Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 29901-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar el punto (i) de la decisión apelada.
2Confirmar parcialmente la liquidación de tributos contenida en la resolución DE PRLA 9661/10, con arreglo a lo dispuesto en los considerandos 6° y 7° de la presente.
3Imponer las costas relativas a los tributos en proporción a los vencimientos, en ambas instancias (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 71 y 279 del CPCCN).
4En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 16/9/24, sin que aquél cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicarle astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
15461/2024 “SESIN SA (TF 29901-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, 3 de octubre de 2024.
VISTOS Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 75/80, el Tribunal Fiscal de la Nación, por mayoría:
(i) Declaró prescripta la acción del Fisco parar perseguir el cobro de tributos con relación a la mercadería importada temporariamente mediante el DIT 99 001 IT14 005902Z, en los términos de los artículos 803 y concordantes del Código Aduanero; con costas a cargo del demandado.
(ii) Confirmó el artículo 1° de la resolución DE PRLA 9661/10, dictada en la actuación 12197-15199-2005, en cuanto había condenado a Sesin SA al pago de una multa de $2.886,57 por la infracción prevista en el artículo 970 del Código Aduanero con relación a la aludida destinación; con costas a cargo de la actora.
Con respecto a la prescripción de la acción tributaria, comenzó por aclarar que, aunque la cuestión no había sido planteada por las partes, tenía facultades para examinarla en virtud del principio iura novit curia y lo estatuido en el artículo 1143 del Código Aduanero. A continuación, indicó que el vencimiento de la destinación suspensiva había tenido lugar el 3/11/00, por lo que el plazo de 5 años había comenzado a correr el 1/1/01 (arts. 803 y 804, del CA) y hubiese vencido el 31/12/05, pero se suspendió con el dictado del auto de apertura del sumario del 29/12/05 (arg. art. 805, inc. a, del CA). Explicó que, hasta aquel entonces, habían transcurrido 4 años, 11 meses y 28 días, y que sólo restaban 3 días para que se cumpliesen los cinco años que establecía la ley. Agregó que, de acuerdo con el citado artículo 805, inciso a, del código, debía interpretarse que el plazo de prescripción se reanudó el 21/12/10, con el dictado de la resolución SDG TLA 1353/10 –que aprobó la resolución DE PRLA 9661/10–, y que se encontraba vencido cuando esta última fue notificada a la actora, el 11/8/11. Finalmente, añadió que la notificación de la liquidación contenida en la resolución definitiva tampoco pudo tener virtualidad interruptiva en los términos del artículo 806, inc. a, del código, porque tuvo lugar una vez vencido el plazo legal.
Por el contrario, sostuvo que la acción tendiente a la imposición de sanciones no estaba prescripta, porque el plazo original se había interrumpido con la apertura del sumario del 29/12/05 y el nuevo plazo operaba el 29/12/10 (es decir, con posterioridad al dictado de la resolución apelada y su aprobatoria, emitidas el 10/12/10 y el 21/12/10, respectivamente).
Finalmente, abordó el tema de fondo y determinó que el incumplimiento al régimen de importación temporaria se había configurado.
2. Que la empresa actora consintió la resolución y a fs. 86 manifestó voluntad de pago del importe de la multa.
3. Que, disconforme con lo decidido con respecto a la acción tributaria, el Fisco Nacional interpuso apelación a fs. 95, que se fundó a fs. 96/99vta., se concedió a fs. 101 y fue contestada a fs. 105/109.
Argumentó que el plazo de prescripción se suspendía a partir del dictado de la instrucción sumarial y hasta el dictado de un pronunciamiento que habilitase la vía ejecutiva; lo cual tenía lugar cuando la resolución administrativa se notificaba y no se interponía recurso contra aquélla, o bien, en caso de haber sido apelada, cuando recaía sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación. Precisó que ninguna de esas situaciones se había planteado en el caso y que correspondía interpretar que el curso de la prescripción continuaba suspendido por el efecto atribuible a la apelación ante esta Cámara (art. 1134, del CA).
4. Que, en cuanto a la prescripción de la acción para percibir los tributos, se remite a lo dicho por esta Sala en la causa 14530/22 “Dow Agrosciences Argentina SRL (TF 52306338-A) c/ DGA”, sentencia del 27/9/22, considerando 4º y sus citas. En el entendimiento que allí se propone, la apelación del Fisco debe prosperar toda vez que el vencimiento de la importación temporaria tuvo lugar el 3/11/00, el plazo de prescripción comenzó a correr el 1/1/01, y hubiese vencido el 31/12/05. Sin embargo, se mantiene suspendido desde el dictado del auto de apertura del sumario del 29/12/05, en la medida en que, hasta a la fecha, la acción del Fisco no se encuentra expedita (arg. arts. 803, 804, 805, incs. a y c, 1134 y 1172, CA; y doctr. causas citadas). Por lo tanto, se revoca el punto (i) de la resolución apelada.
5. Que, al quedar sin efecto ese aspecto de la decisión, tiene lugar la reversión de la jurisdicción, hecho que obliga a la Cámara a conocer en todas las defensas conducentes y oportunamente propuestas por cada una de las partes litigantes que, por la diversa solución adoptada en la anterior instancia, no habían merecido un adecuado tratamiento (Fallos: 190:318; 256:434; 268:48; 308:656; 327:3925; y sus citas). Ello, aun en ausencia de un recurso de la parte que, por haber sido vencedora en esa instancia, no podía agraviarse de un pronunciamiento favorable (doctr. Fallos: 334:95, y esta Sala, causa 33262/11, “Grupo de Artesanías SA –inc med (2-IX-11) c/ EN – Mº Economía”, sent. del 14/2/12; entre otras).
En consecuencia, debe examinarse el planteo relativo a la aplicación del CER sobre el importe de los tributos, que la actora había introducido ante el Tribunal Fiscal de la Nación (v. 38vta./39). En cambio, no corresponde tratar aquellas defensas vinculadas con la configuración de la infracción aduanera, dado que la actora consintió la decisión en ese punto.
6. Que, al respecto, el decreto 214/02 (BO 4/2/02) dispuso que, a partir de su dictado, quedaban “transformadas a PESOS todas las obligaciones de dar sumas de dinero, de cualquier causa u origen –judiciales o extrajudiciales- expresadas en DOLARES ESTADOUNIDENSES, u otras monedas extranjeras, existentes a la sanción de la ley 25.561 y que no se encontrasen ya convertidas a PESOS” (art. 1º).
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15461/2024 “SESIN SA (TF 29901-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
A su vez, el artículo 4º de la norma estableció: “A los depósitos y a las deudas referidos, respectivamente, en los artículos 2º, 3º, 8º y 11º del presente Decreto, se les aplicará un Coeficiente de Estabilización de Referencia, el que será publicado por el Banco Central de la República Argentina. Además, se aplicará una tasa de interés mínima para los depósitos y máxima para los préstamos. El coeficiente antes referido se aplicará a partir de la fecha del dictado del presente decreto”. Mientras que el artículo 8º dispuso: “Las obligaciones exigibles de dar sumas de dinero expresadas en DÓLARES ESTADOUNIDENSES u otra moneda extranjera, no vinculados al sistema financiero, cualquiera sea su origen o naturaleza, se convertirán a razón de UN DÓLAR ESTADOUNIDENSE (U$S 1) = UN PESO ($1)” (cfr. asimismo las disposiciones contenidas en las leyes 25.642 y 25.713).
En este caso, tanto el acto de corrida de vista del sumario como la resolución DE PRLA 9661/10 intimaron a la actora a abonar una suma en pesos con expresa reserva acerca de la aplicación del ajuste (v. esp. fs. 26/vta. act. adm.); esto en función de la fecha en que se había generado la obligación tributaria (3/11/00).
En esas condiciones, el planteo de la actora no puede prosperar, pues el reclamo del CER se ajustó a derecho y no afectó su derecho de defensa, al haber tenido oportunidad de expedirse al respecto al contestar la vista en sede aduanera, como así también al fundar su recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación.
Por lo demás, la cuestión relativa a la moneda de origen de este tipo de deudas y la consecuente procedencia del ajuste fue dirimida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Volkswagen Argentina SA (TF 22179-A) c/ DGA”, sentencia del 23/8/11, en la que, siguiendo el dictamen del Ministerio Público Fiscal, entendió que el artículo 20 de la ley 23.905 no fue dejado de lado por la ley 23.928 pues, a tenor de lo dispuesto en su art. 7º, esta última sólo se refería a las obligaciones de dar sumas de dinero determinadas en moneda nacional, mientras que las obligaciones cuya suerte se debatía en la causa debían ser determinadas en dólares.
Allí aclaró también que la ley 23.905 era posterior al dictado de los artículos 637 y 638 del Código Aduanero, y que la vigencia de su artículo 20 ya había sido determinada implícitamente en la causa B.828.L.XLIII, “Bridgestone Firestone Argentina S.A. (TF 16674-A) c/ DGA”, sentencia del 27/04/11.
Finalmente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del decreto 214/02 – consistente en que, por tratarse de un decreto de necesidad y urgencia, no podía regular sobre la materia tributaria (art. 99, inc. 3º, C.N.)– alegando que la transformación a pesos y la aplicación del coeficiente indicado también fue dispuesta por el Congreso Nacional con el dictado de la ley 25.830.
7. Que, más allá de lo que se resuelve, teniendo en cuenta que la actora había cuestionado el importe total de la liquidación tributaria (v. fs. 1 de este expediente) y que esta última comprendía entre sus rubros el derecho adicional y las percepciones de tributos interiores (v. fs. 75, act. adm.), corresponde dejar sin efecto tales exigencias con remisión a lo resuelto por la Corte federal en las causas “Frisher SRL” (Fallos: 336:1182) e “IEF Latinoamericana SA”, ambas sentencias del 14/8/13; y “Cladd ITA SA”, del 26/11/19.
Se deja a salvo que esta decisión no implica apartarse de las pretensiones planteadas al trabarse el diferendo y, a su vez, justifica distribuir las costas en proporción al éxito obtenido por cada uno de los litigantes (doctr. esta Sala, causa 4327/24 “Transportes Cuevas de Nerja SRL (TF 32613-A) c/ DGA”, sent. del 18/4/24 y sus citas).
Por lo expuesto, SE RESUELVE:
1. Admitir el recurso del Fisco Nacional y revocar el punto (i) de la decisión apelada.
2. Confirmar parcialmente la liquidación de tributos contenida en la resolución DE PRLA 9661/10, con arreglo a lo dispuesto en los considerandos 6° y 7° de la presente.
3. Imponer las costas relativas a los tributos en proporción a los vencimientos, en ambas instancias (arts. 1163 y 1182 del CA, y arts. 71 y 279 del CPCCN).
4. En atención a la intimación cursada en el punto V del primer auto, notificado al demandado el 16/9/24, sin que aquél cumpliere con la obligación de liquidar la suma adeudada en concepto de tasa de justicia, corresponde aplicarle astreintes de $100 diarios a partir del quinto día de notificada la presente, hasta tanto se proporcionen los elementos necesarios para la determinación del tributo.
Sin perjuicio de lo expuesto, a fin de no demorar el trámite del expediente, cabe remitir los autos al Representante del Fisco para que determine el monto de la tasa de justicia a exigir (arg. pto. 10, in fine, ac. CSJN 20/92).
Regístrese, notifíquese y cúmplase con la remisión ordenada.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
15461/2024 “SESIN SA (TF 29901-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Fin de la sentencia