Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala D · Causa 42.160-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por Servicios de Logística de Alto Riesgo S.A. Con costas.
2Intimar a Servicios de Logística de Alto Riesgo S.A a que, en el plazo de 5 días, ingrese la suma de $185.915,22 en concepto de tasa de actuación, la que en caso de incumplimiento se librará la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios(conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
3Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las sumas de $8.180 por la representación procesal, y $20.451 por el patrocinio letrado y los del Contador Gustavo Alberto Yañez en la suma de $2.000 por la aceptación del cargo, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional 2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein Informe firma conjunta Número: IF-2021-85957845-APN-VOCXI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 13 de Septiembre de 2021 En la fecha se reúne la Sala D del Tribunal Fiscal de la Nación, integrada por la Dra. Edith Viviana Gómez (Vocalía de la 10º Nominación), la Dra. Agustina O’Donnell (Vocalía de la 11º Nominación) y el Dr. Daniel Alejandro Martín (Vocalía de la 12º Nominación), para dictar sentencia en el Expte. N°42.160-I caratulado “Servicios de Logística de Alto Riesgo S.A s/ incidente””, conforme a lo dispuesto en el Acta Acuerdo del 16 de marzo de 2020, la Res. 2020-13-APN-TFN#MEC, prorrogada por las Res. 2020-17-APN-TFN#MEC y 2020-23- APN-TFN#MEC, lo establecido por el art. 12 de la Acordada del 8 de setiembre de 2020 que obra como Anexo en la Res. 2020-44-APN-TFN#MEC y lo resuelto mediante Acta Acuerdo Plenario del 16 de marzo de 2021, que obra como Anexo en la Res.2021-13-APN-TFN#MEC.
La Dra. O’Donnell dijo:
I.-Servicios de Logística de Alto Riesgo S.A solicita que se le conceda el beneficio de litigar sin gastos en los términos del art. 78 y ss. del C.P.C.C.N, en el recurso de apelación presentado el 10 de febrero de 2015 contra las Resoluciones Nros. 197/2014 y 198/2014 en las que se determinó de oficio sus obligaciones en el impuesto al valor agregado, por los períodos fiscales febrero de 2008 a diciembre de 2009, y en el impuesto a las ganancias, por los períodos fiscales 2008 y 2009, y se la intimó a ingresar la suma total de $7.436.608,95 en concepto de impuesto, multa e intereses. En la oportunidad indicada en el art. 3° de la ley 25.964, por auto notificado el 25 de marzo de 2015 se la intimó a ingresar $85.943,71, conforme surge de la constancia de la representación fiscal agregada a fs. 54 del 26 de febrero de 2015.
II. En primer lugar, plantea la inconstitucionalidad de la ley 25.964 por haber derogadola ley 22.610, modificada por la ley 23.871,que aumentó la alícuota de la tasa del 2% al 2,5% e incluyó en la base de cálculo a las sanciones, y entiende que la nueva ley vulneró garantías constitucionales al restringir gravemente el acceso del contribuyente a este Tribunal.
Funda su pedido también en encontrarse imposibilitado materialmente de afrontar el pago. A los fines de probar la situación económica que alega, ofrece la producción de prueba informativa y pericial contable. A fs. 66/70 toma intervención en autos la representación fiscal. En su contestación, afirma la improcedencia del beneficio solicitado atento no haber demostrado el contribuyente mediante la prueba ofrecida su insolvencia o incapacidad económica.
A fs. 74, se hizo lugar a la prueba informativa ofrecida por la cual vía Banco Central de la República Argentina se libran oficios a más de 10 entidades bancarias y financieras y a fs.119 se hizo lugar a la prueba pericial contable y se designaron a los peritos propuestos por las partes; a fs. 219 se corre la vista dispuesta por el art. 81 del C.P.C.C.N, la que es contestada por el contribuyente a fs.227/228 y por la representación fiscal el 16 de mayo de 2017 en el escrito que obra agregado a fs.230/231.
Mediante la PV-2021-78287256-APN-VOCXI#TFN se eleva el presente incidente a consideración de la Sala. III.- Cabe referirse en primer término al planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.964, el que corresponde desestimar, por infundado, toda vez que no justifica la aquí recurrente de qué manera la aplicación de dicha norma en su caso concreto ha vulnerado su garantía constitucional de defensa en juicio, máxime cuando el art.3,último párrafo, de la misma ley que objeta dispone que “La falta de pago de la tasa no obstaculizará la prosecución de las actuaciones”. Por otro lado, lo que la recurrente pretende es que las leyes no se modifiquen y ese es un derecho que ningún ordenamiento jurídico es capaz de reconocer, ya que es conocido el principio según el cual nadie tiene derecho al mantenimiento o la inalterabilidad de las leyes, menos aún cuando se trata de recursos públicos, cuyos elementos esenciales, entre ellos, su alícuota y base imponible, corresponde en forma exclusiva y excluyente, al poder legislativo y no se advierten vicios en el proceso de formación y sanción de la ley 25.964.
IV. Por otro lado, debe señalarse que si bien fue admitida la totalidad de la prueba que Servicios de Logística de Alto Riesgo S.A. ofreciera con el propósito de demostrar la imposibilidad de pago de la tasa de actuación devengada el 10 de febrero de 2015, con la presentación del recurso de apelación ante este Tribunal, intimada su pago el 25 de marzo de 2015, los resultados producidos en el expediente, concretamente las respuestas de las entidades oficiadas, no convencen de lo que con ella se pretende.
Es que el fundamento del beneficio de litigar sin gastos es la necesidad de garantizar la posibilidad de comparecer ante un órgano jurisdiccional en procura de justicia, en el entendimiento que se vería frustrado si el recurrente no pudiera recurrir ante este Tribunal, por no poder afrontar las erogaciones que ocasiona el proceso. Ahora bien, aunque sobra decirlo no basta la sola afirmación de la existencia de la situación de pobreza que exige la norma legal para que el beneficio sea otorgado, pues es indispensable una actividad procesal, realizada con los medios establecidos en la ley ritual, tendiente a crear aquella convicción en el juzgador/a en relación a los hechos afirmados (cfr. “Zanello, Ronald Miguel”, C.N.A.C.A.F., Sala I, 29/8/00).
En el caso, las respuestas dadas por el Registro de la Propiedad Inmueble de la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires, el Registro de la Propiedad Automotor a los oficios que se le libraran en esta instancia dan cuenta que la empresa no tenía -en el año 2015 propiedades ni autos registrados a su nombre; (fs.89/90, 106/107 y 112/113): de la respuesta dada por la Administración Tributaria se desprende que presentó únicamente la declaración jurada del impuesto a las ganancias de los períodos fiscales 2010 y 2011 y del impuesto al valor agregado desde el período fiscal enero 2010 a julio 2012 y que posee la CUIT cancelada por haberse encuadrado en las causales previstas por el art.4 de la R.G N°3358, es decir, baja de oficio (fs.193).
Asimismo, de la informativa a los bancos, respondida por Citi Bank N.A, Nuevo Banco de Entre Ríos, Metrópolis Cía. Financiera S.A, Banco Santa Fe, Compañía Financiera Argentina S.A, Banco Interfinanzas, Caja de Crédito Cuenca Coop. Ltda, Banco Santa Cruz, Banco de la Nación Argentina y Banco Hipotecario, se desprende que no es clienta de dichas entidades (ver fs. 87, 92, 94, 95, 97, 98, 101, 103, 104 y 111).
Como ya se dijo, los resultados que arrojan estas pruebas no indican que carecía de fondos en el año 2015 para pagar la tasa de actuación por el recurso de apelación que ella misma presentó ante este Tribunal, ya que no adjuntó ninguna documentación fehaciente con dicho propósito, como balances, resúmenes bancarios, etc. Tan solo demostró que no tiene bienes registrables en dos registros de los muchos que hay en el país, y que no tiene cuentas en algunas entidades financieras de las tantas que hay y hubo.
Queda decir, respecto de la prueba producida, que si bien a fs. 119, punto 1°) se hizo lugar a la prueba pericial contable ofrecida, luego de varias prórrogas e intimaciones se le dio por decaído el derecho a producirla (fs. 213) y a fs. 218 se rechazó la revocatoria interpuesta contra esa providencia.
Tal como tiene dicho la Excma. Cámara, “…de conformidad con lo dispuesto por el art. 377 del Código Procesal, aplicable al caso por sentar un principio general en materia probatoria, la carga de la prueba de acreditar correctamente la ausencia de recursos suficientes para solventar los gastos causídicos, suministrando los elementos de juicio que hagan viable esa pretensión, le incumbe a la solicitante (C.N.Com., Sala E, “Sutaxi S.A. c/AMX Argentina S.A. s/beneficio de litigar sin gastos”, del 23/10/14) citado en “Aerolíneas Argentinas S.A s/ Beneficio de Litigar sin Gastos”, sentencia de la Excma. Cámara del 14/06/2018).
Por lo que, este Tribunal entiende que no se llega a demostrar la configuración del presupuesto de hecho del beneficio solicitado, por lo que corresponde su denegación, con costas, e intimar el ingreso de la tasa de actuación, ley 25.964.
Sin perjuicio de lo expresado, teniendo en cuenta el error incurrido en el monto intimado $85.943,71, corresponde su rectificación en la suma de $185.915,71 que equivale al 2,5% del monto consignado en los F.4 por la propia recurrente.
VI. Que en atención a lo resuelto, y lo dispuesto en el art. 98 de la ley 11.683, corresponde regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las sumas de $8.180 por la representación procesal, y $20.451 por el patrocinio letrado y los del Contador Gustavo Alberto Yañez en la suma de $2.000 por la aceptación del cargo, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
El Dr. Martín dijo:
Que adhiere al voto precedente.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que adhiere en lo sustancial a los argumentos de la Dra. O´Donnell, en cuanto a que la incidentista no acreditó en autos de manera fehaciente la hipótesis de pobreza por su parte argumentada.
Que a mayor abundamiento, cabe poner de resalto que a pesar de que la ley de Procedimiento Tributario (art. 160 t.o. vigente) prevé que “en la instancia ante el Tribunal Fiscal de la Nación los interesados podrán actuar personalmente, por medio de sus representantes legales, o por mandatario especial...”, en este caso se observa que la incidentista optó por presentarse ante este Tribunal con la representación de un abogado (fs. 2 y 61). Que en tal inteligencia, el rigorismo con que debe ponderarse la declaración de pobreza se maximiza cuando el peticionante pudo contratar servicios profesionales, lo que demostraría cierta disponibilidad patrimonial, que al menos, le ha permitido desenvolverse frente a las erogaciones del juicio (conf. “Beprea SA c/Edesur” - CNCom. - Sala B – 9/5/2006).
Que por todo ello, corresponde denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado en autos, con costas e intimar la tasa de actuación debida, bajo apercibimiento de librar boleta de deuda (conf. ley N° 25.964). Atento el resultado de la votación que antecede,
1. Denegar el beneficio de litigar sin gastos solicitado por Servicios de Logística de Alto Riesgo S.A. Con costas.
2. Intimar a Servicios de Logística de Alto Riesgo S.A a que, en el plazo de 5 días, ingrese la suma de $185.915,22 en concepto de tasa de actuación, la que en caso de incumplimiento se librará la correspondiente boleta de deuda, la que incluirá los intereses resarcitorios(conf. arts. 7º y 9 y cc., ley 25.964).
3. Regular en su conjunto los honorarios de los profesionales intervinientes por el Fisco Nacional en las sumas de $8.180 por la representación procesal, y $20.451 por el patrocinio letrado y los del Contador Gustavo Alberto Yañez en la suma de $2.000 por la aceptación del cargo, teniendo en consideración la naturaleza de la causa, el monto del litigio, las etapas procesales cumplidas, y demás pautas establecidas por la ley 21.839, modificada por la ley 24.432. Las sumas reguladas no incluyen el impuesto al valor agregado.
Regístrese y notifíquese.
Date: 2021.09.13 14:31:22 -03:00 Date: 2021.09.13 14:49:03 -03:00 Daniel Alejandro Martín Edith Viviana Gomez Vocal Vocal Vocalía XII Sala D Competencia Impositiva Vocalía X Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2021.09.13 14:51:17 -03:00 Agustina O'Donnell Vocal Vocalía XI Sala D Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2021.09.13 14:51:18 -03:00
Fin de la sentencia