Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala III (CAF) · Causa TF 49290-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar la sentencia apelada, con costas.
Teniendo presente la calidad y eficacia de la gestión profesional desarrollada en la Alzada y el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación del Fisco en la suma de siete mil novecientos ochenta pesos -$7.980-, que equivalen a 2,5UMA (art. 30 de la ley 27423, Ac. CSJN 2/20).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 62043/2019 - SERVICIOS LOGISTICOS CUYO SA
TF 49290-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, de agosto de 2020.- MLF Y VISTOS, CONSIDERANDO:
I. Que a fs. 59/61 el Tribunal Fiscal de la Nación rechazó la impugnación que Servicios Logísticos Cuyo SA interpusiera contra la Res. Nro. 526305-2 dictada por el Jefe (Int.) de la División Jurídica de la Dirección Regional Mendoza de la AFIP-DGI con fecha 17/7/2018, por la que se le había impuesto una multa equivalente a un tercio del mínimo legal omitido en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los periodos fiscales marzo a junio inclusive, agosto y septiembre del año 2016, con fundamento en los arts. 46 y 47, inc. a), de la ley 11683 (to 1998 y mod). Impuso las costas a la vencida. El pronunciamiento fue apelado por el contribuyente, cuyos agravios, expresados a fs. 77/92, fueron replicados por el Fisco a fs. 100/105.
II. Que para decidir como lo hizo, el Tribunal Fiscal de la Nación, en primer lugar, no atendió el planteo del recurrente para que se declare la nulidad de la resolución impositiva, por entender que de ella se desprenden claramente los hechos que brindan sustento a la aplicación de la sanción recurrida, como así también las normas aplicadas, señalando que el procedimiento se ajustó a las previsiones de la ley 11683 (to 1998 y mod) sin lesión al derecho de defensa. Con relación a la petición del contribuyente para que se aplique el art. 49 según la redacción impuesta por la ley 27430, advirtió que en la causa las declaraciones juradas rectificativas se presentaron luego de la vista conferida a instancia de la inspección y antes de la vista del art. 17, por lo que la aplicación de la nueva redacción de la norma no le sería más beneficiosa que la anterior, Alta en sistema: 13/08/2020 puesto que ésta última prevé una reducción a un tercio del mínimo legal mientras que de aplicarse la nueva redacción le correspondería la reducción a la mitad del mínimo legal.
En lo que concierne a la multa aplicada, tuvo en cuenta que el contribuyente conformó el ajuste fiscal y presentó las declaraciones juradas rectificativas a instancias de la inspección, configurándose de esta manera el elemento objetivo de la infracción, al quedar en evidencia que las anteriores no se ajustaban a la realidad. En cuanto al plano subjetivo, consideró que no ha quedado desvirtuada la presunción de dolo aplicada por el organismo fiscal (art. 47, inc. a), de la ley de procedimiento fiscal) a raíz de haber sido detectado que la empresa consignó en sus declaraciones juradas importes de créditos fiscales superiores a los registrados en sus libros contables. Por ello, desestimó el pedido de reencuadre en la figura culposa del art. 45 de la ley 11683.
III. Que las quejas de la recurrente se dirigen, en primer término, contra el rechazo de la nulidad del acto que aplicó la multa, señalando que la resolución apelada no surgen los hechos y el derecho que justifiquen la imputación infraccional, ya que no se describe el modus operandi ni las acciones que habría desarrollado el sumariado para ser sancionado en los términos de los arts. 46 y 47 de la ley 11683 ni, tampoco, explica el origen de los ajustes ni por qué de ellos surge una conducta disvaliosa del contribuyente, todo lo cual, a su entender, vicia el acto por falta de causa y motivación, sin respeto de las garantías penales y con lesión a su derecho de defensa. En cuanto al fondo del asunto, sostiene la inexistencia de elemento subjetivo. Al respecto, manifiesta que la AFIP no aportó prueba tendiente a demostrar la culpabilidad del agente, sino que sólo se sustenta en el momento en que el contribuyente presentó las declaraciones juradas rectificativas. Señala que no se encuentra Alta en sistema: 13/08/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 62043/2019 - SERVICIOS LOGISTICOS CUYO SA TF 49290-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO probada la intensión defraudatoria requerida por el art. 46 y que conformó el ajuste fiscal de buena fe; en subsidio solicita el reencuadre en los términos del art. 45. Expresa que la presentación de DDJJ rectificativas es un derecho del contribuyente a fin de beneficiarse con la reducción de sanciones por lo que no implica un reconocimiento de ajuste alguno ni de accionar disvalioso, ya que le queda la vía de intentar la repetición.
También se queja por no haber sido aplicada la ley penal más benigna a fin de establecer el monto de la multa. Luego de recordar que su parte rectificó las declaraciones antes de que se le corriera vista de las actuaciones, solicitó la aplicación del segundo párrafo de la nueva redacción del art. 49 de la ley 11683.
IV. Que las expresiones vertidas en el agravio individualizado con la letra A (fs. 78/80) no controvierten útilmente la conclusión del Tribunal Fiscal, en cuanto entendió no justificada la pretendida nulidad del acto administrativo impugnado porque de él surgen claramente los hechos y el derecho que sustentan la sanción, sin que se observe irregularidades del procedimiento ni lesión a su derecho de defensa; decisión que, a todo evento, se ajusta a las constancias de fs. 14/18; 22 y 83/87 de las actuaciones administrativas relacionadas con la causa (actuación nro. 12018-34-2018), correspondientes al informe final de fiscalización, apertura del sumario y su resolución final.
V. Que, en el caso, no se discute que el contribuyente conformó el ajuste fiscal y presentó las declaraciones juradas rectificativas correspondientes. El Tribunal Fiscal señaló que, de este modo, queda configurado el elemento objetivo de la infracción. Alta en sistema: 13/08/2020 Efectivamente, queda comprometida la responsabilidad del contribuyente por la inexactitud de sus declaraciones, en la medida en que ello implica reconocer que las declaraciones juradas primitivas no se correspondían con la realidad impositiva (en el mismo sentido, esta Sala, expte. nro. 36595/2012 “Parras y Gamero Juan (TF 34197-I) C/ DGI”, del 13/02/2013; nro. 28216/2013, “Transportes Trans Sur SRL (TF 27198-I) c/ DGI”, del 29/11/2013 y nro. 65666/15, “Perales Aguiar SA”(TF 39601-I) c/ DGI, del 8/11/2016; Sala IV, expte. nro. 31.497/06, “Cabañas del Sur (TF 23.839-I) c/DGI”, del 20/04/10; y Sala II, nro. 26.385/04, “Transportes Tomassini SRL (TF 21.781-I) c/ DGI”, del 17/05/07, entre otros).
VI. Que el recurrente sostiene que no se encuentra acreditado el aspecto subjetivo de la infracción.
Al respecto, cabe señalar que mientras que el art. 45 de la ley 11683 (t.o 1998) tipifica una infracción de naturaleza culposa, en la que se presume la culpa del contribuyente, correspondiéndole a éste probar la eventual causal de excusabilidad de su conducta para quedar exento de pena, por el art. 46 se describe una conducta de naturaleza dolosa, que impone al Fisco la carga de acreditar la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas por lo que ambas normas no difieren en punto al alcance de la materialidad de la conducta en ellas reprochada, diferenciándose sólo en razón del elemento subjetivo, requiriendo la segunda la intencionalidad de esa conducta como presupuesto de procedencia del agravamiento de la pena que ella contempla (cfr. CNACAF, Sala I, causa nro. 33.493/98, "IBBILCO S.R.L. (TF15683-I) c/ DGI”, del 5/10/04; y esta Sala, causa nro. 17.835/2013, “FAC MAT SRL (TF 25828-I) c/ DGI”, sentencia del 12/09/2013, entre muchas otras). La configuración del ilícito presupone, entonces, no sólo la intención de evadir el pago del impuesto, sino también la existencia de un ardid o engaño realizado por el sujeto activo del ilícito con el Alta en sistema: 13/08/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 62043/2019 - SERVICIOS LOGISTICOS CUYO SA TF 49290-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO objeto de generar un error en la víctima, desde que no toda falta de pago intencional del impuesto adeudado constituye un supuesto de defraudación fiscal sino sólo aquella evasión que va acompañada de un artificio dirigido a evadir el tributo (cfr. Sala IV, “Depetris Lelio C. y Depetris Marcelo C SH (TF 24.412-I)”, expte. 26.495/06, sentencia del 11/03/08, consid. 4), estableciéndose diversos supuestos en los que se presume, salvo prueba en contrario, que existe dicha voluntad (art. 47 LPT).
Si bien es cierto que el dolo no se presume (esta Sala, expte. nro. 1602/2013, “López Mariana (TF 32308-I) C/DGI”, del 6/8/2013; nro. 36678/2012, “Job Servicios Integrales Para Empresas SA (TF 24542-I) c/ DGI”, del 4/2/2014; nro. 27632/2013, “Crecenti, Oscar Daniel (TF 31473-I) c/ DGI”, del 4/2/2014, entre otros; v. también, Sala IV, “Ferretería y Cereales SRL” c/DGI del 7/3/06, “Sánchez Jesús Antonio c/DGI”, del 8/8/06 y “González, Claudio Raúl (TF.22088) c/DGI”, del 6/2/07) y que la presentación de la DDJJ rectificativa no constituye, por sí misma, elemento suficiente para presumir la existencia de una conducta fraudulenta por parte de la actora (esta Sala, expte. nro. 35607/2010 “Plantel SA (TF 28204-I) C/ DGI”, del 12/7/2013) ya que la declaración jurada original sólo puede ser apreciada como inexacta más nunca como engañosa, y el hecho de que el contribuyente hubiese presentado la declaración jurada rectificativa después de la inspección no demuestra ninguna voluntad defraudatoria (conf. esta Sala, expte. nro. 1659/2013, “Weiss Leandro Segismundo (TF 34172-I) c/DGI”, del 11/6/2013 y Sala I de esta Cámara, causas “Redolfi, Alonso c/DGI” del 22/9/98; “Norma y Dora Strella de Strella N y Strella D c/DGI” del 2/3/06; “Chambers SA (TF 17027-I) c/DGI” del 23/8/07; Sala IV, “Martín Arrondo SRL (TF Alta en sistema: 13/08/2020 21798-I) c/DGI” del 5/7/07), se debe recordar que una vez probado por el organismo fiscal el hecho descripto en alguna de las presunciones del art. 47, se deriva la afirmación sobre la probabilidad de la existencia de la voluntad de producir declaraciones engañosas o de incurrir en ocultaciones maliciosas, permitiendo, por ende, tener por cierto que se obró en fraude al fisco. Y es aquí donde se dispensa al organismo fiscal de la prueba del dolo presumido, recayendo sobre el contribuyente la prueba de la inexistencia de la intención de defraudar (esta Sala, “Nextel Corp. S.A. (TF 21.389-I) c/ D.G.I.”, expte. 38.498/04, sentencia del 16/05/08 y muchos otros).
VII. Que el artículo 47 de la ley 11683 dispone que se presume, salvo prueba en contrario, que existe dicha voluntad cuando medie una grave contradicción entre los libros, registraciones, documentos y demás antecedentes correlativos con los datos que surjan de las declaraciones juradas (cfr. inc. a).
En el caso, el Tribunal Fiscal destacó que, por dirigirse a cuestionar el ajuste ya conformado, la prueba contable ofrecida no logró desvirtuar la presunción de dolo aplicada por el Fisco con fundamento en el inc. a) del art. 47 de la ley 11683 luego de detectar que la empresa consignó en sus declaraciones juradas importes de créditos fiscales superiores a los registrados en sus libros contables.
Esta premisa fundamental no se encuentra siquiera mencionada en los agravios, por lo que el recurso, en este punto, se encuentra desierto (art. 266 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
VIII. Que resta señalar que, tampoco, la recurrente se hace cargo de confutar la afirmación del Tribunal Fiscal relativa a que, dado que la DDJJ rectificativa se presentó luego de la vista conferida a instancia de la inspección y antes de la vista del art. 17, de Alta en sistema: 13/08/2020 CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA III EXPTE. NRO. 62043/2019 - SERVICIOS LOGISTICOS CUYO SA TF 49290-I c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO aplicarse la nueva redacción impuesta por la ley 27430 al art. 49 de la ley 11683, no sería de aplicación su segundo párrafo sino el tercero, que establece la reducción de la multa a la mitad del mínimo legal, por lo que resulta más beneficioso para el contribuyente la anterior redacción, que preveía una reducción de un tercio del mínimo legal. Por las razones expuestas, SE RESUELVE: confirmar la sentencia apelada, con costas.
Teniendo presente la calidad y eficacia de la gestión profesional desarrollada en la Alzada y el resultado del recurso, SE FIJAN los honorarios de la dirección letrada y representación del Fisco en la suma de siete mil novecientos ochenta pesos -$7.980-, que equivalen a 2,5UMA (art. 30 de la ley 27423, Ac. CSJN 2/20). Regístrese, notifíquese y devuélvase.
A los fines del art. 109 del Reglamento para la Justicia Nacional se deja constancia de que suscriben la presente dos vocales por encontrarse vacante el tercer cargo.
SERGIO GUSTAVO FERNÁNDEZ CARLOS MANUEL GRECCO
Alta en sistema: 13/08/2020
Fin de la sentencia