Abriendo la norma
Tribunal Fiscal de la Nación, Sala G · Causa 25.119-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaConfirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 2804/2008, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12035-396-2007, declarando que la multa adeudada asciende a $ 1.653,22, mientras que los tributos adeudados ascienden a $ 1.653,22 + C.E.R. + intereses. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas según los respectivos vencimientos.
República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional Las Malvinas son argentinas Sentencia - Tribunal Fiscal de la Nación Número: INLEG-2022-69213505-APN-VOCXIX#TFN CIUDAD DE BUENOS AIRES Jueves 7 de Julio de 2022 Reunidos los Vocales miembros de la Sala “G” del Tribunal Fiscal de la Nación, Dres. Miguel Nathan Licht, Horacio J. Segura, y Claudia B. Sarquis, a fin de dictar sentencia en los autos caratulados “SETON ARGENTINA S.R.L. c/ DGA s/ recurso de apelación”; Expediente N° 25.119-A, El Dr. Miguel N. Licht dijo:
I. Que a fs. 12 se presenta la firma “Seton Argentina S.R.L.”, por apoderado e interpone recurso de apelación contra la Resolución DE PRLA Nro. 2804/2008, dictada en las actuaciones N° 12035-396-2007 por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, mediante la cual se la intima a abonar la suma de $1.653,22 en concepto de multa y $5.341 en concepto de tributos + C.E.R. + intereses por encontrarse incursa en la infracción tipificada por el art. 970 la mercadería amparada mediante la DIT N° 99073IT14000846E. Arguye que la Aduana instruye sumario al considerar que la mercadería ingresada temporalmente no fue reexportada en su totalidad, lo cual desconoce. Menciona que se podía verificar con facilidad que se había exportado los permisos de embarque y nacionalizado el saldo, a partir del archivo de los originales (matrices de los permisos y de los despachos) o de su propia base de datos. Cuestiona la aplicación del C.E.R. sobre los tributos. Cita normativa. Hace reserva del caso federal, ofrece como prueba las actuaciones administrativas y solicita se revoque la resolución de aduana.
II. De su lado, en su responde, el representante del organismo fiscal solicita el rechazo de la apelación planteada por la actora. Niega todos y cada uno de los hechos y derechos invocados por la actora, que no fueran objeto de su expreso reconocimiento.
Hace una breve reseña de los hechos. Recuerda que la carga de la prueba del cumplimiento de las obligaciones inherentes al régimen de importación temporal recae sobre la importadora, ya que es ella quien debe demostrar en forma fehaciente y con la documentación aduanera pertinente que ha cumplido acabadamente con sus obligaciones dentro del plazo legal otorgado.
Afirma que según resulta de la documentación acompañada al expediente administrativo, no se encuentra acreditada la reexportación de la mercadería amparada por la DIT involucrada. Cita proveido de fs. 226 de las actuaciones administrativas donde la Sección Procedimientos Técnicos de la División Registro de la Aduana de Ezeiza solicita los C.T.C. definitivos a efectos de verificar la descarga de los insumos importados temporalmente, los cuales no fueron acompañados por la actora. Cita jurisprudencia y normativa.
Menciona que, a los fines de la cancelación de la DIT de que se trate, no solo es necesario dar destinación a la mercadería involucrada (exportación y/o nacionalización), sino que se requiere contar con el C.T.C. definitivo, el cual no fue acompañado por el importador.
Con respecto al C.E.R., concluye que la aplicación del mismo es procedente por cuanto se reúnen, en la especie, todos los presupuestos que la normativa prevé para ello. Cita normativa y jurisprudencia Finalmente ofrece como prueba las actuaciones administrativas, hace reserva del caso federal y solicita se confirme el fallo aduanero apelado, con costas.
III. Que, de las actuaciones administrativas N° 12035-396-2007, obra a fs. 2 Acta de denuncia por la presunta infracción tipificada en el art. 970 del C.A., en relación a la DIT 99073IT14000846E, por la mercadería importada temporariamente. A fs. 3 obra sobre contenedor original de la DIT en cuestión. A fs. 6 obra liquidación de tributos. A fs. 12 obra acto de instrucción de sumario y corrida de vista. A fs. 13 obra contestación de vista. A fs. 30 obra solicitud de emisión de C.T.C. A fs. 39 obra proveido en el cual se intima a la firma para que acompañe los Permisos de Embarque y los C.T.C. involucrados. A fs. 42 se cumple con la intimación cursada a fs. 39. A fs. 58 obra proveido solicitando a la Sección Procedimientos de Ezeiza que informe sobre la descarga de la temporal y ratifique o rectifique la denuncia. A fs. 248 obra la Nota 4080/08 (SE PTEZ) donde se informa la necesidad de contar con el C.T.C. definitivo en virtud de que la solicitud que consta en la copia acompañada por la firma fue objeto de observaciones por parte de la Coordinación de Unidad Técnica. A fs. 250 pasan los autos para resolver. A fs. 251 obra la Resolución DE PRLA N° 2804/08.
IV. Que la cuestión de autos radica en determinar si en el caso se ha configurado la infracción prevista y penada por el artículo 970 del C.A., con respecto a la totalidad de la mercadería importada temporariamente mediante la operación N° 99073IT14000846E, de la firma Seton Argentina S.A., registrada ante la Aduana de Ezeiza el 12/05/1999, al amparo del régimen del Decreto 1439/96, con vencimiento del plazo de permanencia el 01/05/2001.
Que ocurrido el vencimiento del referido plazo de permanencia se dispuso instruir sumario por la presunta comisión de la infracción prevista y penada por el art. 970 del C.A., condenándose a la actora mediante la resolución aduanera aquí apelada.
V. Que el artículo 250 del C.A. establece que: “La destinación de importación temporaria es aquella en virtud de la cual la mercadería importada puede permanecer con una finalidad y por un plazo determinado dentro del territorio aduanero, quedando sometida, desde el mismo momento de su libramiento, a la obligación de reexportarla para consumo con anterioridad al vencimiento del mencionado plazo”. Esto significa que la obligación fundamental establecida por el régimen a los beneficiarios del mismo es la reexportación de la mercadería dentro del plazo otorgado. Que, en cuanto a las transgresiones a los regímenes de destinación suspensiva, el artículo 970 del C.A. incrimina al que “no cumpliere con las obligaciones asumidas como consecuencia del otorgamiento del régimen de importación temporaria”. Sin duda, la obligación a la que la norma se refiere, primordialmente, es la prevista en el mentado artículo 250 del C.A., es decir: la exportación de la mercadería ingresada en forma suspensiva, en la forma y condiciones en que el importador se obligó a exportar esos insumos.
Es importante mencionar que, al tratarse de una importación temporaria, la carga de la prueba que acredite el cumplimiento de la obligación de reexportar la mercadería en término -como condición inexcusable a fines de obtener la ventaja de importar mercadería sin el pago de los tributos que gravan las destinaciones definitivas- recae, indudablemente (como ha sido sostenido por pacífica jurisprudencia) sobre los beneficiarios de regímenes preferenciales. Son éstos los obligados de demostrar en forma fehaciente y mediante la documentación aduanera pertinente (permisos de embarque o despachos de importación a consumo) el cabal cumplimiento de sus obligaciones, debiendo además surgir de la referida documentación, una adecuada identidad entre los insumos importados temporariamente y los que se exportan (o nacionalizan). En suma, es el importador (o su garante) el que debe demostrar que el despacho que registrará en forma temporaria ha sido cancelado oportunamente, bastándole al servicio aduanero acreditar el mero vencimiento del plazo de permanencia acordado, por cuanto, en las infracciones al régimen de importación temporaria, la comprobación del hecho objetivo que configura la infracción produce una inversión de la carga de la prueba.
Que, asimismo, lo que está expresamente reglado, y específicamente respecto del régimen de perfeccionamiento del Decreto 1439/96 (Res. 72/92) –a cuyo amparo se efectuó la importación temporaria de autos–, mediante la Resolución ANA Nro. 127/92 y sus modificaciones, es que en el o en los respectivos permisos de embarque (de reexportación para consumo de la mercadería bajo la nueva forma resultante) se debe consignar “...lo relativo al certificado de tipificación y las referencias necesarias a la importación temporaria de la mercadería, tales como el número del D.I.T. (aduana de registro-dígito), clase y “cantidad” de la mercadería importada comprendida en la que se exporta, y el vencimiento de la importación temporaria”.
De modo tal que, ése es el mecanismo reglado e idóneo (“descarga” del D.I.T. –eventualmente por cantidades parciales del mismo hasta llegar a la totalidad debida– en el ó los P.E.) para acreditar el cumplimiento de la mentada obligación, sin perjuicio, claro está, de las facultades de control aduanero respecto de lo declarado o documentado en tal sentido.
VI. Que, previo a determinar si la actora dió cumplimiento o no a las obligaciones que asumió al momento de importar temporariamente la mercadería aquí comprometida, es preciso efectuar ciertas aclaraciones referidas a la importancia del C.T.C. en los regímenes de importación temporaria.
Que tanto el referido Dec. 1439/96, como la Resolución M.E. y O.S.P. Nro. 72/92 impusieron a los beneficiarios de sus regímenes el deber de obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) expedido por la Secretaría de Industria.
Que, al respecto, establecen: “El beneficiario del presente régimen deberá obtener el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.). A tal efecto deberá presentar ante la SECRETARÍA DE INDUSTRIA Y COMERCIO una Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos y si los mismos tienen valor comercial (...)” (art. 8 de la Resolución M.E. y O.S.P. 72/92 y art. 14 del Dec. 1439/96).
Que en virtud de estos artículos puede afirmarse que la presentación del C.T.C. es una de las obligaciones que contrae el importador en virtud de su acogimiento al régimen de importación temporaria a la que debe dar cumplimiento si pretende exportar la mercadería en la forma y condiciones en que se obligó evitando así incurrir en la infracción bajo análisis.
Que tal documento es el que establece la relación insumo-producto de manera que, a través de él, la Aduana puede conocer qué cantidad de los insumos importados temporariamente fueron utilizados para producir cada unidad del producto que se reexporta.
Que el formulario conforme al cual los C.T.C. eran emitidos se encuentra previsto en el Anexo III a la Resolución S.I.C. Nro. 18/92. En tal anexo se establece que, además del Nº de solicitud del C.T.C., debe indicarse tanto la P.A. del insumo importado temporariamente como del producto para el cual el mismo es emitido (es decir, del producto a exportar). De manera que, el certificado describe cuál es el producto/mercadería a exportar e indica expresamente su P.A.
Que de ello se desprende que la relación insumo-producto establecida/certificada en el C.T.C. se refiere particularmente a la mercadería y a la P.A que en él se detalla.
Que, es en virtud de esos datos que surgen del certificado, (cuyo contenido, se encuentra definido en el Anexo III al Res. S.I.C. Nro. 18/92) la Aduana puede determinar si los insumos importados temporariamente fueron correctamente descargados en los P.E.
Que, existiendo un procedimiento reglado para la demostración del cumplimiento del régimen al cual se acogió la firma importadora, en lo que respecta a la documentación a presentar, dicho procedimiento exige al importador la sustitución de la declaración jurada de Insumos, Mermas, Residuos y Sobrantes (o su rectificatoria) por el C.T.C. “al momento de solicitar la cancelación de la importación temporaria ante el servicio aduanero” (conf. Art. 14 del Dto. 1439/96).
A mayor abundamiento, el art. 9, parrafo 3° de la Res. ME 72/92 (aplicable de conformidad con el art. 36 del Dto. 1439/96) establece que: “La SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO deberá emitir el Certificado de Tipificación y Clasificación (C.T.C.) dentro del plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la fecha de presentación de la correspondiente solicitud, caso contrario la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos presentada por el usuario se dará por válida y tendrá carácter definitivo a los efectos del presente régimen”.
Sin embargo, y a los fines de determinar el alcance del artículo citado precedentemente, el art.18 de la Res. 18/92 establece: “A fin de que se haga efectivo lo dispuesto por el Artículo 9º de la Resolución M.E y O.S.P. N° 72/92, el interesado deberá intimar por escrito a esta Secretaría cinco (5) días antes del vencimiento del plazo de Noventa (90) días contemplado en el mencionado Artículo 9º, para que se emita el correspondiente certificado. Este plazo se computará a partir de la fecha de presentación de la Declaración Jurada de Insumos, Mermas, Sobrantes y Residuos integrada en forma correcta y de que el interesado haya cumplido con todos los requisitos establecidos por la Secretaría de Industria y Comercio.”
VII. Que, en consecuencia, debe efectuarse un examen de los documentos obrantes en la presente causa a fin de verificar si los mismos resultan suficientes para acreditar la cancelación total del DIT bajo análisis. Que, de la prueba producida de fs. 30 a 33, surge que la actora adjunta copia de la solicitud de C.T.C. N° 061- 001534/99, destinada a producir RECORTES Y DEMÁS DESPERDICIOS DE CUERO - CUEROS ENTEROS DE BOVINOS, PREPARADOS DESPUÉS DEL CURTIDO, ACABADO, PLENA FLOR O PLENA FLOR DIVIDIDA – CONJUNTO DE PUEZA DE CUERO, VACUNO, CURTIDO, QUE PERMITEN LA CONFORMACIÓN DE TAPIZADOS DE ASIENTO, MEDIANTE SOLO LA OPERACIÓN DE COSTURA DE LAS MISMAS ENTRE SÍ.
Ahora bien, siendo esta la única documentación aportada al efecto, se desprende que el C.T.C. definitivo relativo a la destinación en trato, nunca fue emitido. Que si bien la actora solicitó a fs. 30 la tipificación del producto a exportar (Solicitud de C.T.C. Nº 061-001534/99), dicho documento definitivo no fue emitido y la actora omitió intimar por escrito a la Secretaría en el plazo establecido por la norma a los efectos de que lo emita.
En virtud de lo señalado, no puede estarse a la presunción establecida en el art. 9 tercer párrafo de la Res. ME72/92, ni considerarse reexportada la mercadería estimada en infracción, toda vez que la actora no ha cumplido con las obligaciones sustanciales, conforme el régimen que la amparaba.
Que, en dicho sentido, cabe recordar que es doctrina de nuestro Alto Tribunal que el acogimiento a un régimen de excepción importa con idéntico alcance el sometimiento voluntario al cumplimiento de los requisitos exigidos a tal efecto y obsta a su impugnación ulterior (Fallos 255:216, 285:410, 299:221, 307:1582, entre otros; CSJN, en autos "Medefin S.A.", sentencia del 01/10/91).
Asimismo, cabe aplicar en autos la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (“Compañía de Circuitos Cerrados c/Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva”, sentencia del 9/03/2010, Fallos 333:161), según la cual “…la garantía de la defensa (art. 18 de la Constitución Nacional) no ampara la negligencia de las partes, pues quien ha tenido oportunidad para ejercer sus derechos responde por la omisión que le es imputable (Fallos: 287:145; 290:99 y 306:195, entre otros)”.
En definitiva, la cuestión tratada en el caso sub examine recae en analizar si el recaudo omitido es una exigencia sustancial al régimen aplicable o si, por el contrario, puede prescindirse de el para evitar incurrir en un rigorismo formal que desatienda la verdad jurídica objetiva. Frente a ello, observo que el C.T.C. no es una exigencia baladí, todo lo contrario, ya que coadyuva a que el responsable colabore activamente en el ejercicio de las funciones de contralor que le asisten al organismo aduanero.
Atento lo examinado y teniendo en cuenta que la prueba ofrecida por la actora como base de su defensa y ordenada en ambas instancias no resulta ser suficiente para cumplir con la documentación exigida por el servicio aduanero, corresponde considerar configurada la infracción endilgada.
Que, en virtud de todo lo expuesto, no cabe más que concluir que resulta ajustada a derecho la Resolución apelada en autos en cuanto condena a la recurrente al pago de multa en el art. 970 del C.A., con la correlativa obligación tributaria de conformidad al art. 274 del C.A.
VIII. Que, en lo que respecta a la procedencia de la aplicación del C.E.R. cabe poner en manifiesto que atento que la deuda tributaria fue expresada en pesos con posterioridad a la entrada en vigencia del Decreto 214/02 (ver la apertura de sumario de fs. 12 de las actuaciones administrativas), resulta aplicable lo dispuesto por los artículos 4 y 8 del mismo.
Así las cosas, la conversión de la deuda a razón de UN PESO ($1) con más el CER correspondiente a la fecha de pago, viene impuesta legalmente de conformidad con el criterio sentado por la C.S.J.N. en el caso “Sociedad Anónima Cinematográfica” (17/4/07), en el sentido de que para las deudas pesificadas con posterioridad a la vigencia del Decreto 214/02, el C.E.R. es inescindible del capital adeudado.
Del hilo de las ideas esbozadas precedentemente, se concluye que, el ajuste mediante el C.E.R. resulta ajustado a derecho.
IX. Sentado lo que antecede, en cuanto aquí es de estricto interés, cabe consignar en relación al Derecho Adicional, que corresponde aplicar la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “IEF Latinoamericana S.A.”, sentencia del 14/08/2013, que remite en lo pertinente a la causa “Fisher S.R.L.”, sentencia de misma fecha, en la que se revocó la exigencia del Derecho Adicional previsto en el art. 15 de la Resolución ME N° 72/92, limitando el pago solo a los casos en que se solicita la importación para consumo de las mercaderías importadas temporariamente, y no en los casos en que al no regularizar en término la situación de los bienes, corresponda imponer las sanciones previstas por el art. 970 del C.A. Por consiguiente, en el caso de autos, no corresponde el pago del Derecho Adicional previsto en el art. 23 del Decreto N° 1439/96, atento a que no se ha configurado el presupuesto de hecho que da lugar a su aplicación, por lo que corresponde revocarlo modificando la exigencia tributaria.
X. En relación a los conceptos IVA adicional y percepción de Impuesto a las Ganancias, debe recordarse la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa caratulada “Cladd ITA S.A. c/ EN – DGA, Resol. 2590/06 (expte n° 604155/01) s/DGA (TF 22.343-A)”, sentencia del 26 de noviembre de 2019, en el sentido de que “(…) a partir del momento en que venció el término para presentar las declaraciones juradas de los mencionados tributos, la demandada perdió la facultad para exigir el ingreso de las percepciones que debieron practicarse por tales conceptos. Estas percepciones constituyen obligaciones legales que encuentran fundamento en el art. 27, último párrafo de la ley 23.349 (texto según ley 25.063) y en el art. 22 de su similar 11.683 (t.o. 1998), y cuyo cumplimiento es independiente de que exista o no deuda en concepto de impuesto al cual se imputan al concluir el respectivo período fiscal, pues se trata de “obligaciones distintas, con su propia individualidad y su propia fecha de vencimiento” (Fallos 285:177).
En el citado precedente, sobre esa base, se concluye que “(…) cerrado el término para presentar la declaración jurada de los tributos aquí examinados, se extingue la facultad del organismo recaudador para exigir el pago de esas percepciones, en razón de cesar la función que estas cumplen en el sistema tributario (Fallos 302:504; 303:1496), ya que en dicha oportunidad nace el derecho del Fisco a percibir el gravamen, es decir, la obligación resultante del período fiscal”.
En tal inteligencia del asunto, la DGA carece de facultades para exigir los importes en concepto de IVA adicional y percepción de impuesto a las ganancias.
XI. En consecuencia, por lo expuesto en los considerandos IX y X, corresponde modificar la exigencia tributaria, conforme se detalla a continuación:
DIT 00073IT14000741D
Concepto % Importe Base Imponible U$S 3.977,47 Derechos de Importación 16.50 U$S 656 Tasa de Estadística 0.50 U$S 20 Base IVA U$S 4.653,47 IVA 21 U$S 977,22 TOTAL U$S 1.653,22 Así las cosas, los tributos adeudados por la mercadería en infracción ascienden a la suma de $1.653,22. Todo ello, sin perjuicio de los intereses devengados desde los 10 días de la notificación de la corrida de vista de fs. 12, hasta la fecha de su efectivo pago en los términos del art. 794 del C.A.
Por todo lo expuesto, voto por:
Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 2804/2008, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12035-396-2007, declarando que la multa adeudada asciende a $ 1.653,22, mientras que los tributos adeudados ascienden a $ 1.653,22 + C.E.R. + intereses. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas según los respectivos vencimientos.
La Dra. Claudia B. Sarquis dijo:
Adhiero en lo sustancial al voto del Dr. Licht.
El Dr. Horacio J. Segura dijo:
Adhiero al voto del Sr. Vocal preopinante.
De conformidad al acuerdo que antecede, SE RESUELVE:
Confirmar parcialmente la Resolución (DE PRLA) Nº 2804/2008, dictada por el Jefe del Departamento Procedimientos Legales Aduaneros, en el Expte. N° 12035-396-2007, declarando que la multa adeudada asciende a $ 1.653,22, mientras que los tributos adeudados ascienden a $ 1.653,22 + C.E.R. + intereses. Revocarla en cuanto a la exigencia del pago de Derecho Adicional, IVA adicional e Impuesto a las Ganancias. Con costas según los respectivos vencimientos.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente devuélvanse las actuaciones administrativas y archívese.
Date: 2022.07.07 14:09:19 ART Date: 2022.07.07 14:36:55 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Claudia Beatriz Sarquis Horacio Joaquin Segura Vocal Vocal Vocalía XX Sala G Competencia Aduanera Vocalía XXI Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Tribunal Fiscal de la Nación Date: 2022.07.07 15:26:11 ART Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires Miguel Nathan Licht Vocal Vocalía XIX Sala G Competencia Aduanera Tribunal Fiscal de la Nación Electronica Date: 2022.07.07 15:26:28 -03:00
Fin de la sentencia