Abriendo la norma
Tribunal Superior de Santa Cruz · Causa S-2464/21-TSJ
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 848/865 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 867 y vta..-
Provincia: Santa Cruz Localidad: Río Gallegos Fuero: Tribunal Superior de Justicia -Secretaría Civil- Instancia: Extraordinaria Provincial Expte. N°: S-2464/21-TSJ Interlocutorio N°: 3674 Actor: SERVICIOS FÉNIX S.H. DE MIGUEL ORMEÑO Y DANIEL ROJO Demandada: TAUSA S.A.
Objeto: COBRO DE PESOS Fecha: 07-04-2022 Texto: TOMO XXXIII -INTERLOCUTORIO- T.S.J..-
REGISTRO Nº 3674 FOLIO Nº 6460/6463 PROT. ELECT. TSS1 023 I.221
Río Gallegos, 07 de abril de 2022.-
Los presentes autos caratulados: “SERVICIOS FÉNIX S.H. DE MIGUEL ORMEÑO Y DANIEL ROJO C/ TAUSA S.A. S/ COBRO DE PESOS”, Expte. Nº S-16.554/14 (S-2464/21-TSJ), venidos al Acuerdo para resolver; y
I. Que llegan los presentes autos a conocimiento de este Excmo. Tribunal Superior de Justicia, en virtud del recurso de casación articulado por la parte actora por intermedio de su letrado apoderado Dr. Walter Esquivel (cfr. fs. 848/865 vta.), contra la resolución dictada por la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. fs. 811/820, que desestimó los agravios de la parte actora, admitiendo parcialmente el agravio de la demandada en lo relativo a la regulación de honorarios y confirmando la sentencia en lo restante.-
II. Contra la decisión de la Excma. Cámara de Apelaciones, la accionada interpuso recurso de casación acusando quebrantamiento de forma y violación de la ley en los términos de los artículos 2° y 3º, inciso a) del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-; invocando además la causal de arbitrariedad. Asimismo, considera que se ha producido en los presentes la violación de la doctrina legal aplicable al caso.-
Sostiene que: “...se confirma la violación de la ley aplicable y quebrantamiento de formas, adoptando la Excma. Cámara de Apelaciones el rol de demandada perdiendo en este sentido la imparcialidad que exige el proceso, imponiendo a mi parte una excesiva carga probatoria, exponen, -en un limitado estudio y análisis de los agravios-...excediendo la congruencia que debe guardar toda sentencia, que las facturas ‘no fueron recibidas’, y manifiestan a pesar de lo expuesto en el alegato del hecho nuevo mediante una descripción detallada de todos y cada uno de los servicios prestados correspondientes a cada factura -situación ‘no impugnada, ni desconocida’ por la contraria en tiempo y forma-...que coinciden con las facturas que contienen los servicios y créditos reclamados, aun con estos elementos...probando los trabajos realizados, en qué vehículos, etc., revistiendo una notoria vulneración al debido proceso, derecho de defensa, y excesivo rigor probatorio, revistiendo una violación a la ley aplicable - doctrina legal habiendo mi parte acreditado fehacientemente lo expuesto mediante elementos irrefutables y que no fueron considerados en su naturaleza probatoria, incurriendo la Alzada en un excesivo rigor procedimental en la carga probatoria exigido (sic) constituyendo una contradicción con la normativa aplicable citada por la actora...” (cfr. foja 859).- Entiende que en los presentes se configura quebrantamiento de forma.
Al respecto expresa: “Se cuestiona esencialmente el fallo del tribunal de II Instancia por su apartamiento de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia, y el Tribunal Superior en cuanto considera nulas las sentencias que carecen de la fundamentación, o se tachan de arbitrarias, dado que este requisito violenta garantías constitucionales...En la Sentencia de Alzada atacada, ello es precisamente lo que sucede en la especie con el pronunciamiento impugnado...se provoca un quiebre en la estructura jurídica que debe contener una resolución definitiva, por carencia de la obligatoria fundamentación que hace a la congruencia que debe existir entre las constancias de autos, el tratamiento de las pruebas ofrecidas y acreditadas en ambas instancias, la normativa aplicable del C.
Com. C. Civil, y CPCC expuestas pormenorizadamente por el actor, lo manifestado en los considerandos expuestos por el a quo de la 1° instancia, el obligatorio estudio pormenorizado de los agravios vertidos que permita tener por satisfecho el requerimiento constitucional en materia de Fallos...” (cfr. fs. 861 vta./862). Continúa explayándose respecto de la apreciación de la prueba realizada en las instancias inferiores.- Asimismo, expresa que: “...no acusa mi parte inexistencia total de fundamentos, sino que lo expuesto por los Sres. Jueces de Alzada, aun cuando su función es simplemente merituar (sic) los agravios, y responder sobre los mismos, incumplieron en 1er término este deber, y han restringido el estudio de los fundamentos a una parte de la prueba sin analizar la naturaleza y fuerza probatoria de la incorporada en 2da instancia, conllevando a un pilar viciado para obtener y fundar su resolución que concluye con el rechazo de los agravios, desconociendo normativa, doctrina y jurisprudencia aplicable al litigio habiendo omitido esto, violentan gravemente normativa constitucional como fuera expuesto en los fundamentos.” (cfr. foja 865).
Es por todo lo expuesto, que solicita la nulidad de la sentencia en crisis.- Finalmente, sostiene que la sentencia del ad quem ha violado “...las reglas del debido proceso, igualdad ante la ley, y la defensa en juicio, por violentar la normativa procesal prevista en los arts. 34 inc. 4, 164 inc. 3, 4, 5 y 6 CPCC, como asimismo la interpretación negativa de los hechos expuestos, la limitación a la libertad probatoria, situaciones que afectan el principio de congruencia, logicidad, y que deviene en una fundamentación arbitraria, remitiéndose la actora a los fundamentos expresados supra.” (cfr. foja 865 vta.).- La Excma. Cámara de Apelaciones declara formalmente admisible el recurso de casación interpuesto por la parte actora (cfr. fs. 867 y vta.).
En PE171154-2021 pasan los presentes al Acuerdo.-
III. Expresado ello, debe efectuarse el examen preliminar que establece el artículo 7º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC, conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15- a efectos de valorar si se encuentran reunidos los extremos formales que habilitan la admisibilidad del recurso intentado.-
En esta tarea no debe perderse de vista que -tal como reiteradamente lo ha sostenido la jurisprudencia de este Alto Cuerpo- la casación es un sendero extraordinario que no constituye una tercera instancia común, lo que conduce a discernir que para que este Tribunal Superior de Justicia pueda entrar a revisar el mérito del recurso interpuesto, deben reunirse determinados presupuestos cuya carencia conlleva a la inaceptabilidad del planteo casatorio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXXI, Reg. 3385, Folio 5667/5670).- En tal sentido, debemos adelantar que el recurso, de la manera en que ha sido planteado, no llega a constituir la crítica concreta y razonada del pronunciamiento que se ataca, toda vez que la recurrente sólo se ha limitado a dar su propia interpretación del caso sin intentar demostrar en que se han equivocado los magistrados que ya se expidieron, menos aún fundar en debida forma y con relación directa al supuesto bajo análisis, la procedencia y razonabilidad de su pretensión revisora.-
Por otra parte, cabe señalar que, pese a invocarse por la recurrente que la casación se sustenta en la violación de la ley; en su recurso se limita a enumerar diferentes cuestiones (centrándose sus argumentaciones en el tratamiento de las pruebas ofrecidas y acreditadas en ambas instancias relacionada con normativa supuestamente violada), normas supuestamente conculcadas omitiendo efectuar una cabal demostración de cómo es que se ha producido esa violación de la ley o la aplicación falsa o errónea que genéricamente denuncia, de manera de suministrar con ello, fundamentos que estén referidos directa y concretamente a los conceptos que estructuran la construcción jurídica en que se asienta la sentencia.
En efecto, no surge del libelo bajo estudio, el error jurídico que se le atribuye a la sentencia atacada, quedando los agravios reducidos a cuestiones fácticas y probatorias; de modo que los agravios de la casacionista pretenden lograr un nuevo examen de los hechos, lo que resulta ajeno a esta instancia.- La materia en tratamiento comprende el análisis de cuestiones que escapan a esta instancia extraordinaria, por su indiscutible encuadramiento en circunstancias de hecho y prueba, salvo que mediare un supuesto de arbitrariedad manifiesta que invalide el acto jurisdiccional, el cual, sin embargo, contiene fundamentación suficiente como para quedar al abrigo de esa tacha. Al respecto este Tribunal Superior de Justicia ha dicho que: “...para que se configure el extremo del absurdo o de la arbitrariedad no es suficiente la mera exhibición de un criterio discordante con el de los juzgadores, toda vez que debe demostrarse el vicio que se alega de manera tal que permita concluir que ‘el discurrir del fallo se encuentra viciado de tal modo que lleva a conclusiones contrarias al entendimiento’…” (cfr.
Interlocutorio, Tomo IX, Reg. 1320, Folio 1786/1788). La alegada arbitrariedad de la sentencia atacada, carece por completo de fundamentación.- En definitiva, en la sentencia de la Excma. Cámara de Apelaciones se ha efectuado un exhaustivo análisis de las constancias de la causa llegando a conclusiones que no patentizan la exteriorización de la sola voluntad de los jueces, ya que aportan las razones del veredicto. No se advierte en éste, error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones incompatibles con las constancias objetivas del proceso, y si bien a través de la doctrina del absurdo se admite una apertura al reexamen de los hechos de la causa, a ello sólo puede acudirse en situaciones que bien pueden calificarse de extremas, lo que no se ha expresado, acreditado, ni se evidencian en los presentes.- En suma, la casacionista no ha logrado demostrar el vicio alegado.
Su discurrir se dirige a contradecir los argumentos expuestos en la sentencia impugnada, partiendo de un punto de vista diferente, que cuestiona el criterio sustentado respecto de la valoración y ponderación de las circunstancias que llevaron a la Alzada a decidir en un sentido distinto del pretendido por la recurrente, y desde este particular cuadrante, no refuta todas y cada una de las razones desplegadas en la sentencia objetada, incumpliendo con el requisito formal de adecuada fundamentación.- En el sentido expuesto, este Tribunal Superior de Justicia tiene dicho que es “...insuficiente el recurso extraordinario de casación porque no logra conmover la estructura básica del fallo, al desprender el impugnante conclusiones distintas a las del juzgador de bajo grado, partiendo de un punto de vista diferente y dejando de ver que para estudiar el asunto desde otra perspectiva que la sentencia, debe indicar a la casación -y no a través de una mera discrepancia de criterios- por qué el encuadre es como él lo pretende y por qué media error en el modo como el Tribunal de la causa ha visto la controversia, sin ingresar en argumentos recurrentes que lo dejan encorsetado dentro de sus propias limitaciones conceptuales.” (cfr.
Interlocutorio, Tomo XII, Reg. 1626, Folio 2340/2341).- Por otra parte, las argumentaciones vertidas en el planteo recursivo relativas a la causal de quebrantamiento de forma tampoco logran evidenciar la infracción al principio de congruencia o la configuración de algún otro vicio vinculado a las formas y solemnidades prescriptas para el procedimiento y el acto sentencial.-
La impugnación de la recurrente al respecto, exhibe una técnica recursiva insuficiente, puesto que no se individualizan los preceptos adjetivos presun-tamente quebrantados. Amén de ello, su demostración también resulta fallida, en tanto los magistrados de la Cámara examinaron cada uno de los cuestionamientos sometidos a su decisión, sin que sea dable advertir error o exceso alguno tal como afirma genéricamente la impugnante.-
En suma, la articulación así deducida por la recurrente no tiene cabida en esta instancia excepcional, por cuanto la misma no alcanza a afectar la sentencia atacada, cuya ponderación refleja un desenvolvimiento sistemático, objeti-vo y serio de la relación entre la decisión del caso y sus constancias concretas, con la ley aplicable y las garantías constitucionales en juego.-
Al respecto, el cuestionamiento vinculado con la supuesta afectación de derechos o garantías de orden constitucional -como lo son la garantía del debido proceso, igualdad ante la ley y la defensa en juicio-, no resulta procedente en la medida en que la impugnante omite indicar de qué forma se produjo la transgresión que predica -dado que sus agravios no pasan del mero enunciado- sin hacer referencia a su aplicación concreta al caso y sin explicar de qué manera se habrían afectado las prerrogativas que ellos tutelan. En esta línea, este Alto Cuerpo ha sostenido inveteradamente que la sola mención de normas, garantías o principios constitucionales sin hacer referencia de su aplicación concreta en el caso y sin explicar cómo se habrían vulnerado, no constituyen base idónea de agravio (cfr. Interlocutorio, Tomo XXVI, Reg. 3143, Folio 5153/5156, entre otros).- En definitiva, nos encontramos ante la insuficiencia técnica del recurso en examen, desde que su crítica al fallo no pasa de ser una mera opinión personal que pretende sustituir el criterio de los magistrados de la anterior instancia, lo que torna inadmisible el recurso intentado.-
IV. Que, respecto de la alegada violación de la doctrina legal, debe recordarse que se encuentra reglamentada en el artículo 3º del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, Parágrafo 2º -Recurso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-. En tal sentido se debe señalar que el recurso de casación reglamentado por dicha normativa se refiere a la doctrina legal “...sentada por el Tribunal Superior de Justicia dentro de un lapso no mayor de cinco (5) años…”.-
Al respecto, este Alto Cuerpo ha expresado en distintos precedentes que: “...‘...es este Tribunal Superior el forjador de la doctrina legal que debe regir en el ámbito provincial, ya que está en juego uno de los objetivos principales de la casación como lo es el deber de uniformar la jurisprudencia a través de sus fallos y en toda la actividad interpretativa del orden jurídico vigente (confr. art. 132 de la Const. Prov.)...’…” (cfr. Sentencia, Tomo XVIII, Reg. 612, Folio 3516/3521; Interlocutorio, Tomos XVI, Reg. 2077, Folio 3046/3049 y XXVII, Reg. 3222, Folio 5320/5324 y Reg. 3241, Folio 5370).- En definitiva, considerando lo normado en el artículo citado y la falta de fundamentos de la actora, pues no se cita fallo alguno aplicable al caso de autos, el agravio debe ser desestimado.
V. Que, de conformidad a todo lo expuesto, el recurso de casación articulado por la parte actora a fs. 848/865 vta., no ha logrado habilitar la presente instancia extraordinaria, por lo que corresponde declararlo mal concedido, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 867 y vta., de conformidad con lo establecido en el artículo 7º y concordante del Libro I, Título IV, Cap. IV, Sec. 6º, parágrafo 2º -Re-curso de Casación- del CPCyC conforme Ley Nº 3453/15 -Decreto Nº 2228/15-.-
Por todo ello, el Excmo. Tribunal Superior de Justicia;
1. Declarar mal concedido el recurso de casación interpuesto por la parte actora a fs. 848/865 vta. y, en consecuencia, revocar la resolución emanada de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Segunda Circunscripción Judicial obrante a fs. 867 y vta..-
La presente resolución se dicta con la firma de cuatro miembros del Tribunal, por constituir mayoría concordante en la solución del caso y en razón de encontrarse vacante un cargo de vocal (art. 27, 2º párrafo, de la Ley Nº Uno, t.o. Ley Nº 1600 y modificatorias).-
Fdo: Dra. Paula Ernestina Ludueña Campos –Presidente- Dr. Daniel Mauricio Mariani –Vocal-, Dra. Alicia de los Ángeles Mercau –Vocal-, Dra. Reneé Guadalupe Fernández -Vocal-; Secretaria: Dra. María Florencia González.-
Protocolización: TSS1023I.221 Tomo: XXXIII Interlocutorio: 3674 Folio N°: 6460/6463 Secretaría: 1
Fin de la sentencia