Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 38115-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 359/360, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución MEyP 394/07 y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($12.944.860,08; v. pág. 3 de las actuaciones físicas), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
2Imponer las costas de ambas instancias al organismo fiscal y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre la apelación de la parte demandada.
3Diferir el pago de la tasa de justicia (v. proveído del 05/12/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERA –SALA IV– 21117/2024 “SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETROLEO SA (TF
38115-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
Buenos Aires, mayo de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, por resolución de fecha 28/05/2024, la Sala “F” del Tribunal Fiscal de la Nación confirmó las resoluciones (DI ABSA) 93/16, 95/16, 97/16, 96/16, 362/16, 364/16 y 94/16, recaídas en el marco de las actuaciones administrativas SIGEA 13289-46627-2014, 13289-46638-2014, 13289-46643-2014, 13289-46653-2014, 13289-46678-2014, 13289-46692-2014, 13289-46694-2014, respectivamente.
Para resolver como lo hizo, consideró aplicable la doctrina del acuerdo plenario del 26/4/22, dictado en la causa “Petroquímica Comodoro Rivadavia S.A. c/ DGA s/ recurso de apelación” (EX-2020-24600163-APNSGASAD#TFN), donde se fijó como doctrina legal: a) el Tribunal Fiscal de la Nación no puede declarar la inconstitucionalidad de una ley, en un caso concreto y ante un planteo efectuado por un recurrente; b) el Poder Ejecutivo puede establecer derechos de exportación, en razón de lo dispuesto en el artículo 755 del Código Aduanero; c) no corresponde declarar la invalidez del decreto 793/18 respecto de destinaciones de exportación registradas a partir de su entrada en vigencia (4/9/18) y hasta la fecha de entrada en vigencia de la ley 27.467 (4/12/2018). Sobre esa base, se abstuvo de pronunciarse sobre la validez constitucional de la citada resolución MEyP 394/07, respecto de la cual entendió extensibles aquellas conclusiones mutatis mutandi, y rechazó la repetición.
Distribuyó las costas por su orden dado que la cuestión era compleja y se resolvía en virtud de una doctrina plenaria.
2. Que, contra dicho pronunciamiento, ambas partes interpusieron sendos recursos de apelación en fechas 11/07/2024 y 01/08/2024, los cuales fueron concedidos el 31/07/2024 y 14/08/2024, respectivamente, y expresaron sus agravios en fechas 01/08/2024 y 14/08/2024, también respectivamente.
3. Que, principalmente, la actora sostuvo que debían revisarse las conclusiones del organismo jurisdiccional porque se apartaban del principio de reserva de ley en materia tributaria, tal como fue entendido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa “Camaronera Patagónica SA” (Fallos: 337:388). Explicó que, con arreglo a la doctrina de aquel precedente, debía declararse que la resolución MEYP 394/07 recién resultó válida a partir de la entrada en vigencia de la 1 ley 26.732, que la ratificó. Esto así, porque la citada resolución únicamente se había sustentado en las leyes 25.561, 26.217 y 22.415, ninguna de las cuales contenía una clara política legislativa.
Precisó que, en el citado precedente “Camaronera”, la Corte señaló que, más allá de crear un derecho de exportación para los hidrocarburos, la ley 25.561 no contuvo otra disposición en su articulado que permitiese establecer, con claridad y sin duda alguna, las pautas de la clara política legislativa a las cuales debía atenerse el Poder Ejecutivo.
Añadió que, en caso de aceptarse la validez de la ley 25.561 como norma delegante, tampoco podía obviarse que: a) el artículo 76 de la Constitución Nacional no admitía una subdelegación como la que tuvo lugar en el caso, al amparo de la ley 26.217; y b) la resolución MEP 394/07 alteró el espíritu de la ley 25.561. Apuntó que las operaciones involucradas en el caso se habían registrado antes de dictarse la ley 26.732 (BO 28/12/11), por lo que la alícuota válida y vigente debía ser la que se había dispuesto mediante el decreto 310/02 y sus modificatorios, que sí contaban con ratificación legislativa a la fecha de registro (en virtud de la ley 26.217, que entró en vigor el 16/01/07). En ese sentido, hizo hincapié en que no pretendía la devolución del total abonado en concepto de derechos de exportación, sino la diferencia entre la alícuota establecida por la resolución MEyP 394/07, y la del 5% ad valorem, que hubiese correspondido con arreglo al decreto 310/02. En otro orden de ideas, argumentó que la doctrina plenaria del Tribunal Fiscal de la Nación resultaba ilegítima y no podía extenderse a este caso. Finalmente, planteó la inconstitucionalidad de las tasas de interés previstas por las resoluciones MEyP 314/04 y ME 559/22, en tanto llevan a la desvalorización de su crédito. Solicitó que fuesen reemplazadas por la tasa pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, a fin de mantener la integridad de las sumas reclamadas.
4. Que, por su parte, el Fisco Nacional cuestionó la distribución de las costas y argumentó que no concurrían motivos para apartarse del principio general de la derrota.
5. Que, el 30/12/2024, dictaminó el Fiscal General sobre la competencia de la Cámara, la admisibilidad formal del recurso y el planteo de inconstitucionalidad formulado por la actora.
6. Que, sentado ello, las cuestiones planteadas han sido examinadas por este Tribunal en la causa 27398/23 “Transportadora de Gas del Sur SA (TF 38580- A) c/ DGA”, sentencia del 15/2/24; a cuyos fundamentos —en cuanto resulte pertinente— se remite por razones de brevedad.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERA –SALA IV– 21117/2024 “SHELL COMPAÑÍA ARGENTINA DE PETROLEO SA (TF
38115-A) c/ DGA s/ RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
En esos términos, corresponde admitir los agravios de la parte actora, revocar la resolución apelada, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución MEyP 394/07 y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($12.944.860,08; v. pág. 3 de las actuaciones físicas), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero.
7. Que, en cuanto a la tasa de interés aplicable desde el reclamo de repetición, se remite a lo decidido por esta Sala, entre otras, en las causas homónimas 49628/18 y 19255/21 “Oleaginosa Moreno Hermanos SA”, sentencias del 26/3/19 y 10/2/22, respectivamente.
En consecuencia, corresponde declarar la inconstitucionalidad del art. 3º de la resolución MEyP 314/04 y disponer la aplicación al caso de la tasa de interés pasiva promedio que publica mensualmente el Banco Central de la República Argentina, desde la fecha de cada reclamo de repetición y hasta el 31/07/19 –esto último, en consideración a la entrada en vigencia de la resolución MH 598/19 y sus modificatorias, o las que la reemplacen–.
Por otra parte, se dan por reproducidos los argumentos vertidos en la causa 63190/19 “Industrial and Commercial Bank of China c/ AFIP – DGI s/ DGI”, sentencia del 7/11/23 (esp. consid. 16), que conducen a rechazar el planteo de inconstitucionalidad de la tasa prevista en el artículo 4º de la resolución ME 559/22.
8. Que, dado el modo en que se decide, las costas de ambas instancias se imponen a la demandada vencida (arg. arts. 1163 y 1182 del CA; y arts. 68, primer párrafo, y 279 del CPCCN); lo que, a su vez, torna insustancial tratar el recurso del Fisco.
9. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. presentación de fecha 13/12/24). Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento.
En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 05/12/24, punto V); debiendo 3 el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. Por todo lo expuesto, oído en lo sustancial el Fiscal General, SE
1. Admitir el recurso de la parte actora, revocar la resolución de fs. 359/360, declarar la inconstitucionalidad del derecho de exportación establecido en la resolución MEyP 394/07 y admitir la repetición de la diferencia reclamada ($12.944.860,08; v. pág. 3 de las actuaciones físicas), más los intereses previstos por el artículo 811 del Código Aduanero, calculados con arreglo a lo dispuesto en el considerando 7º.
2. Imponer las costas de ambas instancias al organismo fiscal y declarar inoficioso un pronunciamiento sobre la apelación de la parte demandada.
3. Diferir el pago de la tasa de justicia (v. proveído del 05/12/24, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente.
Regístrese, notifíquese –a las partes y a la Fiscalía General– y, oportunamente, devuélvase.
MARCELO DANIEL DUFFY JORGE EDUARDO MORÁN ROGELIO W. VINCENTI
Fin de la sentencia