Abriendo la norma
Cámara Contencioso Administrativo Federal, Sala Sala IV (CAF) · Causa TF 30190-A
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso del Fisco y se confirma la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio; con costas (arts. 68, primer párrafo, CPCCN y 1182, CA). ASÍ SE RESUELVE.
5Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 18/7/25, punto I). Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento. En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 13/6/25, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
22526/2025 SIDERAR SAIC (TF 30190-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO Buenos Aires, 14 de agosto de 2025.
VISTOS; Y CONSIDERANDO:
1. Que, a fs. 250/vta., el Tribunal Fiscal de la Nación: (i) tuvo por allanada a la Dirección General de Aduanas conforme a lo establecido en la instrucción general 14/17, respecto de la apelación presentada contra la resolución AD SANI 222/11, que había sancionado a la actora por una infracción prevista en el artículo 954, inciso c, del Código Aduanero; (ii) impuso las costas a la parte demandada atento al modo en que se resolvió la cuestión y con sustento en el artículo 1163 del código de la materia.
2. Que, disconforme con la condena en costas, a fs. 257/260vta. la Aduana interpuso y fundó apelación, que se concedió a fs. 262 y fue replicada a fs. 267/269.
Argumentó que la actora había solicitado la aplicación de la instrucción general 14/17 sin formular reserva alguna. Dado que dicha instrucción establece expresamente que debe requerirse la imposición de costas en el orden causado, no puede ahora pretender un resultado distinto del que aceptó tácitamente al solicitar su aplicación.
Por otra parte, recordó que esta causa se había iniciado con anterioridad al dictado de esa instrucción, que se emitió a fines de 2017. Precisó que, hasta ese entonces, contaba con sólidos argumentos para considerarse con derecho a litigar y que, una vez que aquélla entró en vigencia, se allanó en forma real, incondicionada, oportuna, total y efectiva; lo que, a su entender, justificaba apartarse del principio general de imposición de costas al vencido.
3. Que, como regla general, la circunstancia de allanarse a las pretensiones del adversario no significa que no medie un vencido (cfr. Fenochietto-Arazi, "Cód. Proc.", T. I, p. 275 y Morello-Sosa-Berizonce, "Cód. Proc.", T. II-B, p. 202, citados por la Sala I, en la causa “J. Marot c/ EN (ANA) s/ Aduana”, sent. del 12/4/94).
En este sentido, el artículo 70 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación –supletoriamente aplicable en la especie por la remisión que hacen los artículos 1174 y 1182 del Código Aduanero– permite dispensar al demandado que se allana del pago de las costas en la medida que se encuentren reunidos todos los requisitos que la misma norma estipula, ya que la exención allí contemplada debe interpretarse en sentido estricto (cfr. Sala I, causa “J. Marot c/ EN (ANA) s/ Aduana”, citada).
4. Que, en el caso, no puede pasarse por alto que el Fisco recién se allanó a la pretensión de la actora el 25/9/24 (ver presentación de fs. 239/240vta.), invocando una instrucción general que databa del 5/12/17 (ver fs. 235). En ese contexto, no se advierten razones que justifiquen apartarse de lo resuelto en la instancia anterior. Ello, independientemente de lo que autorice la mencionada directiva, ya que la exención de costas resultaría improcedente al no poder considerarse oportuno el allanamiento, conforme a lo exigido por el artículo 70, apartado 1°, del CPCCN.
En sentido concordante, puede consultarse la doctrina de esta Sala en las causas 37040/16 “Luis A Ducret y Cía SA c/ EN – DGA – s/ Dirección General de Aduanas”, sentencia del 15/2/18, y 38438/19 “Salas y Cía SA c/ DGA s/ recurso directo de organismo externo”, sentencia del 22/8/19, entre otras. Solo a mayor abundamiento, cabe referir que el punto D de la instrucción general 14/17 únicamente faculta al Fisco a solicitar al juez competente la imposición de costas en el orden causado y lo condiciona expresamente a que “el estado procesal de la causa lo permita” (ver fs. 236vta.); supuesto, éste, que no se configura en el caso, al no haber sido realizado el allanamiento en tiempo oportuno.
Por lo expuesto, se rechaza el recurso del Fisco y se confirma la decisión apelada en cuanto fue materia de agravio; con costas (arts. 68, primer párrafo, CPCCN y 1182, CA). ASÍ SE RESUELVE.
5. Que resta examinar la solicitud de diferimiento de pago de la tasa de justicia formulada por el demandado (v. proveído del 18/7/25, punto I). Al respecto, el artículo 2° de la acordada 66/90 de la Corte federal establece que, cuando el Estado Nacional debe integrar dicho tributo antes de que quede firme la sentencia de condena, el pago podrá ser diferido para el año correspondiente al siguiente ejercicio financiero, a fin de que pueda ser previsto en el presupuesto respectivo. Tal postergación en el pago no excluye que este Tribunal cuente con los medios necesarios para el control de su cumplimiento. En consecuencia, corresponde hacer lugar al pedido y diferir el pago de la tasa de justicia por la suma de $2.350 (v. proveído del 13/6/25, punto V); debiendo el apoderado fiscal acreditar, dentro de los 15 días, las medidas adoptadas por su superioridad para la inclusión del crédito en el presupuesto correspondiente. ASÍ TAMBIÉN SE RESUELVE.
El juez de Cámara Sergio G. Fernández suscribe la presente en los términos de la resolución JS 8/25.
Regístrese, notifíquese y, oportunamente, devuélvase.
JORGE EDUARDO MORÁN CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL- SALA IV
22526/2025 SIDERAR SAIC (TF 30190-A) c/ DGA s/RECURSO DIRECTO DE ORGANISMO EXTERNO ROGELIO W. VINCENTI SERGIO G. FERNÁNDEZ
Fin de la sentencia