Abriendo la norma
Cámara Civil y Comercial de Mar del Plata, Sala II · Causa 140637
REGISTRADA BAJO EL N º 211-S Fo . 1131/60
Expte . N º 140637 Juzgado Civil y Comercial N ° 14
En la ciudad de Mar del Plata, a los 04 días del mes de septiembre de 2019 reunida la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial, Sala Segunda, en acuerdo ordinario a los efectos de dictar sentencia en los autos caratulados “ KIRICOS, CARMEN INÉS C/ ESTEBAN, ERNESTO CARLOS Y OT. S/ SERVIDUMBRES ” , habiéndose practicado oportunamente el sorteo prescripto por los artículos 168 de la Constitución de la Provincia y 263 del Código de Procedimientos en lo Civil y Comercial, resultó que la votación debía ser en el siguiente orden: Dres. Ricardo D. Monterisi y Alfredo E. Méndez en virtud de la excusación formulada por el Dr. Roberto J. Loustaunau el 27 de marzo de 2019 y que se acepta en este acto.
El Tribunal resolvió plantear y votar las siguientes
1 ª ) ¿Es justa la sentencia definitiva dictada el 18 de febrero de 2019?
2 ª ) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
A la primera cuestión planteada el Sr . Juez Dr . Monterisi dijo :
I. La sentencia definitiva del 18 de febrero de 2019 viene a conocimiento de este Tribunal de Alzada con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte actora mediante la presentación electrónica n° 16852813 del 10/03/2019.
a. En lo que aquí interesa destacar, el juez de primera instancia rechazó la demanda de constitución de servidumbre de paso y reivindicación promovida por Julio Martín Kiricos, Jorge Esteban Kiricos y Carlos Mario Kiricos contra Carmen Inés Esteban respecto a los bienes inmuebles identificados como parcelas 333-an, 330-c, 330-m y 333-am, matrículas 11426, 1602, 11.425 y 7.870, Circunscripción III del Partido de Balcarce, con costas.
Para así decidirlo, señaló en primer lugar que el caso debe regirse a la luz de la legislación civil derogada, sin perjuicio de que no existen diferencias profundas entre las disposiciones del Código Civil y el nuevo Código unificado.
Explicó que la actora pretende lograr la constitución de una servidumbre de paso respecto de las parcelas identificadas como 333-an y 330-c de la circunscripción III del Partido de Balcarce, inscriptas bajo las matrículas 11.425 -08- y 7.870 -08- con relación a las parcelas 333-am y 330- de propiedad de la demandada, inscriptas con los números 11.425 y 7810 -08-, reclamo que busca lograr la optimización del ingreso al predio turístico “Piedra Naranja”, cuya explotación se realiza sobre la parcela 330-an de los actores y cuyo caminos de acceso a la ruta 226 resultan inconvenientes. Agregó -siguiendo el relato de la accionante- que los lotes circundantes son divisiones de una fracción de campo y poseen tranqueras en los alambres cuyo paso siempre fue autorizado por los distintos propietarios a lo largo del tiempo. Así ocurrió desde que los actores compraron las primeras porciones de las parcelas 330-c y 333-an accediendo a ellas por las tranqueras internas que vinculan entre sí a través de las parcelas 330-m y 333-am (de los demandados) y que a su vez conectan por el camino público que proviene de Villa Laguna La Brava. Destaca que los actores reconocieron que existen dos vías rurales de acceso público que permite el ingreso directo al predio no obstante las inclemencias del tiempo y el tránsito de vehículos pesados dificultan su uso. Tal es la razón por la que requieren la servidumbre de tránsito por las distintas parcelas de propiedad de la demandada (la 330-m y 333-am) en tanto ello permitiría un ingreso directo, más efectivo y en mejores condiciones al complejo turístico.
Seguidamente, anticipó que la demanda no puede prosperar en tanto el carril de acceso a la parcela 333-an que existe en el kilómetro 42,89 de la ruta nacional 226 es el que cumple debidamente con la factibilidad de ingreso al predio comercial de los actores, no obstante las mejoras, el mantenimiento y la conservación que sean menester efectuar. Tal es el acceso que, con las mejoras y la conservación periódica correspondiente, es menos perjudicial para ambas partes (para la actora, por los menores costos para su adaptación a la circulación de vehículos; para la demandada, al no verse afectada económicamente con una servidumbre de tránsito que se enclavaría sobre la vivienda ubicada en la parcela 333-am.
Luego de detallar cuáles son las propiedades de cada una de las partes, dijo que se acreditó que el complejo Piedra Naranja está afectado a la práctica de ecoturismo o turismo de estancias y que el municipio local lo declaró de interés turístico. No ha sido discutido que sobre parte de la superficie de 251 hectáreas de la parcela 333-an los actores conformaron el referido complejo habitacional sobre el margen correspondiente a la laguna La Brava. La prueba producida también reflejó la opinión de la Dirección de Turismo y la Secretaría de Obras y Servicios Públicos del Municipio de Balcarce en cuanto a que el complejo turístico “no podrá desarrollarse de acuerdo a lo previsto si no mejora su acceso y caminos” dado que existe inestabilidad de cumplimiento en los compromisos adquiridos con anterioridad y en los días de lluvia se hace imposible el ingreso a las instalaciones. La solución -se dijo- requiere de una alta inversión para asegurar la transitabilidad de los caminos. El a quo precisó que los actos administrativos refieren al camino público ubicado en el kilómetro 42/3 de la ruta nacional 226 (nada dice, en cambio, sobre accesos alternativos que funcionan sobre la base de un sistema de comunicación interno entre las diferentes parcelas).
Afirmó que el perito ingeniero Zamponi explicó que la vía de acceso del kilómetro 42,890 de la Ruta 226 recorre 1,7 kilómetros y alcanza al alambrado y la tranquera de entrada de la parcela 333-an y que después de atravesar dos huellas dentro de ésta última llega a la proximidad de la parcela 330-c. El experto explicó que el tramo está compuesto por un camino público rural sin pavimentar que requiere -para su uso normal con tránsito liviano- un mantenimiento periódico y para el uso con combis, camiones y ómnibus es aconsejable evaluar la factibilidad de construir una base de suelo seleccionado y estabilizado con piedra y cemento. Con trabajos de refuerzo y desagües necesarios, esa vía resulta ventajosa como acceso a la parcela de los accionantes. El total estimado de la obra ascendería a 2.000.000 de pesos a noviembre de 2014.
Mencionó el relato de los testigos ofrecidos por la actora -Sres. Madrid, Moschetto, Juárez y Ferrara- que narraron las características de dicha vía de acceso, los problemas derivados del impacto que tienen las lluvias y demás inclemencias climáticas y el perjuicio económico generado en el emprendimiento turístico. Reparó también en lo dicho en similar sentido por los testigos Fernandez, Maurente, Moscheto, Ferrara, Lobato y Bonari. Concluyó que ha sido acreditado que -tal lo narrado en la demanda- el carril de acceso originario (por Villa Laguna La Brava) era ágil y sin dificultades en los días de lluvia, en tanto que el acceso del kilómetro 42,89 de la Ruta Nacional 226 es más largo y su utilidad queda supeditada a las inclemencias del clima.
Hizo referencia también a las declaraciones de los testigos de la demandada, Sres. Castro, Maceñido, Balderrey, Valderrey, Raffo, Esteban y Ferrer, así como también a la absolución de posiciones del codemandante Julio Martín Kiricos.
Analizó además los dictámenes periciales confeccionados por los peritos Deluca y González Lelong, de las cuales -dijo- se concluye que si bien el carril de acceso al predio por el km. 42,89 de la Ruta 226 presenta dificultades de mantenimiento y conservación, lo cierto es que con trabajos de refacción en la longitud de 1,5 km puede ser adaptado para las necesidades del accionante vinculadas al emplazamiento del predio turístico.
Con relación al acceso ubicado en el kilómetro 41,7 de la Ruta 226, concluyó que es imposible acceder a la parcela 333-an si es que la demandada propietaria de las parcelas 330-m y 333-am no permite el ingreso por dicho sector. Coincidió con la posición de la demandada al afirmar que no existe norma vigente que autorice a imponer al propietario de un inmueble una servidumbre de paso para comunicar dos predios vecinos entre sí. Ambas parcelas de la actora -refirió- cuentan con sus correspondientes vías de acceso a caminos públicos: la 330-c por el kilómetro 41,7 y la 333-an por el kilómetro 42,89 de la ruta 226.
En cuanto al acceso que específicamente pretende la actora y que compone el objeto de su demanda, detalló las obras que -a criterio de los peritos- debieran realizarse y las desventajas que conllevan (incluyendo, a criterio del ingeniero Zamponi, una invasión al dominio de la demandada en la medida en que fragmenta incuestionablemente su propiedad privada). Ambos expertos afirmaron que se trata de la servidumbre más corta de todas, pero se desarrolla por el medio del área de actividad cotidiana de la casa principal, cobertizos y casa de encargado de la propiedad de la demandada, inclusive en cercanías de chiqueros, gallineros y corrales. Es menester hacer tramos en pendientes inconvenientes, cortar árboles y hacer obras viales que alterarían el entorno.
Sobre la vía de acceso al campo de la actora que consistiera en una servidumbre materializada mediante un trazado de 51 metros de la parcela de la demandada en cercanías y paralelo al borde de la laguna, afirmaron que no sería idónea porque afectaría la explotación de la casa de la demandada y la administración local, supeditando los beneficios de la comunicación de la actora a la pérdida de absoluta privacidad de la propiedad de la demandada.
A párrafo seguido señaló que el punto central en discusión es si los obstáculos de acceso que se acreditan respecto de las dos vías existentes -fuera del que ingresa por Villa Laguna La brava- son insalvables para los fines de la explotación turística de la actora y por el cual justificaría la conformación de la servidumbre de paso que se denuncia.
Dijo que el caso en estudio no encuadra en el supuesto contemplado en el artículo 3073 del Código Civil -ley 340- (heredad separada del camino público) dado que el predio de los actores (parcelas 333-n y 330-c) desde su adquisición nunca se vio afectado por la salida al correspondiente camino público, sea por el del kilómetro 42,800 como el del kilómetro 41,7 de la ruta nacional 226. Distinto es el caso de la parcela 330-an vinculada a la actividad turística y ajena a la agropecuaria propia del lugar.
Con relación a la parcela en la que se encuentra el establecimiento comercial, juzgó la pretensión sobre la base de lo normado en los artículos 3069 y 3070 del Código Civil, que regula las heredades que no tienen una “salida suficiente para su explotación”. Sobre la base de diversas referencias doctrinarias -incluyendo la mirada restrictiva que cabe tener con relación a este tipo de pretensiones y al peso que supone para el propietario que debe suportar el gravamen), consideró que la “insuficiencia de la vía existente” debe entenderse en el sentido de que la vía es inadecuada de acuerdo al tipo de explotación o cuando su habilitación demandaría la ejecución de obras cuyo costo supera los beneficios obtenibles del emprendimiento. Las incomodidades o el mero mal estado del camino público no habilitan la constitución de la servidumbre.
Calificó de inviable la pretensión principal de la actora dado que existen dos vías de acceso al predio de su propiedad: una por el camino público vecinal del kilómetro 42,890 que comunica con la parcela 333-an y la otra por el kilómetro 41,7 que conecta con la parcela 330-c, ambos de la ruta 226 (esta última oportunamente denunciada como servidumbre de paso sin inscripción). A ello se suma que los peritos dieron cuenta que con los trabajos de hidráulica y demás tareas a realizar válidamente puede adaptarse el primero de ellos (esto es, el del km. 42,89 de la RN226) como carril de circulación al predio en cuestión. Destacó que el camino requerirá un mantenimiento periódico que no es inviable para el programa que se propone, máxime teniendo en consideración que fue puesto en marcha en 2006 y ya en aquel entonces sabían sobre las dificultades que tenía la vía de acceso. Explicó que el acceso del km, 41,7, en cambio, no es técnicamente un acceso público sino un carril de comunicación de ingreso únicamente a la parcela 330-c de los actores.
Agregó a ello que el costo que irrogaría a los actores cumplir con los recaudos en favor del fundo sirviente (merced a lo normado en el art. 3068 del CC) supera largamente el que fuera estimado para la reparación, adaptación y conservación de la vía de acceso prevista en el km. 42,890 de la ruta 226. Señaló el colega que en febrero de 2019 -antes de dictar su fallo- se apersonó en este último acceso y corroboró que “ se encuentra en perfecto estado de mantenimiento y conservación, sin tener correspondencia alguna con lo que ilustran las distintas tomas fotográficas ya individualizadas” .
Entendió que no puede escindirse el reclamo de servidumbre de tránsito con la pretensión de que se instalen los cableados necesarios para iluminar la superficie y dotar de servicio de energía a las parcelas 330-c y 333-an, motivo por el cual el rechazo de la pretensión principal sella la suerte de la accesoria (ello sin perjuicio de que las servidumbres eléctricas son solo exigibles por el Estado nacional o las empresas concesionarias de conformidad con la ley 19.552)
b. En el considerando «III.a.» de su sentencia el a quo evaluó la procedencia de la pretensión reivindicatoria incoada por los actores en el capítulo I.3. de su demanda y en la que pretenden que la accionada reintegre la porción de 1.512m2 de superficie perteneciente a la fracción de campo de su propiedad identificada como parcela 330-c y desde allí corregir a sus justos límites la porción de alambrado que divide ese lote con el predio continuo (333-am, de la demandada).
Concluyó que la demanda no podía prosperar por cuanto la prueba pericial rendida da cuenta de la inviabilidad del reclamo por no estar conformados los extremos enunciados por la normativa fondal.
II. Síntesis de los agravios .
La actora expresó sus agravios mediante presentación electrónica n° 18142986, mereciendo la réplica de la contraria mediante la presentación n° 18578192. Luego de hacer una referencia pormenorizada de los fundamentos del fallo impugnado -marcando su divergencia con prácticamente todas las premisas expuestas por el juez- enuncia de manera específica los agravios que dan soporte a su recurso. En su extensa exposición desarrolla las siguientes líneas argumentales:
a) Que no se respetaron las reglas de la sana crítica ni las máximas de la experiencia en la evaluación de las pruebas y se efectuó una interpretación parcial y tendenciosa de los antecedentes del caso (incluyendo afirmaciones de la demandada y la consideración aislada y parcelada los elementos probatorios). La sentencia -dice- contiene conclusiones fácticas y jurídicas que no guardan relación ni concordancia con el concreto resultado de las pruebas. Se llegó a la desacertada conclusión de que los obstáculos de acceso que se denuncian y acreditan respecto a las dos vías existentes (por fuera de la que ingresa por Villa Laguna La Brava) no serían dirimentes para consagrar la constitución del derecho real pretendido.
b) Que dentro de las afirmaciones efectuadas por la accionada en su contestación de demanda y que el juez indebidamente tomó por ciertas se incluyen: que existía una servidumbre de paso para acceder a la parcela 330-c que da al kilómetro 41,7; que dicha servidumbre sería adecuada pudiendo ser mejorada; que el acceso a la parcela 333-an por el km. 42,89 sería adecuado, ventajoso y mejorable; que la constitución de las parcelas 330-m y 333-am para conectar las parcelas de los actores con villa Laguna Brava representaría un alto perjuicio para la demandada; que el establecimiento turístico contaría con dos vías de acceso; que sería factible mejorar la vía de acceso que da al km. 42,89 y que no existe invasión en desmedro de la parcela 330-c.
Refiere que también son desatinadas las conclusiones realizadas por el juez en cuanto consideró: i) que se halla en buen estado el estado actual del camino público que da al km. 42,89 (alega en tal sentido que se demostró que las inclemencias climáticas afectan su transitabilidad); ii) que dicho camino permitiría acceder a ambas parcelas de los actores lo cual es equivocado dado que no permite entrar a la parcela 330-c; iii) que fue probada la factibilidad de mejorar los accesos que dan a los kilómetros 41,71 y 42.89 cuando tales vías son independientes y permiten acceder a las parcelas en forma separada y no a ambas al mismo tiempo, por lo que los costos de reparación se suman totalizando más de 23 millones de pesos; iv) que la vía de acceso que da al km. 42,89 es ventajosa sin reparar en que se acreditaron las desventajas (características topográficas, ubicación, encarecimiento de costos por alta frecuencia de utilización y escollos municipales vinculados a la inversión necesaria); v) que existe una servidumbre en favor de la parcela 330-c por el camino que desemboca al kilómetro 41,7 cuando las testimoniales dan cuenta que tal vía es utilizada principalmente por la accionada y no se halla inscripta en el Registro de la propiedad ni se ve reflejada en plano alguno; vi) que el paso desde el kilómetro 39,47 conllevaría un enorme perjuicio para la demandada, lo cual no se condice con lo que afirmó uno de los peritos en cuanto a que era factible la traza de tal vía de acceso sin atravesar la vivienda ni el bosque de la accionada; vii) que no existía invasión sobre la parcela 330-c sin reparar en los informes de los agrimensores Ledesma y Ortmann que señalaban lo contrario.
c) Que las pruebas producidas permiten tener por acreditado que los accesos que dan a los kilómetros 41,7 y 42,89 de la ruta 226 son manifiestamente inviables y es equivocado afirmar que serían enmendables. Máxime que las vías no se complementan entre si y los costos de reparación deben sumarse (a la vez que no serían definitivos y se volverían a romper en el futuro).
Dice que los testigos narraron que desde que compraron las fracciones 330-c y 333-an se permitió a los actores el ingreso usando el camino que pasa por la Villa y que da al km. 39,47 hasta que ello fue abruptamente vedado por los demandados. En forma contradictora el juez concluyó que al adquirir las parcelas los actores conocían que carecían de tal vía de comunicación, lo cual es falso dado que existían tranqueras que permitían su interconexión.
d) Que fue acreditado que las parcelas de los actores (la 330-an y 330-c) provienen de sucesivas subdivisiones de una misma y única parcela y que no se previó en ninguno de los títulos un acceso suficiente respecto de una de ellas (la 330-an) ni tampoco acceso alguno en relación a la otra (330-c) pese a que por todo su fondo se dejó cedida una calle y pese a que el camino público que conecta con la Villa Laguna Brava se hallaba a escasos metros. Ello, dice, torna aplicable el art. 3073 del Código Civil. Efectúa una larga lista con las evidencias que dan cuenta de tal circunstancia.
También juzga demostrado que: 1) las parcelas de su propiedad están invadidas por las de la demandada, lo que se corrobora por los informes de agrimensura realizados por Juan Héctor Ledesma; 2) intimó a la demandada para que les otorgue la servidumbre de paso y para que cese con la invasión de sus predios; 3) los predios de los actores poseen un importante potencial para ser explotados con fines recreativos cuyos ingresos son prácticamente inexistentes por las dificultades de acceso; 4) las endebles vías con las que los actores contaban para acceder a sus predios eran, al momento de interponer la demanda, muy desventajosa e inutilizables en días de lluvia y semanas posteriores. Durante la tramitación del juicio la demandada tambié
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