Abriendo la norma
Cámara Civil de la 2º Circunscripción · Causa 7091
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Desestimar los agravios de la parte actora.
2Admitir parcialmente el agravio de la demandada en lo que respecta a la regulación de honorarios de primer instancia y confirmar la sentencia en lo restante.
3Imponer las costas en el orden causado en atención a como se resuelve la causa (art. 71 CPCC).-
4Regular los honorarios en esta instancia al Dr. Walter Esquivel en la suma de $ 20.000 por y al Dr. Paulo Luis Schmidt en la suma de $ 20.000 dejando constancia que dichas sumas no son comprensivas del IVA, teniendo en cuenta el interés del pleito, el resultado obtenido, la labor profesional y el monto reclamado en éstos (arts. 13, 18, 20, 24,29, 59 y ccs. LEY 3330). Haciendo saber a los letrados intervinientes que deberán notificar los emolumentos regulados a las partes en su domicilio real (art. 72 ley 3330).-
5Tener presente la reserva del caso federal.
Provincia: Santa Cruz Localidad: Caleta Olivia Fuero: Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Mineria de la Segunda Circunscripción Judicial Instancia: Segunda Expte. Nº: 7091 Sentencia: 2811 Actor: Ormeño, Miguel Angel Demandada: TAUSA S.A.
Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 13/11/2019 Texto:
En la ciudad de Caleta Olivia, Provincia de Santa Cruz, a los días trece de Noviembre del año dos mil diecinueve, se reúnen los señores miembros de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial para dictar sentencia en los autos: “SERVICIOS FENIX S.H. DE MIGUEL ORMEÑO Y DANIEL ROJO C/ TAUSA S.A. S/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº 16.554/14, que tramitan en el Juzgado de Primera Instancia Nº 2 en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería, Secretaría Nº 2, de la ciudad de Caleta Olivia, que ingresara en esta instancia bajo el Nº 7091. A estos fines se estableció el siguiente orden de estudio: Dra. Griselda I. Bard, Dr. Jorge Omar Alonso y Dr. Mario A. Albarrán para responder a las siguientes cuestiones: PRIMERA: ¿Es justa la sentencia recurrida? SEGUNDA: ¿Qué pronunciamiento se debe dictar? A LA PRIMERA CUESTIÓN la Dra. Bard dijo:
I. A fs. 1/70 y vta., Miguel Ángel Ormeño, con el patrocinio letrado del Dr. Walter Alejandro Esquivel, promueve demanda por cobro de pesos contra la empresa TAUSA S.A por las sumas de $315.382,87 en concepto de facturas impagas, en mora por la provisión de servicios de reparación y mantenimiento de vehículos automotores de la demandada, con más intereses, costos y costas del juicio. Expresa que la relación con TAUSA S.A. fue de carácter comercial, vinculándose mediante un contrato de locación de obra que la actora ejecutaba a favor de la demandada. Afirma que los importes que surgen de las facturas acompañadas debían abonarse a los 15 días de su emisión, pero la demandada omitió pagar en tiempo y forma. Sostiene que los trabajos realizados y el importe surgen de las facturas y de la certificación contable acompañada (fs. 28/46 y 26/27), habiendo sido dicho crédito reclamado en diversas oportunidades a los fines de arribar a un acuerdo, obteniendo siempre un resultado negativo por la demandada, quien omitió ilegítimamente abonar el crédito adeudado.- Solicita se haga lugar a la demanda por cobro de pesos, más los intereses, costas y costos del juicio. Ofrece prueba y funda en derecho.-
II. A fs. 101/107vta. contesta demanda y reconviene el Dr. Paulo Luis Schmidt, apoderado de la firma TAUSA S.A., quien solicita se rechace la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas. Plantea reconvención en contra de Servicios Fénix S.H., Miguel Ormeño y Daniel Rojo, por daños y perjuicios que causara a su mandante la retención indebida de un rodado dominio HTI-065 por la suma de pesos $150.000 o lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse, con más intereses, gastos y costas del juicio, debiendo comprenderse los daños desde la retención indebida emergente de la CD de fecha 23/05/13 mediante la cual se colocó en mora a la actora hasta la restitución real y efectiva del rodado.- Desconoce la documentación acompañada por la actora y niega los hechos invocados en la demanda, dando su versión de éstos.
Afirma que su conferente no le adeuda suma alguna a la contraria ya que nunca brindó los servicios que pretende cobrar. Refiere que TAUSA S.A. por un período de dos años se radicó en la localidad de Cañadón Seco, toda vez que suscribió un contrato de servicios petroleros con la empresa SUPET S.A. Agrega que finalizado el contrato mencionado, los empleados fueron transferidos a otra empresa, y se canceló en totalidad las deudas contraídas por la firma, resultando así totalmente falso e infundado lo manifestado por la accionante respecto al vaciamiento de TAUSA S.A. y/o su insolvencia, encontrándose ello probado con el Informe de Estado de situación patrimonial al 31/08/13, el cual acredita la solvencia patrimonial y financiera de la firma.- Sostiene que su mandante requirió el servicio esporádico de FÉNIX S.H. a los fines que efectúe la reparación de vehículos, especialmente camionetas, siendo ello abonado en tiempo y forma a la actora.
Relata que en el mes de diciembre de 2012 se presentaron facturas emitidas por FÉNIX S.H., algunas con fecha del año anterior, sin explicación ni documentación respaldatoria, pretendiendo el cobro de servicios que nunca fueron brindados, muchas de ellas sin ser suscriptas por persona alguna, y otras habían sido recepcionadas por persona no autorizada ni habilitada legalmente al efecto por TAUSA S.A.. Que ante esta situación su representada remitió a la actora la CD Nº 321631941 (fs. 80) rechazando dichas facturas, toda vez que los trabajos consignados en ellas nunca fueron realizados a favor de su mandante y, en el caso de que alguno de los trabajos haya sido realizado, los valores que pretende cobrar son excesivos.
Insiste en que los remitos que se acompañan a las facturas no fueron firmados por persona autorizada a contratar por su mandante.- En otro orden manifiesta que el 10/01/13 Cristian Eduardo Sosa llevó a las instalaciones de Servicios Fénix S.H. una camioneta marca Toyota modelo Hilux 4x2, cabina simple DX 2.5 TD año 2008, patente HTI-065 de propiedad de su mandante, para reparación mecánica, que dicha reparación nunca se realizó, negando la actora sistemáticamente su restitución, pese a las intimaciones efectuadas, aun mediante CD 369181172 de fecha 23/05/13 (fs. 83), la cual no fue contestada, ejerciendo ilegítimamente la retención del rodado, dando origen a denuncia penal por configuración del delito previsto por el art. 173 inc. 2º del Código Penal.- Solicita se rechace la demanda y se haga lugar a la reconvención deducida, con expresa condenación en costas.
Fundó en derecho y ofreció prueba.-
III. A fs. 117/118vta. el Dr. Walter Esquivel acompañó poder general para juicios y gestiones administrativas, y a fs 119/120vta. contestó traslado de la reconvención. Niega los hechos vertidos por la demandada y solicita su rechazo. Expresa que no existió retención indebida o ilegítima del rodado referido por la contraria por parte de su mandante. Reconoce que el mismo fue entregado a los fines de ser reparado por SERVICIOS FÉNIX S.H., pero al momento de cobrar todos los trabajos que el demandado le adeudaba a la firma, incluida la reparación de dicho vehículo, éste se negó a pagar, quedando el mismo bajo guarda del actor, ejerciendo el derecho de retención receptado por el nuevo art.2587 del CCyCN (art. 3939 del Código Civil).-
IV. A fs. 129 se abre la causa a prueba produciéndose la obrante en autos. A fs. 434 se declara la clausura del período probatorio. A fs. 436 se agrega alegato de pruebas la parte actora y a fs. 439 el de la parte demandada. A fs. 449 obra decreto que puso los autos a despacho para resolver.-
V. A fs. 450/454, el Juez de Primera Instancia rechazó la demanda interpuesta por la parte actora, Miguel Ángel Ormeño, socio de la firma Servicios Fénix S.H., en contra de la empresa TAUSA S.A., con costas por su orden, y rechazó la reconvención deducida por TAUSA S.A. en contra de Servicios Fénix S.H., contra Miguel Ángel Ormeño y Daniel Rojo, por los daños y perjuicios causados por la retención indebida del rodado, con costas por su orden.-
VI. La sentencia fue apelada por las partes, el apoderado de la demandada a fs. 455 y el apoderado de la actora lo hizo a fs. 461, los recursos fueron concedidos libremente y con efecto suspensivo a fs. 456 y 467. Los agravios de la parte demandada obran a fs. 483/487, y los de la parte actora a fs. 490/499vta. Estos fueron contestados por la actora a fs. 504/506vta. y por la demandada a fs. 508/511vta.-
VII. A fs. 483/487, el apoderado de la demandada se agravia en primer lugar porque el Juez de Primera Instancia al sentenciar eludió rotundamente los términos de la reconvención planteada por su representado (fs. 101/107vta.), la postura que adoptó la actora en relación a ésta (fs. 119/120) y la prueba producida en autos. Asimismo, entiende arbitrario y contrario a derecho el rechazo de la reconvención por daños y perjuicios deducida.-
Sostiene que el fallo atacado no constituye una derivación razonada de las posturas de las partes, las probanzas arrimadas y el derecho aplicable al caso. Refiere que el A quo de manera contradictoria entiende que resultan cuestiones no controvertidas la retención sin causa alguna del vehículo y el carácter de TAUSA S.A. como propietaria del mismo, desconociendo el derecho a ser indemnizado por ese obrar ilícito, caso para el cual no se exige la configuración de un delito penal, sino simplemente debe tratarse de una retención ilícita civil, configurando ello una privación ilícita y sin derecho de un bien de su apoderado, estando reconocida en autos dicha retención por parte de la contraria, lo que debe resolverse es si ésta tenía el derecho a retener el vehículo, es decir, si se encontraba legalmente habilitada a retenerlo, privando a TAUSA S.A. de la unidad.- Afirma que el A quo resolvió el reclamo indemnizatorio de manera arbitraria, desconociendo la postura de la actora y la falta de acreditación de los extremos invocados, resultando así el fallo recurrido arbitrario y desajustado a derecho. -
En el segundo agravio, se refirió a la regulación de honorarios, regulados en forma conjunta y en partes iguales a la Dra. Marta Soledad Quiroga y al Dr. Paulo Luis Schmidt, desplegando éste último la totalidad de la labor profesional conforme surge de fs. 101/107vta., 126/vta., 135/vta., 171, 176, 185/186, 204/205, 232, 405, 408, 409/428, 446/448, entendiendo que dicha regulación en forma conjunta contraviene arbitrariamente las constancias de la causa y no se ajusta a derecho, correspondiendo se revoque el punto 3) del fallo recurrido, regulándose los honorarios del Dr. Schmidt en forma individual.- Finalmente cita jurisprudencia aplicable al caso, hace reserva del caso federal y solicita se haga lugar a los agravios revocándose la sentencia de primera instancia con expresa condenación de costas.-
VIII. A fs. 490/499vta. al motivar el recurso el apoderado de la actora Dr. Walter Esquivel, se agravia porque al sentenciar el A quo no tuvo en cuenta las probanzas arrimadas y cumplidas por su parte, desconociendo arbitraria e injustificadamente elementos acreditados obrantes en autos, resolviendo la falta de responsabilidad de la contraparte respecto al crédito reclamado en el libelo de inicio, pese al reconocimiento expreso de la relación de servicios que unía a las partes, desconociendo las obligaciones que pesan sobre la demandada, resultando contradictoria la sentencia recurrida, causándole ello un gravamen irreparable, un perjuicio económico y material y moral irreversible.- Realiza una crítica del fallo recurrido y al enumerar los agravios sostiene que: lo agravia que el sentenciante al fallar refiera que se tengan purgados los vicios del procedimiento, entendiendo que con ello el A quo ha intentado justificar un accionar negligente de este Tribunal, que ha afectado gravemente su derecho de defensa, violando el debido proceso e igualdad ante la ley.
Hace referencia al cuaderno de pruebas producidas por su parte, y sostiene que el Juez de Primera Instancia ha incurrido en un error injustificado imputable a negligencia, toda vez que a fs. 177 resolvió tener por desistida la prueba testimonial del Contador Rafael Edgar Campos, sin considerar que mediante el escrito obrante a fs. 173 éste había impulsado el proceso, y asimismo reiteró la citación del testigo (fs. 178/179), no dándose el presupuesto del inciso 1º del art. 410 del CPCC, resultando los escritos mencionados de fecha anterior al pedido de la contraria (fs. 176) que acusa a la parte actora de no activar la citación del testigo, provocando ello la pérdida de una prueba trascendental para ratificar la veracidad de la certificación en relación al crédito reclamado en la demanda, modificando la validez probatoria de una de las partes en juicio, teniendo ello directa relación con los fundamentos de los considerandos argumentando el A quo orfandad probatoria, siendo que la misma fue cercenada por negligencia en la Resolución del Tribunal (fs. 2016/2017).
Asimismo lo agravia el fallo recurrido en el punto FIJACIÓN FÁCTICA - SUBSUNCIÓN JURÍDICA, toda vez que si bien reconoce que existía entre las partes una locación de servicios, no resultando cuestión controvertida en los presentes dicha vinculación comercial, ni la recepción de las facturas por parte de TAUSA S.A., en contradicción a ello acusa de insuficiencia probatoria a la actora y rechaza la demanda, incurriendo su conducta en la Teoría del absurdo, encontrándose viciada la sentencia. En ese mismo orden, lo agravia que el A quo al sentenciar desconoce injustificadamente la naturaleza y fuerza probatoria de las facturas acompañadas que acreditan lo reclamado en la demanda. Agravia a la actora que la sentencia recurrida desconoce la veracidad de los hechos insertos en las facturas, las cuales son originales y detallan los servicios prestados a la demandada y el precio de éstos, habiendo adquirido naturaleza ejecutiva, encontrándose certificadas.
Igualmente la sentencia atacada agravia al recurrente cuando al valorar el marco probatorio acreditado por la actora violenta la normativa aplicable respecto a las facturas y a la relación contractual entre las partes. Entiende que el A quo ha revertido la carga de la prueba, menospreciando la validez jurídica y certeza legal que acreditan las facturas, coartando el derecho a probar, por un error material de este Tribunal. Agravia al actor que el sentenciante en un primero momento no puso en duda la recepción de las facturas por la demandada, pero luego en la fundamentación de su fallo citó jurisprudencia contraria a lo expresado para arribar al resultado, siendo que la demandada, conforme la normativa, contaba con un plazo de 10 días para rechazar dichas facturas ante la presentación al cobro de una deuda conformada, y no lo hizo.
Asimismo agravia al recurrente que el A quo en sus conclusiones señale que no se interesó en activar la citación de la persona que firmó las facturas acompañadas, desistiendo asimismo de la prueba testimonial de reconocimiento de Rafael Edgar Campos de la certificación contable (fs. 26/27). Respecto a ello sostiene que de su parte hubo un impulso procesal permanente, y nunca desistió del testimonio del contador Campos, teniéndose por desistida mediante un accionar negligente en el análisis de las presentaciones efectuadas, no reflejando el fallo atacado el real accionar de la actora en la tramitación de los presentes y el impulso dado a la causa. Se agravia igualmente por la contrariedad manifiesta en el análisis de la etapa probatoria y los fundamentos de la sentencia al reconocer el A quo el vínculo comercial y la recepción de las facturas, plantear la insuficiencia probatoria de la acreencia líquida y exigible y la jurisprudencia citada, afectando el derecho de defensa y debido proceso al exigir una obligación probatoria extrema, que va más allá de acreditar los extremos de vinculación.
Agravia a su parte la sentencia recurrida toda vez que su fundamentación y conclusiones son contradictorias y alteran lo previsto en el CCyCN en materia de locación de servicios. Sostiene que el demandado reconoció la entrega del rodado dominio HTI-065 habiendo sido ratificado luego por el A quo, siendo ello un indicio clave a los fines de confirmar que la entrega de vehículos para su reparación y trabajos, detalladas en las facturas, era normal y habitual entre las partes, y que nunca abonó el precio por la reparación realizada en dicho automotor. Refiere que el sentenciante rechaza la reconvención pretendida por la contraria, confirmando con sus fundamentos un hecho determinante a los efectos del nexo causal entre las facturas y los servicios reclamados que el Juez desconoce injustificadamente.
Por último sostiene que lo agravia la sentencia por fundar su resolución mediante un análisis y basamento contradictorio y erróneo de los elementos incorporados al expediente, recayendo en contradicción con la normativa aplicable al caso.- Finalmente cita doctrina y jurisprudencia aplicable al caso, solicita se ordene medida de mejor proveer, se produzca la prueba ofrecida en esta instancia y se revoque la sentencia obrante a fs. 450/454, haciéndose lugar a la demanda de cobro de pesos interpuesta, con costas.-
IX. A fs. 504/506vta., el apoderado de la actora al contestar los agravios de la demandada sostuvo que la misma no da cumplimiento con lo establecido en el art. 264 del CPCC, careciendo en todas sus partes de un razonamiento lógico, por lo que esta Cámara deberá revertir la sentencia recurrida respecto a la reconvención.-
Manifiesta que la contraria en sus agravios acusa la conducta probatoria de la actora, y respecto a ello sostiene que en la sentencia de Primera Instancia existen diferencias claras y extremas entre lo acusado por la demandada y la falta de criterio del Tribunal para determinar el peso probatorio de la prueba producida, la cual considera determinante y precisa.-
En cuanto al agravio de la demandada por la retención del vehículo, sostiene que ésta entregó el mismo a SERVICIOS FÉNIX S.H. a los fines de su reparación pero nunca pagó los trabajos realizados ni aportó prueba fehaciente que acredite el delito que imputan ni del perjuicio sufrido, esto es, nunca aportaron factura de pago de los trabajos realizados, pretendiendo revertir la carga de la prueba.-
Remarca que no existió retención indebida del rodado, el cual, como expresamente reconocieron, fue entregado voluntariamente para ser reparado, negándose a abonar la totalidad de los trabajos, por lo que el vehículo se tiene bajo guarda y ejerciendo el derecho de retención, conforme lo establece en el art. 2589 del CCyCN, pretendiendo la contraria agraviarse de un hecho inexistente, toda vez que no hay retención indebida, sino pleno ejercicio de un derecho a percibir un crédito que la contraria no abonó, ni aportó prueba que acredite que dichos trabajos fueron cancelados o abonados.- Solicita se revoque la sentencia y se haga lugar a la demanda interpuesta, confirmándose lo relativo a la reconvención, rechazándose la acción del demandado, con costas.-
X. A fs. 508/511 contesta agravios la parte demandada, y sostiene que los mismos carecen de fundamento toda vez que la actora no ha producido prueba alguna que demuestre la realización de los trabajos que pretende cobrar, no conmoviendo lo resuelto por el sentenciante con su simple disconformidad. Agrega que las únicas dos pruebas ofrecidas, insuficientes a los fines de acreditar los hechos invocados, por su inactividad procesal la actora hubo de perderlas.-
Entiende que el A quo rechazó la pretensión de la actora por no haber acreditado ésta los extremos de su procedencia, incurriendo en una orfandad probatoria, intentando con su memorial alegar su propia torpeza e inactividad probatoria, no surgiendo de las constancias de autos violación alguna a su derecho de defensa, ni error ni negligencia del Juzgado.-
Sostiene que la actora se agravia de sí misma, toda vez que el resultado del proceso y el rechazo de la demanda por el A quo es consecuencia de su actuar procesal omisivo y desaprensivo.-
Respecto a las facturas acompañadas por la actora, sostiene que en tiempo y forma las mismas fueron desconocidas y rechazadas mediante CD Nº 321631941 (fs. 80), como así también la realización de los trabajos, sin obtener respuesta, no teniendo las mismas valor probatorio pleno, por lo que no le asiste razón a la contraria.-
Entiende que los agravios de la actora devienen totalmente inexactos e infundados a la luz de las constancias de la causa, del derecho vigente y la doctrina y jurisprudencia aplicable al caso particular, correspondiendo su rechazo con costas.-
En relación a la pretensión de producción de prueba y replanteo de la actora, sostiene que se trata de un intento inadmisible de ofrecer prueba en esta instancia, que no ofreció en primera instancia (pericial contable, receptar prueba testimonial de reconocimiento mediante Oficio Ley 22.172) lo que configuraría la violación del debido proceso y del derecho de defensa de la parte demandada.-
Finalmente solicita se rechacen los agravios de la actora y se confirme la sentencia en cuanto rechaza la demanda de cobro de pesos, con imposición de costas en ambas instancias.-
XI. A fs. 518 y vta. la parte actora denuncia hecho nuevo y solicita se incorpore documentación que considera esencial para la resolución de autos. A fs. 522vta. se hace lugar al hecho nuevo planteado y posteriormente a fs. 523/773 se agrega la documentación acompañada. A fs. 777/778 la demandada contesta traslado, denuncia agregación extemporánea de la prueba documental ofrecida por el actor, solicita se revoque de oficio lo resuelto a fs. 522vta. y plantea reserva del caso federal. A fs. 780vta. se desestima lo solicitado por la contraria, ordenándose se pongan los autos para alegar sobre la prueba adjuntada por la actora. A fs. 796/801vta. la actora acompaña memorial de alegato. Se dispone el pase a estudio de los presentes estableciendo el orden para ello, a fs. 803.-
XII. Tal como han quedado expuestos los agravios por una cuestión de orden habré de tratar en primer término los de la parte actora. Básicamente la accionante insiste en una deficiente y arbitraria apreciación de la prueba. Veamos la situación tal como se desarrolló en éstos. Por los propios dichos de las partes ha quedado acreditada la relación que existía entre Servicios Fénix SH y Tausa SA. En tanto que la primera reparaba vehículos y la demandada acudía a los servicios mecánicos para los arreglos de sus automotores. Esta situación no es suficiente para el progreso de la demanda. Por el principio dispositivo que rige en nuestro derecho son las partes las que deben ofrecer y producir la prueba, y deben impulsar los medios de prueba que ofrecen y demostrar sus afirmaciones.
Asimismo cabe recordar que los hechos que deben probarse son aquellos que están controvertidos. En este caso, el actor pretende el cobro de las facturas que acompaña en su demanda. La accionada niega haber recibido esas facturas señalando que el firmante no resulta ser personal con aptitud para obligar la firma. Ante esta situación, debió procurarse acreditar tal extremo, solicitando a la demandada nómina de personal, probando que trabajos se habrían realizado, en qué vehículos, etc. Asimismo la persona que suscribe las facturas consigna el nombre “Ezequiel Castro”, y no se lo citó a juicio, ni a reconocer su firma. Si bien la factura es un documento que por excelencia daría cuenta de la existencia de la vinculación contractual, no resulta suficiente a los fines de lograr judicialmente su cobro.
En otro orden, el actor acompaña certificación contable y si bien la firma del Contador se encuentra debidamente certificada por el Colegio de ciencias económicas no se ha logrado acompañar los demás elementos a que refiere el profesional para realizar la certificación de deuda que adjunta. Se explaya en agravios sobre la pérdida de esta medida probatoria en la instancia de grado. En el punto debe señalarse que las medidas de prueba deben realizarse en el tiempo oportuno, el actor ofreció la prueba, el Juez la proveyó el 28 de octubre del 2014, se citó al profesional para febrero del año 2015 y no concurrió ni el citado ni el profesional a las audiencias, tampoco se acreditó que hubiera estado notificado.
EL juez dió lugar a una nueva citación y tampoco se realizó tempestivamente. No cabe más que concluir que la caducidad de dicha medida decretada a fs. 177 se encuentra ajustada a derecho. La prueba en segunda instancia por su parte, de que da cuenta el art. 259 del CPCC, no es un modo de revertir la negligencia en que han incurrido los litigantes en la oportunidad correspondiente. En éstos el actor ofreció sólo cuatro medidas de prueba (fs. 156) de las cuales sólo produjo dos. No se puede pretender en este estadio revertir la conducta procesal que no se desplegó oportunamente, razón por la cual las decisiones adoptadas en la instancia de grado sobre las medidas de prueba y declarar clausurado el período probatorio se encuentran ajustadas a derecho-.
Siguiendo con el tratamiento de las cuestiones propuestas se ha decidido que “Las facturas no son instrumentos autónomos ni dan génesis al 'contrato' en cuya ejecución se procede, sino simple prueba de ese contrato y de su cumplimiento en los términos que surjan de tales instrumentos, por ello es que, por sí solas, tampoco tienen eficacia probatoria, puesto que, al ser instrumentos unilateralmente emanados del propio interesado en la condena, requieren del procedimiento previsto en la Ley a efectos de lograr la participación del supuesto deudor y adquirir, sólo entonces, la aludida eficacia probatoria en contra de éste.” (Total Especialidades Argentina S.A. c/ Kidman S.A. s/ ordinario, Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, Sala C, 7-may-2019, Cita: MJ-JU-M-118907-AR | MJJ118907 | MJJ118907).
En el particular no se pudo probar efectivamente la entrega de las facturas a la demandada, situación que afecta la procedencia de la ejecución.- Similar situación se observa en los remitos agregados al autorizar la incorporación de pruebas en la alzada, ya que no se indicó quienes los firmaban, no se citó a reconocimiento de las firmas, tampoco se requirió prueba en poder de la demandada, ni testimonios que den cuenta de lo que afirma la actora, como se señaló. Debemos tener presente que ambas partes tienen obligación de contar con la documentación que acredite sus estados contables (art. 320 y ss. CCyC) y no fue requerida dicha prueba. Recién en esta instancia el actor petendió solicitar informe de los estados contables, lo que resulta extemporáneo como se expresó anteriormente.
Tampoco ofreció prueba alguna tendiente a demostrar que su parte habría cumplido con el contrato en cuestión, es decir demostrar la efectiva reparación de los vehículos, fechas, características, cantidades ,etc. Es decir, la prueba para valorar la admisibilidad del crédito que pretende cobrar ha sido insuficiente, por lo que entiendo que no existe absurdo en su apreciación por el Juez de grado. Si bien el Juez debe intentar conocer la verdad material, en los derechos disponibles para las partes, como el que nos ocupa, son éstas, las que deben arrimar al pleito los elementos que han de valerse para acreditar sus afirmaciones; también el proceso contiene normas de orden público a las que todos los operadores judiciales debemos someternos, por lo que no pueden producirse pruebas, o incorporarse nuevos elementos en cualquier etapa procesal.
Por estas razones entiendo que lo valorado por el Juez de grado se encuentra ajustado a derecho y los agravios del actor no alcanzan a conmover la decisión recurrida.-
XIII. Con relación a los agravios de la parte demandada, tengo presente que ésta reconvino por retención indebida de un vehículo. A esta instancia del trámite no se encuentra en controversia que el vehículo en cuestión es de propiedad de TAUSA SA, como tampoco la relación que existía entre las partes, lo que ya se analizó en párrafos anteriores. También debo señalar que por Presidencia de Cámara dispuse la consulta del resultado de la causa penal, siendo informada por la actuaria del área que la misma se encuentra archivada por haber considerado el Juez atípico el hecho denunciado. No obstante ello, entiendo que sin perjuicio de lo decidido en la instancia penal, deben analizarse los supuestos del instituto invocado a los fines de valorar su procedencia en el caso.- El demandado reconviene por daños y perjuicios invocando la retención de un vehículo, que él mismo reconoce haber sido llevado al taller de Servicios Fénix para su reparación.
En el punto como se señaló más arriba el hecho no constituyó un delito. Por su parte la actora sostiene que se trata del derecho de retención. Este instituto ahora regulado por el art. 2587 del CCC, requiere de algunos recaudos para su procedencia, tratándose de un remedio al que puede recurrir un acreedor con el objeto de compeler al deudor a pagar la deuda; debe existir una conexión entre la cosa retenida y el crédito. Se enseña sobre el tema “… No basta que el poseedor de la cosa de otro, tenga un crédito contra el propietario de esta cosa, para que goce el derecho de retenerla; es preciso además que su crédito se refiera a la relación existente entre él y el propietario; es decir que la obligación de éste haya nacido por ocasión de la cosa, que ella sea correlativa a la obligación que tiene el poseedor de restituir la cosa que detiene…” (Lorenzetti, Código civil y Comercial de la Nación comentado, T.
XI Ed. Rubinzal Culzoni, pag. 455).- En el particular la relación entre las partes ha quedado sin discusión, es decir Servicios Fénix reparaba vehículos para la reconviniente, así lo reconocen al momento de absolver posiciones los dos integrantes de la sociedad de hecho, señalando que se quedaron con la camioneta hasta que le pagaran la deuda, Miguel Ángel Ormeño a fs. 266 y Daniel Antonio Rojo a fs. 268. En este orden de exposición debe señalar que la retención aludida no constituye delito, no resulta ilícita, ni configura un abuso en el derecho de los actores. Resta verificar la correlación que esta actitud tiene con el crédito que pretende garantizarse con dicho accionar. En este sentido entiendo que si el reconviniente entiende que nada adeuda a los actores, como lo dice en su responde, debió acompañar el recibo de pago, ya que es quien se encuentra en mejor condición para ello, si tal como sostiene la firma demandada es una firma que reviste seriedad en el giro de su administración tal como acredita con la documentación pertinente y se retiró de la zona sin tener deudas como lo afirma, así debió acreditarlo (arts. 2587, 2588 y ccs.
CCC).- Por tal razón entiendo que el derecho de retención se ha ejercido conforme a derecho y por tal razón la reconvención debe desestimarse.
En otro orden el letrado de la parte demandada se agravia por cuanto se habrían regulado sus honorarios profesionales en forma conjunta con la Dra. Quiroga cuando en realidad fue únicamente él quien se desempeñó profesionalmente en este expediente. Sin mayor esfuerzo se observa que la totalidad de las presentaciones en la presente causa en nombre de TAUSA SA fueron realizadas sólo por el Dr. Paulo Luis Schmidt razón por la cual no cabe más que admitir el agravio en el sentido que lo requiere, dejando aclarado que los honorarios regulados en la primera instancia son únicamente a fu favor.
XIV. Corresponde regular los honorarios en esta instancia al Dr. Walter Esquivel en la suma de $ 23.000 por y al Dr. Paulo Luis Schmidt en la suma de $ 20.000 dejando constancia que dichas sumas no son comprensivas del IVA, teniendo en cuenta el interés del pleito, el resultado obtenido, la labor profesional y el monto reclamado en éstos (arts. 13, 18, 20, 24,29, 59 y ccs. LEY 3330).-
XV. Por las consideraciones expuestas entiendo que debe aclararse el punto 3 de la sentencia con relación a los honorarios del Dr. Schmidt y confirmarse en lo restante, dejando aclarado que la reconvención se desestima por los argumentos aquí expuestos. -
A LA PRIMERA CUESTIÓN el Dr. Jorge Omar Alonso dijo:
XVI. Que por haber sido debatidos suficientemente los temas traídos al acuerdo, y por los fundamentos expuestos por la Jueza preopinante adhiero a la propuesta que antecede.-
A LA SEGUNDA CUESTIÓN la Dra. Griselda Bard dijo:
XVII..- En mérito a lo expuesto en las cuestiones anteriores propongo al Acuerdo dictar el siguiente pronunciamiento 1º) Desestimar los agravios de la parte actora. 2º) Admitir parcialmente el agravio de la demandada en lo que respecta a la regulación de honorarios de primer instancia y confirmar la sentencia en lo restante. 3º) Imponer las costas en el orden causado en atención a como se resuelve la causa (art. 71 CPCC) 4º) Regular los honorarios en esta instancia al Dr. Walter Esquivel en la suma de $ 23.000 por y al Dr. Paulo Luis Schmidt en la suma de $ 20.000 dejando constancia que dichas sumas no son comprensivas del IVA, teniendo en cuenta el interés del pleito, el resultado obtenido, la labor profesional y el monto reclamado en éstos (arts. 13, 18, 20, 24,29, 59 y ccs. LEY 3330). 5º) Tener presente la reserva del caso federal. 6º)Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. A LA SEGUNDA CUESTIÓN el Dr. Jorge Omar Alonso dijo:
XVIII. Coincido con la Dra. Bard por considerar justa la propuesta que formula. Adhiero pues a su voto.
Por ello se dicta la siguiente sentencia:
Caleta Olivia, 13 de Noviembre de dos mil diecinueve.
Y
Lo deliberado y conclusiones establecidas en el Acuerdo trascripto precedentemente, resultado de la votación, citas legales y lo dispuesto por el art. 44 de la ley 1 Orgánica del poder Judicial, la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial.
1º)Desestimar los agravios de la parte actora.
2. Admitir parcialmente el agravio de la demandada en lo que respecta a la regulación de honorarios de primer instancia y confirmar la sentencia en lo restante.
3. Imponer las costas en el orden causado en atención a como se resuelve la causa (art. 71 CPCC).-
4. Regular los honorarios en esta instancia al Dr. Walter Esquivel en la suma de $ 20.000 por y al Dr. Paulo Luis Schmidt en la suma de $ 20.000 dejando constancia que dichas sumas no son comprensivas del IVA, teniendo en cuenta el interés del pleito, el resultado obtenido, la labor profesional y el monto reclamado en éstos (arts. 13, 18, 20, 24,29, 59 y ccs. LEY 3330). Haciendo saber a los letrados intervinientes que deberán notificar los emolumentos regulados a las partes en su domicilio real (art. 72 ley 3330).-
5. Tener presente la reserva del caso federal.
6º)Regístrese, notifíquese y oportunamente vuelvan los autos al Juzgado de origen. El Dr. Mario Albarrán no suscribe la presente por encontrarse en uso de licencia y no existir disidencia entre los firmantes.FDO. Griselda I. Bard -Jueza de Cámara-Presidente-; Jorge o. Alonso -Juez de Cámara Subrogante-; Ante Mi: Carolina M. Lima -Secretaria de Cámara.
Protocolización: A201046S.191 Tomo: XCII Sentencia: 2811 Folio Nº: 020/030 Secretaria: 1
Fin de la sentencia