Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala II (CAF) · Causa TF 101318561-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1º)
Desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional; 2º) confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede (confr. art. 68, 1ra parte, CPCCN); y 4°) confirmar los honorarios determinados por el Tribunal Fiscal de la Nación y regular los honorarios del Dr. Gutiérrez por su intervención ante esta Alzada de acuerdo a lo dispuesto en el considerando que antecede.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II
Expte. nro. 44484/2025 – “SHOW IMPORT SA (TF 101318561-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO”
///nos Aires, 10 de marzo de 2026.- MBR VISTOS Y CONSIDERANDO:
I. Que, por medio del pronunciamiento del 9 de octubre de 2025, la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación resolvió -por unanimidad- hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por la firma actora en el marco del expediente administrativo nro. EX-2025-101318561-APN-SGAI#TFN, ordenándole a la DGI -una vez firme dicha sentencia- que en el plazo allí fijado completara las diligencias necesarias para la conclusión del trámite que motivó el amparo por mora, con costas al Fisco Nacional. Para así decidir, en primer término, relató la pretensión actoral y las consideraciones vertidas por la demandada al acompañar a estos actuados el informe de ley. Ello así, luego se refirió a la procedencia del recurso, a ello sumó los requisitos establecidos en la Ley 25.795. En cuanto aquí interesa, señaló que de los antecedentes administrativos acompañados por el Fisco Nacional no solo no surgía “[…] constancia alguna de la comunicación alegada por aquél, efectuada a la contribuyente mediante el F.1500 el 28/07/2025 respecto del nuevo procedimiento de devolución estatuido por la RG N° 5720/2025 (ARCA), sino tampoco alguna otra que demuestre efectivamente el tratamiento y/o estudio de la procedencia de la devolución solicitada y mucho menos un informe circunstanciado que acredite el progreso del trámite en cuestión o bien el cumplimiento de las 'tareas indispensables', que asegura se encuentran en curso para cotejar las presentaciones efectuadas por la contribuyente.”
En ese sentido, el Tribunal ponderó que transcurrieron más de ocho meses desde la solicitud inicial, no habiéndose acreditado actividad concreta, eficaz y comprobable por parte del Fisco tendiente a resolver el pedido de devolución.
Asimismo, señaló que la mera invocación de la comunicación relativa a la RG 5720/2025 —además de no hallarse debidamente acreditada en tiempo oportuno— no sustituye la obligación de resolver el trámite originariamente promovido, máxime cuando dicho régimen reviste carácter optativo y exige el desistimiento de otras vías.
En tal sentido, hizo lugar al pedido de la firma actora con sustento de que el organismo fiscal había excedido las pautas temporales razonables para la resolución del trámite en cuestión.
Por último, reguló los honorarios del letrado patrocinante de la actora, Lucas Alfredo Gutiérrez, en la suma de $ 386.145 equivalente a 5 UMA (conf. Ley 27.423, la Acordada N° 30/2023 de la C.S.J.N. y Res. 2226/25 de la Secretaría General de Administración) (v. págs. 1327/1332 del DEO: 21028596 -Tribunal Fiscal de la Nación, incorporado con fecha 26/11/2025).
II. Que, disconforme con lo resuelto, en primer lugar, el Fisco Nacional con fecha 17 de octubre de 2025 apeló por altos los honorarios contenidos en la sentencia referida. Asimismo, con fecha 24 de octubre de 2025, apeló el fondo y fundó su recurso en ese acto, cuyos fundamentos fueron contestados el 10 de noviembre de 2025 por la actora (pág. 1341, 1345/57 y 1371/1399 -respectivamente- del archivo en formato PDF de las actuaciones administrativas). Se agravió respecto del fondo de la cuestión decidida.
En primer término, reseñó los antecedentes fácticos de la cuestión controvertida y la decisión del Tribunal Fiscal.
En primer lugar recordó que “[…] produjo el informe pertinente, poniendo en conocimiento del Tribunal Fiscal que mi mandante procedió, con la debida urgencia del caso, a consultar al área con competencia en el trámite, habiéndose dado intervención a la Sección División Devoluciones y Recuperos de la Dirección Regional de Mendoza Agencia de Recaudación y Control Aduanero, informando la CRA Laura Isabel Arredondo -Jefa de Sección- que se encuentra abocada al análisis de la solicitud de devolución de $210.332.075,49 en concepto de pago a cuenta del denominado impuesto PAIS presentada…” (sic).
En ese sentido, manifestó que la división aludida, de ella dependiente, ha trabajado en la presentación que efectuara la amparista. Además, agregó que se encuentra en pleno estudio la solicitud debido de la numerosa y profusa documentación que acompañara la mentada, estudio este que, por su magnitud y en orden a hallarse en juego las rentas generales del Estado, va de suyo que debe ser exhaustivo.
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En el apartado cuarto de su escrito recursivo el Fisco Nacional expresa agravios.
De ese modo, reitera que surge palmariamente del informe elaborado por la dependencia que mencionó, que su mandante dio tratamiento a la solicitud realizada por el amparista, al comunicarle mediante F. 1500 de fecha 28/07/2025 lo establecido por la Resolución General N.º 5720/2025 y de esta manera sostuvo que la contribuyente tomó conocimiento de la reciente Resolución General, la cual establece un procedimiento especial para la devolución de pagos a cuenta no computados del Impuesto Para una Argentina Inclusiva y Solidaria (PAIS). Así, afirmó que no se registra omisión por parte de los empleados en realizar algún trámite o diligencia a su cargo.
Por otra parte, alegó haber constatado que la contribuyente presentó la PD correspondiente formulando el mentado Pronto Despacho, ante la Agencia 66 – Dirección Regional Norte –, y no ante la Agencia interviniente desde el inicio de las actuaciones; y que realizó la presentación la Sra. CARUGHI CARMEN PAULINA en su carácter de apoderada de la firma. A su turno, señaló que la citada Dependencia receptora le comunicó al contribuyente el error en la remisión del escrito a su receptoría; ello no fue corregido por la presentante.
Justificó que “[…] ante la solicitud presentada por la contribuyente, la ARCA-DGI que represento ha iniciado el estudio de la procedencia de la solicitud de devolución de una importante suma de dinero dentro de los parámetros temporales que razonablemente el caso infiere, encontrándose en curso distintas tareas indispensables para cotejar los dichos de la responsable en su presentación y regular el modo de devolución.
Estos trámites son de ineludible cumplimiento, teniendo en cuenta que debe verificarse la procedencia y viabilidad de la devolución pretendida, mereciendo igualmente también tenerse presente que mi mandante debe cuidar de los fondos públicos que constituyen la hacienda de todos los ciudadanos.” (sic).
Al respecto, sostuvo que no debe imputarse mora donde no existen plazos legales de expedición para el funcionario que determina la procedencia o no del pedido, ni para cuándo debe realizarse su efectiva devolución en el caso de que resulte finalmente aprobado el trámite, máxime cuando no se exceden términos razonables en el análisis del asunto, como entendió que sucede en autos.
Concluyó su idea manifestando que no hubo mora.
Citó jurisprudencia que -según comprendió- avalaría su postura. Aludió a lo novedoso del impuesto, justificando la complejidad de la tramitación de su devolución.
Por esa razón consideró que la administración no ha incurrido en mora, solicitando que se rechace la sentencia recurrida, con costas.
III. Que, así las cosas, corresponde señalar que de las constancias obrantes en las presentes actuaciones surge, en lo sustancial, que: a) El 10 de enero de 2025 la parte actora solicitó formalmente ante el Fisco Nacional la solicitud de devolución del impuesto “PAIS”. b) El 14 de febrero de 2025, amplió dicha solicitud.
c) el 14 de agosto de 2025, la parte actora interpuso un pronto despacho.
b) El 30 de septiembre de 2025, el Fisco Nacional notificó a la parte actora de la Resolución General 5765/2025, modificatoria de la Resolución General 5720/2025, que explica el “Procedimiento Especial de Devolución Impuesto PAIS”.
IV. Que, en tales condiciones, es menester advertir que se encuentra excedido el lapso aplicable para que el servicio aduanero se pronuncie sobre lo requerido por la parte actora, tornando inadmisible el recurso intentado por la demandada.
Al respecto, recuérdese que el artículo 182 de la Ley 11.683 establece que “[L]a persona individual o colectiva perjudicada en el normal ejercicio de un derecho o actividad por demora excesiva de los empleados administrativos en realizar un trámite o diligencia a cargo de la ADMINISTRACION FEDERAL DE INGRESOS PUBLICOS, podrá ocurrir ante el TRIBUNAL FISCAL DE LA NACION mediante recurso de amparo de sus derechos”.
Así, señálese que para la procedencia del recurso de amparo por mora ante el Tribunal Fiscal de la Nación deben verificarse concurrentemente los siguientes requisitos o condiciones: a) excesiva demora en la realización de un trámite o diligencia, por parte de los empleados de los organismos recaudadores; y b) que la demora CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II provoque un perjuicio o perturbación en el ejercicio de una actividad o derecho (artículo 182 de la ley 11.683).
Su fundamento es brindar al administrado un remedio procesal eficaz, caracterizado por la celeridad de su trámite, que le asegure o restablezca el goce de derechos cuando se consideren lesionados por el organismo recaudador (cfr. esta Sala in re “Enrique M Baya Casal SA (TF 53544773-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 17915/2021, sentencia de diciembre de 2021 y “Adblick Granos SA (TF 9974568-I) c/Dirección General Impositiva s/recurso directo de organismo externo”, expte. Nº 11165/2022, sentencia de mayo de 2022, entre otros).
V. Que, ello sentado, debe adelantarse que el recurso intentado por el Fisco Nacional contra la sentencia del 9 de octubre de 2025 debe ser desestimado, ello con los alcances que se explicitarán.
En la especie, surge que la firma actora con fecha 10 de enero de 2025 peticionó formalmente a la autoridad fiscal la devolución del impuesto “PAIS”.
Posteriormente, ante la falta de respuesta por parte del Fisco Nacional, se verifica que la accionante el 14/08/2025 interpuso pronto despacho, si bien no fue presentado en la “sede” que la accionada estimo correspondiente, al día de la fecha la accionada no dio cumplimiento con lo requerido, limitándose únicamente a notificar a la actora de un cambio sobre la normativa aludida.
En ese orden de ideas, destácase que, desde la presentación de solicitud de devolución efectuada el día fecha 10/01/2025, la situación se ha mantenido inalterada en el tiempo hasta el presente, generándose de tal modo una irrazonable e injustificada demora por parte de la Administración en cumplir con el deber de respuesta que pesa sobre ella, todo lo cual es suficiente para la admisión del amparo por mora. A lo que cabe añadir, que los pases del expediente administrativo a diferentes departamentos de la propia accionada no la exime de responsabilidad sobre la mora en el trámite.
De este modo, ante el análisis efectuado se determina el rechazo del recurso intentado por la accionada y, consecuentemente, corresponde confirmar el pronunciamiento de la Sala “C” del Tribunal Fiscal de la Nación del 9/10/2025.
VI. Que, en consecuencia, corresponde rechazar el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y, por consiguiente, confirmar la sentencia apelada, con costas de esta instancia a la vencida (art. 68, primera parte. C.P.C.C.N.).
VII. Que, a fin de tratar el recurso interpuesto, en primer término, cabe señalar que, mediante la regulación de honorarios se busca compensar de modo adecuado la tarea desplegada por los profesionales que se desempeñaron durante la sustanciación de la causa. Para ello debe ponderarse la magnitud del trabajo realizado, el grado de responsabilidad asumido, en concordancia con la complejidad de los intereses económicos en juego y la contribución que cada uno ha aportado para llegar a la solución definitiva del pleito.
Además, a fin de lograr una retribución equitativa y justa no resulta conveniente tan sólo la aplicación automática de porcentajes previstos en los aranceles, en la medida en que las cifras a las que se arriba lleven a una evidente e injustificada desproporción con la obra realizada. Tal proceder, limita la misión del Juzgador a un trabajo mecánico sin un verdadero análisis y evaluación de la tarea encomendada a los abogados, peritos, consultores, etc. (conf. esta Sala ‘in rebus’ "Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina c/E.N. -M° de Salud y Acción Social- y otro s/Juicios de Conocimientos" del 30-XII-97, y “Estado Nacional (M.O.S.P. y E.) c/Baiter S.A.”, del 2-IV-98, entre otras). Que, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el valor del juicio no es la única base computable para las regulaciones de honorarios, las que deben ajustarse al mérito, naturaleza e importancia de la labor profesional (C.S., Fallos: 270:388; 296:124, entre muchos más). Que, sobre la base de las consideraciones precedentemente expuestas, cabe tener en cuenta la naturaleza del asunto, lo preceptuado por el art. 48 de la ley 27.423, en cuanto fija un honorario mínimo en los procesos de amparo; atento el motivo, extensión, calidad jurídica y resultado de la labor desarrollada, es preciso remitirse a lo dispuesto en los incs. b) a g) del art. 16 de la referida Ley de Arancel. En tales condiciones, atendiendo a la etapa del pleito cumplida, corresponde confirmar los honorarios regulados por el Tribunal Fiscal de la Nación, en favor del DR. LUCAS ALFREDO GUTIERREZ, letrado patrocinante, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA II actuante en defensa de la actora (arts. 16, 20, 29, 44, inc. b), 48 y ccdtes. y citados de la ley 27.423 y Dto. 1077/17).
Por las tareas efectuadas en la alzada, atento el resultado obtenido, corresponde regular en la suma de PESOS CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON 50/100 ($ 134.812,50) - equivalente a 1,50 UMA- los emolumentos del DR. LUCAS ALFREDO GUTIERREZ, por la actuación ‘supra’ indicada (arts. 16, 20, 21, 29, 30, 44 inc. b) y ccdtes. de la ley 27.423).
El importe del Impuesto al Valor Agregado integra las costas del juicio y deberá adicionarse a los honorarios, cuando el profesional acreedor revista la calidad de responsable inscripto en dicho tributo (conf. esta Sala in re: “Beccar Varela Emilio - Lobos Rafael Marcelo c/Colegio Públ. de Abog." del 16 de julio de 1996).
Para el caso de que el profesional no haya denunciado la calidad que inviste frente al I.V.A., el plazo para el pago del tributo sobre el honorario regulado, correrá a partir de la fecha en que lo haga. Como corolario de lo expuesto, este Tribunal RESUELVE: 1º)
desestimar el recurso intentado por el Fisco Nacional; 2º) confirmar la sentencia del Tribunal Fiscal de la Nación, en cuanto ha sido materia de agravios; 3°) imponer las costas de esta instancia a la demandada vencida, de conformidad con lo dispuesto en el considerando que antecede (confr. art. 68, 1ra parte, CPCCN); y 4°) confirmar los honorarios determinados por el Tribunal Fiscal de la Nación y regular los honorarios del Dr. Gutiérrez por su intervención ante esta Alzada de acuerdo a lo dispuesto en el considerando que antecede.
Regístrese, notifíquese y devuélvase.
JOSÉ LUIS LOPEZ CASTIÑEIRA LUIS M. MÁRQUEZ MARÍA CLAUDIA CAPUTI
Fin de la sentencia