Abriendo la norma
Juzgado en lo Contencioso Administrativo N.º 1 de Lomas de Zamora · Causa LZ-57625-2024
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Haciendo lugar a la pretensión interpuesta por la señora Servin Elizabeth Beatriz contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires) y reconociendo el derecho de la actora a que se liquide la bonificación por antigüedad correspondiente a todos los años en un 3%, ello atento la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan tales disminuciones: leyes 11739, 11905 y sus similares, y decreto 240/96 (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3, 173, 175, 189 y cc. CPBA).
2Haciendo lugar parcialmente a la excepción de prescripción traída por la demandada, y reconociendo el derecho de la actora para que se le liquide y pague la bonificación por antigüedad por el período no prescripto con retroactividad al 04 de Diciembre de 2014 (conf. art. 4023 CC), en función de la fecha de interposición de la demanda.
3La liquidación que de acuerdo a las pautas indicadas en el Considerando IX.- se practique, deberá ser abonada dentro de los sesenta (60) días de adquirida firmeza el presente pronunciamiento (artículo 163, CPBA y 63 CCA).
4Imponiendo las costas a la demandada en su objetiva calidad de vencida (art. 51, inc. 1° CPCA) y difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51 ley 14967).
CAUSA Nº LZ-57625-2024 SERVIN ELIZABETH BEATRIZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES (PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ADMINISTRACION DE JUSTICIA) S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO (347)
Banfield, 19 de Noviembre de 2026.
Los presentes autos caratulados " SERVIN ELIZABETH BEATRIZ C/ PROVINCIA DE BUENOS AIRES (PODER JUDICIAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES- ADMINISTRACION DE JUSTICIA) S/ PRETENSION RESTABLECIMIENTO O RECONOC. DE DERECHOS - EMPL. PUBLICO (347) ", en trámite por ante este Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo N° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a mi cargo, que se hallan en estado de dictar sentencia, de los que:
RESULTA: I) Que a fojas 1/15 se presenta la Señora Elizabeth Beatriz Servin, por apoderado, según instrumento adunado en autos, promoviendo demanda de pretensión de restablecimiento y reconocimiento de derechos, en orden a la nulidad por inconstitucionalidad de los actos respectivos, en los términos de los incisos 1 y 2 del art. 12 del Código Contencioso Administrativo de la Provincia de Buenos Aires (Ley 12.008), contra la PROVINCIA DE BUENOS AIRES (Poder Judicial-Administración de Justicia), a fin de que, previa declaración de inconstitucionalidad, nulidad e inaplicabilidad de las leyes 11.739, 11.905, 12.062, 12.232, 12.396, 12.575, 13.154 y 13.354, el decreto 240/96, y toda otra norma, acto o disposición contrarios al derecho que se invoca, se reconozca el derecho a la actora a percibir el rubro salarial "bonificación por antigüedad" en el equivalente al 3% respecto de la totalidad de los años de servicio, mandando reliquidar los salarios por cada uno de los períodos correspondientes y al pago de las diferencias resultantes, a los valores que resulten del momento del pago, más los intereses por el incumplimiento, todo según se indica en el capítulo respectivo, y costas del proceso, arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3, 173, 175, 189 y cc.
CPBA . Fundamenta la demanda en la aplicación al caso de los arts. 15, en relación a la tutela judicial efectiva; 20.3 in fine, respecto de la operatividad de las garantías y de la inconstitucionalidad de toda norma que se oponga a los derechos establecidos en la carta fundamental; 39.1, derecho a retribución justa y a igual remuneración por igual tarea; y 39.3 en tanto rigen los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad, y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador, todos de la Constitución Provincial, sin perjuicio de los derechos semejantes y análogos previstos en la Constitución Nacional y los provenientes de los Instrumentos Internacionales del Trabajo y de los Derechos Humanos, que establecen principalmente la no regresividad de los derechos sociales.
En virtud de lo expuesto, sostiene que no resultan exigibles los requisitos de admisibilidad previstos por los arts. 14 y 18 del CCA., en tanto que, exigir el agotamiento de la vía en tales supuestos, resulta una carga excesiva e inútil para la accionante, en función de la doctrina expresada en reiterados pronunciamientos de la Corte Suprema, que obligan a la Administración Pública a la aplicación de las normas vigentes sin que se encuentre habilitada para declarar su inconstitucionalidad (Fallos: 269:243; 298:511; 311:460; 319:1420).
Continúa su relato diciendo que la afectación inconstitucional a sus derechos tuvo inicio con la modificación de la ley 10.430, con la ley 11739, de presupuesto para el año 1996 cuyo artículo 42 estableció "que el año 1996 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo. En este aspecto, durante el lapso indicado quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad"
Su par para el año 1997, ley 11905, dispuso: "fíjase en hasta el uno por ciento (1%) el porcentaje a aplicar para acreditar la bonificación por antigüedad correspondiente al año que deba computarse en el Ejercicio 1997, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo, excepto el personal Docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y Magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el lapso indicado, quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulen el incremento del adicional por antigüedad, por sobre el porcentaje precedentemente fijado" (art. 37).
Sostiene que dicha norma que se mantuvo con igual redacción en las correspondientes leyes de presupuesto para los años subsiguientes (v.gr. art. 29 ley 12062 de 1998; 27, ley 12232 de 1999, etc); luego de un período en que dejó de computarse en virtud del artículo 21 de la ley 12.727, se reestablece en un 1% según los artículos 24 y 25 de la ley 13154 (presupuesto 2004) para, finalmente, elevarse en el artículo 1° de la ley 13354 al 2% para el año 2005, mientras el artículo 2 de esa misma ley reformó el artículo 25 b de la ley 10430 fijando definitivamente la escala de este concepto: "Adicional por Antigüedad: Corresponderá a un porcentaje del sueldo básico de la categoría de revista del agente, por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: Hasta 1995: Tres (3) por ciento. Desde 1997 y hasta 2004: Uno (1) por ciento. Desde 2006: Tres (3) por ciento".
Alega que en la práctica, ese derrotero legislativo, tuvo el siguiente impacto en los salarios:
.- que durante el año 1997 no se perciba ningún porcentaje adicional en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 1996 (0% en lugar del 3% = -3%).
.- que durante el año 1998 se perciba el 1% adicional en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 1997 (1% en lugar del 3% = -2%).
.- que durante el año 1999 se perciba el 1% adicional en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 1998 (1% en lugar del 3% = -2%).
.- que durante el año 2000 se perciba el 1% adicional en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 1999 (1% en lugar del 3% = -2%).
.- que durante el año 2001 se perciba el 1% adicional en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 2000 (1% en lugar del 3% = -2%).
.- que durante el año 2002 se perciba el 1% adicional en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 2001 (1% en lugar del 3% = -2%).
.- que durante el año 2003 no se perciba ningún porcentaje en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 2002 (0% en lugar del 3% = -3%).
.- que durante el año 2004 no se perciba ningún porcentaje en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 2003 (0% en lugar del 3% = -3%).
.- que durante el año 2005 se perciba el 1% adicional por los servicios prestados durante los años 2002, 2003 y 2004 (1% en lugar del 3% = -2%).
.- que durante el año 2006 se perciba el 2% adicional en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados durante 2005 (2% en lugar del 3% = -1%).
.- que a partir del año 2007 se vuelva a percibir el 3% adicional que corresponde en carácter de bonificación por antigüedad por los servicios prestados del 2006. Destaca que dicho accionar ilegítimo se tradujo en un detrimento patrimonial que se fue incrementando año tras año hasta significar en algunos casos un detrimento del 20%, que se mantiene hasta el presente, afectando seria y flagrantemente principios constitucionales y derechos que nos asisten en nuestro carácter de trabajadores (arts 11, 16, 39, 57, 103 inc 12 Const Pcial). Ante la manifiesta violación de derechos adquiridos y en defensa del principio de condición laboral más beneficiosa para el trabajador y del principio de igual remuneración por igual tarea, se han presentados proyectos de Ley para restituir el 3% durante los años que fueron objeto de reducción. Destaca que la actora es un agente que por su antigüedad se encuentra comprendida en la afectación salarial que aquí se impugna y por la que se reclama. En la etapa procesal oportuna, en relación a ella y conforme los períodos respectivos, deberá practicarse liquidación determinándose las diferencias adeudadas todo según la fundamentación que aquí se efectúa. Continúa diciendo que más allá de la afectación salarial operada para cada uno de los períodos indicados, en los que se dispuso una reducción del quantum de la bonificación, ocasionando el primer daño, se produce una doble conculcación del derecho al salario en tanto dicha reducción se proyecta luego sobre cada uno de los períodos subsiguientes, en los que el agente percibe el rubro con la referida disparidad en el cálculo de la bonificación por antigüedad por los años indicados. Sin perjuicio del fundamento que puedan haber tenido las normas indicadas, que suprimieron, en un año, o limitaron, en los otros, el derecho a percibir la bonificación por antigüedad conforme el régimen vigente, lo cierto es que, además de la afectación que cada uno de los agentes tuvo en dicha oportunidad, se produce una lesión patrimonial permanente en el tiempo en tanto cada nuevo período salarial mantiene el cómputo limitado, en orden a aquellas normas. Señala que el reclamo se presenta bajo dos pretensiones: 1. El derecho adquirido al cobro del porcentual reclamado, en tanto el mismo ha sido pagado en forma mensual, regular y habitual con anterioridad a las limitaciones en crisis y 2. y, del otro lado, el monto sustancial que representa la reducción sobre el sueldo.
Continua diciendo que el fisco demandado intentará explicar que la supresión o reducción del porcentaje de la bonificación por antigüedad, según los períodos, se motivó en "situaciones de emergencia", o "medida de política legislativa" por lo tanto, materias no justiciables. Por lo contrario, sostiene que la realidad dista mucho de las posturas desdibujadas por las cuales intentará defenderse la demandada.
Remarca que la mera lectura de todo lo que se viene diciendo hasta aquí, evidencia con la ausencia de dos de esas condiciones: no hubo una situación excepcional de emergencia (no fue así declarado independientemente de los fundamentos de la ley 11739 sobre la crisis mundial) y no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy, 26 años después se siguen abonando con la disminución (conf. recibos de haberes de los actores agregados sin acumular y ley 13354); además, si bien prima facie aparecería como de carácter general, esto no resulta ser del todo (dec. 140/96). Tan solo con la extensión en el tiempo, la reducción en el salario carece de todo fundamento válido, sin perjuicio que no se cumple con ninguno de los demás requisitos. En consecuencia, entiende que las normas impugnadas no satisfacen ningún control de constitucionalidad, ni en razón de la legislación de emergencia, ni por el objeto de la afectación, ni supera un mínimo test de razonabilidad al momento de su implementación.
Prosigue señalando que tampoco las normas impugnadas superan un mínimo test de no discriminación por cuanto, desde el inicio, se excluyó de su aplicación no sólo a los magistrados sino también a quienes ocupaban cargos nivel 20, y lo hacían sin acuerdo del Senado, creándose una distinción con los reclamantes, por una parte, y a su vez estos en relación a los demás agentes ingresados con posterioridad al año 2006, también tratados de modo desigual por cuanto estos últimos cuentan con un reconocimiento de antigüedad pleno, retribuido en un 3% desde su ingreso, y no respecto de los reclamantes que perciben menor porcentaje en su antigüedad por los años 1996 a 2005.
Fundamenta en párrafo aparte la inconstitucionalidad de la normativa atacada, especialmente del art. 42 de la Ley 11.739; art. 37 de la Ley 11.905; art. 29 de la Ley 12.062; art. 27 de la Ley 12.232; art. 27 de la Ley 12.396; art. 24 de la Ley 12.575; art. 24 de la Ley 13.154; arts. 1 y 2 de la ley 13.354; así como del art. 1 del Decreto 240/96, y pertinentes que sean correlativos con el objeto de la demanda. Alega que el trabajo dependiente y su contraprestación salarial tienen una naturaleza jurídica y una dimensión humana, que no debiera ser materia de tratamiento común, menos aún cuando se trata de obligaciones del propio Estado, en este caso como empleador. Ello, en palabras de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), porque "las "características" del trabajo humano imponen su consideración con criterios propios" (autos "Mansilla c/Cía. Azucarera").
Agrega que el artículo 14 bis de la C.N. comienza declarando que el trabajo gozará de la protección de las leyes, y establece principios protectorios del salario para mejorarlo en el marco del principio de progresividad, a la vez que respecto de las jubilaciones y pensiones. El art. 39.2 de la Constitución provincial particularmente establece que: "En materia laboral y de seguridad social regirán los principios de irrenunciabilidad, justicia social, gratuidad de las actuaciones en beneficio del trabajador, primacía de la realidad, indemnidad, progresividad y, en caso de duda, interpretación a favor del trabajador". Cita abundante jurisprudencia, local y federal, en torno al necesario carácter temporal de cualquier reducción salarial, para que la misma sea constitucional, concluyendo que, en el caso de autos, tales soluciones devienen aplicables al no verificarse dicha limitación en las restricciones padecidas, ni su razonabilidad.
Recuerda el principio protectorio y el plexo de derechos que de él derivan, así como los enunciados de las declaraciones y tratados con jerarquía constitucional, que han hecho del trabajador un sujeto de "preferente tutela constitucional. Cita doctrina y jurisprudencia relativa a ello.
Luego, impugna por inconstitucionales las normas aludidas por violentar el principio de progresividad, contenido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2.1) y en el art. 39 de la Constitución Provincial.
Prosigue citando jurisprudencia de la que emerge que " La restricción que impone el Estado al ejercicio normal de los derechos patrimoniales debe ser razonable, limitada en el tiempo, un remedio y no una mutación en la sustancia o esencia del derecho adquirido por sentencia o contrato, y está sometida al control jurisdiccional de constitucionalidad, toda vez que la emergencia, a diferencia del estado de sitio, no suspende las garantías constitucionales".
Por otro lado, indica una violación del principio de igualdad que consagra el art. 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 16 de la Constitución Nacional.
Luego se refiere a la composición del reclamo que instrumenta en la demanda, diciendo que deberá estarse a las condiciones de empleo de la actora considerando su fecha de ingreso, categorías de revista y períodos en los que percibieron menos que el 3% como bonificación por antigüedad. Sobre dichas bases deberán calcularse las diferencias por todo los períodos no prescriptos, con más los intereses. A su vez, en cuanto a la forma de mantener incólume el valor de las sumas debidas se deberá tomar como base de cálculo, a los efectos de graduar el capital a abonarse, el salario actual de cada agente al momento de dictarse la sentencia y/o efectivizarse el pago, como manera de salvaguardar el derecho a propiedad de la parte actora. Sostiene también que el plazo de prescripción es el 10 años desde la interposición de esta demanda, a tenor de lo dispuesto por los arts. 7, 2537 del Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) en concordancia con el artículo 4023 del Código Civil derogado. Fundamenta profusamente su postura. Ofrece prueba. Solicita el dictado de una medida cautelar. Formula reserva del caso federal. Solicita se haga lugar a la demanda instaurada en todas sus partes.
II. A fs. 22/25 se hace lugar a la medida cautelar solicitada por la actora.
III. A fs. 34/49 se presenta la demandada Fiscalía de Estado de la Provincia de Buenos Aires, por apoderada, según instrumento agregado en autos, y alega que la pretensión en traslado resulta improcedente, infundada y desestimable. Improcedente, porque está totalmente prescripta la acción actual destinada a tachar la constitucionalidad de leyes extinguidas desde hace más de 18 años. Infundada, porque, no existe antinomia entre las leyes impugnados con la constitución, deviniendo en consecuencia "contra legem" el reclamo salarial intentado. Desestimable, porque ya existe dictamen de la Procuración General de la SCBA en sentido adverso a este tipo de demandas (Casolati), justificando así también su rechazo.
Denuncia gravedad institucional en la generalización de este tipo de demandas, cuyo volumen en avalancha, extendido hacia el total de los empleados públicos de Provincia (800.000 aprox.), lleva el riesgo de colapso para los fondos presupuestarios.
Pone de relieve que siendo que la actora ingreso en la administración en el año 1998 y la reducción en la bonificación por antigüedad que alega que afecta sus ingresos salariales, fue implementada por el período 1996-2006, con lo cual nunca sufrió un merma o disminución salarial en el rubro en cuestión, sino que siempre se le liquidó de acuerdo a los parámetros establecidos en las leyes referenciadas.
Destaca que la actora inició su demanda contencioso administrativa, con la finalidad de tachar la constitucionalidad de las leyes dictadas entre los años 1996 a 2006 (cesadas hace más de una década), por las que se modificó el porcentual del adicional por antigüedad, solicitando por intermedio de ello el reconocimiento del derecho a que se le liquide y pague la bonificación por antigüedad al "3%", por el período 1996 a 2006 (cobrado entre el 0 al 2%), pidiendo el pago "retroactivo" de esas diferencias salariales, a valores actualizados, con más intereses, respecto de la totalidad de años de servicios. Agrega que en lo sustancial la actora alega que las normas de referencia, que en su momento dispusieron bajar el porcentaje de la bonificación por antigüedad por el período 1996 a 2006 (a saber: año 1996 al 0%; año 1997 a 2004 al 1%; año 2005 al 2%; 2006 al 3% -Leyes 12.774, 13.354, Dec. 240/96) violan los principios constitucionales de propiedad, progresividad, indemnidad laboral, e igualdad. Por ello, y con base en esos principios generales, solicita se declare la inconstitucionalidad de las normas de referencia. Realiza una síntesis de las defensas que se oponen a la demanda y que justifican el rechazo de la pretensión.
Como planteo introductorio sostiene que el acogimiento de la pretensión judicial conlleva un daño de una extrema gravedad sobre las arcas fiscales, en tanto significaría a la postre expedirse sobre la legalidad y la asignación de fondos públicos, extremos vedados a la judicatura en tanto se estaría arrogando de tal manera, la facultad de disponer de los recursos estatales y, por derivación, funciones legiferantes stricto sensu.
Arguye que resulta claramente arbitrario e ilegítimo que pueda ser declarada vigente en la actualidad una demanda para impugnar leyes cuya vigencia cesó en el año 2006, es decir, hace más de 18 años. Lo contrario pondría en jaque el respeto de la ley, la seguridad jurídica y la tutela de derechos fundamentales.
Levanta el estandarte de la defensa de la legalidad y de la indemnidad del patrimonio público, en tutela de los derechos fundamentales de todos los bonaerenses, reivindicando ciertas defensas jurídicas que son fundamentales, cuyo correcto entendimiento servirá para lograr el rechazo de todas estas demandas extemporáneas.
En primer término sostiene la prescripción total de la acción por resultar que el reclamo planteado en autos se viene a introducir a más de 18 años vista del cese de las leyes que presuntamente agraviaron los intereses de la contraria. Sostiene que han pasado más de 18 años desde que los hechos quedaron consumados, con absoluta inactividad de los propios interesados, no habiendo excusas que justifiquen semejante pasividad y/o que permitan ahora reabrir una discusión histórica sobre todo ese pasado, sobre hechos ya consumados y aceptados por el trascurso pacífico del tiempo. Lo impide la preclusión, la seguridad jurídica y el derecho de defensa. Agrega que no puede alegarse tampoco la doctrina de la ilegalidad continuada, porque la "causa fuente" del reclamo lo fueron las leyes que tuvieron un punto de inicio y de cierre acotado para su vigencia, desde 1996 y hasta 2006, quedando enmarcada la situación litigiosa dentro de esa ventana En segundo término sostiene como defensa -eventual y de fondo- la inexistencia de inconstitucionalidad legal.
Sostiene que no hay norma constitucional alguna que mande a pagar el adicional por antigüedad al 3%. No hay norma constitucional alguna que impida al legislador regular ese adicional según su criterio de oportunidad y conveniencia. No hay norma constitucional alguna que exija la intangibilidad salarial de los empleados públicos (a diferencia de los jueces). Eso supone que los salarios pueden experimentar ajustes siempre que sean justificados y que no resulten confiscatorios. Cita jurisprudencia. En tercer término sostiene la inexistencia de confiscatoriedad. Al respecto sostiene que las correcciones salariales adoptadas por las leyes en su momento, justificadas por razones de necesidad macro-económicas de la época (abarcadoras de períodos de emergencia), fueron medidas superadoras de un período de dificultad, que en modo alguno importaron una quita importante del monto del sueldo, sino que sólo afectaron un porcentaje insignificante de uno de los rubros del salario (la bonificación por antigüedad), en una proporción menor, de entre el 1% y hasta el 3% del salario, proporción que en modo alguno puede considerarse confiscatoria de acuerdo a los criterios de la CSJN.
Cita jurisprudencia. En cuarto término destaca la existencia de doctrina legal favorable al fisco. Alega que la procedencia de la demanda entablada, se vincula con el hecho de que la SCBA ya tuvo ocasión de convalidar, en una causa de empleo público municipal, la legitimidad de una reducción porcentual de la bonificación por antigüedad (e incluso su eliminación), llevado del 3% al 1% anual, e incluso suprimido, convalidando el argumento relativo a que el Estado ".se encuentra facultado para disponer bonificaciones o adicionales.(salariales), y. también puede decidir el cese de tales beneficios por razones de oportunidad, mérito o conveniencia."; haciendo ver que ".la protección que la Constitución acuerda al derecho de propiedad . frente a un cambio del ordenamiento jurídico .(busca).que no se afecten derechos adquiridos al amparo del régimen derogado, pero no puede ser invocado eficazmente ante nuevas disposiciones legales que rigen para el futuro."; ".Por ello, la posición esgrimida por el reclamante de que se le continúe abonando la bonificación por antigüedad, implicaría una indebida aplicación de la norma derogada . para regir la subsistencia del adicional pretendido, consagrando su ultractividad, cuando el legislador decidió regular la cuestión de distinta manera." (cfr.
SCBA, B-65.498 "Álvarez", s. 26/05/10). En quinto término destaca la existencia del dictamen del Procurador General de la SCBA (pronunciado ante un REI de la Fiscalía de Estado), en el que ha convalidado la constitucionalidad de las leyes involucradas, así como la reducción temporal de la bonificación por antigüedad, propiciando el rechazo de este tipo de demandas (in re "Casolati, Juan Manuel y otros c/ Procuración General de la SCBA", Dic. 27/05/2019). En sexto lugar señala la improcedencia del pedido de retracción de medidas, alegando que no habiendo sido confiscatorias las medidas adoptadas, y habiendo estado justificadas por razones de dificultad económica de su tiempo, luego no puede alegarse la superación de esas circunstancias de contexto, y la salida de la emergencia, para pretender que se restituyan o compensen las reducciones oportunamente aplicadas.
Una vez superada la situación de emergencia, gracias a la adopción de medidas extraordinarias, luego no puede pretenderse retrotraer esas medidas, porque ello implicaría un retorno a la emergencia. En séptimo lugar hace referencia a la grave afectación de recursos presupuestarios, entendiendo que es un aspecto que suele subestimarse, pero que también se opone al progreso de la demanda entablada, y tiene que ver con el criterio de autorestricción que debiera primar en el Poder Judicial en respeto y deferencia para con las decisiones generales de política pública adoptadas por el Poder Legislativo, en especial frente a medidas que pueden tener consecuencias de alto impacto económico y gravedad institucional, disputadas por fallos que se lanzan a reconocer derechos, por arriba de las posibilidades legales y presupuestarias.
Cita doctrina en tal sentido. Por último destaca que las circunstancias que anteceden permiten adelantar que en el presente caso existe cuestión federal suficiente (implicada en la doctrina de la CSJN), gravedad institucional manifiesta (revelada por la magnitud exorbitante de los valores en juego), y trascendencia (por la repercusión general y las implicaciones económicas y sociales del tema), todo lo cual autoriza a dejar desde el inicio planteada la cuestión constitucional referida, a los fines de que sea tenida en cuenta y resuelta, y en su caso permita acceder a la CSJN por la vía del recurso extraordinario federal (art. 14 de la Ley 48), todo ello a los fines de evitar un enriquecimiento sin causa en perjuicio del patrimonio del Fisco, en resguardo de la legalidad, el derecho de propiedad, la igualdad de trato, el debido proceso y la defensa en juicio (art. 16, 17, 18 y 19 de la CN).
Opone la prescripción liberatoria total, aclarando que el planteo es oportuno ya que es introducida como una defensa de fondo, dirimente y liberadora de toda la mayor discusión ulterior vinculada al tema de fondo que pretende introducirse .
En primer término señala, como lo hiciera la propia SCBA en su ámbito, que el tramo por el que tuvieron vigencia las normas impugnadas en autos, y por el que se reclama el pago de la bonificación por antigüedad al 3%, remite al período histórico que fue desde el año 1996 al año 2006.
En segundo término señala que siendo que la normativa impugnada y la reducción salarial invocada tuvo una fecha de inicio (1996) y una fecha de corte histórica (año 2006) dentro de la cual tuvieron vigencia, es evidente que cualquier acción vinculada con ese comportamiento debió hacerse valer a partir de aquella fecha (sea la de cada acto de reducción mensual o la del cese final del período de todas las reducciones).
Entiende que siendo ello así, y aun en la hipótesis de considerar la conducta enjuiciada (reducción porcentual) como un todo, es decir, no como una sucesión de "actos periódicos", acotados mes a mes e impugnables cada uno a su respectivo vencimiento (art. 2556 CCCN), sino como un "acto único", en bloque, extendido temporalmente desde 1996 a 2006, lo que resulta claro es que -sino desde cada mes- a partir de esta última fecha de corte, en que cesó el obrar reprochado, la acción se tornó exigible, comenzando a correr a partir de allí el plazo de prescripción para realizar cualquier reclamo por el período señalado (cfr. art. 2554 CCCN).
Adiciona que frente al cese temporal de la conducta reprochada (causa), con fecha histórica de corte, no puede alegarse luego la sola duración de las consecuencias (efectos) de aquella conducta pretérita (vgr. omisión de pago), como un supuesto de ilegalidad continuada que permita tener por renovada la posibilidad de accionar por el tema en cualquier momento, eludiendo los efectos de la prescripción ya ganada desde el cese de aquél comportamiento (doc. art. 2554 CCCN).
Diferencia entre el reproche de una conducta repetitiva de renovación periódica, cuya posibilidad de impugnación se renueva con cada nuevo acto de aplicación (art. 2556 CCCN), con el reproche de una conducta histórica de efectos prolongados, cuya posibilidad de impugnación queda anclada y emplazada desde la fecha de cese de la causa generadora de las supuestas consecuencias reprobadas (art. 2554 CCCN); (cfr. SCBA, B-65.072, "Rojas", s. 29/12/08, De Lazzari -OP-). Agrega que a contar desde el 2006, en que cesaron los supuestos descuentos, luego -al cabo del tiempo- sobrevino la prescripción liberatoria de toda acción por el tema, cualquiera sea el plazo de prescripción que se aplique, ello así porque la petición actoral sobre el tema se hizo cuando ya habían transcurrido más de diez (10) años desde el cese de tales descuentos, y de veinte (20) años desde el inicio de ellos. Entiende que sea que se tome, el plazo más breve de dos (2) años para reclamar por diferencias derivadas de obligaciones periódicas (cfr. art. 2562 inc. c, CCCN y doc. analógica art. 256 LCT), o que se tome el plazo intermedio de cinco (5) años (previsto como genérico en el nuevo art. 2560 CCCN y como periódico en el art. 4027 inc. c CC de Velez), o que incluso se tome el plazo más largo de diez (10) años (de considerarse erróneamente aplicable en la especie), en cualquiera de los casos es claro que la acción de marras, iniciada a los 18 años del cese del período reclamado, fue intentada cuando ya estaban vencidas sus posibilidades, ganándose el derecho de liberación de su parte.
A la misma conclusión arriba si se toma en cuenta y se aplica la prescripción de dos (2) años prevista en materia previsional (cfr. art. 62 del decreto 9650/80, y art. 59 de la Ley 13.236).
Por otro lado, señala que es evidente que no se puede venir después de transcurrido tanto tiempo (más de 10 años) a pretender reabrir una discusión sobre pretéritos descuentos que no supieron generar agravio en el momento oportuno; en especial frente a obligaciones de tracto sucesivo en las que no es válido especular con la acumulación añosa de créditos e intereses expansivos, bajo la apariencia engañosa de haberlos resignado. Agrega que precisamente por ello el Código de fondo le aplica una prescripción más corta a este tipo de obligaciones (periódicas), para evitar que se tome por sorpresa al requerido con un reclamo antiguo, que se remonta a más de una década, y se lo someta a una insospechada pretensión económica de efectos progresivos, gravosos y acumulativos.
Seguidamente se refiere a la constitucionalidad de las normas impugnadas. Rechaza que exista conflicto constitucional entre las normas impugnadas en la demanda, (ley nº 13.354 y Decreto Nº 240/96) y reivindica desde el inicio la hermenéutica que reserva aquella descalificación como última ratio del orden jurídico, y que manda armonizar la interpretación de las normas evitando el sentido que las ponga en pugna o las destruya, privilegiando el que las concilie y deje a todas con valor y efecto. Destaca desde ahora que la parte actora se ha limitado a denunciar genéricamente la inconstitucionalidad de dichas normas, sin indicar el fundamento de sus aserciones por lo que entiende que resulta inatendible el planteo constitucional que débilmente se esgrime en la demanda. Ello es así, razona porque es al accionante a quien incumbe acreditar los hechos que invoca como fundamento de su pretensión porque no actúa en simple instancia recursiva sino en un proceso de conocimiento y, de tal modo, debe cumplir con la carga probatoria que impone el onus probandi. Con mayor razón a partir de la presunción de legitimidad que recae sobre los actos de los poderes públicos Cita jurisprudencia en dicho sentido.
Agrega que contrariamente a lo alegado por la contraparte, la modificación del porcentaje en que se computa la bonificación por antigüedad no implica un obrar inconstitucional de ningún tipo. Entiende que la parte actora -en su calidad de empleado pública- no tiene un derecho adquirido al mantenimiento inalterable del sueldo como para cuestionar cualquier decisión de política salarial, ello así -claro está- siempre que las medidas oficiales no sean retroactivas y no impliquen confiscación salarial a su respecto, circunstancias éstas que no se produjeron a raíz del cambio de porcentual de antigüedad cuestionado en autos, ni fueron invocados por la contraria como fundamento de su reclamo. Cita jurisprudencia y dice que no pudiendo alegarse -ni demostrarse- que la reducida y temporaria modificación del porcentual de la bonificación por antigüedad haya resultado confiscatoria para la actora, la demanda entablada resulta improcedente e infundada. Luego se refiere a la improcedencia del intento de aplicación ultra activa de normas. Inexistencia de violación de derechos adquiridos. En tal sentido destaca que la determinación del legislador que en definitiva se pretende enjuiciar en estos obrados provocó una modificación a futuro. No se trató de la supresión de derechos adquiridos, sino de la modificación adoptada por el órgano competente en la materia dentro de su esfera propia de actuación respecto a cómo habría de liquidarse en lo sucesivo una bonificación determinada. Agrega que el propio actor recuerda que, con anterioridad a dicha determinación, la liquidación de la bonificación, se efectuaba sobre la base del 3%. Sin embargo, pretender la ultraactividad de dicha disposición contraría lógicamente el sistema legal de fondo que determina el ámbito temporal de aplicación de las disposiciones legales.
Dice que como acontece en la especie, el legislador hubo de decidir regular la cuestión de una manera diversa a la vigente con anterioridad, por lo que pretender la aplicación ultraactiva de la ley anterior -que liquidaba la bonificación por antigüedad al 3%- implicaría una indebida aplicación de una norma no vigente y considera que queda claro que el legislador no ha suprimido rubros adquiridos con efecto retroactivo, reduciendo en consecuencia el salario de la accionante; sino, por el contrario, reguló en esos años y para lo sucesivo, la base sobre la cual debe liquidarse un determinado rubro o bonificación. Destaca que el argumento invocado por la parte actora según el cual se ha consolidado en su patrimonio un derecho a que la bonificación por antigüedad integre su remuneración, no resulta atendible.
Es que una solución contraria a la aquí propiciada implicaría hacer una aplicación indebida de la ley, confiriendo eficacia a una ley anterior que no puede incidir frente a nuevas prescripciones legales que rigen para el futuro. Cita jurisprudencia que avala su postura. Seguidamente alega la inexistencia de violación al principio de igualdad. Sostiene que cabe desestimar cualquier eventual invocación de la percepción del 3% por los magistrados del Poder Judicial, respecto de todos los años, para intentar evidenciar la conculcación del principio de igualdad. Tal criterio soslayaría que la pretendida igualdad no puede ser felizmente invocada sino frente a iguales, en igualdad de condiciones. Agrega que razones de orden constitucional relativas a la intangibilidad patrimonial dificultan que pueda hacerse pie en una comparación como la intentada a fin de lograr el cometido propuesto en la demanda en relación empleados y magistrados del Poder Judicial.
Dice que en este contexto, no se podría equiparar a los empleados con los magistrados del Poder Judicial (quienes, como sabemos, NO poseen un régimen salarial similar al que ellos ostentan, atento la existencia de la mentada intangibilidad de las remuneraciones); en todo caso, debería equiparárselo al resto de los agentes públicos de todos los poderes del Estado, a quienes, al igual que a ellos, les redujeron, hacia el futuro, y en uno y dos puntos porcentuales, la bonificación señalada, máxime cuando la mencionada reducción operó temporalmente y en el año 2006, se regresó al cómputo del 3%. Efectúa un planteo respecto al caso "Richero" el cual refiere que es usualmente utilizado en pretensiones de igual naturaleza y del cual diversos actores pretenden desprenderle efectos vinculantes -a la manera de un precedente administrativo- para respaldar la procedencia de su demanda, por vigencia del principio de igualdad de tratamiento de los casos (art. 16 CN).
En contra de tal postura, recuerda que la defensa constitucional de los intereses de la Provincia de Buenos no puede quedar encorsetada a las contingencias procesales que pudieron presentarse en un pleito (cfr. art. 155 CBA); y que el principio de igualdad en modo alguno puede invocarse en forma tan desmesurada como para extender el trato y la cosa juzgada desde un proceso anterior hacia otra causa, viniendo a confirmar esta idea el principio de la res inter alius iudicata (cfr. art. 18 CN).
En la misma lógica, refiere que mal podría intentar desbordarse los límites subjetivos y objetivos de la cosa juzgada dictada en cada proceso mediante "...la maniobra abusiva de los llamados free riders que comparecen a juicio una vez que éste se encuentra resuelto y no existe peligro de derrota..." , para tratar de aprovecharse de una sentencia obtenida por otro litigante, pretendiendo extender a su caso -no sólo ya el precedente jurisprudencial- sino directamente la res judicata, intentando con ello tener por cerrada la discusión, censurando el derecho de la demandada de volver a defenderse en otro proceso (cfr. SCBA, "Cañete", B - 55816 - BIS Resol. 20/04/21; el resaltado se agrega).
Luego se refiere a la inexistente violación al principio de progresividad. Sostiene que las normas impugnadas tampoco violentan el principio constitucional de progresividad (art. 39 inc. 3 C. Prov.).Destaca que aquel no es de aplicación al presente, en tanto no existe un derecho adquirido por los trabajadores hacia el futuro. Lo que no permitiría ese principio sería abonar en menos los años ya trabajados y computados al 3%, pero en modo alguno asiste un derecho a que los años por venir sean computados a un porcentaje igual o mayor. Aclara que el principio de progresividad, tal como ha sido consagrado en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (art. 2) y la Convención Americana de sobre Derechos Humanos (art. 26), implica un compromiso de los Estados Partes de adoptar medidas posibles, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos reconocidos en tales convenciones. Es decir, prevén un curso de acción estatal en pos de evitar regresiones en el reconocimiento de derechos fundamentales; pero ello en modo alguno implica que tales normas pueden tener incidencia en el monto (o porcentual) a futuro de las bonificaciones que integran la remuneración de los empleados públicos; máxime cuando fueron efectuadas conforme atribuciones conferidas al Poder Ejecutivo por el mentado art. 103 inciso 12 de la Constitución Provincial. Sostiene que en autos no se discute acerca del reconocimiento del derecho a percibir el salario, ni se registra un supuesto confiscatorio con relación al mismo, con lo cual, estando a salvo tales cuestiones, el "principio de progresividad" no clausura las posibles modificaciones legislativas hacia el futuro del porcentaje de la bonificación por antigüedad, ya que no ha variado el inveterado argumento de que nadie puede invocar un derecho adquirido a la conservación de un régimen jurídico determinado.
Dedica una mención aparte respecto a la situación de aquellos agentes que fueron designados con posterioridad al año 1995, como es el caso de la actora, quien ingresó en el año 1998. Señala que en esos casos los empleados en ningún momento vieron una reducción en el porcentual de antigüedad de sus haberes a raíz de la implementación del régimen legal que es objeto de autos, dado que los mismos no percibieron previamente dicho adicional al 3% en los periodos anteriores. En tales supuestos, refiere que la invocación del principio de progresividad se ve desmerecida, puesto que ni siquiera pueden alegar válidamente haber percibido, con anterioridad a la implementación de las leyes que son objeto de autos, el adicional por antigüedad calculado al 3%.
Por todas las razones expuestas, solicita se rechace la demanda en traslado en todos sus términos.
Luego cita en dictamen de la Procuración de la SCBA en el caso "CASOLATI JUAN MANUEL Y OTROS C/ PROCURACIÓN GENERAL DE LA SCBA S/ PRETENSION RESTABLECIM. O RECONOCIM. DE DERECHOS" (SCBA A-75.071), en el marco de la cual defendió la constitucionalidad de las leyes implicadas en el caso, propiciando la revocación de todo fallo de condena, avalando el pedido de rechazo de la demanda entablada. Cita el fallo en las partes pertinentes.
Sin perjuicio de la prescripción total planteada desde el inicio, opone la eventual prescripción del retroactivo, en el caso de una hipotética sentencia de condena, indicando que sólo podría computar los créditos requeridos desde la fecha de interposición de la demanda y sólo hacia los dos (2) años retroactivos. Atento a que en dicha fecha ya se encontraba vigente el CCCN, resulta aplicable el plazo de 2 años previsto en el artículo 2561 inciso c); por lo que las mismas no podrían extenderse más allá de 2 (dos) años retroactivos a la fecha de interposición de la demanda. A este respecto, pone de relieve que el nuevo CCyCN establece el plazo de dos (2) años de prescripción liberatoria para "...el reclamo de todo lo que se devenga por años o plazos periódicos más cortos..." (art. 2562 inc. c CCCN).
Aclara que no se trata aquí de alterar el plazo de prescripción de una demanda en curso de presentación (cfr. art. 2537), sino de acotar el quantum económico del reclamo de fondo, aspecto que, siendo litigioso, y no estando consolidado a la fecha de la nueva norma, queda alcanzado por la ley actualmente vigente (cfr. art. 7 cit, doc. art. 73 primer párrafo in fine CPCC) Destaca la improcedencia de la actualización solicitada por la actora (siempre en el caso que prospere la demanda) de su hipotético crédito, corresponde solicitar su rechazo. Dice que desde la sanción de la ley 23.928 se proscribió definitivamente la posibilidad de indexar deudas en nuestro territorio. El art. 7 de la ley referida establece que el deudor de una suma determinada de australes, cumple su obligación devolviendo el día de su vencimiento la cantidad nominalmente expresada.
Cita diversos precedentes jurisprudenciales desarrollados por la CSJN en lo que se constituye una clara línea jurisprudencial convalidatoria de la constitucionalidad de la prohibición de actualización monetaria de las leyes 23.928 y 25.561, brindan sustento suficiente a la defensa de esta representación fiscal.
Agrega que no desconoce el dictado del fallo "Barrios" de la SCBA (s. 17/4/2024), y la declaración de inconstitucionalidad del artículo 7 de la ley 23.928, según ley 25.561, que contiene; no obstante, considera que dicho pronunciamiento no desmerece la oposición formulada con relación a la actualización monetaria del crédito disputado. Cita diversas razones en donde argumenta lo dicho. Formula un planteo subsidiario sobre intereses por el principio de eventualidad y observando que la actora peticiona intereses, destaca que la única tasa de interés aplicable en una hipotética e improbable sentencia de condena es la tasa pasiva clásica. Recuerda, que es invariable y reiterada la doctrina de la Suprema Corte de Justicia según la cual la tasa de interés que corresponde reconocer es la que abone el Banco de la Provincia de Buenos Aires para los depósitos a 30 días -tasa pasiva- (arts. 8 de la ley 23.928; 622, 623 del Código Civil; doct. Causas Ac. 43.448, "Cuadern" y Ac. 43.858, "Zgonc", ambas sents. del 21/5/91; B52.676, "Merión" y B 49.245, "Edificadora Maral", ambas del 5/5/92; e/o). Ofrece prueba, formula reserva del caso federal y solicita se rechace la demanda en todas sus partes con expresa imposición de costas. IV) A fs. 57 se difiere el tratamiento de la excepción de prescripción para el momento de dictar sentencia.
V. A fojas 59 se cita a las partes a la audiencia prevista por el Artículo 41 del C.P.C.A. y existiendo hechos controvertidos a fojas 75 se abre la causa a prueba. Vencido el plazo probatorio, previa certificación de la Actuaria sobre las pruebas producidas en autos, se ponen los autos para alegar, habiendo hecho uso de dicho derecho únicamente la accionada. Finalmente se llaman autos para dictar sentencia, decreto que adquirió firmeza. (arts. 48 y 49 del C.P.C.A.).
I. Así expuestos los argumentos medulares de las partes, el thema decidendum radica en analizar si corresponde reconocerle a la actora el derecho a percibir el rubro salarial "bonificación por antigüedad" en el equivalente al 3% respecto de la totalidad de sus años de servicio.
A tales fines resulta útil destacar que no se encuentra controvertido en autos que la actora es agente del Poder Judicial - Servicio de Administración de Justicia, de esta provincia; que percibe como parte de su retribución la bonificación por antigüedad; que esta se abona desde 1998 (año de ingreso de la actora) al 2004 al 1% (7 años), el 2005 al 2% ( 1 año) y desde el 2006 al 3% (19 años) (ver recibo de sueldo adjunto a la demanda de fs. 1/6)
Esta situación reconoce su origen con la ley 11739, de presupuesto para el año 1996, cuyo artículo 42 estableció "que el año 1996 no será computado para acreditar antigüedad a los efectos de las bonificaciones por tal concepto, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo. En este aspecto, durante el lapso indicado quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulan el incremento del adicional por antigüedad" . Su par para el año 1997, ley 11905, dispuso: "fíjase en hasta el uno por ciento (1%) el porcentaje a aplicar para acreditar la bonificación por antigüedad correspondiente al año que deba computarse en el Ejercicio 1997, para todo el Personal de la Administración Pública Provincial, en el ámbito de todos sus Poderes, cualquiera sea el régimen estatutario, incluido el comprendido en Convenios Colectivos de Trabajo, excepto el personal Docente dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación y Magistrados del Poder Judicial. Con relación a lo dispuesto en el párrafo anterior, durante el lapso indicado, quedan suspendidas todas las disposiciones legales que regulen el incremento del adicional por antigüedad, por sobre el porcentaje precedentemente fijado" (art. 37). Dicha norma que se mantuvo con igual redacción en las correspondientes leyes de presupuesto para los años subsiguientes (v.gr. art. 29 ley 12062 de 1998; 27, ley 12232 de 1999, etc). Luego de un período en que dejó de computarse en virtud del artículo 21 de la ley 12.727, se reestablece en un 1% según los artículos 24 y 25 de la ley 13154 (presupuesto 2004) para, finalmente, elevarse en el artículo 1° de la ley 13354 al 2% para el año 2005, mientras el artículo 2 de esa misma ley reformó el artículo 25 b de la ley 10430 fijando definitivamente la escala de este concepto: "Adicional por Antigüedad: Corresponderá a un porcentaje del sueldo básico de la categoría de revista del agente, por cada año de antigüedad en la Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal, de acuerdo al siguiente detalle: Hasta 1995: Tres (3) por ciento. Desde 1997 y hasta 2004: Uno (1) por ciento. Desde 2006: Tres (3) por ciento".
A su turno, tales normas se reglamentaron mediante el decreto Nº 240/96 cuyo artículo 1° especificó: "establécese que a los fines de lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 11.739, no quedan comprendidos los Magistrados y Funcionarios mencionados en el Decreto 4.201/95 del Poder Ejecutivo Provincial"; éste al determinar la escala salarial, en lo que aquí importa, enumera los magistrados y funcionarios de nivel 20: Juez de Primera Instancia; Juez de Tribunal del Trabajo, Juez de Tribunal de Menores, Juez de Tribunal de Familia, Juez Notarial, Juez de Paz, Subsecretaria de la Suprema Corte de Justicia, Abogado Principal de la Procuración General, Director General de Administración, Jefe de Superintendencia de la Justicia de Paz, Jefe de Inspección de la Suprema Corte de Justicia, Agente Fiscal, Asesor de Incapaces, Defensor de Pobres y Ausentes; nivel 21: Presidente de la Cámara de Apelación, Juez de la Cámara de Apelación, Fiscal de la Cámara de Apelación, Secretario de la Suprema Corte de Justicia, Secretario de la Procuración General; y, nivel 23: Juez de la Suprema Corte de Justicia y Subprocurador General.
II. Sentado lo anterior se ha de despejar, de manera previa y para establecer sustrato fáctico sobre el cual decidir el sub lite, la controversia puntual relativa a si tales modificaciones del porcentual bajo examen implica una disminución del salario o, como fue planteado desde la representación fiscal una modificación hacia el futuro sin reducción de haberes devengados. Cuestión que se clarifica por sí sola si se atiende a la contradicción de la Fiscalía de Estado cuando, al desarrollar el argumento relativo a que no se estaba vulnerando la cláusula constitucional de igualdad porque no resulta similar la situación de la actora respecto de los magistrados pues "razones de orden constitucional relativas a la intangibilidad patrimonial dificultan que pueda hacerse pie en una comparación como la intentada...". En efecto si los magistrados fueron dejados aparte de tales "modificaciones" tal y como surge de la propia lectura de las normas citadas arriba, en virtud de la garantía constitucional de intangibilidad de sus remuneraciones, es autoevidente que las medidas en estudio implicaron una disminución salarial. Tan es esto así que el propio decreto 240/96 se dictó bajo la consideración de que "a los fines de la Ley citada y por razones de índole constitucional, no corresponde considerar incluidos en el Concepto de Personal de la Administración Pública a los Magistrados y miembros del Ministerio Público del Poder Judicial".
Por lo tanto, cualquiera sea la denominación con la que se haga referencia a las medidas en cuestión, lo cierto es que en los hechos ellas implicaron una reducción de haberes, razón por la cual se excluyó a los jueces y cargos asimilables.
III. Ahora bien, conviene dejar aclarado que le asiste razón a la representación fiscal cuando sostiene que las normas de marras, o sea que las disminuciones salariales basadas en ellas, no se adoptaron en el contexto de la emergencia declarada por la ley 12.727. Sin embargo, lejos de favorecer su postura, el hecho de que no haya habido una emergencia declarada empeora la posición de la parte demandada.
En efecto, nuestro Máximo Tribunal Federal ha establecido que "el Estado puede reducir los salarios de sus agentes, salvo que la Constitución Nacional expresamente garantice su intangibilidad, pero para que ello encuentre sustento en nuestra Ley Suprema, debe cumplir ciertos requisitos: que la reducción se adopte ante situaciones excepcionales de emergencia, tenga efectos generales y vigencia para el futuro en forma transitoria y no resulte confiscatoria, es decir, no desnaturalice el derecho a la retribución" (del dictamen del Procurador General, hecho propio por la CSJN, en "Guida" Fallos 323:1566 y "Müller" Fallos 326:1138, casos donde encontró configurados esos presupuestos y declaró la constitucionalidad de la reducción; mismos parámetros utilizó en "Tobar", Fallos 325:2059, no obstante aquí resolvió en sentido contrario). Incluso más, en el último de los casos citados consideró que no resulta imprescindible que tal disminución sea confiscatoria sino que resulta suficiente que ella sea sustancial.
En autos, los antecedentes de la causa, normas citadas y sus fundamentos, evidencian con claridad la ausencia de, al menos, dos de esas condiciones: no hubo una situación excepcional de emergencia (no fue así declarado independientemente de los fundamentos de la ley 11.739 sobre la crisis mundial) y no fueron de carácter temporario, lo cual surge del propio texto de las normas, pues al día de hoy hay años que se siguen abonando con la disminución (siete años)(conf. recibos de haberes de la actora agregado); además, si bien prima facie aparecería como de carácter general, esto no resulta ser del todo así tal y como se verá más adelante. Por lo tanto, aun analizando la cuestión de estos requisitos con mucha laxitud, y entendiendo legítimas las disminuciones ab initio, ellas pierden esta calidad al verificarse su extensión hasta el día de hoy más allá de cualquier límite de tiempo que pueda resultar razonable en principio (arg. conf. SCBA I.2312, "AERI", sent. 1-X-2003 y B.64.621, "UPCN", de la misma fecha; doctrina que se ha mantenido invariable y recientemente ratificada in re L. 114.167, "Brizzi", sent. del 7-X-2015, por todos). Así, volviendo al aserto de arriba, la circunstancia de que las medidas cuestionadas no se hayan hecho en el marco de una emergencia empeora la posición demandada por cuanto lejos de ser una razón a favor de la legitimidad de las reducciones salariales, es una razón para sostener exactamente lo contrario. Esto es así toda vez que, si tales medidas sólo son constitucionalmente compatibles bajo los presupuestos excepcionales indicados por los tribunales supremos citados, a fortiori minori ad maius (esto es que si se encuentra prohibido lo menos, más aun una situación más grave), ellas mucho menos pueden ser tomadas en circunstancias normales como lo plantea la representación fiscal.
A tales razones de carácter general se suma, muy especialmente en el caso particular de la Provincia de Buenos Aires, una especial protección constitucional de relevancia en el sub lite debido a la consagración expresa del principio de progresividad en materia laboral (art. 39, inc. 3 Const. Pcial.), incorporado por la reforma de 1994 a nuestra Carta Magna local.
Por lo tanto, si se había llegado en 1995 a que se bonifique la antigüedad en un 3%, su disminución implica un retroceso en aquello que fuera conquistado, incompatible con la cláusula constitucional citada. Incluso más, aun si se entendiera -desde el ángulo de la reglamentación razonable de derechos en punto a su carácter no absoluto (art. 28 CN), por hipótesis, la posibilidad de dicho retroceso ante excepcionales situaciones, el mismo nunca va a poder tener el carácter de definitivo que asume en el caso donde, en la actualidad, hay siete años de antigüedad que se siguen abonando en menos, tal como ya se viera.
IV. Resulta útil, a mayor abundamiento y como corolario del análisis de las leyes implicadas, recordar que tuvo estado parlamentario (fecha 11/06/2014, trámite D-1410/14-15-0) un proyecto de ley que volvía a modificar el inciso b del artículo 25 ex ley 10430, de la redacción que le diera la ley actualmente en aplicación 13354, restituyendo el porcentual de 3 en la bonificación de marras: "Modificase el inciso b) del Artículo 25 -Texto según Ley 13354- de la Ley 10430 -T.O.por Decreto 1.869/96- y sus modificatorias, el que quedará redactado de la siguiente manera: b) Adicional por antigüedad: Corresponderá a una suma por cada año de antigüedad que se compute, en la Administración Pública nacional, provincial o municipal.
El monto del mismo será del tres (3%) por ciento del sueldo de la categoría de revista". Para ello, el principal fundamento del proyecto era, precisamente que la situación más ventajosa para el trabajador se había logrado en el año 1990 con la sanción de la ley 10944 que estableció el 3% por cada año trabajado y que las diversas modificaciones posteriores han generado y generan pérdidas en las retribuciones en detrimento de los derechos adquiridos, concluyendo el mismo "con basamento en la defensa del principio de condición laboral más beneficiosa para el empleado", en la necesidad del dictado de la ley que se propone. V.- A lo anterior se agrega el hecho de que el suplemento de marras se abona a los agentes judiciales con nivel 20 que no son magistrados conforme surge del propio texto del Decreto Nº 240/96.
Si bien la inconstitucionalidad de las leyes no puede predicarse de la interpretación que sus aplicadores hagan de ella sino de la ley en sí misma (arg. doctr. SCBA causa I.1507, "Cornacchionne", int. 12-III-1991) y, en este caso, las leyes citadas arriba sólo dejan a salvo de las disminuciones a los magistrados de forma expresa (además de los docentes, que no resulta relevante en el presente) con lo cual, en sí mismas, ellas tuvieron en miras la especial posición de éstos frente a la protección de la remuneración y, en principio, esta es una diferenciación razonable con sustento en aquella particularidad (conf. doctr. SCBA B.65.498, "Álvarez", sent. 26-V-2010; SCBA B.66.569, "Esteinberg", sent. 14-VIII-2013; por todos).
Sin embargo, en el caso de autos, el Decreto Nº 240/96 resulta ilegítimo por contraponerse a las normas que establecieron la disminución aquí cuestionada, e inconstitucional, por violar la cláusula de igualdad, al asimilar -con el objeto de exceptuarlos de las medidas adoptadas- a todos aquellos dependientes con nivel salarial 20 (conf. fuera ya transcripto) sean o no jueces o quienes constitucionalmente comparten su status y garantías (jueces de paz, fiscales, defensores, asesores, conf. arts. 173, 175 y 189 CPBA). Así, "no hay peor injusticia que tratar igual a los desiguales" (SCBA I. 1541, "Bernal de Palacio", sent. del 29-XII-1998; I. 2206, "Federación de Clínicas...", sent. del 3-IV-2008; "Álvarez", cit.), lo que ocurre en el caso pues quienes no tienen la calidad de magistrados (compartan o no su nivel salarial o incluso sea mayor) deberían haber compartido la suerte de los demás agentes.
El nivel salarial no resulta una circunstancia relevante para establecer una diferencia válida a los fines de medidas como las estudiadas aquí sino, solamente, la cualidad de magistrado (jueces y aquellos con igual designación y garantías). En razón de lo expuesto no le asiste razón a la demandada cuando afirma que "la parte actora no puede vincularse con los magistrados del Poder Judicial (quienes, como sabemos NO poseen un régimen salarial similar al que ellos ostentan, en tanto la existencia de la mentada intangibilidad de las remuneraciones), y por el contrario debería compararse con el resto de los agentes públicos de todos los poderes del Estado, a quienes, al igual que ellos, les redujeron hacia el futuro y en uno y dos puntos porcentuales, la bonificación señalada, máxime cuando la mencionada reducción operó temporalmente y en el año 2006 se regresó al cómputo del 3%". Ello por cuanto surge del propio texto de la norma cuestionada la equiparación de funcionarios con categoría igual o superior a 20 a los magistrados, con lo cual no se requieren mayores argumentos a quien demanda para mostrar la desigualdad de trato con los funcionarios que revistan en una categoría salarial inferior a aquella, como es su caso. VI.- Finalmente, no resulta de recibo el argumento fiscal relativo a la aplicación al caso de la solución adoptada por la Suprema Corte en la citada causa Álvarez, donde se consideró válida una modificación a futuro de la bonificación por antigüedad consistente en que, lisa y llanamente, se dejó de pagar para los empleados municipales con cargos sin estabilidad (en realidad nunca se pagó salvo por un escaso lapso temporal según la misma Corte valoró). Ello es así por cuanto para resolver como lo hizo, el Tribunal primero analizó si se encontraba vulnerada alguna cláusula constitucional y, al verificar que ello no sucedía, ingresó en el análisis de la medida misma y en la posibilidad de que el legislador haga una modificación tal con prospectiva a futuro pero, cabe repetir, ello sólo luego de entender que en ese caso particular no había ningún tipo de incompatibilidad constitucional de las normas que se cuestionaban; situación radicalmente diferente a la de los presentes actuados.
Por lo hasta aquí expuesto considero que asiste razón a la actora, y propicio el reconocimiento de su derecho a que se liquide la bonificación por antigüedad correspondiente a todos los años en un 3%, atento la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan tales disminuciones: leyes 11739, 11905 y sus similares, y decreto 240/96 (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3, 173, 175, 189 y cc. CPBA). VII.- Corresponde ahora el tratamiento de la defensa de prescripción opuesta por la demandada. La accionada sostiene que el reclamo se halla totalmente prescripto toda vez que a contar del 2006 cesaron los supuestos descuentos y por lo tanto sobrevino la prescripción liberatoria de toda acción por el tema, cualquiera que sea el plazo de prescripción que se aplique, ya que la petición se realiza mas de diez años desde el cese de tales descuentos y mas de veinte años desde el inicio de ellos.
Concluye que sea que se tome el plazo mas breve de dos años para reclamar, o el plazo intermedio de cinco años, o incluso el mas amplio de diez años, en cualquiera de los casos es claro que la acción, iniciada a los 18 años del cese del período reclamado, fue intentada cuando ya estaba prescripta, liberando al deudor. Al respecto y siguiendo lo resuelto por la Excma. Cámara de Apelaciones del fuero in re "Fernández Ruiz Gloria Analía c/Poder Judicial, Suprema Corte de Justicia y otro s/ pretensión anulatoria - Empl. Público - N° 29369-P, diré que "se advierte que por aplicación del nuevo Código de fondo (arts. 7, 2537, 2554 y 2560 CCyCN) resulta con vigor el plazo decenal del artículo 4023 del Código Civil (ley 340), en tanto vigente al momento del devengamiento de los porcentuales objeto de reclamo de autos, y ponderando que se trata, en los términos de la norma transcripta, de un plazo de prescripción en curso, teniendo en cuenta que la demanda ha sido interpuesta hallándose ya en vigor el Código Civil y Comercial de la Nación".
Siguiendo dicho fallo, cabe recordar que a tenor de la doctrina jurisprudencial del Máximo Tribunal provincial, siendo necesario acudir al derecho civil (arts. 16 C.C. y 171 Const. Prov.) el plazo de prescripción para las acciones por las que se reclaman diferencias salariales devengadas en el marco de una relación de empleo público, debe regirse por el art. 4023 del Código Civil, entonces vigente, en cuanto fija la prescripción decenal para toda clase de acciones prescriptibles que no estén sujetas a un plazo diverso (conf. Doctrina de causa A.73.890 "Almirón" sent. Del 7/6/2017, entre otras). Resulta así aplicable en el caso el plazo de prescripción de diez (10) años del artículo 4023 del Código Civil, respecto de los créditos originados por diferencias de haberes en materia de empleo público (causa CCCLP N° 23933 "Ledesma", sent.
Del 6-7-21).
De acuerdo con lo expuesto, las diferencias salariales comenzaron a devengarse desde el inicio de la relación laboral, el 30 de Diciembre de 1998, fecha en la que tomó posesión del cargo en el Poder Judicial (conforme constancias adjuntas a fs. 72/73). En consecuencia, el crédito reclamado se originó con anterioridad a la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial de la Nación (1°/08/2015); habiéndose interrumpido el plazo de prescripción con la interposición de la presente demanda el día 04/12/2024.
Esto lleva a que en el caso sea aplicable el Código Civil ley 340 (art 4023), y entendiendo que la interrupción de la prescripción operó el 04-12-2024, en consecuencia las sumas devengadas con anterioridad al 04-12-2014 se encuentran prescriptas. VIII.- Corresponde desestimar la actualización monetaria solicitada por la actora respecto de las sumas adeudadas, ya que conforme lo tiene sentado el Superior Tribunal, la modificación introducida por la ley 25.561 a la ley 23928 mantuvo la redacción del art. 7 de ésta, y por ello en ningún caso se admitirá actualización monetaria, indexación de precios, variación de costos o repotenciación de deudas, cualquiera fuere su causa (SCBA Causas B-49193 bis "Fabiano" res. 2-X-2002; Ac. 88.502 "Latessa", sent. 31-VIII-2005 y B. 64.606 "Di Benedetto", sent. Del 3-IX-2008; entre otras). En el mismo sentido se expidió el Máximo Tribunal Federal (CSJN in re "Chiara Díaz, Carlos Alberto c/Estado Provincia s/acción de ejecución", sent 7-III-2006 Fallos 329:385 y "Massolo, Alberto José c/transporte del Tejar SA" M.913.XXXIX, sent del 20-IV-2010).
La solución que se adopta no importa declarar la inconstitucionalidad del art. 7 de la ley 23.928 -tal como pide la actora con cita al precedente "Barrios"- ni aplicar índice alguno de actualización monetaria. Se trata, antes bien, del reconocimiento de que la obligación aquí reconocida constituye una deuda de valor, lo debido no es una suma de dinero cristalizada en el pasado, sino el valor correspondiente a un porcentaje del sueldo básico del cargo, cuya cuantificación en dinero se practica al momento de la sentencia tomando el valor del cargo entonces vigente. Al estar fijado el suplemento debatido estrictamente como un coeficiente porcentual (3%) de un sueldo básico movible, lo adeudado no configura originariamente una obligación de dar sumas de dinero inmutables, sino la reconstitución del valor adquisitivo de esa alícuota sobre el salario. Precisamente por ello el accesorio que se manda aplicar hasta ese momento es una tasa pura, que retribuye la privación del capital sin componente inflacionario alguno, evitando la duplicación que la propia demandada procura conjurar.
IX. A los importes correspondientes deberán adicionárseles los intereses desde que cada suma devengó y hasta su efectivo pago de acuerdo a la tasa pasiva más alta, vigentes en cada período de aplicación, que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de depósito a treinta (conforme SCBA B.62.488 "Ubertalli, sent. 18-V-2016; C. 119.176, "Cabrera y L. 118.587 "Trofe", ambas sent. Del 15-VI-16 y más recientemente B.60.456 "Calabro", sent 7-IX-16; arts 622 y 623 CC ley 340; 7 y 768 inc. c, CCyCN ley 26994). X.- Las costas se imponen a la demandada en su objetiva calidad de vencida (art. 51, inc. 1° CPCA, texto según ley 14.437). Por los fundamentos legales, doctrinarios y jurisprudenciales expuestos
1. Haciendo lugar a la pretensión interpuesta por la señora Servin Elizabeth Beatriz contra la Provincia de Buenos Aires (Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires) y reconociendo el derecho de la actora a que se liquide la bonificación por antigüedad correspondiente a todos los años en un 3%, ello atento la inconstitucionalidad de las normas en que se sustentan tales disminuciones: leyes 11739, 11905 y sus similares, y decreto 240/96 (arts. 12, inc. 2 CCA; 11, 39 inc. 3, 173, 175, 189 y cc. CPBA). 2) Haciendo lugar parcialmente a la excepción de prescripción traída por la demandada, y reconociendo el derecho de la actora para que se le liquide y pague la bonificación por antigüedad por el período no prescripto con retroactividad al 04 de Diciembre de 2014 (conf. art. 4023 CC), en función de la fecha de interposición de la demanda.
3. La liquidación que de acuerdo a las pautas indicadas en el Considerando IX.- se practique, deberá ser abonada dentro de los sesenta (60) días de adquirida firmeza el presente pronunciamiento (artículo 163, CPBA y 63 CCA). 4) Imponiendo las costas a la demandada en su objetiva calidad de vencida (art. 51, inc. 1° CPCA) y difiriendo la regulación de honorarios de los profesionales intervinientes hasta aprobación de la liquidación a practicarse (art. 51 ley 14967).
REGISTRESE. NOTIFIQUESE (conf. Acs. 4013/21, 4023/21 y 4039/21 SCJBA).
GLADYS BEATRIZ MARTI JUEZ
Firmas
Funcionario firmante: MARTI Gladys Beatriz - JUEZ
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS - Número: RS- 62-2026
Fin de la sentencia