Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala I (CAF) · Causa TF 22671-I
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentencia1Confirmar el pronunciamiento apelado, con excepción de lo que se decide en los considerandos X y XI.
2Imponer las costas en los términos del considerando XII.
3Dejar sin efecto el pronunciamiento del 12 de septiembre de 2017 y declarar insustancial el tratamiento de los agravios que la AFIP-DGI dirige contra la liquidación allí aprobada, e inoficioso expedirse respecto de los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios practicada el 10 de octubre de 2019.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I
12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 11 de agosto de 2022.- AK Y VISTOS; CONSIDERANDO:
I. La firma actora interpuso el recurso previsto en el artículo 76, inciso ‘b’, de la ley 11.683, contra la resolución nº 29/2020 (DV SRR1) por la cual la División Determinaciones de Oficio de la Subdirección General de Operaciones Impositivas III de la Administración Federal de Ingresos Públicos – Dirección General Impositiva (AFIP-DGI) determinó de oficio la obligación tributaria en el impuesto a las ganancias del período fiscal 1998, liquidó intereses resarcitorios y aplicó una sanción de multa equivalente al 70% del gravamen omitido en los términos del artículo 45 de esa ley (fs. 103/125).
Expresó que en el año 1993 la empresa inició un plan de inversiones de 438 millones de dólares. Destacó, especialmente, las obras llevadas a cabo en una de sus plantas ubicadas en el Centro Siderúrgico General Savio, que incluyeron desde la construcción de un nuevo y complejo “alto horno” hasta mejoras en la planta de coquización, y en los laminadores en caliente y frío.
Referentemente al ejercicio fiscal 1998 objeto de la presente causa, indicó que se llevó a cabo una inversión que podría considerarse de carácter “residual” dentro de dicho plan, en tanto lo aspectos esenciales se habían cumplido en los períodos anteriores.
Precisó que las 135 partidas que fueron impugnadas por la administración fiscal se encuentran agrupadas en dos anexos del plan de inversiones, a saber: (a) el Anexo IV, que contiene erogaciones vinculadas con cuestiones de ingeniería; y (b) el Anexo VI, que contiene erogaciones que se originaron en la necesidad de asesoramiento en sistemas de organización informática y de procesos.
II. La Sala C del Tribunal Fiscal de la Nación dictó los siguientes pronunciamientos:
i. El 12 de octubre de 2012 resolvió: (a) confirmar parcialmente la determinación del impuesto a las ganancias e imponer las costas en proporción a los respectivos vencimientos; (b) revocar la multa aplicada y distribuir las costas en el orden causado; y (c) ordenar a la AFIP-DGI la reliquidación de la obligación tributaria (fs. 408/412).
Para decidir de ese modo, sostuvo que:
a. La cuestión a decidir consistía en determinar si las partidas descriptas en los anexos IV y VI del plan de inversiones constituían “gastos de mantenimiento” deducibles en el impuesto a las ganancias o, contrariamente, debían definirse como “inversión” o “mejora”, no deducibles en ese impuesto.
b. La Sala IV de esta cámara se pronunció en la causa nº 13.196/2007 “Siderar SAIC”, análoga a la presente, y sostuvo que la complejidad fáctica y técnica de la cuestión imponía seguir las conclusiones expuestas en los peritajes.
c. En materia probatoria no correspondía equiparar el trabajo de los peritos con el de los consultores técnicos, ni otorgale a estos últimos la importancia que les corresponde a aquellos, puesto que su figura en el esquema del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación no brinda una garantía de imparcialidad.
d. Era razonable seguir las conclusiones de los peritajes porque las conclusiones de los expertos se encontraban debidamente fundadas. Principalmente, el informe producido como resultado de la medida para mejor proveer dispuesta de oficio a fs. 203, pues allí se practicó un exhaustivo análisis de las partidas que conformaban el “plan de inversión” y cuyas conclusiones fueron únanimes.
e. Dada la coincidencia de opiniones correspondía otorgarle el tratamiento de “gasto” y, por tanto, el carácter de deducibles a las partidas del Anexo IV nºs 1, 5, 6, 10, 18, 19, 20,21, A36, 42, 43, 45, 46, 55, 56, 61, CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO 103, 104, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129 y 1411.
f. Por el contrario, correspondía asignar el tratamiento de “mejora” a las partidas: “44 –por resultar una mejora de los procesos–, 115, 116, 117, 119, 120 y 130, según se indica a fs. 617/627; y por ser coincidentes los dictámenes, en los casos de las partidas 110 y 114. Asimismo, de las descripciones efectuadas y opinión de los profesionales surge que las partidas 2, 3, 4, 16, 102 y 140, responden al concepto de inversión”2. 1 Partidas nº: 1 (construcción de 250 m2 de plataforma en convertidor 2), 5 (equipo auxiliar rectificadora Gendron Freren), 6 (construcción y montaje central hidráulica p/ rectificadora Gendron Freren), 10 (reconstruccción muralla de contención en área de acceso mezcla MP), 18 (Decapado – 30% construcción de cañería agua de alimentación de sistema de purificación ácido), 19 (caños para recambio de tubos de electrofiltro nº 3), 20 (mano de obra para cambio de tubos de electrofiltro nº 3), 21 (20% cambio de techo con chapas translucidas), A36 (Línea de decapado, desengomado, engomado, limpieza estructura y soldadura tanque nº1), 42 (provisión chapas translucidas), 43 (certificado terminación muro mes enero /98), 45 (provisión chapas translucidas), 46 (provisión chapas translucidas), 55 (construcción y montaje plataforma nº1), 56 (30% cambio de techo con chapas translúcidas), 61 (45% de avance por el recambio de chapas translucidas), 103 (cambio de tapas pileta de decapado), 104 (cambio de pisos pileta de decapado), 106 (urbanización y pintado del sector llamado portón 139), 107 (ídem punto 106-MO y equipos (cert. 43)), 108 (Ídem 106 trabajos de ingeniería), 109 (sistema de granulación y circuito de agua secundario. Certificado 20), 111 (urbanización y pintado del sector llamado portón 139 cert. 42), 112 (reacondicionamiento del soporte del puente grúa nº 136 cert. 24), 113 (redes de distribución de gas de altos hornos- cert. 26), 121 (iluminación de emergencia cert 41), 122 (iluminación de emergencia cert. 42), 123 (iluminación de emergencia cert 20), 124 (cambio y techo y pintura cert. 43), 125 (cambio y techo y pintura cert. 43), 126 (mejoras en la plataforma n 1 cert. 41), 127 (cambio de techo y pinturas cert. 41), 128 (cambio de cañería en el sector alto horno- cert. 27), 129 (cambio de cañería en el sector alto horno- cert. 27) y 141 (provisión de tolvas móviles) el tratamiento de gastos y, por tanto, considerarlas deducibles del impuesto a las ganancias.
2 Partida 44 (Desarrollo sobre el sistema operativo de red de proceso y desburocratización); 115, 116, 117 y 130 (Infraestructura y remodelación de oficinas); 102, 119, 120 (unificación y racionalización de talleres); 110 (iluminación de la línea 3- cert 19); 114 (central térmica turbosopladores y sistema antibombeo), 2 (bastidores, estanterías met, barandas, escaleras, armarios metálicos); 3 (fabricación escalera); 4 (fabricación estantería); 7 (cuerpos, estantes, bandejas y soportes, ménsulas); 16 (Fabricación de elementos de seguridad), 140 (construcción y montaje de carro).
g. Corresponde dar el tratamiento de “gasto de mantenimiento” a las partidas del Anexo VI nºs 68, 75 a 79, 80, 82, 83, 90, 84, 91, 92, 93 (denominadas “no informáticas” en el peritaje de fs. 299/305, en lo sucesivo), 27, 37, 39, 57, 40 y 96 (denominadas “otras”), con excepción de las partidas “9, 17, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 62, 67 y 69 cuyos importes –por falta de suficiente documentación respaldatoria (no fue posible asignarles un proyecto determinado)– no resultan deducibles como gastos” (denominadas “honorarios por coordinación, análisis y programación de proyecto no especificado”).
h. Las partidas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 38, 47 (denominadas “equipamiento hardware”), 8, 22, 30, 31, 32, 35, 73, 74, A21, 58, 59, 60, 63, 64, 66, 70, 85, 86, 87, 105, 137, 138 (denominadas “Honorarios y licencias correspondientes a la instalación del sistema SAP y proyecto Génesis”) y 97 a 101 (denominadas “facturas de la empresa Bremet S.A. por la provisión de molinetes”) responden al concepto de inversión. Igual tratamiento cabe otorgar a las partidas 88 y 89 en razón de los fundamentos de la impugnación formulada por la AFIP-DGI, y a las partidas 23, 28 ,41 y 65 ya que los informes son contradictorios y los peritos no contestaron la impugnación del organismo recaudador.
i. En lo atinente a la partida A16 (‘Genesis Noticias, reimpresión digital, 14 películas/ impresiones color’), “considerando que debe acompañar la suerte del principal”, corresponde su tratamiento como inversión. A las “partidas 53 y 54 les resulta aplicable también el concepto de inversión por ser similares (del mismo modo como se tomaron partidas tales como 49 y 50)”.
j. Las partidas 94 y a103 podrían haber recibido el tratamiento de gasto, pero no podía admitirse su deducción ante la falta de respaldo probatorio.
k. La partida 81 no fue analizada pues es una repetición de la partida 80.
l. Corresponde confirmar los intereses resarcitorios, pues no se advierten motivos para su eximición.
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12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO m. La sanción de multa debe ser revocada con sustento en los argumentos desarrollados por Sala IV de la cámara en el precedente citado, pues la firma actora “incurrió en un error eximente de responsabilidad”.
ii. El 15 de noviembre de 2012, admitió parcialmente el recurso de aclaratoria interpuesto por la AFIP-DGI y resolvió formular las siguientes aclaraciones al pronunciamiento del 12 de octubre de ese año: (a) “Agregar a continuación del punto 1) del considerando III [relativo al Anexo IV] que: ‘Corresponde otorgarles a las partidas 51 y 52, el tratamiento de gasto’”, porque de su propia definición surge que las partidas se relacionan con “un elemento de propaganda institucional”; y (b) “Agregar a continuación del punto 2) del considerando VIII [referido al Anexo VI] que ‘Corresponde otorgarles a las partidas 48, 71 y 72, el tratamiento de inversión’”.
iii. El 12 de septiembre de 2017, por mayoría, resolvió aprobar la liquidación practicada por la firma actora a fs. 547/548 y declarar condonados de pleno derecho los intereses resarcitorios adeudados.
iv. El 10 de octubre de 2019 reguló los honorarios de los peritos designados de oficio y de los propuestos por la firma actora, así como los de los letrados intervinientes por la firma actora y de la AFIP-DGI.
III. La AFIP-DGI interpuso recurso de apelación (fs. 421) y expresó agravios (fs. 756/778) que fueron replicados por la firma actora (fs. 806/827).
Las críticas a los pronunciamientos del 12 de octubre de 2012 y del 12 de septiembre de 2017 pueden sintetizarse de la siguiente manera:
i. La sentencia es arbitraria porque desconoce los hechos de la causa y contradice las disposiciones de la ley de impuesto a las ganancias. La cámara debe aparte del principio de revisión limitada previsto en el artículo 86, punto 2º, de la ley 11.683 y realizar una nueva apreciación de los elementos de la causa.
ii. La determinación de oficio se sustentó en la evaluación que la propia firma actora realizó sobre las partidas, puesto que denominó como “Plan de Inversiones 93/98” a las erogaciones que fueron materia del ajuste. De ese modo, por aplicación del principio de la realidad económica, las erogaciones registradas en el rubro “Grandes Trabajos No Activables” debieron contabilizarse como un activo.
iii. Una erogación puede deducirse como gasto si comporta una reparación ordinaria o un gasto de mantenimiento, pero no si consiste en una reparación extraordinaria.
iv. El peritaje no reunió las condiciones exigidas para ser considerado como un elemento sustancial para la valoración de los hechos y fue debidamente impugnado.
v. El Tribunal Fiscal consideró erróneamente como “gastos”
deducibles diversas erogaciones. Del examen de los medios probatorios surgen las siguientes observaciones:
a. Partidas del Anexo IV:
—5 y 6: el perito no indicó los componentes y/o elementos que habrían sido reparados, ni en qué consistió la reparación.
—55: el perito consignó “Construcción de 205 m2 de plataforma en convertidor 2”, lo que de por sí descarta la existencia de un gasto de mantenimiento.
—36, 103, 104 y 112: fueron erogaciones “tendientes a la prolongación del bien de uso correspondiente” pues “apuntan a mejorar lo que ya existe”. Igual consideraciones deben efectuarse respecto de las partidas 42, 56, 61, 124 y 125, 113, 126, 128 y 129.
—10 y 43: referente a “reconstrucción de murallas, certificado de terminación de muros”. Su simple enunciación revela “el carácter de estos pagos”.
—141: relativa a la “provisión de tolvas móviles”. El perito señaló que fue destinda a reemplazar elementos “por deterioro normal” y si existió un reemplazo es una inversión. Igual consideraciones deben efectuarse respecto de las partidas 18, 19, 20, 21, 42, 45, 46, 56, 61, 106, 107, 108, 109, 121 a 125 y 127.
b. Partidas del Anexo VI:
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—82 y 83: se trata de inversiones tendientes a poner en funcionamiento el “parque informático”, el que también fue calificado como una inversión.
—84, 90 y 91: son erogaciones relativas a “transferencia de tecnología” y esos conceptos son “imposibles de ser calificados como gastos”. Esas consideraciones también son aplicables a las partidas 92 y 93, referentes a “provisión de especialistas para asistencia técnica” y “estudio de capacidad colada continua”.
—27 y 37: la conceptualización ambigua sobre la tarea que desarrolló la firma actora impide dar sustento a la afirmación de se trató de gastos. —39: la “provisión de elementos de ventilación e iluminación”
claramente comporta una mejora.
—57: “432 hs. Desarrollo de QNX ATO HORNO”, consistió en un sistema operativo e indudablemente es una inversión.
–40: se trata de proyectos presentados para el mejoramiento del funcionamiento de la planta y debió recibir el tratamiento de inversión. –96: se trata del armado de un “anillo de fibra óptica para comunicaciones” que debe ser calificada como una mejora.
vi. La sanción fue arbitrariamente revocada. En la causa no existieron circunstancias que habiliten un supuesto de “error excusable”.
vii. La aprobación de la reliquidación practicada por la firma actora no fue debidamente fundada y, a su vez, la condonación de intereses resarcitorios resuelta por mayoría es arbitraria en tanto “no existía aún un monto cierto en concepto de intereses que se pudiera condonar eventualmente”.
viii. Las costas debieron ser distribuidas en el orden causado, en tanto existen razones que justifican que haya actuado “en la forma que lo hizo”.
IV. La firma actora también recurrió el pronunciamiento del 12 de octubre de 2012 (fs. 422) y expresó agravios (fs. 779/789) que fueron replicados por la AFIP-DGI (fs. 794/805).
Sus críticas pueden sintetizarse de la siguiente manera:
i. El Tribunal Fiscal se apartó arbitrariamente de los peritajes y desconoció las previsiones del artículo 87, inciso ‘c’, de la ley de impuesto a las ganancias.
Las partidas 8, 22, 30 a32, 35, 58 a 60, 63, 64, 66, 70, 73, 74, a21, 85 a 89, 105, 137 y 138 del Anexo VI que fueron consideradas como “inversiones” o “mejoras” son gastos de organización que pueden ser deducibles en el ejercicio en que fueron realizados u, optativamente, amortizados en ejercicios siguientes en función de lo dispuesto en el artículo citado.
ii. Las partidas 8, a21, 22, 30, 31, 32, 35, 58, 59, 63, 64, 66, 70, 73, 74, 85 y 86 del Anexo VI refieren a honorarios o gastos abonados por la implementación del software “SAP”.
El informe contable del Anexo VI que ordenó el Tribunal Fiscal, evidenció que las partidas 8, 22, 30, 31, 32, 35, 73, 74 del Anexo VI se corresponden con honorarios por la implementación del software SAP; lo mismo ocurría con las partidas 58 y 59 del Anexo VI que corresponden “a servicios brindados durante la implantación del SAP”; las partidas 66 y 70 refieren a “honorarios correspondientes a la conversión a SAP”; las partidas 85 y 86 “fueron incluidas dentro de las facturas del proyecto SAP”; la partida a21 como servicio de análisis y programación sobre génesis, y las partidas 63 y 64 “como horas de programación SAP”.
La firma es producto de la fusión de seis empresas siderúrgicas y la reorganización societaria requirió integrar los distintos procesos de gestión con que operaban las empresas absorbidas a través del sistema operativo “SAP”.
Ese sistema operativo, tal como surge de los medios probatorios producidos y resulta de “público conocimiento”, “es un sistema de aplicaciones y productos en procesamientos de datos que gestiona de forma CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO integrada ‘on line’ todas las áreas funcionales (contables o administrativas) de una empresa”.
No cabe dudas de que debe otorgarse a estas partidas el tratamiento previsto en el artículo 87, inciso ‘c’, de la ley de impuesto a las ganancias.
iii. Respecto de las partidas 9, 17, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 62, 67, 69, a103 y 94 del Anexo VI, los peritos consideraron esas erogaciones como gastos deducibles en el ejercicio 1998. Lo mismo sucede con las partidas 23, 28 y 65 de ese anexo. El Tribunal Fiscal se apartó arbitrariamente de esas conclusiones con sustento en que los expertos no identificaron los proyectos a los cuales se aplicaron tales servicios de programación, “argumento a todas luces insuficiente para modificar la postura y criterio de liquidación adoptado por Siderar”.
iv. El Tribunal Fiscal consideró a las partidas 7, 13, 14, 15, 11, 12, 36, 38, 47, 48, 49, 50, 71 y 72 como inversiones porque el informe contable “las calificó como tales, pese a que […] es evidente que tales partidas están vinculadas a la compra de accesorios de computación que difícilmente puedan ser considerados como una inversión”. Además, esas partidas tienen montos insignificantes.
v. Las partidas 97 a 101, 41, a16, 53 y 54, 115, 116, 117 y 130 no pueden ser consideradas como inversiones, no sólo porque no ha existido una mejora o aumento de productividad alguna con la adquisición de tales bienes, sino también por la escasa significación de los gastos.
vi. La partida 140 se destinó a la “construcción de un carro igual al existente por deterioro de este” y ello comportó “un típico gasto de mantenimiento”. Igual consideración corresponde efectuar respecto de la partida 44.
vii. La sentencia concluyó que las partidas 2, 3, 4 y 114 del Anexo IV eran inversiones porque se adquirieron nuevos bienes, pero no examinó “cuáles eran esos bienes y, más importante aún, si tales bienes reemplazaron a otros”. La significación económica de esas partidas también es irrisoria.
V. A su vez, los honorarios regulados el 10 de octubre de 2019 fueron apelados por el perito contador ‘por bajos’ (fs. 834), por la AFIP-DGI ‘por altos y bajos’ (fs. 835, 836 y 837), por el experto en informática ‘por bajos’ (fs. 838) y por la parte actora ‘por altos’ y ‘por bajos’ (fs. 856/859).
VI. Esta cámara, por sus diversas salas, ha dicho invariablemente que no corresponde apartarse de la apreciación efectuada por el Tribunal Fiscal de las circunstancias fácticas de la causa, dado los límites del recurso que prevé el artículo 86, inciso ‘b’, de la ley 11.683, a menos que se pruebe que aquel tribunal haya incurrido en un error en la apreciación de los hechos (esta sala, causa “ABC Maderas SA (TF 16870-I) c/ DGI” y “Junquera, Marta Aurora”, pronunciamientos del 6 de diciembre de 2011 y del 4 de agosto de 2015, respectivamente; en igual sentido, Sala III, causa “Ambulancias Privadas Argentinas SA”, pronunciamiento del 23 de febrero de 2011, Sala IV, causa “Banco de Italia y Río de La Plata SA”, pronunciamiento del 24 de septiembre de 1996, y Sala V, causas “Devez, Manuel Rodolfo” y “Del Buono, Jorge”, pronunciamientos del 13 de febrero de 2002 y del 15 de marzo de 2007, respectivamente).
VII. Corresponde examinar las quejas que ambas partes dirigen contra las consideraciones que el Tribunal Fiscal efectuó respecto del tratamiento que correspondía otorgar a las partidas aludidas en los puntos e, f, g, h, i, j, del apartado i del considerando II.
Referentemente a esas partidas, los agravios que ambas partes sostienen para intentar rebatir el pronunciamiento apelado consisten, sencillamente, en ignorar los medios probatorios que fueron ponderados, o en proponer interpretaciones diferentes que no logran invalidar sus conclusiones en esos aspectos.
En definitiva, las quejas solo comportan una diferente valoración de los hechos, puesto que no lograron demostrar de un modo concreto e indubitable que los rubros que impugnan deban ser considerados como “gastos de mantenimiento” o como “inversiones de mejoras” en los casos en CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO que el tribunal de origen consideró lo contrario a lo pretendido por cada recurrente.
Ciertamente, el pronunciamiento dictado por el Tribunal Fiscal del 12 de octubre de 2012 prestó una especial consideración a los dictamenes que produjeron los expertos en la etapa administrativa.
Asimismo, tuvo en cuenta el informe técnico relativo al anexo IV presentado por los peritos designados de oficio por ese tribunal del que surgió lo siguiente: “[…] las partidas 5 (equipo auxiliar rectificadora Gendron Freren), 6 (construcción y montaje central hidráulica rectificadora Gendron Freren) y 55 (construcción y montaje plataforma nº 1) correspondían a gastos de mantenimiento, en tanto que la partida 140 (dispositivo para extracción de batea) correspondía al concepto de inversión” (ver fs. 287/288 y 298).
En relación al anexo VI, en lo que ahora importa, ponderó el informe técnico presentado a fs. 299/305 del cual se desprende la siguiente clasificación: “1) Equipamiento de hardware (partidas 7, 11, 12, 13, 14, 15, 36, 38, 47, 48, 49, 50, 71 y 72): la documentación respaldatoria evidenciaba que se trataba de distintos equipamientos que constituían una inversión en bienes de uso, “cuya vida útil, significatividad y utilización económica representaban a criterio del que suscribe un activo para la empresa”(fs. 300 vta./301); […] 4) Partidas no informáticas (41, 68, 75 a 79, 80, 82, 83, 88, 89, 90, 84, 91, 92, 93 y 97 a 101): la documentación respaldatoria evidenció que los importes detallados para este rubro correspondían a tareas asignadas por requerimientos de asesoramiento y asistencia técnica para distintas áreas de la empresa; constituyendo por lo tanto gastos de mantenimiento. Este tratamiento no podía aplicarse a las partidas 97 a 101 que por su naturaleza constituían instalaciones que debían incorporarse como bienes de uso al activo. 5) Otras partidas (27, 37, 39, 57, 23, 28, 65, 40, y 96): las distintas partidas agrupadas en este rubro correspondían a gastos de mantenimiento”.
Empero, relativamente a las partidas 23, 28 y 65 antes referidas el Tribunal Fiscal se apartó del tratamiento otorgado por los peritos porque en el informe existían contradicciones y los peritos no contestaron las impugnaciones que efectuó el Fisco Nacional.
Así las cosas, el examen de las consideraciones efectuadas por el Tribunal Fiscal en la apreciación de los hechos y de las pruebas no permite advertir que haya mediado un error de magnitud suficiente para apartarse de la aplicación del principio legal reseñado, por lo que cabe tener por válidas sus conclusiones respecto de los hechos examinados.
Por tanto, los recursos de apelación de ambas partes no han de prosperar en este punto.
VIII. La firma actora plantea que algunas partidas aludidas en el considerando precedente exponen montos que resultan poco significativos y que por esa razón se les debió otorgar igualmente el tratamiento de gasto. Este argumento no puede ser admitido, pues el criterio general para deducir gastos en el impuesto a las ganancias no se vincula con el monto de las erogaciones sino con la previsión de que los gastos sean necesarios para obtener rentas o, en su caso, para mantener y conservar la fuente que las produce, siempre y cuando su deducción sea admitida por el texto legal, y en la forma en que ésta lo disponga (artículo 17 de la referida ley).
IX. El planteo de la parte actora concerniente a que las partidas nºs 9, 17, 24, 25, 26, 29, 33, 34, 62, 67, 69, a103, 94, 23, 28 y 65 deben recibir el tratamiento previsto en el artículo 87, inciso ‘c’, de la ley de impuesto a las ganancias no puede ser admitido.
Ciertamente, como se puso de relieve en la sentencia apelada, esas partidas no estuvieron asignadas a un proyecto determinado y, por tanto, esa falencia impide asignarle, sin más, el carácter de gastos de organización. En efecto, como se desprende del peritaje que se practicó a fs. 299/305, los expertos agruparon estas partidas bajo el título “honorarios por coordinación, análisis y programación de proyecto no especificado” y CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO precisaron que las facturas que respaldaban a estas erogaciones no evidenciaban el proyecto al que estaban vinculadas.
X. Corresponde examinar el tratamiento de las erogaciones en que incurrió la firma actora a efectos de implementar el sistema “SAP”. Puntualmente, debe determinarse si las partidas relativas al “Proyecto Génesis” mediante el cual se implementó ese sistema operativo pueden encuadrar como “gastos de organización”; es decir, si responden al concepto de gastos necesarios para obtener, mantener y conservar rentas gravadas. Para ello debe recordarse, por un lado, que el artículo 17 de la ley del gravamen dispone que para establecer la ganancia neta se restarán de la ganancia bruta los gastos necesarios para obtenerla o, en su caso, para mantener y conservar la fuente que las produce, siempre y cuando su deducción sea admitida por el texto legal, y en la forma en que ésta lo disponga; y, por otro lado, que el artículo 80 establece que los gastos cuya deducción se autoriza —con las restricciones expresamente contenidas— son los efectuados para obtener, mantener y conservar las ganancias gravadas por el impuesto.
Dentro de las deducciones especiales de la tercera categoría, el artículo 87, inciso ‘c’, admite la deducción de los “gastos de organización” del siguiente modo: (a) afectándoselos al primer ejercicio, o (b) amortizándolos en un plazo no mayor de cinco años, a opción del contribuyente.
La ley de impuesto a las ganancias no brinda una definición legal de las erogaciones que cabe incluir dentro del concepto de “gastos de organización”; no obstante, se ha puntualizado que “[s]e trata de gastos que se realicen con motivo de la creación de una sociedad incluyendo su organización administrativo contable, que es práctica habitual diferir para ser cargados a resultado en varios períodos. […] Reig sostiene que […] la disposición puede aplicarse a gastos extraordinarios de reorganización incurridos posteriormente, posición que se comparte” (Fernández, Luis Omar, “Impuesto a las Ganancias”, editorial La Ley, Buenos Aires, 2009, pág. 626).
Esta sala ha dicho que “el concepto de “necesidad” que exige la ley para admitir la deducción del gasto “es relativo y debe apreciarse en función de la finalidad de las erogaciones, ya que sería muy peligroso que el organismo fiscal en cada erogación determine o pretenda establecer la efectiva productividad del gasto quitando al empresario la flexibilidad que precisa en el manejo de su negocio y que hace que muchos de los gastos en que incurra no redunden necesariamente en la producción de un rédito que pueda imputarse específicamente al gasto en que se ha realizado. En efecto, el control no puede ir tan lejos como para determinar la inutilidad del gasto o la exageración de su monto para la producción de la ganancia juzgando discrecionalmente la buena administración de la empresa de que se trata (conf. Sala IV, causas “Trucco, Pedro Agustín” y “Gelbrlung Samuel”, pronunciamientos del 18 de junio de 2013 y del 14 de febrero de 2012, respectivamente)” (esta sala, causa “D-Sport SA (TF 47978-I) c/ Dirección General Impositiva s/Recurso Directo de Organismo Externo”, pronunciamiento del 30 de julio de 2020).
Por tal motivo, la deducción de los gastos necesarios para obtener la ganancia o para mantener y conservar la fuente no exige otro recaudo que una comprobación de orden teleológico.
Debe recordarse que la firma actora es una empresa siderúrgica que tiene su origen en “la fusión de Aceros Paraná (continuadora de SOMISA S.A.), Propulsora Siderúrgica SAIC, Aceros Revestidos S.A., Sidercrom S.A. y Bernal S.A. pasando a formar parte del Grupo Techint” (ver el informe final de inspección que obra 147/150 del cuerpo de ganancias). La firma actora sostiene que la reorganización societaria requirió integrar los distintos procesos de gestión con que operaban las empresas absorbidas por medio del sistema operativo “SAP”, según el proceso que dio a llamar “Proyecto Genesis”.
En el informe elaborado por los expertos en informática y en contabilidad se incluyó dentro del ítem 2 “Honorarios y licencias CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO correspondientes a la instalación del sistema SAP y proyecto Génesis” a las partidas 8, 22, 30, a 32, 35, 58 a 60, 63, 64, 66, 70, 73, 74, a21, 85, 86, 105, 137 y 138 (ver fs. 299/305 del expediente papel).
Esos expertos puntualizaron que el sistema “SAP” es un software de gestión reconocido mundialmente y que el “Proyecto Génesis” se desarrolló “utilizando SAP y se fue discontinuando progresivamente, finalizando la utilización de dicho sistema en 2007. Actualmente siguen activos los sistemas de Ventas y Facturación en SAP”. Asimismo, pusieron de relieve que en las facturas correspondientes a las partidas a21 y 87 se menciona específicamente el “Proyecto Génesis”, mientras que las demás correspondían al concepto “SAP”.
Así, pues, no puede mantenerse el criterio de la administración fiscal en cuanto objetó la deducción de dichos gastos con sustento en que las erogaciones se realizaron en el contexto de un plan de inversiones y que, por tanto, consideró sencillamente que correspondía aplicarle el tratamiento de “inversiones” o “mejoras”.
Ciertamente, como evidenció el examen efectuado por los expertos intervinientes, no todas las erogaciones efectuadas en el marco del mencionado plan de inversión debían recibir ese tratamiento a los efectos de la ley de impuesto a las ganancias.
En consecuencia, corresponde revocar el pronunciamiento apelado en el punto examinado, y otorgar a las partidas nº s 8, 22, 30, a 32, 35, 58 a 60, 63, 64, 66, 70, 73, 74, a21, 85, 86, 105, 137 y 138 el tratamiento de gasto deducible en los términos del artículo 87 inciso ‘c’, de la ley de impuesto a las ganancias, pues los gastos realizados por la actora: i) se encontraban facturados a su nombre, ii) se vinculaban con la organización de su actividad comercial y con la obtención de ganancias gravadas, y iii) no se advierten desproporcionados con relación a sus rentas.
XI. En lo atinente a la sanción aplicada —cuya procedencia se limita a los ajustes fiscales confirmado en la presente— debe señalarse que no se advierte la configuración del error excusable que ponderó el Tribunal Fiscal en la sentencia apelada.
Respecto de esta causa eximente de culpabilidad, su admisión es restrictiva y se exige para su configuración que se acredite de un modo fehaciente que a pesar de haber actuado con la debida diligencia el contribuyente no tuvo la posibilidad real y efectiva de comprender el carácter antijurídico de la conducta, y que dicho error debe ser esencial, decisivo e inculpable, aspectos que deben ser examinados en consonancia con las circunstancias que rodearon la conducta de quien se le atribuye la infracción tributaria (Fallos: 319:1524; esta sala, causa “D-Sport S.A.”, ya citada).
Así, pues, la mera discrepancia en la interpretación de las normas no puede fundar el error excusable, por cuanto si así fuese bastaría dar un entendimiento deliberado a las prescripciones de la ley para justificar su incumplimiento (esta sala, causas “Pico, Valerio Rufino” y “B de T S.A.”, pronunciamientos del 31 de julio de 2018 y del 11 de agosto de 2011). En ese contexto, no debe soslayarse que la admisibilidad del error de derecho requiere que se alegue y se pruebe la existencia de oscuridad en los diferentes preceptos de la ley cuestionada o que de la inteligencia de su texto surgieran dudas acerca de la situación frente al tributo, circunstancias que no se verifican aquí (esta sala, causa “Martínez, Tomás”, pronunciamiento del 14 de mayo de 2015).
En efecto, como se vio, el mecanismo para practicar deducciones surge claro de las normas aplicables (artículos 17, 80 y sus concordantes de la ley de impuesto a las ganancias) y la firma actora no invocó razones atendibles para apartarse de la técnica prevista en esas normas. Sobre la base de esos argumentos, la sanción de multa aplicada a la firma recurrente en los términos del artículo 45 de la ley 11.683 —equivalente, al 70% del tributo omitido— resulta ajustada a derecho.
XII. En lo que atañe a la forma en que el Tribunal Fiscal impuso las costas, debe recordarse que si bien en el artículo 184 de la ley 11.683 se CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA I 12107/2021 SIDERAR SAIC (TF 22671-I) c/ DIRECCION GENERAL IMPOSITIVA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO establece como principio general el criterio objetivo de la derrota, faculta a la sala respectiva a “eximir total o parcialmente de responsabilidad al litigante vencido, siempre que encontrare mérito para ello, expresándolo en su pronunciamiento bajo pena de nulidad”.
Aquí no existen razones suficientes para apartarse de la decisión recurrida en relación con el modo en que fueron impuestas las costas, dada la existencia de vencimientos parciales y mutuos.
Respecto de esta instancia, las costas también deben imponerse según los respectivos vencimientos, tal como se desprende de los considerandos X y XI (art. 68, segundo párrafo y 71 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
XIII. Dada la forma en que se decide, corresponde dejar sin efecto el pronunciamiento del 12 de septiembre de 2017 y declarar insustancial el tratamiento de los agravios que la AFIP-DGI dirige contra la liquidación allí aprobada, e inoficioso expedirse respecto de los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios practicada el 10 de octubre de 2019.
En mérito de las razones precedentemente expuestas, el tribunal RESUELVE: 1. Confirmar el pronunciamiento apelado, con excepción de lo que se decide en los considerandos X y XI. 2. Imponer las costas en los términos del considerando XII. 3. Dejar sin efecto el pronunciamiento del 12 de septiembre de 2017 y declarar insustancial el tratamiento de los agravios que la AFIP-DGI dirige contra la liquidación allí aprobada, e inoficioso expedirse respecto de los recursos de apelación interpuestos contra la regulación de honorarios practicada el 10 de octubre de 2019.
Regístrese, notifíquese y, oportúnamente, remítase al Tribunal Fiscal.
Fin de la sentencia