Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 31165-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDesestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 25/10/2022 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, que revocó la resolución AD SALO 343/2012 y, a fin de cuentas, los cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008.
Buenos Aires, 12 de diciembre de 2023.-
VISTOS estos autos 25224/2023 caratulados “Servicios Integrados para la Exportación de Agroalimentos SA (TF 31.165-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo” y
I. Según resulta de las actuaciones administrativas AFIP “12509-837-2008”, que se tienen a la vista en soporte papel, por cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008, la Aduana de San Lorenzo (Provincia de Santa Fe) reclamó a Servicios Integrados para la Exportación de Agroalimentos SA (SIPEA SA) el pago de un total de U$S929.627 en concepto de diferencia de derechos de exportación respecto de los permisos de embarque “08 057 EC01 5444 Z”, “08 057 EC01 3382 P”, “08 057 EC01 3252 L” y “08 057 EC01 2842 P” (conf. fs. 21/36).
Al efecto, según resulta del informe técnico SE FVEX, la autoridad aduanera hizo uso de la información resultante de las resoluciones 1487/2008 y 1898/2008, por medio de las cuales la Oficina de Control Comercial Agropecuario (ONCCA) comunicó a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) la nómina de las Declaraciones juradas de venta al exterior (DJVE) cuyos titulares no habrían acreditado la adquisición o tenencia de la mercadería registrada, de conformidad con lo dispuesto por ley 26.531 y el decreto 764/2008; entre las cuales figurarían las DJVE asociadas a los cuatro permisos de embarque antes delimitados (conf. fs. 19).
Dichos cargos fueron cuestionados administrativamente por SIPEA SA (conf. fs 1/4), a cuyos efectos, planteó que habrían sido desconocidos los derechos adquiridos al registrar las DJVE, conforme lo normado por la ley 21.453; resultando inconstitucional la ley 26.351 y sus normas reglamentarias y complementarias, así como las resoluciones del ex Ministerio de Economía y Producción 369/2008 y 125/2008, en tanto establecieron derechos de exportación con posterioridad a la registración de las declaraciones aquí involucradas. En particular, en lo concerniente a las resoluciones ministeriales antes apuntadas, sostuvo que habrían sido dictadas por funcionario incompetente.
Subsidiariamente, aún cuando el decisor entendiera que la retroactividad dispuesta por ley 26.351 resultara válida, señaló que los cargos ocasionaban un claro perjuicio en su contra, al seguir el criterio plasmado en las resoluciones ONCCA 1478/2008 y 1898/2008, que no respetarían ni aplicarían objetivamente los conceptos de “tenencia” y “adquisición”, contrariando las previsiones de la mentada ley 26.351. Asimismo, también a título subsidiario, postuló que la liquidación tributaria practicada importaría la consagración de un sistema de repotenciación de deuda tributaria en dólares estadounidenses, desconociendo la prohibición expresa contemplada en el artículo 10 de la ley 23.928, con la modificación introducida por ley 25.561.
Previa incorporación de los permisos de embarque fiscalizados (conf. 42/46), dictamen jurídico mediante (conf. fs. 49/50), por resolución AD SALO 343/2012, la Aduana de San Lorenzo rechazó la impugnación intentada por SIPEA SA (conf. fs. 51/53).
Para así decidir, el funcionario decisor consideró que las operaciones involucradas en autos fueron realizadas en el marco de la ley 21.453 y su modificatoria ley 26.351 y al amparo de la DJVE; sumado a que, según los informes técnicos obrantes en las actuaciones administrativas labradas, las declaraciones fiscalizadas se encontrarían incluidas en el Anexo I de las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, lo que daría cuenta de la falta de acreditación de la tenencia de la mercadería asociada a dichos documentos; todo lo cual, determinaba la confirmación de los cargos impugnados.
II. Disconforme con lo resuelto, SIPEA SA solicitó su revisión ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Destacó que por la resolución AD SALO 343/2012 no habrían sido abordados los argumentos que planteara contra los cuatro cargos que le fueran formulados.
Por tal razón, a los fines recursivos, remitió a lo oportunamente planteado en sede administrativa, debidamente reseñado en el Considerando anterior.
Cabe destacar que, por la presentación bajo referencia, la exportadora hizo alusión a que por la resolución atacada fueron aplicadas normas cuya inconstitucionalidad resultaba manifiesta por atentar contra derechos consagrados en la Carta Magna.
III. Por resolución del 25/10/2022, la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación admitió la apelación deducida por SIPEA SA, con costas a cargo del Fisco Nacional y, en consecuencia, revocó la resolución AD SALO 343/2012 y, a fin de cuentas, los cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008.
Para así decidir, el tribunal administrativo con facultades jurisdiccionales, tras referir el plexo normativo involucrado en el caso (leyes 21.453, 26.531, decreto 764/2008 y resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008), consideró aplicable el criterio sentado en la materia por las Salas que integran esta Cámara, cuyos lineamientos refirió sucintamente; todo lo cual determinaba la procedencia de la pretensión recursiva de la exportadora.
En este contexto, señaló que, por la resolución apelada la autoridad aduanera se limitó a aplicar lo informado por la ONCCA mediante la cuestionada resolución 1487/2008, sin verificar los argumentos expuestos por la exportadora al impugnarla, de modo que no contaba con los elementos necesarios para convalidar los fundamentos en los que la Aduana basó la resolución apelada y, a fin de cuentas, los cargos, por lo que no cabía sino revocarlos.
Finalmente, declaró la invalidez de las resoluciones ex MEyP 369/2007 y 125/2008, a la luz del criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA”, por emanar del Poder Ejecutivo Nacional sin recibir la oportuna ratificación del Congreso de la Nación.
IV. Disconforme con lo resuelto, el Fisco Nacional apeló, fundando oportunamente su pretensión recursiva.
Sostuvo que la decisión adoptada se sustentó en una errónea apreciación de los hechos y de la cuestión debatida en autos. En particular, alegó que habría sido omitido que los cargos “10/2012 y 11/2012” (sic) tendrían fundamento en las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, resolviendo sin pronunciarse al respecto, limitándose a efectuar un somero análisis de la ley 26.351, sin adentrarse en el fondo de la cuestión debatida.
Postuló que la exportadora no acreditó haber impugnado las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, ni requerido la inconstitucionalidad de la ley 26.531 que les diera fundamento; de modo que lo resuelto por el pronunciamiento apelado carecía de todo fundamento jurídico, máxime atendiendo a las limitaciones propias que tiene el Tribunal Fiscal de la Nación para expedirse en torno a la constitucionalidad de las normas, conforme lo previsto en el artículo 1164 del Código Aduanero.
Luego, explicó que si bien las características propias del comercio exterior exigían su previsibilidad, permitiendo a los exportadores cumplir con sus compromisos, tal como fueron pactados, sin que ello afectara su legítimo negocio, a cuyos efectos resultaba necesario que pudieran vaticinar sus costos para cumplir sus contratos conforme los precios convenidos sin que ello afectase su ecuación económica, lo cual explicaba el funcionamiento del régimen legal aplicable; ello no importaba posibilitar la realización de un negocio en desmedro del Estado, desvirtuando el régimen legal, con la sustitución unilateral de alícuotas, tal como habría acontecido en la especie, dado que ello no fue lo que tuvo en miras el legislador al dictar las normas involucradas en autos. Recordó que la ley 26.351 tuvo por finalidad aclarar el alcance y aplicación de la ley 21.453 ante el incremento de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios, al fin de evitar el aprovechamiento de los particulares del conocimiento previo a las reformas.
Al punto, resaltó que, con su dictado, se tuvo en cuenta que, generalmente, ante la expectativa de un inminente cambio normativo que incrementara las alícuotas de derechos de exportación, se producía un sustancial aumento en el número de registro de DJVE por parte de los exportadores.
Manifestó que el sistema resultaba coherente al exigir al exportador que al momento de la venta efectivamente pudiera acreditar que la tenencia de la mercadería o, al menos, pudiera demostrar que la adquisición de tales productos fuera anterior al incremento de las alícuotas.
Tildo de razonable el criterio plasmado en la ley 26.531 en orden a que los exportadores que acreditaran de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de los productos agropecuarios con anterioridad al incremento en las alícuotas, se verían beneficiados con el pago de la menor; no así aquellos que no lo acreditasen.
Destacó que las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008 gozaban de la presunción de legitimidad, debiendo su parte ajustarse a sus lineamientos, así como también el Tribunal Fiscal de la Nación, quien se encontraba imposibilitado de declarar su inconstitucionalidad.
Citó jurisprudencia que, en su entendimiento, avalaría su postura.
Por lo expuesto, el Fisco Nacional solicitó que se revocara el pronunciamiento dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación y, en consecuencia, se confirmara la resolución aduanera que desestimara la impugnación administrativa de los cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008.
Dicha presentación no mereció réplica de la exportadora.
V. Remitidas las actuaciones en vista, el señor fiscal general de Cámara advirtió que por la decisión recurrida, sin expedirse en torno a la constitucionalidad del régimen instaurado por la ley 26.351, únicamente habría sido declarada la nulidad e ilegitimidad de las resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008 (conf. Considerando VII de la sentencia del Tribunal Fiscal); y analizando la validez de las resoluciones ex MEyP 369/2007 y 125/2008 a la luz de la doctrina sentada por el Alto Tribunal en autos “Camaronera Patagónica SA” (conf. Considerando VIII), aspecto éste sobre el cual la recurrente no se agravió. Sentado ello, destacó que los agravios de la recurrente no se orientaron a cuestionar la constitucionalidad de una norma, sino que, en esencia, se centraron en aspectos que hacían a la legitimidad de las resoluciones ONCCA 1898/2008 y 1487/2008, sin comprometer directamente cuestiones de índole constitucional.
Finalmente, a todo evento, recordó que esta Cámara ha considerado inoficioso analizar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 26.351 en casos análogos porque, luego de declarar la nulidad de la resolución ONCCA 1898/2008, los cargos suplementarios impuestos a las firmas exportadoras perdían su sustento.
VI. En primer término, corresponde señalar que, contrariamente a lo alegado por el recurrente, las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008 fueron impugnadas por la exportadora, por contrariar -en su entendimiento- el alcance de la ley 26.531, tanto en sede administrativa como al apelar por ante el Tribunal Fiscal de la Nación, habiendo sido descalificadas en el Considerando VII del pronunciamiento apelado, que revocó la resolución AD SALO 343/2012 y, por consiguiente, los cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008.
A ello, añádase que, tal como resulta de la reseña efectuada con anterioridad, el reclamo del servicio aduanero fue formulado en concepto de diferencias de derechos de exportación, como consecuencia de la inclusión de las DJVE involucradas en autos, registradas por SIPEA SA, en la nómina contenida en las resoluciones ONCAA 1487/2008 y 1898/2008.
VII. Dicho ello, a efectos de una mejor compresión de la cuestión antes delimitada, cuadra referir que, en lo que hace a los derechos de exportación, el Código Aduanero prevé -como principio general- que ha de aplicarse el establecido por la norma vigente en la fecha del registro de la correspondiente solicitud de destinación de exportación para consumo (conf. artículos 724 y 726 del Código Aduanero).
Sin perjuicio de ello, por ley 21.453 (publicada en el BORA el 11/11/1976), se estableció un régimen especial para la venta al exterior de los productos de origen agrícola indicados en su planilla anexa (entre los cuales figuraba la mercadería producida y exportada por la firma actora), según el cual, a los fines de la liquidación de los derechos de exportación, reembolsos, reintegros, contribuciones, tasas, servicios y demás tributos que gravaran o beneficiaran la operación, serían de aplicación los regímenes tributarios, de alícuotas, arancelario y de base imponible (precio índice, valor FOB, valor FOB mínimo o equivalente) vigentes a la fecha de cierre de cada venta (conf. su artículo 6º). Las previsiones de la ley 21.453 se mantuvieron inalteradas hasta que se sancionó la ley 26.351 (publicada en el BORA el 16/1/2008), por medio de la cual se estableció que, cuando se produjera un incremento en más de las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453, en el período comprendido entre el registro de la DJVE y la oficialización de la correspondiente destinación de exportación, los exportadores deberán acreditar de modo fehaciente la tenencia o, en su caso, la adquisición de tales productos con anterioridad al aludido incremento (conf. su artículo 1°); de lo contrario, deberían tributar la mayor alícuota por tal concepto, entre las vigentes a la fecha del registro de las DJVE o a la fecha de oficialización de las respectivas destinaciones de exportación (conf. su artículo 2°).
La Secretaría de Agricultura Ganadería Pesca y Alimentos (SAGPyA) fue designada como la autoridad de aplicación, otorgándole facultades para dictar la correspondiente norma reglamentaria al fin de establecer los requisitos para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º, e informar a la AFIP las DJVE comprendidas en las disposiciones del artículo anterior (conf. su artículo 3°).
En lo que hace a su alcance temporal, se dispuso que quedaban alcanzadas por las disposiciones del artículo 1º, aún aquellas DJVE registradas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley (conf. su artículo 4°).
La norma fue catalogada como de orden público y aclaratoria de la ley 21.453, entrando en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial (conf. su artículo 5º) y que derogaba toda otra disposición que se opusiera a sus previsiones (conf. su artículo 6º). Dicha norma fue reglamentada por decreto 764/2008 (publicado en el BORA el 13/5/2008).
En esa oportunidad, se dispuso que:
-por “incremento en las alícuotas correspondientes a los derechos de exportación de productos agropecuarios alcanzados por las disposiciones de la ley 21.453 en los términos del artículo 1º de la ley 26.351”, debía entenderse aquellos que fueran consecuencia de una modificación en la normativa aplicable (conf. su artículo 1°); -las disposiciones de la ley 26.351 serían aplicables a las operaciones de ventas al exterior debidamente registradas en los términos de la ley 21.453, cuando la oficialización de las respectivas destinaciones de exportación fuera posterior al 9/11/2007 (conf. su artículo 2°);
-la ONCCA llevaría el registro de las declaraciones juradas de ventas al exterior a que se refiere la ley 21.453, debiendo dictar la normativa correspondiente para establecer los requisitos necesarios para acreditar los extremos a que alude el artículo 1º de la ley 26.351 y para informar a la AFIP las DJVE comprendidas en el artículo 2º de esta última norma (conf. su artículo 3°).
De tal modo y hasta tanto fuesen determinados tales estándares, todos los pagos por derechos de exportación correspondientes a esas presentaciones, serían considerados a cuenta de la liquidación que -en definitiva- correspondiera, debiendo darse estricto cumplimiento a las previsiones contempladas en los artículos 8º y 9º de la ley 21.453 y sus modificatorias (conf. su artículo 4°); y -a los fines de lo previsto en el artículo 1º de la ley 26.351, no se consideraría la tenencia que se ejerciera por cuenta ajena, sin facultad de usar o disponer del producto (conf. su artículo 5°). A ello, cabe añadir que de los Considerandos que anteceden a su parte resolutiva se desprende que para su dictado se tuvo en miras que por medio de la ley 26.351 se perseguía evitar que ante un inminente cambio normativo que aumentase los derechos de exportación, se registraran operaciones con el fin de tributar con la alícuota menor. Al amparo de lo hasta aquí reseñado, la ONCCA dictó la resolución 1487/2008, por medio de la cual, en cuanto aquí importa, informó a la AFIP las DJVE de productos derivados de la soja respecto de las cuales no se habrían acreditado la tenencia o la adquisición de las mercaderías registradas, debiendo las empresas mencionadas en el Anexo I de la mentada resolución -entre las cuales figuraba la actora respecto de las dos DJVE por las que inició la presente contienda- tributar el saldo por diferencia de las alícuotas, correspondientes a la fecha de la oficialización de la destinación de exportación.
Según resulta de los Considerandos que anteceden su parte resolutiva, el Área de Coordinación de Comercio Exterior, con los datos obtenidos de la base que llevaba la Coordinación de Gestión Estratégica de la Información, habría determinado los extremos a los que aludía el artículo 1º de la ley 26.351 (adquisición o tenencia), en los términos del artículo 5º del decreto 764/2008; que el informe involucraba 243 declaraciones juradas, por un total de 8.654.150 toneladas de soja a granel (SIM 12.01.00.90.19.0N) y soja desactivada a granel (SIM 12.01.00.90.11.0N) con relación a la cosecha 2007/2008; y que la Coordinación del Área Legal y Técnica de esa Oficina Nacional había tomado la intervención que le competía.
Luego, en análogos términos, por resolución 1898/2008 (publicada en el BORA el 24/7/2008), en cuanto aquí interesa, la ONCCA informó a la AFIP que del total de las DJVE analizadas en esta oportunidad, no habrían acreditado la tenencia o adquisición de la mercadería registrada, en los términos de la ley 26.351 y su decreto reglamentario 764/2008, las detalladas en su Anexo I, debiendo tributar las alícuotas correspondientes a la fecha de oficialización de la destinación de exportación (conf. su artículo 1°).
Resta agregar que, mediante Nota Externa 47/2008 (publicada en el BORA el 10/7/2008), la AFIP - DGA estableció el procedimiento a seguir por sus dependencias para recalcular las bases imponibles y las alícuotas declaradas en las DJVE en función de lo informado por la ONCCA mediante resolución 1487/2008.
Por dicho procedimiento, en síntesis, se dispuso que respecto de aquéllas exportaciones para consumo que se registraran a partir de su entrada en vigencia, al momento de la presentación de la destinación aduanera de exportación para consumo, el servicio aduanero debería controlar si la DJVE que se hubiera invocado, se encontraba detallada en la resolución ONCCA 1487/2008, en cuyo caso, se compararían las alícuotas en concepto de derecho de exportación, informadas tanto en la DJVE como en la destinación sujeta a su control, debiendo figurar la mayor en la autoliquidación a analizar.
Asimismo, se acordó que se exigiría la documentación fehaciente que acreditase la fecha en que se perfeccionó el contrato de compraventa; correspondiendo, en el caso en que el exportador no pudiera demostrar tal situación, tomar como base imponible el precio FOB oficial vigente a la fecha de registro de destinación de exportación para consumo, sujeta a control.
Finalizado el control, en caso de haberse detectado diferencia de alícuotas y/o bases imponibles, el servicio aduanero procedería a confeccionar una liquidación manual, de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente, por ambos conceptos.
VIII. En el caso, según resulta de la documentación obrante en las actuaciones administrativas AFIP “12509-837-2008”, y no fuera motivo de controversia entre las partes, SIPEA SA registró: *el permiso de embarque “08 057 EC01 002842P”, oficializado el 16/4/2008, asociado a la DJVE “07 001 DJVE 004629 D”, registrada el 18/10/2007, presentando la DJVE AGRIC “00065643” con cierre de venta el 17/10/2007;
*el permiso de embarque “08 057 EC01 003252 L”, oficializado el 14/4/2008, asociado a la DJVE “07 001 DJVE 004600 P”, registrada el 17/10/2007, presentando la DJVE AGRIC “00065643” con cierre de venta el 12/10/2007;
*el permiso de embarque “08 057 EC01 003382 P”, oficializado el 9/5/2008, asociado tanto a la DJVE “07 001 DJVE 004600 P”, registrada el 17/10/2007, presentando la DJVE AGRIC “00065495” con cierre de venta el 12/10/2007; así como a la DJVE “07 001 DJVE 004627 B”, registrada el 18/10/2007, presentando la DJVE AGRIC “00065644” con cierre de venta el 17/10/2007; y *el permiso de embarque “08 057 EC01 005444Z”, oficializado el 4/7/2008, asociado a la DJVE “07 001 DJVE 004941 A”, registrada el 31/10/2007, presentando la DJVE AGRIC “00066422” con cierre de venta el 29/10/2007.
En todos los casos, la mercadería involucrada resultaba ser “Habas (porotos, frijoles, frijoles) de soja (soya)”, clasificada bajo la posición arancelaria “1201.00.90.190N”, que, al momento de registrarse las DJVE se encontraban gravadas con un derecho de exportación del 27,5%, conforme lo normado por la resolución ex MEyP 10/2007.
Ahora bien, en atención a que las DJVE antes identificadas habrían sido incluidas en las nóminas de las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 1898/2008, el servicio aduanero de San Lorenzo formuló los cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008, que dieron origen a la presente controversia, reclamando a la exportadora el pago de la diferencia entre el derecho de exportación pagado y los que surgirían de aplicar la resolución ex MEyP 125/2008, vigente al oficializar los permisos de embarque, según la cual, por las operatorias fiscalizadas, correspondía abonar derechos de exportación según una alícuota mayor a la prevista al tiempo del registro de las DJVE.
Puntualmente, la autoridad aduanera reclamó a SIPEA SA, mediante los cargos dictados, la diferencia en concepto de derechos de exportación, calculados según la alícuota del 27,5% abonada y las alícuotas móviles, resultantes de la resolución ex MEyP 125/2008, ascendiendo dicho saldo, por las cuatro operatorias fiscalizadas, a un total de U$S929.627.
IX. Precisados los antecedentes normativos y fácticos involucrados en autos, cuadra señalar que la cuestión suscitada encuentra respuesta suficiente en la solución adoptada por esta Sala al resolver la causa 15.294/2011 “Lartirigoyen y Compañía SA c/EN - Mº Economía - ONCCA - Resol. 1487/08 y 5581/10 y otros s/proceso de conocimiento”, sent. del 6/5/2014; actuaciones en la que, ante la denegatoria del recurso extraordinario federal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inadmisible la correspondiente presentación directa intentada por el Estado Nacional - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas (conf. expediente L.427.L.RHE; resol. del 4/11/2014), habiendo quedado en consecuencia firme el referido decisorio. En esa oportunidad, este Tribunal confirmó la sentencia dictada en primera instancia por la que se declaró la nulidad de la resolución ONCCA 1487/2008 por no haber sido explicitados los motivos concretos que permitían a la autoridad de aplicación concluir en la falta de acreditación de la tenencia o adquisición de la mercadería que la allí accionante (otra empresa exportadora) declarara en forma previa al 9/11/2007 y por el hecho que la prueba colectada permitía tener por corroborado que en forma previa a verificarse el aumento de alícuotas, la compañía involucrada contaba con granos suficientes como para respaldar las cantidades comprometidas en las DJVE registradas. Para así decidir, al margen de la valoración de la prueba rendida en dicha causa y de ciertas deficiencias recursivas puestas de manifiesto en los Considerandos IX, X y XI, se sostuvo que: *) era la ONCCA el organismo competente para establecer los requisitos tendientes a verificar la adquisición y tenencia de la mercadería objeto de exportación con anterioridad al incremento de las alícuotas y resolver si el exportador había acreditado la tenencia de la mercadería objeto de las DJVE incluidas en el Anexo I de la resolución 1487/2008;
*) era evidente la contradicción en que incurría la Administración al alegar, por un lado, que la resolución 1487/2008 gozaba -como todo acto administrativo de la presunción de legitimidad y por ende resultaba obligatoria y exigible (pudiendo la autoridad administrativa hacerlo cumplir coercitivamente por sí o por terceros) y, por otro, que el mentado precepto era un acto meramente preparatorio y no vinculante, que se limitaba a asesorar a otro organismo, por lo que resultaba irrecurrible tanto en sede administrativa como judicial;
*) el artículo 1º, inciso f), apartado 3º, de la ley 19.549 reconoce y garantiza al particular el derecho a una decisión fundada, con expresa consideración de los principales argumentos y de las cuestiones propuestas y que el artículo 7º, inciso e) de la misma norma no abre camino al arbitrio administrativo, puesto que exige que todo acto se encuentre motivado;
*) toda decisión administrativa que afecte derechos de los particulares debe responder a una motivación suficiente y resultar la derivación razonada de sus antecedentes de hecho y derecho, de modo tal que se encuentren cabalmente a resguardo las garantías constitucionales en juego, como son -entre otras- las tuteladas por los artículos 16, 17 y 18 de la Constitución Nacional, puesto que se trata de una exigencia que por imperio legal es establecida como elemento condición para la real vigencia del principio de legalidad en la actuación de los órganos administrativos;
*) las normas que reglamentan la aplicación de la ley 26.351 establecen que el controlador considerará toda la documentación que estime necesaria para la constatación efectiva de la tenencia o adquisición de los granos, por lo que el procedimiento no podría agotarse en el examen de la información derivada de los formularios “C18” de compra de mercadería para exportación;
*) corresponde a la Administración verificar el incumplimiento del régimen legal, dando cuenta al respecto de los extremos de hecho y de derecho que configuran el tipo infraccional involucrado; y *) conforme lo establece el artículo 377 del código de rito, la carga de la prueba incumbe a aquella parte que afirme la existencia de un hecho controvertido, la cual recae sobre el Estado Nacional en el supuesto aquí analizado, en tanto y cuanto pretende sustentar un cargo basado en extremos fácticos que invoca en contra del particular y que, por ende, ha de probar de manera objetiva y suficiente.
X. Lo hasta aquí señalado sella la suerte del recurso intentado por el Fisco Nacional, el cual resultó insuficiente para enervar los fundamentos expuestos por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación para decidir del modo en que lo hizo, en particular para considerar arbitrarias e ilegítimas las resoluciones ONCCA 1487/2008 y 189872008 por falta de fundamentación suficiente, conforme el criterio sentado en la materia por las Salas que integran esta Cámara, así como para revocar la resolución AD SALO 343/2012, al limitarse la autoridad aduanera a aplicar lo informado por la ONCCA, sin dar tratamiento y respuesta a los argumentos expuestos por la exportadora al impugnar los cargos, sumado a la declaración de invalidez de las resoluciones ex MEyP 369/2007 y 125/2008, a la luz del criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA”, por emanar del Poder Ejecutivo Nacional sin recibir la oportuna ratificación del Congreso de la Nación.
En consecuencia y como natural corolario de los desarrollos que anteceden, corresponde desestimar los agravios del Fisco Nacional, y en su consecuencia, confirmar el pronunciamiento apelado.
XI. En igual sentido se ha pronunciado recientemente esta Sala, en autos 25.247/2023 “Gear SAAICFI (TF 31.637-A) c/DGA s/recurso directo de organismo externo”, resol. del 10/11/2023.
XII. A mayor abundamiento, cuadra advertir que por la apelación bajo trato se hizo alusión a los cargos 10/2012 y 11/2012, los que -claro está- no son los debatidos en autos, sino los 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008, dando ello cuenta -por lo demás-, de una notoria deficiencia argumental por parte del recurrente (conf. arg. artículo 265 del CPCCN); así como también que ni lo relativo a la falta de respuesta a través de la resolución AD SALO 343/2012 a los argumentos impugnatorios formulados por la exportadora respecto de los cuatro cargos, ni lo concerniente a la invalidez de las resoluciones MEyP 369/2007 y 125/2008, a la luz del criterio expuesto por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en autos “Camaronera Patagónica SA”, fueron motivo de apelación por parte del Fisco Nacional, pese a haber constituido aspectos sustanciales de la fundamentación en que se sustenta la decisión adoptada por la Sala E del Tribunal de la Nación, que, conforme lo hasta aquí apuntado, por la presente, se confirma.
XIII. Atento al modo en que se decide, se torna innecesario analizar el planteo de inconstitucionalidad esbozado por la accionante respecto de la ley 26.351; con relación al cual esta Sala, producto de un encuadre distinto de la cuestión aquí suscitada, se pronunció en autos 35.048/2009 “Agro Uranga SA c/Organismo Nacional de Control Comercial Agrop. (ONCCA) y otros s/proceso de conocimiento”, sent. del 22/10/2015, oportunidad en la que declaró la inconstitucionalidad de los artículos 4º y 5º de la ley 26.351 y el artículo 2º del decreto 764/2008, en tanto dispusieron la aplicación retroactiva de sus directivas, y su correspondiente inaplicabilidad a las DJVE registradas por la allí accionante, que fueron incluidas en el Anexo I de la resolución ONCCA 1487/2008, cuya invalidez -en lo que a ella le compete, con sustento en lo antedicho- aquí también se decide.
XIV. Por lo expuesto, corresponde desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 25/10/2022 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, que revocó la resolución AD SALO 343/2012 y, a fin de cuentas, los cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008; sin resultar necesario considerar las demás cuestiones planteadas, ya que quienes suscriben no se encuentran obligados a seguir a las partes en todas y cada una de sus argumentaciones, sino tan sólo en aquellas que resulten conducentes para decidir el caso y que bastan para dar sustento a un pronunciamiento válido (conf. CSJN, en Fallos, 258:304; 262:222; 265:301; 272:225; 278:271; 297:140; 301:970; entre otros).
XV. Finalmente, al no advertirse razones suficientes para apartarse del principio general rector en la materia, corresponde que las costas relativas a esta instancia judicial, sean soportadas por el Fisco Nacional, vencido (conf. artículo 68, primera parte, del CPCCN). Por lo expuesto, el Tribunal RESUELVE: desestimar la apelación deducida por el Fisco Nacional, con costas de esta instancia judicial a su cargo, y, en consecuencia, confirmar el pronunciamiento del 25/10/2022 dictado por la Sala E del Tribunal Fiscal de la Nación, que revocó la resolución AD SALO 343/2012 y, a fin de cuentas, los cargos 1721/2008, 1722/2008, 1723/2008 y 1724/2008.
Regístrese, notifíquese -a las partes y a la fiscalía general de Cámara- y, oportunamente, devuélvase a la instancia de origen.-
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA MARÍA CLAUDIA CAPUTI LUIS MARÍA MÁRQUEZ
Fin de la sentencia