Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120574
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971/2020, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.574, "Sierra, Enzo Esteban y otros contra Servicios Luarca S.A. Amparo sindical" con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores de Lázzari, Soria, Kogan, Pettigiani, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción de amparo sindical promovida, imponiendo las costas a la parte actora (v. sent., fs. 154/163).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 180/193) que, denegado por el tribunal de grado (v. fs. 194/195), fue concedido por esta Suprema Corte (v. fs. 316/317 vta.), previa deducción de la queja respectiva (v. fs. 288/310; art. 292, CPCC).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde decretar de oficio la nulidad de la sentencia de fs. 154/163?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción deducida por Enzo Esteban Sierra, María Alejandra Arbilla, Romina Carola Avellaneda, José Miguel Jiménez, Rubén Ariel Larripa, Analía Valeria López, Ramiro Emiliano Mastrángelo, Cristian Sebastián Morelli, Sandra Karina Parise, Lucas Alejandro Pereyra y Florencia Saubidet contra Servicios Luarca S.A., a quien condenó a restablecer las condiciones originarias bajo las cuales se desarrollaron los contratos de trabajo de los actores. Asimismo, dispuso, mantener la afiliación voluntaria de los trabajadores a la asociación sindical libremente elegida por cada uno; que el empleador retenga y destine los aportes y contribuciones patronales a la Seccional Mar del Plata del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA); y -por último- dejar constancia de dicha circunstancia rectificatoria en los respectivos recibos de haberes de los actores, quienes conservarían su afiliación al SMATA hasta tanto las partes involucradas resolvieran el conflicto central por la vía oportuna (v. sent., fs. 154/163).
Para así resolver, el a quo señaló que el art. 47 de la ley 23.551 habilita a todo trabajador o asociación sindical que fuere impedido u obstaculizado en el ejercicio regular de los derechos de la libertad sindical a recabar amparo ante la justicia provincial del trabajo, con la finalidad de lograr el "cese inmediato del comportamiento antisindical" (v. sent., fs. 156 vta. y 157).
Tras reseñar que por la presente acción los actores procuraban la declaración judicial de nulidad de la medida adoptada por su empleador Servicios Luarca S.A., quien unilateralmente a partir del mes de agosto de 2016 había comenzado a ingresar los aportes sindicales al Sindicato de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y GNC, Garajes, Playas de Estacionamiento y Lavaderos (SOESGyPE), y -asimismo- el mantenimiento de la afiliación voluntaria de los trabajadores a la asociación sindical libremente elegida por cada uno de los nombrados, es decir, a la Seccional Mar del Plata del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), el tribunal de origen consideró que correspondía habilitar la vía elegida por los accionantes, imprimiéndole al proceso "el trámite sumarísimo excepcional previsto en el art. 47 de la ley 23.551, de conformidad a lo dispuesto por los arts. 321 y 496 del CPCC" (sent., fs. 157 y vta.).
A continuación, puntualizó que -a su criterio- se encontraban prima facie acreditados el derecho de los trabajadores a elegir voluntariamente la asociación sindical a la que afiliarse era un derecho de la libertad sindical reconocido expresamente en los arts. 1, 4 y 47 de la ley 23.551; la mutación del encuadramiento sindical y convencional pretendido por la empleadora del Convenio Colectivo de Trabajo 80/89 -correspondiente al SMATA-, al Convenio Colectivo de Trabajo 488/07 -celebrado por el SOESGyPE- y, por último, la inexistencia de otra herramienta legal idónea para resguardar los derechos afectados (v. sent. fs. 157 vta. y 158).
Asimismo, a partir de los recibos de sueldo acompañados a la demanda, juzgó probada tanto la relación laboral habida entre los actores y la firma Servicios Luarca S.A., como la afiliación de los mismos al SMATA. Agregó que esta última circunstancia también se encontraba corroborada a partir de la certificación expedida por el secretario general de la seccional Mar del Plata de dicha asociación sindical. Añadió luego que de los telegramas adjuntados surgía la tempestiva impugnación de los dependientes a la modificación de encuadramiento sindical y convencional dispuesta por el principal, y la subsiguiente denegatoria (v. sent., fs. 158).
En ese trance, "apreciando en conciencia" las respuestas brindadas por Servicios Luarca S.A. en las distintas cartas documento que individualizó, consideró que la razón esgrimida para alterar unilateral e intempestivamente las condiciones de afiliación sindical de sus trabajadores -presunta aplicación a la actividad de un convenio colectivo de trabajo diferente celebrado por otra entidad gremial- carecía de virtualidad para impedir el ejercicio de los derechos sindicales de los amparistas, en tanto importaba un claro apartamiento de los principios de libertad sindical ya que prescindía de la voluntad y libertad de elección de afiliación que asiste a los trabajadores. Subrayó que revestía particular relevancia el hecho de que las condiciones de afiliación sindical de los actores hubiera sido pacífica y regularmente aceptada por ambas partes de la relación laboral hasta el mes de julio de 2016, revistiendo la conducta modificatoria de la empleadora "lesividad y abusividad" en perjuicio de los afiliados (v. sent., fs. 158 vta. y 159).
Seguidamente, precisó luego que la modificación del encuadramiento sindical -en el caso de corresponder- debería "resolverse por la vía idónea, extraña a la presente acción, sin que lo decidido resulte vinculante en aquella instancia ni importe para este órgano asumir competencia directa o conexa en un procedimiento autónomo, pues el propósito legislativo del art. 47 de la ley 23.551 no ha sido que por este medio se ventilen ante la justicia local los conflictos intersindicales" (sent., fs. 159).
Sobre la base de los argumentos reseñados, se pronunció por la admisibilidad de la acción de amparo deducida con sustento en el art. 47 de la ley 23.551 y -a continuación- hizo lugar a la demanda deducida (v. sent., fs. 159 vta.) en los términos indicados.
II. El letrado apoderado de Servicios Luarca S.A. dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 16, 17, 18, 19, 31 y concordantes de la Constitución nacional; 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que individualiza (v. fs. 180/193).
En esencia, se agravia porque -sostiene- el tribunal de grado dictó sentencia definitiva haciendo lugar a lo peticionado por los actores, sin imprimirle ningún trámite procesal a la causa, pues no corrió traslado de la demanda ni sustanció prueba alguna, vulnerando de tal modo el debido proceso legal y la inviolabilidad de la defensa en juicio consagrados tanto en la Constitución nacional como provincial (v. fs. 182 vta./184).
Agrega que el pronunciamiento impugnado también trasgrede el art. 47 de la ley 23.551 y reiterada jurisprudencia de esta Suprema Corte. Indica que el mentado artículo regula una "acción de amparo especial" que debe tramitar conforme las normas del proceso sumarísimo previsto en el Código Procesal Civil y Comercial, en un todo acorde con las normas de la ley 11.653. Enfatiza que el juzgador de origen no podía válidamente dictar sentencia definitiva en la etapa liminar de la litis, ya que -por el contrario- sólo debía analizar los requisitos de admisibilidad y disponer el trámite sumarísimo, confiriendo el pertinente traslado de la demanda a la contraria (v. fs. 184/185 vta.).
Desde otra perspectiva, argumenta que, de la atenta lectura de los fundamentos expuestos en el escrito de inicio, se desprende que la cuestión a dilucidar remite a una problemática de encuadramiento convencional y representación sindical, ajena al marco de análisis del art. 47 de la ley 23.551. Afirma que, en ejercicio de sus legítimos derechos, dejó de actuar como agente de retención de la cuota sindical de SMATA por desconocer su personería para representar a los trabajadores, sin que ello importe coartar, obstaculizar, ni impedir el ejercicio de ningún derecho proveniente de la libertad sindical de sus trabajadores. Ello así, pues jamás efectuó retención de cuota sindical alguna a favor de otra agrupación sindical. Sostiene que en autos, en rigor, SMATA pretende ventilar una cuestión de encuadre sindical marginada del conocimiento de la justicia local (v. fs. 185 vta./188).
Asevera que la conducta imputada a su parte -no haber actuado como agente de retención de la cuota sindical de SMATA con respecto a los haberes del mes de julio de 2016- no es un acto antisindical ni obstaculiza la libertad sindical de los accionantes, sino que -a lo sumo- sería una "práctica desleal", regida por las normas del proceso sumario, con mayor amplitud de debate y prueba (v. fs. 188/189 vta.).
Por último, indica que su accionar se ciñó a la normativa vigente. Señala que del Convenio Colectivo de Trabajo 488/07 suscripto por el SOESGyPE y de la sentencia n° 90.342 de fecha 31 de octubre de 2008 dictada en los autos "Ministerio de Trabajo c/ Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales s/ Ley de Asociaciones sindicales" por la sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo de la Capital Federal, así como de las resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación en los expedientes 1013634/97 y 1-213-25321/09, surge -claramente- que SMATA no posee representatividad para con sus empleados (v. fs. 189 vta./192).
III. Considero, por las razones que a continuación habré de exponer, que corresponde responder afirmativamente al primer interrogante planteado.
III.1. De las constancias de la causa se desprende que los actores solicitaron, al amparo de las disposiciones de la Ley de Asociaciones Sindicales -por el carril previsto en el art. 47 de la ley 23.551-, el cese de la denunciada conducta arbitraria, desleal y antisindical en la que habría incurrido su empleador Servicios Luarca S.A. (v. demanda, fs. 136/152).
También peticionaron una medida cautelar que "...le ordene a la demandada el restablecimiento en las condiciones originarias de labor, haciendo figurar en los recibos de sueldo de mis mandantes (y en los libros respectivos) la afiliación de los actores al SMATA constando en los mismos los descuentos de ley pertenecientes a dicha entidad sindical y permitiendo en consecuencia el ejercicio del derecho de libertad sindical, hasta tanto el Tribunal dicte sentencia de fondo..." (demanda, fs. 147).
III.2. Ante esa sola presentación, y sin seguir el procedimiento establecido en la ley 23.551 y en el Código Procesal para el proceso sumarísimo, el tribunal dictó una sentencia donde hizo lugar a la acción deducida (v. fs. 162).
Al omitirse ineludibles pasos procesales tales como correr traslado de la demanda, dar oportunidad al accionado de ejercer sus defensas y producir ambas partes las pruebas que pudieran haberse ofrecido, en el caso se ha vulnerado groseramente no solo la normativa constitucional (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.) sino los preceptos antes citados (específicamente, los arts. 47 de la Ley de Asociaciones Sindicales y 321 y 496, CPCC) y los principios de defensa en juicio y debido proceso legal del art. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (al que remite el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional).
Tan grave defecto torna imperioso, decretar oficiosamente la nulidad del pronunciamiento en mira.
III.3. Sólo he de agregar que, convencido de que este tipo de infracciones no resulta gratuita para los justiciables, al prolongar más allá de lo razonable los procesos judiciales, me veo en la obligación de requerir a los miembros del tribunal de trabajo interviniente, extremar el celo en el cumplimiento de los requisitos formales, constitucional y legalmente exigibles, en los pronunciamientos y decisiones que emita el tribunal.
IV. Lo dicho me lleva a proponer al acuerdo que, de oficio, se anule la sentencia de fs. 154/163, debiendo volver los autos al tribunal de origen a fin de que -con diferente integración-, se pronuncie sobre la medida cautelar peticionada e imprimiendo a la causa el trámite procesal aplicable, dicte -oportunamente- el pronunciamiento que corresponda.
Voto por la afirmativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Disiento con la respuesta dada a la primera cuestión por el colega que abre el acuerdo.
Ello así pues no encuentro configurados en la especie los motivos en condiciones de generar la solución propuesta por el doctor de Lázzari, cuales son la imposibilidad sustancial de deducir un recurso extraordinario idóneo o que este Tribunal -debido a las falencias de la sentencia- se vea impedido de conocer en el asunto.
En la especie, el peticionario no se ha visto obstaculizado de deducir un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley apto a fin de corregir las situaciones de incompatibilidad con los principios de defensa en juicio y debido proceso que se denuncian, por lo que no corresponde que esta Corte actúe la facultad exclusiva y excluyente que ostenta a fin de anular oficiosamente el pronunciamiento.
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y lo señores Jueces doctores Pettigiani y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor de Lázzari dijo:
Atendiendo al resultado de la votación de la cuestión anterior, debo expedirme ahora respecto del recurso de inaplicabilidad planteado.
Lo dicho al referirme a la oficiosa declaración de nulidad que propuse, mutatis mutandi, alcanza para dar respuesta positiva también a este tema: las razones que anticipara el doctor Soria (y que, de hecho, conozco) no difieren en lo esencial de aquellas que esgrimí y, a su vez, son motivación suficiente y adecuada para hacer lugar al recurso de inaplicabilidad de ley deducido, disponiendo la revocación del fallo dictado (art. 289, CPCC).
La causa deberá volver al tribunal de origen para que, debidamente integrado, se pronuncie ordenadamente sobre las cuestiones llevadas a su conocimiento. Con costas por su orden, en atención al tema debatido y el modo en que se resuelve (arts. 68 seg. párr. y 289, CPCC).
Voto, pues, por la afirmativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso debe prosperar por los siguientes fundamentos.
I.1. El contenido del pronunciamiento dictado a fs. 154/163, que ocasiona agravio a la impugnante en los términos expuestos en el punto II del voto emitido por el colega ponente a la primera cuestión, me convence de que el a quo se apartó de los pasos procesales que debía cumplir ya que, tras declarar admisible la acción articulada con fundamento en la citada normativa de fondo, dictó sentencia definitiva sin haber conducido la causa de conformidad con el procedimiento adjetivo aplicable (arts. 496, CPCC y 63, ley 11.653).
Ello así, por cuanto el tribunal de origen tras considerar cumplidos los recaudos de admisibilidad de la acción interpuesta con fundamento en el art. 47 de la ley 23.551 debió -luego- resolver la medida cautelar peticionada y, posteriormente, bilateralizar el contradictorio a fin de -en el momento procesal oportuno- fallar sobre la procedencia o improcedencia de la pretensión esgrimida en el marco de la acción articulada en resguardo de la garantía constitucional de la libertad sindical puesta en juego en la especie.
Se sigue de ello que la sentencia atacada vulnera abiertamente las prescripciones del art. 47 de la ley 23.551 y su doctrinal legal.
En este sentido, tiene dicho esta Corte que el mencionado precepto de la Ley de Asociaciones Sindicales regula de forma específica una acción de amparo especial que protege el derecho fundamental a la libertad sindical y debe sustanciarse "conforme el procedimiento sumarísimo establecido en el art. 498 del Código de Procedimiento Civil y Comercial de la Nación o equivalente de los códigos procesales civiles y comerciales" , criterio reiterado por el art. 63 del referido cuerpo normativo, en cuanto establece que las acciones fundadas en el art. 47 citado deben ser resueltas por los jueces con competencia local en las respectivas jurisdicciones, debiendo sustanciarse "por el procedimiento sumario previsto en la legislación local". Aplicando dichos lineamientos al ámbito de la Provincia de Buenos Aires, la acción sindical es de competencia de los tribunales de trabajo (art. 2 inc. "b", ley 11.653) y debe ser sustanciada por medio del proceso sumarísimo contemplado en el art. 496 del Código Procesal Civil y Comercial, en todo aquello cuanto concuerde con el sistema procesal laboral provincial (art. 63, ley 11.653; causas L. 117.729, "Zimmerman", sent. de 12-XI-2014 y L. 119.357, "Vera", sent. de 28-IX-2016).
Siendo así, no pudo el tribunal de trabajo interviniente hacer lugar a la acción articulada, luego de valorar únicamente prueba documental incorporada a las actuaciones por los actores, sin haber corrido el pertinente traslado de la demanda y, en la hipótesis de existir hechos controvertidos, ordenar la producción de las pruebas ofrecidas por las partes, celebrar la audiencia de vista de la causa -de resultar pertinente- y dictar veredicto y sentencia (arts. 27, 28, 29, 32, 44 y 63, ley 11.653).
En suma, al disponer "II) Hacer lugar a la acción deducida a fs. 136/152 (art. 47 ley 23.551), ordenando a Servicios Luarca S.A. a que en el plazo de cuarenta y ocho (48) horas de notificado el presente decisorio proceda a reestablecer las condiciones originarias bajo las cuales se desarrollaron los contratos de trabajo..." y luego ordenar el archivo de la causa (v. fs. 163), el tribunal de grado resolvió la contienda en una etapa procesal impropia, violando las garantías de acceso a la justicia, defensa en juicio y debido proceso legal garantizados en los arts. 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 18 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional y 15 y 39 de la Constitución provincial.
I.2. No se me escapa que el tribunal dispuso que los actores prestaran caución juratoria de modo previo a la notificación de lo resuelto (v. fs. 160). Ahora bien, si con ello debe inferirse que lo decidido fue la cautelar peticionada en el punto XII del escrito de demanda (v. fs. 148 vta. y 149), ello no es lo que surge del fallo en su integralidad. En tal caso, bien pudo desestimar in limine la acción por razones vinculadas a los recaudos de su admisibilidad o por considerar su improponibilidad objetiva (causas L. 104.668, "Bravo", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.357, "Vera", sent. de 28-IX-2016), lo que no hizo, más allá de la consideración plasmada a fs. 159 del pronunciamiento puesto en crisis en orden a la existencia de un conflicto de encuadramiento sindical ajeno a la vía legal intentada; también pudo, en su caso, resolver la precautoria y, luego, continuar el proceso.
Lo hasta aquí expuesto, es suficiente para declarar procedente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, revocar el fallo impugnado en cuanto, en abierta violación a lo prescripto en el art. 47 de la ley 23.551 y su doctrina legal, hizo lugar
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.