Abriendo la norma
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace a los impuestos y los intereses resarcitorios en los términos de la ley 27.541 y sus modificatorias. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en punto anterior y de la sanción aplicada en autos. Costas en el orden causado.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Informe Firma Conjunta Transferible Número: IF-2022-53702450-APN-VOCI#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Lunes 30 de Mayo de 2022 En el día de la fecha se reúnen los miembros de la Sala “A” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Edith Viviana Gómez (Vocal Subrogante de la 1° Nominación), Laura Amalia Guzmán (Vocal Titular de la 2° Nominación) y Rubén A. Marchevsky (Vocal Titular de la 3° Nominación) para resolver el expediente N° 49.582-I, caratulado: “SERVIMAGNUS S.A. s/ recurso de apelación”.
La Dra. Gómez dijo:
I. Que a fs. 18/31vta. la actora interpone recurso de apelación contra la Resolución Nº 152/2018 de fecha 19 de diciembre de 2018, dictada por la División Revisión y Recursos I de la Dirección Regional Palermo de la AFIP- DGI que determinó de oficio su obligación tributaria frente al Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2014, intimando la obligación a ingresar más accesorios y aplica multa equivalente a tres (3) veces el importe presuntamente evadido en base a lo dispuesto por los artículos 46 y 47 inciso d) de la ley 11.683 (t.o. en 1998 y sus modif.).
Plantea la improcedencia del ajuste y la consecuente veracidad de las operaciones efectuadas con la proveedora impugnada. Por las razones de hecho y de derecho que alega, la recurrente solicita que se deje sin efecto la resolución apelada, con costas. Hace reserva del caso federal.
II. Que fs. 56/72vta. el Fisco Nacional contesta el traslado conferido. Rechaza las defensas planteadas por la recurrente, exponiendo argumentos para sustentar que el acto cuestionado se ajusta a derecho. Hace reserva del caso federal. Acompaña antecedentes administrativos y solicita se confirme la resolución apelada, con costas.
III. Posteriormente a fs. 84 la actora se presenta e informa que la obligación discutida en autos se encuentra cancelada en una cuota, mediante la adhesión al plan de facilidades de pago N° O102789, de fecha 30/10/2020. Acompaña constancia de pago al contado, F. 1003 y detalle de plan de facilidades (vide constancias a fs. 78/83). Que el Fisco Nacional contesta el traslado conferido a fs. 95/98 y reconoce que la obligación determinada en autos se encuentra cancelada en una cuota como “pago al contado”, mediante la adhesión al plan de facilidades N° O102789 de fecha 30/10/2020 en los términos de la ley 27.562 y RG 4816/2020. En otro orden de cosas, el organismo recaudador indica que no surge de la consulta efectuada que la recurrente posea certificado MiPyme y que no se encuentra incursa en las causales de exclusión previstas en los incisos a) y b) del artículo 16 de la ley 27.541 (texto según ley 27.562); Por otro lado, el Fisco puntualizó que no podía verificar los supuestos previstos en los incisos c) y d) del mentado artículo. Finalmente y toda vez que el fisco señala que la actora posee la obligación de repatriar bienes del exterior, solicita que la recurrente se manifieste sobre lo normado por el artículo 8 de la ley 27.541.
Que efectuado formal traslado, la actora a fs. 112/113 acompaña constancias que dan cuenta del cumplimiento de la obligación de repatriación de activos impuesta por ley 27.541 y sus modificatorias (vide constancias a fs. 104/111).
Finalmente, a fs. 120 se elevaron las actuaciones a consideración de la Sala “A”.
IV. Que el artículo 8° de ley N° 27541 (B.O. 23/12/2019) según texto reformado por la ley N° 27.562 establece que los contribuyentes de los tributos cuya aplicación, percepción y fiscalización se encuentren a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, podrán acogerse, por las obligaciones vencidas al 30 de noviembre de 2019 inclusive, agregándose que la ley 27.562 extendió ese plazo al 31 de julio de 2020, o infracciones relacionadas con éstas, al régimen de regularización de deudas tributarias y de los recursos de la seguridad social y de condonación de intereses, multas y demás sanciones que se establecen en el Titulo IV Capítulo I de esa ley. En su parte pertinente, la norma excluye de lo dispuesto a las deudas originadas en cuotas con destino al régimen de riesgos del trabajo, los aportes y contribuciones con destino a las obras sociales y a los siguientes sujetos: Personas humanas o jurídicas que, no revistiendo la condición de: i) MiPymes, ii) entidades sin fines de lucro y organizaciones comunitarias inscriptas como fundaciones, asociaciones civiles, simples asociaciones y entidades con reconocimiento municipal y que, con domicilio propio y de sus directivos fijado en territorio nacional, no persigan fines de lucro en forma directa o indirecta y desarrollen programas de promoción y protección de derechos o actividades de ayuda social directa, y iii) personas humanas y sucesiones indivisas que sean consideradas pequeños contribuyentes en los términos que determine la Administración Federal de Ingresos Públicos, posean activos financieros situados en el exterior, excepto que se verifique la repatriación de al menos el treinta por ciento (30%) del producido de su realización, directa o indirecta, dentro de los sesenta (60) días desde la adhesión al presente régimen, en los términos y condiciones que determine la reglamentación (vide segundo y tercer párrafo art. 8° de ley N° 27541 y su modif.).
En tal sentido, entre los contribuyentes comprendidos en el mentado régimen, se encuentran aquellos que hayan verificado la obligación de repatriar en los términos del art. 8 de la ley 27.541 según texto ley 27.562 y su RG 4816/2020, a los fines de gozar de los beneficios comprendidos por la norma. No resultando controvertido que la recurrente ha cumplimentado con el requisito impuesto por dicha normativa (vide fs. 104/113).
Asimismo, en el art. 9 se dispone que quedan incluidas aquellas obligaciones que se encuentren en curso de discusión administrativa o sean objeto de un procedimiento administrativo o judicial a la fecha de publicación en el Boletín Oficial de la ley bajo análisis, en tanto el recurrente se allane incondicionalmente por las obligaciones regularizadas y, en su caso, desista y renuncie a toda acción y derecho, incluso el de repetición, asumiendo el pago de las costas y gastos causídicos, indicando que el allanamiento y/o desistimiento puede ser total o parcial y procederá en cualquier etapa o instancia administrativa o judicial según corresponda, quedando incluidas aquellas obligaciones sobre las que se hubiera formulado denuncia penal tributaria o, en su caso, penal económica, contra los contribuyentes o responsables.
A su vez, el art. 9° de la Resolución General N° 4816, reglamentaria de la ley 27.562, establece que cuando la deuda se encuentre en discusión administrativa, contencioso administrativa o judicial, el acogimiento tendrá como efecto el allanamiento incondicional respecto de las obligaciones regularizadas o, en su caso, el desistimiento de acciones, reclamos o recursos en trámite, así como de toda acción y derecho incluso el de repetición, por los conceptos y montos por los que se formula el acogimiento, el que deberá ser presentado ante la instancia administrativa, contencioso administrativa o judicial donde tramite la causa junto con el detalle de las obligaciones regularizadas.
V. Que ello así, atento el acogimiento formulado en los términos de la ley 27.562 y lo ya expuesto en relación a la obligación de repatriar bienes situados en el exterior en cabeza de la recurrente, corresponde tener a Servimagnus S.A. por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace al impuesto determinado en autos, sus intereses resarcitorios en la medida establecida en el art. 11 inciso c) de la ley referida en tanto se encuentran discutidos en estos autos. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de dicha recurrente.
Que por otro lado, en relación con la porción restante de intereses resarcitorios y la sanción impuesta, la propia normativa establece su condonación de pleno derecho como beneficio a partir del desistimiento formulado, en tanto les otorga un tratamiento diferenciado.
De los términos de la ley 27.541 (texto según ley 27.562), surge que ello será procedente con alcance general –en lo que aquí interesa- cuando respecto del capital se adhiera al régimen de regularización excepcional previsto en el Capítulo I del Título IV de esa norma y mientras se cumplan con los pagos previstos en el artículo anterior (art. 11° primer párrafo); entendiendo ello como incluidas las obligaciones en discusión administrativa contencioso administrativa o judicial; supuesto en el que debe cumplirse con lo dispuesto por el art. 9 de la ley 27.541. Cabe señalar que el organismo recaudador puso de resalto, que el apelante no está incurso en las causales de exclusión de los incisos a) (quiebra) y b) (delitos penal tributarios y aduaneros) del artículo 16 de la ley 27541, de acuerdo a las consultas efectuadas al Módulo de Juicios Universales del sistema Atenea y al Sistema de seguimiento de Causas Penales (SCP). Por su parte, respecto a las causales previstas en los incisos c) y d) y atento el Fisco dice no poder constatarlas, no se desprende de la lectura del art. 16 que recaiga sobre el contribuyente la obligación de informar la ocurrencia de las mismas, tampoco surgiendo ello de estas actuaciones.
Debo señalar, que sin perjuicio del criterio que he seguido en ocasión de resolver cuestiones análogas con motivo de anteriores leyes de moratoria, lo cierto es que de un nuevo análisis del tema me lleva a rever mi posición y en consecuencia, encontrándose cumplidas las formalidades exigidas en la ley 27.562, corresponde declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado anteriormente. En cuanto a las costas, teniendo en cuenta la jurisprudencia pacífica de éste Tribunal, estas deben distribuirse en el orden causado, dado que la condonación dispuesta comporta que no haya parte vencida.
Los Dres. Guzmán y Marchevsky dijeron:
Que adherimos al voto de la Dra. Gómez, destacando que el beneficio se encuentra sujeto al control que el organismo fiscal efectúe oportunamente respecto de los extremos que debe satisfacer la actora para su oportuno goce.
Por ello, SE RESUELVE:
1. Tener a la recurrente por desistida de la acción y del derecho incluso del de repetición en lo que hace a los impuestos y los intereses resarcitorios en los términos de la ley 27.541 y sus modificatorias. Las costas sobre estos conceptos se imponen a cargo de la recurrente.
2. Declarar la condonación de los intereses resarcitorios que exceden el límite señalado en punto anterior y de la sanción aplicada en autos. Costas en el orden causado.
Regístrese, notifíquese, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas acompañadas y archívese.- Date: 2022.05.27 15:19:45 -03:00 Date: 2022.05.27 15:55:16 -03:00 Laura Amalia Guzman Ruben Alberto Marchevsky Vocal Vocal Vocalía II Sala A Competencia Impositiva Vocalía III Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.05.30 11:29:21 -03:00 Edith Viviana Gomez Vocal Subrogante Vocalía I Sala A Competencia Impositiva Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.05.30 11:29:22 -03:00
Fin de la sentencia