Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala C · Causa 40.633-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Rechazar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por la actora, con costas.
2Intimar a dicha parte para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 14.456,17 (pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con diecisiete centavos) en concepto de tasa de actuación, la que se encuentra reducida a un tercio, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda, con más los intereses que correspondan (conf. arts. 1, 2, 5, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional AÑO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA Informe firma conjunta Número: IF-2025-15614977-APN-VOCVII#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Miércoles 12 de Febrero de 2025 beneficio de litigar sin gastos”, sentencia En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se reúnen los Vocales de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Viviana Marmillon (Vocal titular de la 7ma. Nominación) y Claudio E. Luis (Vocal titular de la 8va. Nominación), a fin de resolver en el expediente N° 40.633-I, caratulado: “S.E.A. SERVICIOS EMPRESARIOS ARGENTINOS S.A. s/ incidente de beneficio de litigar sin gastos”.
La Dra. Marmillon dijo:
I. Que el presente incidente se formó como consecuencia del pedido efectuado por la sociedad anónima S.E.A. Servicios Empresarios Argentinos para que se le conceda beneficio de litigar sin gastos, en relación con su obligación de ingreso de la tasa de actuación -Ley 25.964-, fundamentando su solicitud en la insuficiencia de medios económicos que le impiden afrontar el pago de las erogaciones que implican la sustanciación del proceso. Entiende que la interposición del presente incidente se basa en el principio de igualdad de las partes y en la garantía de defensa en juicio.
Manifiesta que en razón de los montos que se le reclaman, el pago de la tasa de actuación implicaría un notorio menoscabo de su patrimonio.
Relata que es una empresa dedicada a la administración de recursos humanos que se encuentra atravesando una difícil situación económica desde el año 2002 cuando tuvo que presentarse en convocatoria de acreedores, hecho que motivó el inicio de su concurso preventivo, razón por la cual se encuentra imposibilitada de acceder a financiamiento, a excepción de los descubiertos en cuenta corriente. Sostiene que a raíz de la deuda concursal que mantiene con AFIP resulta imposible el levantamiento del concurso y que ello le provoca enormes inconvenientes.
Destaca que en el año 2007 se inscribió en el Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas (REFOP), subsidio otorgado por la Secretaría de Transporte para las empresas que contrataran personal del Convenio Colectivo de Trabajo 40/89, a través del cual se reintegraban las contribuciones de Seguridad Social. Continúa diciendo que en el año 2012 el mencionado subsidio fue cancelado, en tanto su nómina de personal representaba un 70% de dicho CCT. Agrega que la empresa contaba en sus presupuestos con el ingreso de tal subsidio, por lo que aquélla decisión del gobierno fue el principal motivo de su actual situación económica desfavorable sumado a que se le adeudan $ 11.000.000 en concepto de reintegros.
Expresa que sus activos resultan ser inferiores a los pasivos exigibles y que ellos corresponden principalmente a deudores por ventas y retenciones, siendo que el resto del activo está conformado por bienes de uso, inversiones, garantías para ejercer la actividad de personal eventual y otros activos menores, razón por la cual llevó a que la empresa quede retrasada en las tarifas y provocando un endeudamiento cada vez mayor con el Fisco Nacional.
Expone que fue víctima de estafas por las sumas de $ 1.470.000 y $ 300.000, lo que motivó las acciones penales correspondientes.
Alega que las cadenas de pagos se extendieron a más de 60 días y sumado a ello, la peticionante vio reducida su contratación de “cápitas”, lo que impacta directamente en su facturación.
Por lo expuesto, asevera que la empresa carece de recursos económicos para afrontar el pago de los costos del proceso ya que su situación no es meramente una carencia de liquidez y advierte que si se denegase el beneficio peticionado implicaría afectar derechos de raigambre constitucional. Cita jurisprudencia que haría a su derecho. Ofrece prueba documental e informativa.
Que a fs. 60/63 contesta el traslado conferido la representación fiscal y manifiesta que no se dan en autos los supuestos necesarios para avalar la concesión del beneficio. Indica que el art. 78 del C.P.C.C.N. acuerda el beneficio a aquellas personas que carecieren de recursos, es decir, a las que se encontraren en tal situación de pobreza que los colocare ante la imposibilidad de litigar. Agrega que la incapacidad económica no debe ser confundida con dificultades financieras.
Sostiene que la situación de la contribuyente demuestra gastos judiciales por ser asesorado por el profesional que suscribe el presente incidente y que las eventuales dificultades financieras son propias del riesgo comercial que deben medir quienes se aventuran a un negocio, inclusive las de posibles litigios, no siendo justificable para el otorgamiento los hechos invocados por la peticionante. Se opone a la producción de las pruebas ofrecidas y a la concesión del beneficio peticionado. Cita jurisprudencia y doctrina en favor a su postura. Plantea la cuestión federal.
II. A fs. 68 se abre el presente incidente a prueba haciéndose lugar a la informativa dirigida al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial N° 8 de Morón. A fs. 71 se intima a la peticionante para que acompañe a la firma el oficio ordenado, bajo apercibimiento de dar por decaído el derecho a realizarlo. A fs. 73 se hace efectivo dicho apercibimiento y se procede a clausurar el período probatorio. A fs. 76 se elevan los autos a consideración de la Sala “C”.
III. Que el beneficio de litigar sin gastos es un instituto excepcional, que tiene por finalidad permitir a aquéllos que carecieren de recursos o de la posibilidad de obtenerlos, acceder a la justicia u organismos con funciones jurisdiccionales en defensa de sus derechos.
Que si bien es cierto que este remedio no restringe su aplicación a las personas físicas, también lo es que su extensión a otros sujetos procede en la medida que se pruebe la carencia de las mismas para afrontar los gastos del proceso, circunstancia que debe analizarse con sumo cuidado pues cuando la controversia es producto de relaciones comerciales quien tiene a su cargo impartir justicia debe examinar cuidadosamente la situación de la sociedad solicitante, porque si bien no es necesario que aquélla se encuentre en estado de cesación de pagos o tenga abierto su concurso, no resulta razón suficiente para su otorgamiento la carencia de liquidez, por ser éste un problema financiero que encuentra remedio por caminos ajenos a la tutela de la defensa en juicio (CNCom, “Aerotán S.A. c/Asociación de Coop. Argentina Ltda. de Seguros s/Beneficio de litigar sin gastos”, citado por Díaz Solimine, Omar L., “Beneficio de litigar sin gastos”, Ed. Astrea, Bs. As. 1995, pág. 25. En el mismo sentido: CNACAF, Sala IV, in-re: “Agroquímica Sud S.A.”, sentencia del 08/07/2010).
Que el inc. 2° del art. 79 CPCCN, es categórico en cuanto dispone: “La solicitud contendrá:…2) El ofrecimiento de la prueba tendiente a demostrar la imposibilidad de obtener recurso.”. Es decir que, quien tiene la carga de probar fehacientemente la carencia de recursos y de crédito para obtenerlos, es quien la invoca. Que en atención a lo expuesto procede merituar la prueba allegada al presente incidente y en tal sentido, la aportada por la peticionante fue únicamente documental que consiste en: Formularios 931 y sus acuses de recibo por los períodos 08/2013 al 07/2014; Formularios de solicitud de reintegro de 05/2011 al 12/2011; y balance general del ejercicio económico de duración irregular al 30/6/14.
Que en relación a los Formularios 931 acompañados, se desprende el detalle y los montos a ingresar en relación a los aportes y contribuciones al Sistema de la Seguridad Social, y nada aclaran a fin de establecer la carencia de recursos alegada por la incidentista (ver fs. 4/27). Asimismo, respecto de los Formularios de solicitud de reintegro de fs. 29/35 no demuestran la incapacidad patrimonial que dice atravesar la peticionante. A fs. 36/48 la incidentista acompaña el balance general del ejercicio económico de duración irregular al 30/6/14. En dicho período se puede apreciar que el estado de evolución del patrimonio neto es de $ -9.348.070, que, si bien tal valor podría dar la impresión de que la peticionante se encuentra en un estado económico delicado, si se efectúa una evaluación integral se puede apreciar que los valores con los que opera resultan ser importantes, y evidencia de ello es el total del activo corriente que arroja una suma de $ 55.800.295 de los cuales $ 5.595.515 corresponden a la cuenta Caja y Bancos. Sin desconocer que posee un pasivo por $ 96.605.534 en el ejercicio que aquí se trae como prueba, se trata de una empresa en marcha y que, si bien se encuentra por un período de pérdida, ello lo es en miras a revertir dicho resultado. Por lo tanto, no se evidencia la carencia de recursos que alega la incidentista ni la imposibilidad de obtener financiación para hacer frente a los gastos del proceso. Por otra parte, según las manifestaciones de dicha parte respecto de que se encontraría transitando su concurso preventivo y que por tal motivo no puede acceder a financiamiento, fue concedida la prueba solicitada a fin que se oficie al Juzgado por ante el cual tramitaría dicho concurso, la que no fue producida por su propia inacción, dejando en evidencia su desinterés respecto de la petición que aquí nos ocupa.
Es preciso señalar que el otorgamiento del beneficio de litigar sin gastos es un remedio excepcional a fin de garantizar el acceso a la jurisdicción en aquellos casos en los que no otorgarlo sería denegación de justicia por las características particulares del que peticiona, sin olvidar que frente a los intereses del peticionario “...se hallan los de su contraria, tan respetables como los de aquél, los que podrían verse conculcados si a un limitado beneficio se lo transforma en indebido privilegio.” (Fallos 311:1372).
Que en atención a las probanzas producidas y las consideraciones efectuadas “supra”, no se verifica ni se aportan indicios de la situación económica delicada por la que dice atravesar la incidentista, toda vez que no se produjeron pruebas suficientes que permitan acreditar su falta de recursos o la imposibilidad de obtener financiación para hacer frente tanto a la tasa de actuación ante este Tribunal, como a los gastos causídicos. En consecuencia, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos que peticionara, con costas.
IV. No obstante lo expuesto, en atención a la forma en que fueron resueltos los autos principales por sentencia recaída el día 18/4/15 que declaró la incompetencia de oficio de este Tribunal para entender en la causa y que fuera confirmada por la Alzada, encontrándose firme a la fecha, procede intimar a la incidentista para que en el plazo de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 14.456,17 (pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con diecisiete centavos) en concepto de tasa de actuación, la que se encuentra reducida a un tercio, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda, con más los intereses que correspondan (conf. arts. 1, 2, 5, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
El Dr. Luis dijo:
Que adhiere al voto que antecede Por ello, SE RESUELVE:
1. Rechazar el beneficio de litigar sin gastos peticionado por la actora, con costas.
2. Intimar a dicha parte para que en el término de 5 (cinco) días ingrese la suma de $ 14.456,17 (pesos catorce mil cuatrocientos cincuenta y seis con diecisiete centavos) en concepto de tasa de actuación, la que se encuentra reducida a un tercio, bajo apercibimiento de ordenar el libramiento de certificado de deuda, con más los intereses que correspondan (conf. arts. 1, 2, 5, 7 y cc. de la ley 25.964 y modif.).
Se deja constancia que el presente pronunciamiento lo suscriben dos Vocales Titulares, por encontrarse vacante la Vocalía de la 9a. Nominación (cfr. art. 184, 4to. párrafo, ley 11.683 -t.o. vigente- y art. 52 del Reglamento de Procedimientos de este Tribunal).
Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.
Date: 2025.02.12 13:51:49 -03:00 Date: 2025.02.12 18:12:37 -03:00 Claudio Esteban Luis Viviana Marmillon Vocal Vocal Vocalía VIII Sala C Competencia Impositiva Vocalía VII Sala C Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación ELECTRONICA - GDE Date: 2025.02.12 18:12:38 -03:00
Fin de la sentencia