenor del fundamento plasmado en esta parcela del pronunciamiento- debe dejarse sin efecto lo juzgado en el punto, correspondiendo señalarle al tribunal de grado que al resolver la cuestión deberá tener presente la doctrina de esta Corte que emana -entre otras- de la causa L. 108.784, "Marengo" (sent. de 4-XII-2013).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y revocar la sentencia impugnada con el alcance expuesto en los puntos III.2.b., III.2.c. y III.4.b. del presente.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, con nueva integración, dicte el pronunciamiento que corresponda.
Costas a la vencida (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores de Lázzari y Pettigiani , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto y se revoca la sentencia impugnada con el alcance establecido en el punto IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, debidamente integrado, dicte nuevo pronunciamiento.
Las costas se imponen a la vencida (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
DANIEL FERNANDO SORIA
EDUARDO JULIO PETTIGIANI HILDA KOGAN
EDUARDO NESTOR DE LÁZZARI
La Plata, a los 9 días del mes de junio de 2020.
ANALÍA S. DI TOMMASO
Secretaria
Fin de la sentencia